En La Nación el patrimonio cultural es... suizo

Hasta donde se sabía –y es uno de los motivos de la investigación de la Afip y de la justicia federal- el control accionario de S.A. La Nación pertenece a MNMS Holding, una empresa que, a su vez, es controlada en casi un 70% por Barton Corporation, una sociedad offshore, de las caribeñas islas Caimán.

La autoría de la ingeniería juridico-financiera de esta trama fue realizada por el bufete panameño Alfaro, Ferrer & Ramírez, que participó también, a través de su filial en las islas Vírgenes Británicas, de la creación de Cimeco (sociedad de S.A. La Nación, Grupo Clarín y Vocento, de España, que posee el control de los diarios La Voz del Interior, de la ciudad de Córdoba, y Los Andes, de la ciudad de Mendoza).

Ahora, S.A. La Nación procura brindar su propia versión de cómo ocurrieron los acontecimientos que le permitió a la familia de Matilde Noble Mitre Saguier comprar varias participaciones accionarias, desplazar a Bartolomé Mitre, reequipar los talleres gráficos de la editorial, y reestructurar la deuda financiera.

Uno de los secretos societarios que la justicia no ha logrado develar, al menos de acuerdo a las necesidades de la investigación fiscal, es a quién pertenece la persona jurídica Barton Corporation, representada ante las asambleas de accionistas de S.A. La Nación por la abogada argentina Laura Magali Valladares.

Los dos directores en MNMS Holding, que supuestamente representan a Barton Corporation, son Philip Blows y Christopher Shaw, que hasta hoy día han resultado una incógnita para la jueza en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, María Romilda Servini de Cubría.

Durante 1994 la familia Saguier había decidido tomar el control de S.A. La Nación pero no contaba con fondos propios suficientes, y entonces obtuvo un préstamo de US$ 40 millones del Clariden Bank, una filial del Credit Suisse Group.

Credit Suisse es un grupo financiero con vastas y complejas relaciones con la economía argentina. Hacía varias décadas que se encontraba vinculado a la Röhm, que lo introdujo en el capital accionario de los ex Banco General de Negocios y el uruguayo Banco Comercial, ambos liquidados e investigados por la jueza Servini de Cubría, y magistrados uruguayos.

La denuncia ante Servini de Cubría fue realizada el 31 de diciembre de 2001, ante la Comisaría 6ta. de la Ciudad de Buenos Aires, por las entonces diputadas nacionales Graciela Ocaña y Marcela Rodríguez. Hoy Ocaña es la interventora del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y de su obra social Pami, y Rodríguez integra la estratégica Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Pero, a la vez, Credit Suisse mantenía una relación desconocida para la mayoría de la opinión pública argentina. En su International Advisory Borrad se sentaba como consejero Agostino Rocca, por entonces director ejecutivo de Organización Techint, el grupo industrial más importante de la Argentina, con intereses en más de 20 países.

Rocca falleció en un accidente aéreo en el que también murió Germán Sopeña, quien era considerado, por integrantes de la familia Saguier, el seguro sustituto de José Claudio Escribano como subdirector periodístico del diario La Nación.

Techint mantiene otra relación muy profunda con los Saguier y S.A. La Nación: construyó la nueva torre La Nación, proyecto inmobiliario para el que los Saguier crearon un fideicomiso administrado por Banco Río SCH.

No deja de resultar paradójica la relación de Organización Techint con los dos grandes diarios de la Ciudad de Buenos Aires: así como se recuerdan los viejos integrantes de la Adepa (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) que ayudó a Ernestina Herrera de Noble a la compra de participaciones accionarias en medio del litigio por la sucesión de Roberto Noble, ha auxiliado a los Mitre Noble Saguier a escapar de la quiebra.

Con Grupo Clarín, Techint mantiene una afinidad ideológica y, a la vez, un negocio comercial: Impripost y Unir S.A., empresas vinculadas a la facturación de servicios y la distribución postal.

Con S.A. La Nación aún se desconoce cuál es el negocio en ciernes. Sin embargo, muchos ejecutivos inquietos imaginan la ‘carta’ que guardan bajo la manga.

El mensuario Apertura, propiedad de los capitales españoles Recoletos, publicó en su nota de tapa un artículo titulado "La Nación después del default", ilustrado con una fotografía de Julio César Saguier, presidente de S.A. La Nación, quien, según Apertura, "explica cómo logró una quita del 60% de la deuda. Qué papel jugaron Rocca (Techint), Miguens (Bemberg) y Schmidheiny (Fundación Avina)".

La nota la firma Gustavo Sencio, director del mensuario en el que fuera promovido cuando Gabriel Griffa era su director y accionista mayoritario. Griffa fue cofundador de Apertura, cuando era bimensual, junto a Marcelo Longobardi, quien luego se retiró del negocio para dedicarse a la conducción periodística en radio y TV.

Griffa, años después y con negocios buenos y otros no tanto, decidió venderle a Eduardo Eurnekian (quien a su vez le vendió a Recoletos), ya que dijo haber decidido dedicarse a actividades en el Tercer Sector, como se denomina al intrincado mundo de las Organizaciones No Gubernamentales. Explicó que había conocido a un filántropo suizo y atendería sus intereses regionales.

El filántropo se llama Stephan Schmidheiny, un personaje desconocido para la mayoría de los argentinos, pero no para los Saguier.

Schmidheiny es presidente de Anova AG, fue director de Nestlé, y en 1992 fundó World Business Council for Sustainable Development, que realizó ponencias en todas las cumbres sobre políticas ambientales que se han sucedido desde entonces. Él fue el principal asesor del secretario general de la Organización de Naciones Unidas en la Conferencia sobre Desarrollo y Medio Ambiente, en Río de Janeiro, en 1992.

Un año después, Schmidheiny y Agostino Rocca fundaron el capítulo argentino de Fundes, una asociación civil sin fines de lucro que promovería el desarrollo de la pequeña y mediana empresa local.

Sin embargo, Fundes existía en Suiza desde 1984, cuando Marcos Gregorio McGrath, entonces arzobispo de Panamá, convenció a Schmidheiny y otros empresarios que se interesaran en el tema ambiental, tan caro a Panamá por el canal interoceánico.

La actividad de Schmidheiny en Latinoamérica resulta prolífica. Por ejemplo, él fue quien le aportó US$ 500.000 al empresario argentino radicado en España, Martin Varsavsky, un protagonista de la burbuja cibernética de los ’90, para la creación de Educar Chile, y con el compromiso de crear, luego Educar Bolivia y Educar Costa Rica.

En cierto modo, la influencia que Schmidheiny intentaba realizar en el sistema educativo regional, según algunos analistas, se asemeja a la que George Soros promueve en Europa oriental, para promover sus negocios tras la fachada del filantropismo.

Varsavsky interesó a Schmidheiny presentándole su proyecto Educar Argentina, que realizó durante el gobierno de Fernando De la Rúa, por su amistad con uno de los hijos del ex Presidente, apodado Aíto (Fernando Junior). Educar Argentina fue uno de los proyectos más promocionados del llamado Grupo Sushi (pioneros en la comunicación política que hoy realiza el dúo unplugged Los Fernández, en la Casa Rosada). Si alguien sabe qué fue del proyecto Educar Argentina, por favor enviar la información disponible.

En Chile, Schmidheiny había tomado control de la industria forestal y de porciones de la industria maderera, compitiendo con los negocios de las familias Angelini (Arauco) y Matte (CMPC). De pronto controló Masisa y la expansió a la Argentina, Brasil y México.

A través de Forestal Terranova, con ventas por US$ 105,5 millones, avanzó sobre Masisa (a partir de la producción propia de madera, incorpora valor agregado fabricando molduras, puertas y tableros MDF), con una facturación de US$ 309 millones, y cruzó la Cordillera, para establecer sinergias corporativas con otros grupos vinculados a lo forestal como es la industrial del papel, donde destaca Papel Prensa, uno de cuyos accionistas es S.A. La Nación.

Recientemente, la mayoría accionaria de Masisa fue traspasada al Grupo Nueva, Schmidheiny, quien más tarde concretó un fideicomiso mediante el cual él donó la totalidad de las acciones del Grupo Nueva al Grupo VIVA, sin impacto sobre la administración de Masisa.

Daniel Scioli, vicepresidente de la Nación; Roberto Lavagna, ministro de Economía; y Martín Redrado, vicecanciller, entregaron el año pasado a Masisa Argentina el "Premio a la Exportación Argentina", por 4to. año consecutivo.

De acuerdo a S.A. La Nación, el 7 de noviembre de 2003 presentó ante la Inspección General de Justicia el balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, en la que imputó el quebranto producido por la salida de la convertibilidad, dando cuenta de una pérdida neta de $ 236 millones y un déficit de capital de trabajo por $ 342,7 millones.

Los Saguier, imitando lo que hicieron en 1994, buscaron inversores (Carlos Miguens, de la Maltería Quilmes; Paolo Rocca, de Techint; y Schmidheiny),y realizaron un plan de ajuste que incluyó importantes deudas refinanciadas con Papel Prensa –en un cronograma que le resultó difícil de aceptar al ministro Lavagna, informado de lo que ocurre en esa empresa en la que el Estado mantiene 25% de las acciones- y otros proveedores.

Según S.A. La Nación, la reestructuración logró que, a mediados de 2003, la deuda acumulada no pesificable de US$ 140 millones se redujese a US$ 35 millones a pagar en siete años.

La ingeniería financiera incluyó un pago proporcional en efectivo (más de US$ 20 millones), la cesión del crédito que poseía como beneficiaria del fideicomiso financiero Edificio La Nación (o sea que cedió la escritura de su porción del inmueble), pagos refinanciados de los contratos de leasing (por el reequipamiento del taller gráfico) y otorgamiento de espacios publicitarios a sus acreedores.

La revista Apertura plantea la duda de si Miguens, Rocca y Schmidheiny ingresarán, en el futuro, como accionistas, capitalizando sus préstamos. Esto plantea algunos interrogantes respecto de los dichos del propio Julio Saguier, cuando explica por qué no vendió ni a Telefónica ni a Francisco de Narváez (aparentemente interesado por bancos acreedores de la editorial):

"-¿Por qué no la vendió?

-Porque es una empresa que está desde hace 135 años en la familia. Implica tradición, implica muchísimas cosas: valores. Y cuando te dicen para qué la quieren comprar, es todo lo contrario de lo que nosotros pensamos".

No obstante, una potencial sociedad con Miguens, Rocca y Schmidheiny parece que superaría esas objeciones, lo que obliga a la ironía. Mucho más cuando Saguier dice, en la entrevista que hay una crisis en los medios de comunicación porque "hay medios que son más empresas operadores, que se dedican a hacer negocios que están absolutamente reñidos con la ética periodística".

Hasta donde se sabe, Techint es el más formidable lobby que conoce el Estado argentino en todas sus áreas. Techint promovió, a través del Grupo Argentino (que copresidían Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín) y la Unión Industrial Argentina, la devaluación de enero de 2002 que hasta provoca críticas de parte del hoy presidente Néstor Kirchner; amplió el corralito; desajustó los precios relativos para producir un subsidio de las empresas de servicios a las empresas electrointensivas (la siderurgia), y obtuvo enormes ganancias con el otro subsidio de mantener un dólar a un nivel superior al real.

No obstante, quienes tienen memoria recordarán que, en el año anterior a la devaluación, cuando La Nación prohijaba el proyecto de Elisa Carrió, el matutino fue decisivo en la destrucción de Pedro Pou como presidente del Banco Central, garante de la convertibilidad, que tantos quebrantos provocó al propio diario, según su estado contable 2002.

En el caso de que exista un compromiso accionario de los nuevos acreedores mencionados, cabe preguntarse cómo se adaptaría a las exigencias que impone la Ley de Bienes Culturales vigente, que limita la participación societaria extranjera a 30%.

Curiosamente, en la nota no se pregunta acerca de una cuestión tan importante, probablemente porque Mind Opener S.A., editora de Apertura, es propiedad 100% del español Grupo Recoletos.