El malestar de los gobernadores con la Casa Rosada es cada vez más evidente, y esto resulta todo un problema para Javier Milei ya que comienza a romperse el escudo protector que tiene en el Congreso. El riesgo es concreto: está perdiendo el equilibrio en el Legislativo que le ha permitido bloquear a la oposición más dura.
¿SE ROMPE EL ESCUDO?
Alerta para Javier Milei: Otro golpe de gobernadores aliados
Tras facilitar el quórum en Diputados, gobernadores vuelven a poner en jaque a Javier Milei y avanzan en el Senado con proyectos por más fondos.
03 de julio de 2025 - 12:42
Los gobernadores -en la foto, en la reunión de la semana pasada en el CFI- ponen en jaque a Javier Milei.
En Diputados ayer aportaron sus fuerzas los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y Rubén Passalacqua (Misiones): todos con anterior buen diálogo con la Casa Rosada.
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La caída de la coparticipación es un problema para los mandatarios provinciales, que provoca, además, un conflicto con sus intendentes municipales, y tampoco hay asistencia de Nación a la obra pública, que moviliza la actividad en los territorios aliados y asiste en un año electoral.
En este marco, los gobernadores concretaron en las últimas horas el ingreso al Senado de sus proyectos con los reclamos a Nación por la distribución del remanente del fondo de ATN y el impuesto a los combustibles líquidos, algo que se había acordado en una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) la semana pasada.
Decidieron avanzar con las propuestas por más fondos tras fracasar las negociaciones con el Gobierno, que presentó una contrapropuesta que no conformó a las provincias.
Las iniciativas legislativas están firmadas por los gobernadores de las 23 provincias y el jefe de Gobierno porteño, y plantean pedidos sobre los ingresos por impuesto a los combustibles y la redistribución de los ATN directa para emergencias y desastres.
Los proyectos son acompañados por todos los bloques de la oposición, e incluso las habituales fuerzas aliadas del oficialismo: fueron suscriptos por Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, el PRO y otros espacios provinciales.
Los firmantes fueron los jefes de bloques José Mayans (Frente Nacional y Popular), Juliana di Tullio (Unidad Ciudadana), Fernando Salino (Convicción Federal) -las tres bancadas del interbloque Unión por la Patria-, Anabel Fernández Sagasti (vicepresidenta de UP), Eduardo Vischi (Unión Cívica Radical), Alfredo De Angeli (Frente PRO), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Carlos Espínola (Unidad Federal) y Martín Lousteau (UCR).
Ambas iniciativas tienen los votos garantizados para darle los dos tercios no sólo en el Senado sino también en Diputados, bloqueando incluso la posibilidad de un veto del presidente Javier Milei.
El proyecto sobre impuesto a los combustibles establece la eliminación de cinco fideicomisos y fondos nacionales, al tiempo que indica que "los recursos asignados a estos fideicomisos y fondos nacionales, excepto los previstos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos -Ley 23.966-, a partir de la vigencia de la presente ley serán distribuidos" de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación Federal.
Sobre lo recaudado por el impuesto a los combustibles, propone que sea distribuido: en un 14,29% al Tesoro Nacional; en un 57,02% a las provincias; y en un 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.
En cuanto al porcentaje destinado a las provincias, un 25% deberá ser repartido en partes iguales a todas las jurisdicciones, mientras que el otro 75% será de acuerdo a los índices de coparticipación.
Por su parte, la la iniciativa sobre los Aportes del Tesoro Nacional prevé que esos recursos deberán repartirse respetando los porcentajes de la Ley de Coparticipación y agrega que "la redistribución procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6 de la Ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable".
Para rechazar la excusa del Gobierno de que puedan afectar el superávit fiscal, en el texto se resalta que "son recursos con asignación específica que administra el Gobierno nacional pero que no son propios". "Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”, agrega.
Incluso señala que el contexto económico amerita la medida porque el fondo fue creado para situaciones de "emergencia y desequilibrio financiero". "La norma a sancionar establece la modalidad de distribución del Fondo ATN que en la actualidad prácticamente no se ejecuta”, se resaltó.
Malestar de gobernadores: En lo que va de 2025, Milei sólo repartió 20% de los ATN
Si bien los giros del gobierno de Javier Milei a las provincias por fuera de la coparticipación cerraron el primer semestre del año con una mejora real interanual del 187,6% (la base de comparación es muy baja), se trató del segundo peor período en los últimos 20 años. Del fondo de ATN solo se ejecutó el 20% de lo acumulado.
En lo que hace a las transferencias no automáticas de la Nación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, en junio crecieron 142% interanual en términos reales, pero en comparación con el mismo mes del 2023, todavía presentan descensos de importante magnitud (54% en términos reales), según datos de Politikon Chaco.
La clave de la mejora siguen siendo los envíos a CABA, que se quedó con 52,1% ($153.130 millones) del total distribuido por efecto de los pagos nacionales en cumplimiento de la cautelar de la Corte Suprema de Justicia por la causa de la coparticipación.
Muy por detrás se ubicaron Buenos Aires (19,7% del total), Córdoba (4,5%), Tucumán (3%), Chaco (2,7%) y Santa Fe (2,5%). Jujuy, La Pampa y San Luis fueron las que menos fondos recibieron el mes pasado: las tres quedaron por debajo de los $400 millones.
Politikon Chaco ratifica que en la mayoría de los casos hay un “fuerte rebote” respecto del 2024 -ocho provincias recibieron menos que el año pasado- pero todas siguen debajo del 2023. La excepción es CABA por la recepción de los recursos de la cautelar. Es la misma razón que explica el salto de las transferencias: si se la excluye, el alza real es del 30,4%.
En cuanto a los ATN, hoy en el centro de la discusión entre los gobernadores y la Casa Rosada, la ejecución de junio fue de $10.500 millones. Catamarca, Santa Cruz y Tucumán recibieron $3500 millones cada una. Además, se devengaron $3000 millones a Corrientes, pero no fueron pagados (posiblemente impacte en julio). El fondo total de ATN sumó $85.240 millones, con lo que solo se ejecutó 12,3%.
En el primer semestre, las transferencias automáticas aumentaron pero quedaron por debajo de todos los primeros semestres entre 2005 y 2023 medidos en moneda constante.
Y en lo que va del año, en materia de ATN se pagaron $91.000 millones, cifra que equivale al 20% del fondo de $451.048 millones acumulado. Entre enero y junio recibieron estos recursos Neuquén, $15.000 millones; Buenos Aires, $10.000 millones; Salta, $9500 millones; Santa Fe, $9000 millones; Tucumán, $8500 millones; Santa Cruz, $8000 millones; Chubut, $7000 millones; Río Negro, $5000 millones; San Juan, $4000 millones; Catamarca, $3500 millones; Entre Ríos, Mendoza y Misiones, $3000 millones cada una, y Chaco, $2500 millones.
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