Los tragamonedas de Vila & Manzano siguen con escándalo

 

A su vez, el diputado Daniel Dimartino se propone sumar a ATE (también opuestos al convenio firmado con MCE, o sea Mendoza Central Entretenimientos) y quiere llevar a revisión de la Legislatura el convenio.

 

En el caso de la demanda penal, los denunciados del 1er. directorio serían Daniel Pererya, Juan Manuel Nacif y Esteban Navarro.

 

El 2do. directorio denunciado sería el actual, que encabeza Carlos Bianchinelli y que completa Federico Domínguez. El 3er. miembro es Miguel Bondino, quien ya adelantó que no avalará la situación.

 

La relación entre el Casino de Mendoza y MCE empezó en 2004, cuando la empresa del grupo Vila-Manzano se hizo cargo de alquilar las máquinas tragamonedas a la sala estatal. Por licitación, la empresa cobraba el 26,23% de la recaudación de las máquinas en concepto de canon por el alquiler.

 

En el 2010, cuando Celso Jaque era el gobernador, y el presidente del Instituto era Pereyra, empezó a tramitarse un expediente para agregar tecnología a las máquinas del Casino.

 

De inmediato, se renegoció el contrato y el canon casi se duplicó.

 

El convenio que firmó Pereyra en julio de 2011 implicaba que MCE iría incrementando progresivamente ese canon original, a medida que avanzaran las obras de remodelación de la sala para albergar 200 tragamonedas más. Esas obras, de acuerdo al nuevo contrato, estarían a cargo de MCE.

 

El incremento sería del 26,23% al 33,92%, de ahí al 40,09% y desde ese porcentaje al 47% final, que se empezaría a pagar cuando la empresa entregara la obra terminada e instalara la totalidad de las nuevas máquinas, 569 en total. 

 

Mientras MCE encaraba la remodelación, se conoció la renegociación y estalló el escándalo. A pesar de que la obra se concluyó y las máquinas ya estaban instaladas, nunca se pagó el 47% de canon, a la espera de una solución al problema que se demoraba y terminó derribando al directorio puesto por Francisco Pérez, que encabezaba Nidia Martini.

 

El jueves 01/08, Carlos Bianchinelli presentó el 'acuerdo' al que había llegado con la MCE por las máquinas tragamonedas: él bajó el canon final al 43,85%, pero estiró el plazo de la concesión 2 años más, hasta el 2021. Es decir, apenas si alteró el flujo financiero de los pagos a MCE, pero casi se le pagará lo mismo que hubiera cobrado hasta el 2019. 

 

Además, el Instituto deberá pagar la totalidad de la deuda de casi 6 millones de pesos acumulada por no haber cumplido con el 47% de canon desde agosto del 2012 hasta el jueves pasado. 

 

Así, no ha cambiado nada. 

 

Bianchinelli y Domínguez insistieron en que hay un convenio firmado en el 2011, que le otorga derechos a Vila y sólo se pueden revocar con presentaciones judiciales que no tienen un resultado seguro a favor del Estado.

 

Camerucci se muestra seguro de que el convenio es lesivo para los intereses de la Provincia y apuntó a denunciar penalmente a Pereyra y los dos vocales Nacif y Navarro. 

 

Dimartino quiere, además, sanciones de corte político ante la opinión pública. Por eso quiere ver llevar la discusión del nuevo contrato a la Legislatura.