Conciliación obligatoria para Potasio Río Colorado

 

Casi entre sollozos y con el telegrama en la mano contó que a partir de la fecha de la recepción del mismo, la empresa dejaba de prescindir de sus servicios. La mujer agregó que el la zona de El Cortaderal están procediendo a desmantelar las instalaciones.

 

El Ministerio de Trabajo de la Nación dispuso la conciliación obligatoria mientras el ministro Julio de Vido y el gobernador mendocino Francisco Pérez prometían seguir adelante con el proyecto. (?)

 

 

El conflicto tras la suspensión del proyecto Potasio Río Colorado por parte de la brasileña Vale llegó a las calles de Mendoza. Unas 200 personas –nucleadas en la Uocra- que trabajaban en el emprendimiento en Malargüe se movilizaron por el centro hasta Casa de Gobierno para reclamar que el Ejecutivo garantice su fuente de trabajo. 

 

Si bien no confrontaron con el Gobierno provincial, los manifestantes sí le advirtieron que de no obtener una respuesta a su problema la próxima semana, volverán a salir a las calles. Los trabajadores llegaron en dos micros llenos desde varios puntos de la provincia. 

 

Frente al edificio gubernamental desplegaron sus carteles y gritaron a viva voz que seguirán confiando en la promesa del gobernador Francisco Pérez, quien asegura que el proyecto seguirá adelante en el Sur provincial con o sin Vale. 

 

En el lugar fueron recibidos por el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, y el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Marcos Zandomeni. “Buscar una solución es la prioridad número uno del Gobierno. El futuro de Mendoza está en juego”, sentenció Baladasso. 

 

El funcionario además explicó que el lunes irán a la Legislatura provincial para trabajar sobre el proyecto que amplía la competencia de Emesa. La iniciativa del senador provincial Gustavo Cairo (Pro) propone que se modifique el objetivo social de la empresa provincial de energía para que abarque la minería no metalífera y de esa forma ponerse al frente de Potasio Río Colorado e incluso constituir una sociedad mixta.

 

Hoy comenzaron a llegar varios telegramas de despido, que justamente fueron presentados a Baldasso para que estuviera al tanto de lo que está ocurriendo por estas horas con los trabajadores del lugar (ver aparte). Por eso, simultáneamente a esta manifestación en la explanada de Casa de Gobierno, también se congregaron más empleados de Vale en el Kilómetro Cero de San Rafael , ya que una buena parte de ellos son sanrafaelinos. 

 

La manifestación en Capital estuvo encabezada por el secretario general de Uocra, Fernando Anaya, quien sostuvo que si bien son optimistas en las gestiones que realizan las autoridades tanto nacionales como provinciales, hay incertidumbre entre los trabajadores. 

 

“El reclamo es por la fuente de trabajo", dijo Anaya en declaraciones a la prensa. “Creemos en el gobernador (Francisco Pérez) con todas las gestiones que ha hecho desde el lunes. Somos optimistas, creemos que esto se puede llegar a solucionar", dijo. Finalmente sostuvo que: “Sabemos también que puede llegar nuestro reclamo y por eso salimos en defensa de nuestros trabajadores, porque estamos todos en pie de lucha". 

 

Por su parte, José Luis Lemos, delegado de Uocra en Malargüe, indicó que: “Consideramos que es un proyecto muy grande donde había muchos trabajadores, se había creado un ambiente de inversión. La situación está como hace dos años atrás; le han creado una ilusión a los trabajadores y a sus familias y hoy se están quedando sin nada. Esto es preocupante".

 

 

Funcionarios del Ministerio de Planificación empezaron a esbozar la estrategia legal para rescindir la concesión minera de Vale al sur de Mendoza, en caso de que las negociaciones con la minera brasileña a cargo de Potasio Río Colorado lleguen a un punto de no retorno. Hoy a las 15 autoridades nacionales y los gobernadores de Mendoza, Neuquén y Río Negro volverán a encontrarse con Sergio Leite, presidente de Vale, en el Ministerio de Trabajo.

 

El directivo de la empresa deberá responder si acepta seguir pagando por un año los salarios de los 6.500 trabajadores del emprendimiento -valuado en más de US$ 6.000 millones-, tal como solicitó el Gobierno en una reunión el miércoles en la misma cartera. A priori, parece difícil que Vale avale el pedido.

 

Hacerlo le implicaría desembolsar cerca de $ 1.200 millones en 12 meses (la minera pagaba alrededor de $ 100 millones mensuales en sueldos).

 

Mientras tanto, el Ejecutivo provincial ya empezó a estudiar alternativas legales para justificar a derecho una eventual expropiación de los activos de la brasileña en Malargüe, en el sur mendocino. De Vido señaló el miércoles 13/03 que “Vale incumplió con leyes nacionales y provinciales” y la acusó de “violentar la seguridad jurídica de la Argentina”.

 

Según el sitio web especializado El inversor online, en la Secretaría de Minería de la Nación consideran que el desarrollo de los acontecimientos ofrece elementos probatorios para avalar la intervención del Estado por ‘abandono de proyecto’, tal como marca el artículo 226 del Código de Minería. 

 

Eso mismo hizo Vale, desde la óptica de los técnicos de Minería consultados, a través de una nota enviada al ministro de Planificación, Julio De Vido, la máxima autoridad nacional en materia de energía y minería.

 

En una misiva al ministro de Planificación, Julio De Vido, la empresa -controlada por un holding con sede en Holanda, y participación accionaria del 20% del Estado brasileño- informó de la ‘suspensión’ del proyecto por el alza de los costos de inversión que afectó “significativamente la competitividad y el atractivo del proyecto para los accionistas”. Pero en los despachos nacionales interpretan que en el contexto actual, con la obra ya lanzada y más de 6.500 trabajadores empleados de manera directa, esa decisión puede ser interpretada bajo la figura de ‘abandono’ que establece el Código de Minería.

 

“Vale nunca tendría que haber enviado esa carta. Abrió lugar a toda una serie de interpretaciones semánticas que pueden terminar jugándole en contra. Fue una pésima jugada desde el punto de vista legal”, analizó un abogado especializado en cuestiones mineras.

 

 

El gobernador mendocino Francisco Pérez visitó el jueves 14/03 el yacimiento Potasio Río Colorado para conocer el estado de las obras y la situación de los trabajadores. 

 

Ante los rumores de desmantelamiento, el mandatario provincial comentó que por cuestiones legales y estructurales, Vale está imposibilitada de levantar lo construido hasta el momento, que representa un 60% de la obra.

 

"La ley prevé que en caso de suspensión temporal se pueden sacar los vehículos del lugar de construcción, pero no desmantelar la planta, que además por su tamaño es imposible de levantar", explicó. En caso de que la minera decidiera de todos modos sustraer algunas de las partes instaladas, el Gobernador dejó un mensaje claro: "Si tocan un solo tornillo se cae automáticamente la concesión", aseguró.

 

En cuanto a la situación de los trabajadores, Francisco Pérez reconoció que la cancelación del proyecto dejaría a más de 5.000 familias sin trabajo. 

 

Actualmente hay cerca de 100 trabajadores activos en tareas de mantenimiento y servicio médico, pero su condición tampoco ha sido definida por la empresa.