Todo lo que hay que saber de la crisis energética

Ahora, los frentes que tendrán que resolver los responsables del Ministerio de Planificación, de la secretaría de Energía y hasta el Presidente, son:

# La relación con las provincias, que quieren que la secretaría de Energía de la Nación explique a los usuarios la necesidad de racionar el consumo;

# Con los países vecinos, por el incumplimiento de los contratos de exportación de gas a partir de los decretos del Ejecutivo Nacional, como es el caso de Chile; o los conflictos que se generaron en Uruguay, por depender en gran parte de la importación energética que comienza a derrumbarse;

# Con las industrias, a pesar del apoyo de la Unión Industrial Argentina al gobierno, que tendrán que reprogramar los horarios de producción;

# Y con las productoras, generadores y distribuidoras de hidrocarburos, así como las paralelas en el sector energético.

Cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, (faltan pocos días para el primer aniversario), privilegió una agenda de temas que no incluía el futuro energético como tema principal, aunque su antecesor y artífice de su éxito, Eduardo Duhalde, sabía que la devaluación de 2002 llevaría al colapso de los servicios públicos privatizados sin la recomposición de las tarifas en el mediano plazo.

Así se suspendieron una y otra vez las audiencias con las empresas para acordar un aumento, y cuando algún funcionario, como el vicepresidente Daniel Scioli, reconoció la necesidad de aumentar las tarifas, fue desplazado del gobierno.

Según la Ley 25.561 de Emergencia Económica que delegó al PEN la renegociación de las tarifas, el plazo para llegar a un acuerdo era diciembre de 2003. Esto nunca se cumplió y tampoco es claro si se debe a que para los miembros de la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos, que reemplaza a la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos que creó Duhalde, actualmente no haría falta incrementar las tarifas de los distintos servicios públicos debido a que las tarifas vigentes permiten a las empresas reguladas cubrir sus costos operativos; o debido a que dichas empresas obtuvieron rentabilidades extraordinarias en los ’90.

De todos modos, paralelamente a las negociaciones que se realizaron en su momento y que hoy son cuestionadas, lo cierto es que las tarifas actuales están por debajo de las que se manejan a nivel internacional (por ejemplo el precio del gas por BTU en el mundo es US$1.40 aproximadamente y en la Argentina se paga US$0.40) y tal situación conduce a un colapso de los servicios por ausencia de incentivos para la inversión en expansión y/o mantenimiento.

Hoy, en plena crisis energética, tanto la subsecretaría de Energía de Neuquen, como el mismo organismo de Salta, dos de las provincias productoras de hidrocarburos más importantes del país, afirman que el problema no es de producción, sino de transporte, debido a la inexistencia de inversiones en infraestructura. Pero ¿qué empresa querrá invertir en un país donde le pagan tres veces menos que en el exterior?

Esto conduce a la inevitable realidad en la que los usuarios que ya tienen servicios regulados pasen a tener una calidad decreciente; y los que aún no han accedido, tardarán más en hacerlo.

La comparación tarifaria en los servicios públicos no es el único índice a tener en cuenta para establecer el aumento en un país, ya que dichos servicios contienen una estructura de precios que requiere construir canastas representativas del uso de las distintas dimensiones de cada servicio en cada lugar, contemplar diferencias en los niveles de ingreso per cápita (que afectan al costo de los servicios) identificar y cuantificar la incidencia de diferencias de densidad y escala de la provisión, y neutralizar diferencias en la disponibilidad de fuentes de abastecimiento.

Pero sin recomponer las tarifas es difícil prever cómo será el camino hacia la recuperación en la crisis energética, que necesita de un plazo no menor a 3 años para comenzar recién un período de recomposición, sin hablar de solución total. Además, la mala señal de precios y la falta de iniciativa pública, no dará lugar a la presentación de nuevos proyectos para la generación de electricidad. Del mismo modo, en el caso del gas natural, no habrá nuevas líneas de alta tensión ni nuevos gasoductos.

Las consecuencias de la crisis son graves ya que el 45% del consumo energético total del país depende del gas natural, siendo el combustible principal para la generación de energía eléctrica. Por eso, la recomposición del precio en boca de pozo incrementará las facturas del gas y también tendrá impacto en los precios de la luz.

Según un informe del departamento Técnico del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, el gobierno es el responsable de elaborar un Plan Estratégico para el Sector Energético que abarque un plazo no menor a 4 años; que comprenda líneas estratégicas en materia de petróleo, gas natural y electricidad; y que proyecte un sendero de precios para llegar en el mediano plazo a un precio del gas en boca de pozo a US$1 por millón de BTU.

De igual forma, los precios para el productor de energía eléctrica deben instalarse en un máximo de remuneración de US$0,025 kWh. En ese esquema de precios, la factura por electricidad y gas natural que debe pagar el usuario de menor poder adquisitivo no debe superar un porcentaje de sus ingresos del orden del 4%.

El informe sostiene que la previsión del sistema energético es un tema fundamental en el primer mundo, ya que el colapso de las fuentes de gas o de energía eléctrica influye en el crecimiento de la economía y la atracción de inversiones.

Es lógico que nadie querrá invertir en un país que después le restringirá los tiempos de fabricación. Francia es modelo en cuanto a previsión del sistema energético, que dedicó los últimos años al estudio de las políticas energéticas, que derivaron en la ley de Energía que se rige de acuerdo al marco de las directivas de desregulación de la UE. A su vez, las experiencias muestran que el planeamiento estratégico sectorial no es incompatible con la existencia de una economía de mercado.