K se suma al grupo de los “superpoderosos” integrado por Duhalde, Cavallo y Menem

En la Argentina no hay normalidad institucional porque los presidentes no cumplen con las atribuciones establecidas en la Carta Magna o porque las mismas no les alcanzan para gobernar. Sin embargo, deben entender que exigir superpoderes es una facultad de carácter extraordinario. En caso de abusar, los fundamentos democráticos sobre los que se erige el Estado se vulneran. Modificar la Constitución es una alternativa para evitar el constante atropello de la voluntad popular.

En vez de estar sumidos en una situación de indefinición constante, las autoridades de la Nación deberían impulsar una reforma constitucional que no deje a un costado la opinión de los ciudadanos. La propuesta surge luego de que sucesivos presidentes hayan considerado que no cuentan con poderes suficientes para gobernar o que parte de las atribuciones que precisan las tiene el Congreso.

Los legisladores son los representantes del pueblo; piezas claves del mecanismo a través del cual se manifiesta la voluntad popular cuando se trata de un sistema republicano. No obstante, a veces los integrantes del Congreso dan la espalda a los intereses de los ciudadanos para obedecer a los jefes de Estado.

Ocurre que justamente los ciudadanos deberían ser los mandantes de los representantes. En este marco, es importante que los argentinos sean concientes del poder que tienen y que los funcionarios estatales se encarguen de implementar formas de participación para que los argentinos no queden al margen de todos los procesos de tomas de decisión. El Estado es la institución madre que debe velar por los derechos y garantías constitucionales, no atropellarlos.

Si la voluntad no se respeta y hasta se viola en ciertos casos, la democracia pasa a ser un mero título, una fachada que esconde un sistema perverso de concentración del poder en el Ejecutivo, subordinando al Judicial y Legislativo.

Por ende, si la intención fuera ceder las facultades extraordinarias, ésta decisión debería ser votada por el pueblo.

Cuando el ex presidente Raúl Alfonsín abandonó la presidencia antes de terminar su mandato el 8 de julio de1989, Carlos Saúl Menem aceptó hacerse cargo del poder con la condición de que se aprobara un paquete de leyes.

Aunque no logró que sus demandas fueran satisfechas, se aseguró un aliado clave en el bloque radical mayoritario de ese entonces. Luego, aceptó cubrir la vacante que dejaba Alfonsín en medio de una situación de caos económico e incertidumbre extrema.

En este marco de inestabilidad, Menem se hacía cargo, pero la conformación de las Cámaras seguía siendo la misma que antes. No obstante, César Jaroslavsky, quien bajo el gobierno de Alfonsín ocupó el cargo de jefe de bloque de diputados de la UCR , le garantizó que el Congreso no ofrecería gran resistencia a sus propuestas. Para ello, hacía salir a los diputados de la UCR del recinto durante las sesiones, con el fin de cumplir la promesa que le había hecho al primer mandatario.

Sin embargo, Menem logró que ciertos superpoderes le fueran otorgados por la Cámara de Diputados. La medida destinada a realizar la "Segunda reforma del Estado" facultó al Poder Ejecutivo Nacional a fusionar, racionalizar, y hasta hacer desaparecer organismos estatales ineficientes, mientras que los superpoderes impositivos habilitan al Ejecutivo a crear o modificar impuestos.

Por su parte, Domingo Cavallo le exigió "poderes especiales" al Congreso como condición para asumir cuando el presidente Fernando De la Rúa estaba debilitado. Pidió concentrar en sus manos las principales decisiones del país. Así se transformó en el eje del gobierno dejando en segundo plano al primer mandatario.

Durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde, el Congreso también le otorgó al Poder Ejecutivo una serie poderes mediante la aprobación de la Ley de Emergencia Económica.

La medida sirvió, en su momento, para derogar la convertibilidad cuando la Argentina estaba sumida en una situación de caos extremo.

Cuando los legisladores redactaron la ley, estimaron que la turbulencia habría pasado para fin de año. Por consiguiente, los superpoderes que se otorgaron al gobierno para "comandar la nave" quedarán sin efecto el 10 de diciembre, (a menos de que el Congreso considerara que es necesario renovarlos.)

Néstor Carlos Kirchener recibió los atributos presidenciales el 25 de mayo, día en el que Duhalde había anunciado su renuncia. Como las Cámaras de K recién entrarán en funciones el 10 de diciembre, en el interín se vio obligado a tejer alianzas, distribuir dinero y realizar cualquier tipo de malabares para sumar la adhesión de los legisladores cada vez que precisa consenso.

En esta línea, solicitó en principio que dichos "superpoderes" que apuntaban a concentrar el poder para negociar con las empresas prestadoras de servicios públicos privatizadas, se extendieran un año más. Este pedido fue concedido por ambas Cámaras hace unos meses.

Por otro lado, el Gobierno de K también logró introducir cambios normativos que le amplian significativamente el margen de maniobra.

Con la entrada en vigencia de la ley, la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos (cuya conducción comparten los ministros de Economía, Roberto Lavagna y de Planificación Federal, Julio De Vido) concentrará todas las negociaciones con las privatizadas y no tendrá ninguna limitación regulatoria para actuar.

Entonces, en consonancia con los casos anteriores, el Congreso de la Nación anunció que está dispuesto a otorgarle atribuciones extraordinarias al presidente, argumentando que el país continúa sumido en una situación de caos y emergencia.

Otras facultades legislativas que reclama K apuntan a concentrar en sus manos decisiones que respectan al manejo de las políticas sociales, económicas, administrativas, financieras y cambiarias.

La propuesta incluyó la pesificación de los créditos no bancarios a razón de un peso más CER por dólar y convalida el canje de depósitos por bonos, mientras mantiene la prohibición de la actualización por índices sobre el resto de los contratos de la economía.

El justicialismo buscará ahora dar dictamen la próxima semana al proyecto, que lograría una sanción paralela a la del Presupuesto 2004.