Especial: Bolivia, en la rebelión de la coca

Bolivia tiene una larga historia de inestabilidad que combina la presencia de asimetrías sociales, pérdidas territoriales y un constante esfuerzo para salir del lugar marginal que ocupa en la región en términos políticos y económicos.

Las tensiones crecientes en la sociedad boliviana, originadas en la presencia de pronunciadas y centenarias inequidades sin resolver, parecieran indicar el camino a mayores confrontaciones sociales en un futuro próximo, como continuación de la búsqueda de una distribución del poder y la renta más equilibrados entre los diferentes componentes de su comunidad.

La crisis económica, se combinó con un avance significativo de los grupos que representan a los sectores históricamente mas desfavorecidos de Bolivia. Este avance político pareciera presagiar un proceso de reasignación de poder en combinación con escenarios de inestabilidad y violencia esporádica.

Los enfrentamientos, además de la pobreza, suelen incorporar la presencia endémica de un circuito de ilegalidad vinculada al narcotráfico y la corrupción, factores que no pudieron ser controlados por la debilidad recurrente de los sistemas judiciales y policiales de Bolivia.

Los avances económicos logrados en los años pasados, no fueron suficientes para disminuir en forma significativa el record de pobreza y marginalidad que exhibe Bolivia a lo largo de su historia. Estos indicadores, serán los datos centrales para el futuro inmediato de la nación más pobre de Sudamérica, que aún intenta abandonar el retraso, el despojo y la miseria que la caracterizaron desde su independencia.

Este país cuenta con el triste record de haber sufrido 190 golpes de estado desde su creación en 1825. Desde 1982, conserva un sistema democrático estable.

En las elecciones realizadas el 30 de junio pasado, Gonzalo Sánchez de Losada del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), obtuvo un 22,46 % de los casi 3 millones de sufragios.

El resultado fue insuficiente para lograr su asunción como primer mandatario y la designación quedó entonces en manos de la asamblea legislativa. Tras arduas negociaciones que insumieron varios días, una coalición entre el MNR y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria junto a otros partidos como el ADN y el UCS, permitió que el Congreso designara a Lozada de nuevo como presidente de Bolivia.

Lozada, que ya había sido presidente de Bolivia en el periodo 1993-1997. Se trata de un liberal educado en los Estados Unidos que incluso habla con cierta dificultad el castellano. Posee una cuantiosa fortuna proveniente de la actividad minera y es un firme promotor a las políticas antidrogas y el alineamiento con USA.

El líder cocalero Evo Morales, logró casi el 21% de los votos. Morales es el fundador del Movimiento al Socialismo Boliviano. Promueve posturas clásicas de la izquierda tradicional y una política de confrontación con USA. La izquierda y los movimientos cocaleros, representan hoy una oposición significativa con la que el gobierno deberá negociar si pretende la aprobación de sus propuestas en la legislatura.

Lozada deberá enfrentar un país devorado por la pobreza y continuas protestas de indígenas cocaleros que repudian la decisión del gobierno de impulsar un plan, bajo presión de USA, para erradicar cultivos de hojas de coca.

Las dificultades crónicas de la corporación política para encontrar salidas a la crisis, tiene mucho que ver con un sistema de designación de autoridades en la que la pertenencia a círculos de tráfico de influencias y negocios marginales suele tener más relevancia que la capacidad del postulante para cubrir el cargo.

Es frecuente que quienes realizan inversiones en el sistema económico boliviano, deban pagar sobornos a las burocracias para operar con cierta estabilidad.

El ranking elaborado por Transparency International sobre el grado de corrupción de cada estado sitúa a este país en el puesto 87 dentro de los 91 estados considerados, lo que equivale a denominarlo como el más corrupto de todos los países latinoamericanos.

Como es previsible, la corrupción afectó también al sistema judicial, particularmente frente a los grupos dedicados al tráfico ilegal de drogas y contrabando que operan con gran impunidad en diversas zonas del país. Pese a sus debilidades, la justicia boliviana logró en tiempos recientes procesar a miembros militares, policías, parlamentarios y ex ministros tras comprobar su relación con el contrabando y el tráfico de narcóticos.

Los partidos políticos ya no son el actor central del escenario político boliviano, desplazados en gran medida por nuevas organizaciones sectoriales. Los grupos que integran a los productores de hojas de coca, las organizaciones indigenistas y los movimientos pro reforma agraria emergieron como nuevos protagonistas de la política local en competencia directa con los partidos tradicionales. De todas maneras, la ausencia de coordinación entre grupos sectoriales neutraliza su ventaja numérica para obtener mayores concesiones.

El desprestigio de los políticos tradicionales tras el fracaso de la experiencia populista de los ochenta y los resultados sociales de las medidas de liberalización de la economía aplicada en los '90, explica en gran parte este fenómeno.

La agenda de seguridad doméstica sigue signada por la lucha contra el circuito de producción de drogas y por la influencia ejercida por los Estados Unidos para que Bolivia se comprometa más aun en ese campo. La profunda raigambre del consumo de coca en la cultura popular boliviana, hace previsible que la erradicación completa de esos cultivos sea improbable.

En el aspecto económico, Bolivia efectuó grandes esfuerzos por abrir su economía y creció a niveles inéditos en los '90, pero la crisis regional pone enormes dudas sobre la viabilidad del modelo aplicado en ese país a la luz de las resistencias sociales que generan en su seno los primeros signos de recesión.

En caso de profundizarse la crisis económica y social que ya comenzó a manifestarse en 2000, es posible que el gobierno deba pactar con la oposición algunas medidas para disminuir el impacto de la pobreza y el desempleo que se agravan en el país del altiplano, negociación que puede dar por resultado un esquema económico menos liberalizado y un aumento del gasto público para atenuar el impacto de la crisis sobre los sectores menos favorecidos.

En febrero de 2003 el presidente Lozada intentó introducir un impuesto del 12,5% sobre los salarios dentro de un paquete de medidas destinadas a corregir el déficit crónico en las cuentas del gobierno central. Además de provocar un llamado a una huelga general de las centrales sindicales, el anuncio dio inicio a una huelga y motín de la policía boliviana que rechazó de plano la implementación de esa medida.

En los días siguientes se produjeron enfrentamientos armados entre los policías amotinados en las inmediaciones del palacio presidencial. Además de los 29 muertos y decenas de heridos que quedaron tras las refriegas armadas, la ausencia de fuerzas policiales en la ciudad capital favoreció los saqueos y robos de una cantidad considerable de comercios.

Si bien en un principio los sectores policiales y sindicales reclamaron la renuncia del presidente, el apoyo de las fuerzas armadas a la continuidad del mandatario permitió a Lozada conservar el cargo.

Finalmente el impuesto sobre los salarios fue anulado. Lozada emergió del conflicto muy debilitado y con fuertes condicionamientos para aplicar nuevas medidas que significaran una disminución del poder salarial general. Algunos de los aliados políticos que favorecieron su llegada a la presidencia abandonaron la coalición oficial y se mostraron muy escépticos frente a la posibilidad que Lozada pudiera completar su periodo de gobierno si no lograba revertir el acelerado proceso de desprestigio que afecta a su gobierno.

El 18 de febrero, tras una semana de constantes intentos de Lozada por recomponer su gobierno, todo el gabinete de ministros renunció dando al presidente la oportunidad de relanzar el gobierno, pero al mismo tiempo dando evidencias de la seria crisis que atravesaba la administración tras solo seis meses en el gobierno.

Algunos analistas sostienen que el periodo de aplicación de reformas liberales a la economía podría estar llegando a su fin y que se han presentado todas las condiciones para un regreso a políticas más distributivas mas aun si de ello depende la posibilidad de garantizar la permanencia del gobierno.

En 1982, con Bolivia el gobierno militar de Hernán Siles Suazo, se había iniciado una serie de reformas populistas que incluyó la suspensión del pago de la deuda externa y el traspaso del manejo de las mayores minas del país a los sindicatos. El bloqueo internacional y la crisis inflacionaria condujeron a elecciones que dieron por ganador a Víctor Paz Estenssoro en 1985.

Estenssoro, inició una serie de reformas económicas hacia a la economía de mercado y la adopción de una política de estabilización monetaria para contener la inflación galopante. Los posteriores gobiernos de Jaime Paz Zamora (1989 – 1993) de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) y del ex dictador militar Hugo Banzer (1997-2001) no se apartaron de la senda de la liberalización económica y el desarmado de todo vestigio de gobierno populista.

El gobierno de Banzer, fue la plataforma para aplicar medidas de apertura económica aun más radicales e implementar un vasto programa de reducción del gasto público. Su gestión incluyó la privatización de gran parte de los servicios públicos y la concesión de numerosas licencias a empresas extranjeras para explotar los mayores yacimientos minerales. La gestión de Sánchez de Losada, disminuyó la planta de empleados de las minas del estado de 50.000 a 5.000 en un corto periodo antes de su concesión a firmas privadas.

Tal como lo señalan los documentos del PNUD, las reformas en la economía no tuvieron un impacto positivo real sobre la situación social de los sectores más humildes y encendieron una alarma sobre el futuro de las reformas frente a las reacciones negativas que generaron en gran parte de la sociedad boliviana.

Una de las secuelas más dramáticas de los planes de liberalización fue el incremento de la tasa de desocupación hasta un 11,4 % de la población económicamente activa. La reducción de la planta de administración pública, el proceso de racionalización de personal en las empresas privatizadas y la flexibilización del mercado laboral fueron la fuente de ese aumento.

El empleo no registrado es también una de las características de Bolivia. De acuerdo a los informes de la Organización Internacional del Trabajo, el 57 % de los trabajos remunerados del país se realiza sin registro ni beneficios laborales garantizados.

En un reciente estudio denominado Hiding in the Shadows, que analiza a los sectores informales de las economías latinoamericanas, Bolivia tiene el mayor porcentaje de transacciones al margen del control estatal de la región . El trabajo revela que el 67% de los negocios que se realizan en el país no pagan tributos ni son fiscalizados por el estado.

Carente de un sector productor de manufacturas desarrollado, salvo en pequeños periodos de su historia, Bolivia siempre importó más de lo que pudo exportar.

Desde la época de la colonia hasta los inicios del siglo XIX, la superabundancia de ingresos por exportaciones mineras, desalentó el desarrollo de una base industrial y de una clase mercantil organizada. Con la caída constante de los precios de los minerales desde mediados del siglo pasado, el valor de sus exportaciones decayó en forma sostenida y no hubo sustitutos en otros sectores de la economía que compensaran tal debilidad.

El menor valor de sus productos tradicionales, provocó un esfuerzo considerable para aumentar el volumen de sus exportaciones, pero aún así no puedo evitar un constante déficit en su balanza de pagos. El déficit recurrente hizo crecer su endeudamiento externo y convirtió a su economía en extremadamente inestable frente a las oscilaciones en el precio internacional de sus productos de exportación.

Un reciente perdón de US$ 1.573 millones de los US$ 4.473 millones de su deuda externa trajo cierto alivio a sus obligaciones ante la banca internacional, pero aún mantiene un nivel de endeudamiento superior al 50% de su PBI que insume una parte considerable de su presupuesto central.

Conciente de esta debilidad, los sucesivos gobiernos realizaron un gran esfuerzo para incrementar el tráfico comercial con los países sudamericanos, lo cual rindió sus frutos en la forma de una incipiente inserción en los flujos comerciales regionales.

Bolivia mantiene una activa política de integración regional cuyo logro más importante es su aceptación como asociado del Mercosur. Con este acuerdo y su pertenencia al Pacto Andino, Bolivia reforzó sus expectativas de integrarse económica y políticamente al subcontinente.

El nuevo gobierno, tiene entre sus objetivos lograr el ingreso como asociado al Nafta, pero esa opción se encuentra condicionada por el cumplimiento de objetivos en la lucha contra el narcotráfico, que por ahora parecen lejanos.

El creciente grado de integración, también la expuso a absorber las consecuencias de la crisis que atraviesan sus socios del Mercosur, especialmente Argentina. La reciente devaluación del peso argentino y el real brasileño, impactará negativamente en su economía dado que estos países constituyen significativos socios comerciales de Bolivia.

Por otra parte, uno de los efectos del avance en la lucha contra el narcotráfico fue la eliminación de un porcentaje considerable de ingresos por la exportación de narcóticos que durante las décadas del '70 al '90 compensaron gran parte del déficit de su cuenta externa y facilitaron el ingreso de bienes manufacturados a través de circuitos informales de la economía.

La lucha contra el narcotráfico también trajo mayores gastos en defensa y seguridad, a expensas de planes de asistencia social que podrían haber disminuido el impacto del proceso de apertura de la economía en los '90.

La asistencia internacional para la lucha contra el narcotráfico, especialmente la proveniente de USA, no es suficiente para hacer disminuir el monto del gasto de defensa y seguridad que insume grandes cantidades del presupuesto central.

# Tensiones étnicas

El mayor grupo étnico de Bolivia son los quechuas, que representan el 30 % de la población. Le siguen los aymarás, con un 25 % y un porcentaje similar de mestizos. Existe una minoría del 5% de raza blanca y otros grupos menores pertenecientes a las etnias tupí y guaraníes que ocupan las región este del país.

La mayor parte de las propiedades y puestos de gobierno son ocupados por descendientes de europeos y en menor medida por mestizos. Los pueblos indígenas, están relegados de la mayor parte de los servicios de asistencia educativa, sanitaria y de justicia.

La política cultural desde la conquista española hasta la época de la republica tendió a "europeizar" y evangelizar forzosamente a la mayoría indígena. El uso de las lenguas quechua, aymará y de otras etnias no europeas fueron relegados de los documentos y procedimientos oficiales. Sin embargo, en los sectores bajos, gran parte la riqueza cultural heredada de la civilización Inca se mantuvo relativamente intacta.

Recién en 1993 el parlamento local aprobó una ley que garantiza la preservación de las lenguas de origen en las zonas habitadas por cada etnia, beneficiando a 520 grupos étnicos cuyo idioma madre no es el oficial.

La Confederación Indígena del Oriente, Chaco y la Amazonia Boliviana (CIDOB) mayoritariamente aymará y quechua y la Asamblea del Pueblo Guaraní, son las principales organizaciones indigenistas de Bolivia.

Durante las últimas elecciones, estos grupos obtuvieron una importante cantidad de representantes en el Parlamento.

La llegada de Alejandro Toledo a la presidencia de Perú, un descendiente de la etnia quechua común a ambos países, pareciera haber dado mayor ímpetu a los movimientos indigenistas en Bolivia.

Uno de los puntos centrales del reclamo de los grupos indígenas es en torno a la propiedad de la tierra. Sirve de ejemplo la explotación maderera, que si bien se encuentra en zonas reconocidas como propiedad indígena, no pueden ser usufructuadas salvo por contratos autorizados por el gobierno central que excluyen a los pueblos aborígenes de las ganancias.

El reclamo de tierra para la labranza y el pastoreo, se superpone a los derechos otorgados en el pasado a hacendados de origen blanco. Estas disputas, muchas veces se resuelven en forma violenta y es usual que los indígenas sean objeto de la violencia de grupos organizados y armados por los terratenientes.

En las zonas cocaleras, los traficantes suelen aprovechar la ausencia de de una protección efectiva sobre las comunidades indígenas, utilizando frecuentemente la intimidación para forzar su colaboración para tareas ilícitas.

Una parte considerable de las explotaciones petroleras del sur y este del país están asentados sobre territorios reclamados como propios por los grupos indígenas. El descubrimiento de yacimientos de petróleo y gas en la región de Beni trajo consigo la confusión respecto a los derechos de propiedad de las reservas petroleras.

Mientras un grupo de terratenientes firmaba contratos con empresas extranjeras (particularmente con Enron y Repsol-YPF) para su explotación, las comunidades indígenas chimanes, yuraceres, mojeño, ignacianos y movimas comenzaron a reclamar que estos emprendimientos se realizaban sobre sus tierras. Aun se discute el tema en la justicia mientras se avanza en la extracción de hidrocarburos de esos yacimientos.

# Movimiento de los Sin Tierra

Las tierras cultivables son escasas en el país y la mayor parte de ellas pertenece a latifundios en manos de descendientes europeos. Una reforma agraria iniciada en 1952, nunca pudo ser aplicada en forma concreta y fueron pocas las tierras entregadas en el proceso. En los años siguientes, la concentración de la tierra no disminuyó en forma sustantiva.

El sistema de parcelas familiares heredado de tiempos pre coloniales, fue agotándose con el tiempo, ya sea por la sobreexplotación de los predios como por el incremento exponencial del número de integrantes de cada unidad familiar. Las sucesivas divisiones crearon pequeñas extensiones disponibles para cada familia, muchas veces insuficientes para proveer del ingreso o sustento necesario.

Estos factores, sumados al uso de técnicas de cultivo anticuadas, dejaron al 40 % de la superficie cultivable en un proceso avanzado de desertificación.

Como es natural, las nuevas generaciones tendieron a reclamar una reforma agraria para redistribuir las tierras cultivables y de pastoreo. A partir de los primeros grupos que promovían la reforma agraria, fue gestándose la creación del Movimiento de los Sin Tierra de Bolivia (MST).

El MST viene reclamando una reforma agraria desde hace décadas. Si bien obtuvieron algunos avances al lograr la entrega de algunas miles hectáreas a los campesinos, al mismo tiempo comenzaron a ser objeto de persecuciones políticas y criminales.

Un grupo de hacendados, organizó desde la época de los primeros reclamos del MST a grupos armados destinados a amedrentar y atacar a sus integrantes.

En octubre de 2001, unas 180 familias nucleadas en el MST ocuparon la hacienda Pananti de una extensión de 1.000 hectáreas. Durante la madrugada del 8 de ese mes, cerca de 40 paramilitares financiados por ganaderos y terratenientes emboscaran a más de 250 campesinos que recorrían la hacienda, matando a 12 de ellos e hiriendo a otros 20. Sólo uno de los agresores, un hacendado de la zona, resultó muerto.

# Migraciones internas

Desde mediados de los setenta se produjo un movimiento de migración hacia las grandes ciudades. Los residentes urbanos crecieron desde un 41,74 % de la población en 1976 a representar el 62,24% en 2001.

El motivo mas inmediato de la migración pareciera ser la disminución de la ganancia en el campo, el exceso de oferta laboral rural y la ambición de acceder a los bienes de consumo.

Al no existir una política central destinada al asentamiento de los emigrantes internos, muchos de ellos fueron a habitar las barriadas humildes de la periferia de las grandes ciudades, principalmente en La Paz, Santa Cruz de la Sierra y Sucre. De acuerdo con las cifras oficiales, el desempleo urbano se concentra en estas regiones marginales, en donde los servicios de sanidad y asistencia social muchas veces se encuentran ausentes.

El aumento de la criminalidad, pareciera tener relación directa con el incremento de la pobreza en la periferia urbana, el decrecimiento del ingreso promedio en los sectores más humildes y el deterioro de las prestaciones en salud, educación y justicia en amplias zonas del perímetro de las urbes.

# Pobreza

De acuerdo a las cifras del Banco Mundial, el 20% más rico de Bolivia recibe más del 48 % de la renta nacional, mientras que el 20% más pobre recibe el 5,6 % de esa riqueza.

Cerca de 810.000 bolivianos, que representan el 10% mas pobre de la sociedad, solo reciben el 1,5% de la renta anual, equivalente a un ingreso de menos de un dólar diario por persona. Mientras tanto, como observa la CEPAL, el decil más rico gana casi 38 veces más que su equivalente más pobre.

Tal como se explicara antes, la apropiación de la renta tiene un claro contenido étnico, ya que los descendientes de emigrantes europeos detentan la mayor parte de la propiedad y control de los medios de producción de Bolivia. La indistinción entre quienes integran el poder económico, los grupos étnicos blancos y las elites políticas, al menos hasta el presente, hicieron prácticamente imposible modificar el sistema legal sobre el que se asienta esta distribución arbitraria.

1 de cada 5 bolivianos sufre de desnutrición, según un informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA). El problema afecta a entre un 20 y un 34% de los 8,3 millones de habitantes de Bolivia. El representante del Programa Mundial de Alimentos en Bolivia, Willem Van Millink, señaló que 3 de cada 5o personas que viven en el área rural boliviana no pueden adquirir los alimentos de la canasta básica familiar. En las zonas rurales, vive el 77% de la población indigente del país.

En Bolivia, el 70 por ciento de los hogares no satisface sus necesidades esenciales. El 37 % de los bolivianos viven en la extrema pobreza. En el campo, la situación es crítica: sólo uno de cada cinco pobladores tiene acceso al agua potable y un 17 por ciento a una mínima cobertura sanitaria.

Ello explica en parte que la esperanza de vida del promedio de los habitantes sea de 62 años, la menor de Sudamérica, aunque también debe reconocerse que este indicador muestra avances respecto al año 1975, cuando era de solo 47 años. Este guarismo, esconde sin embargo que la mayor longevidad se debe a la mejora en las condiciones de los sectores urbanos medios y altos. Entre los indígenas y los trabajadores mineros, la esperanza de vida promedio no supera en la actualidad los 45 años.

La tasa de mortalidad infantil se sitúa en 67/1000 frente al promedio de 32/1000 de Sudamérica. En los sectores más humildes, la mortalidad infantil se nivela con una tasa de natalidad superior a la mayor parte de la región, aumentando considerablemente la proporción de población en condiciones de pobreza a medida que avanzan los años. Con un crecimiento del 2,5 % de su población anual, Bolivia tiene el índice de crecimiento demográfico más alto de Sudamérica. Cada mujer boliviana tiene, en promedio, 4,1 hijos.

El acceso a la educación de la población en edad escolar es del 74 por ciento y los índices de abandono son muy altos debido principalmente a la introducción temprana al mercado laboral. De acuerdo a las cifras de la OIT, en el año 2001 se verificó que 13.500 niños realizaban trabajos de diverso tipo en las minas de oro de Bolivia.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ha estimado que al menos 650.000 niños bolivianos trabajan o son explotados laborablemente, muchas veces con la aprobación de su entorno familiar.

# Drogas

Bolivia fue hasta hace pocos años el principal productor de coca del mundo, puesto del que fue desplazada por Colombia.

La hoja de coca, forma parte importante de la tradición local desde antes de la llegada de los colonizares a América. Se estima que cerca del 20 % de la sociedad boliviana utiliza las hojas de coca para masticar o hacer infusiones que tienen un efecto energizante y aliviador de las consecuencias de la vida en las alturas superiores a los 4.000 metros.

En la cultura Inca, de la cual proviene la mayor parte de los bolivianos, la hoja de coca y el rito de su mascado tienen un simbolismo sagrado.
Pero la utilización de las hojas de coca para la fabricación de cocaína, fue el factor determinante para que Estados Unidos y otros países en donde el consumo de esa droga fue en incremento reclamaran a Bolivia sucesivas medidas para desalentar y luego finalizar su cultivo.

Desde abril de 1991, el Congreso boliviano autorizó la presencia de tropas estadounidenses para colaborar – o dirigir de acuerdo a la perspectiva adoptada – el combate contra la producción y tráfico de drogas. Esta presencia suele ser fuente de debates entre los grupos de mayor resistencia a la influencia de Washington en la política doméstica.

En los últimos años, Bolivia llevó adelante una amplia campaña, denominada Plan Dignidad con el objetivo de erradicar las plantaciones de coca en todo su territorio. De acuerdo con las cifras oficiales publicitadas por el gobierno de ese país, cerca del 90% de las superficies cultivadas con coca fueron erradicadas.

Sin embargo, tal como señalan diversos informes sobre el tema, por cada hectárea erradicada, probablemente surja al mismo otra superficie similar en otra zona sin vigilancia. De modo que el plan de erradicación tuvo un efecto muy grande sobre las plantaciones existentes, pero alentó el cultivo de nuevas áreas que difícilmente sean contabilizadas en los reportes oficiales.

La mayor parte de las hojas de coca y de cocaína producida en Bolivia es embarcada hacia Colombia para su posterior exportación a USA o canalizada al mercado europeo a través del eje Santa Cruz de la Sierra – Barajas conocido como el Cocaine Express.

Actualmente, Bolivia produce 250 toneladas métricas anuales de cocaína. El punto más débil de la estrategia de lucha contra las drogas es el poder judicial, tradicionalmente propenso ceder a la intimidación y sugerencia monetaria por parte de los traficantes. También es un impedimento muy fuerte la infiltración del narcotráfico en las cúpulas militares y policiales, llevando así al fracaso de muchas acciones contra el narcotráfico.

Otro inconveniente es la estructura propia de los grupos de narcotraficantes bolivianos. A diferencia de otros países productores, éstos no se organizan en grandes carteles sino en pequeños grupos con alianzas circunstanciales lo cual dificulta la detección de sus actividades. Las únicas manifestaciones de carteles, fueron las organizaciones creadas al interior de las fuerzas armadas y de seguridad que se cree están desmanteladas en gran parte.

Los pequeños cultivadores de coca, venden su producción a traficantes locales, los cuales la elaboran en laboratorios precarios o la exportan para su procesamiento en Colombia y otros estados de la región. Esa exportación se resuelve de diversas formas. En algunos casos, se utiliza a los pobladores más pobres para que introduzcan la droga en otros países en pequeñas cantidades disimuladas entre sus pertenencias.

Para las cantidades mayores, suelen utilizarse vehículos y para el envío de grandes partidas se usan aviones que operan desde pistas clandestinas diseminadas en el territorio montañoso del país. Parte de los envíos de cocaína ya procesada a países occidentales, suele ser canalizado a través de Argentina, Chile, Brasil, Perú y Paraguay.

Una de las zonas mas influidas por el plan de erradicaron fue la región de El Chapare, distante a 600 Km. al sudeste de La Paz. Allí se eliminaron la mayor parte de las plantaciones de coca. Se erradicaron unas 24.000 hectáreas de coca de las 26.000 que, según datos oficiales, había a mediados de 1997 en la zona central del Chapare. El total de zonas despejadas desde ese año alcanzaría las 50.000 hectáreas.

Salvo la localidad de Villa Tunari, en la que la industria turística genera importantes ingresos, y Chimoré, donde está instalado el principal cuartel de asesores estadounidenses, la mayor parte del Chapare sufre el atraso y la pobreza.

El plan "Dignidad"preveía el reemplazo de las plantas de coca por otras de frutilla, banano, palmito y piña. La ausencia de una política efectiva para comercializar los nuevos productos impidió que la sustitución fuera exitosa. La diferencia de ingresos de los habitantes de la región antes y después de la aplicación del plan fue tan dramática, que pronto comenzaron las convulsiones sociales lideradas por las organizaciones políticas que reúnen a los cultivadores de coca. Así comenzaron los disturbios sociales que provocaron, según la APDH, al menos 58 campesinos y 8 uniformados muertos.

La radicalización de las organizaciones cocaleras llevó al bloqueo de las rutas que conectan el este y el oeste del país. Esto provocó el desabastecimiento en las grandes ciudades y conatos de inflación, un mal que se creía erradicado de la economía boliviana.

El líder cocalero Evo Morales, mantiene una activa política de colisión con las autoridades encargadas de aplicar el plan "Dignidad".

Tras lograr un escaño en el parlamento local, Morales fue acusado por desacato y de instigar el asesinato de un policía y un militar en la zona de Sacaba. El Diario de La Paz, afirmó que las Farc colombianas habían colaborado con un millón de dólares a la campaña del candidato cocalero y que habían propiciado el entrenamiento guerrillero en la zona de Sacaba. Sin pruebas consistentes en su contra, la justicia debió anular el proceso contra Morales.

El gobierno boliviano ha manifestado su preocupación porque, aparentemente, la drástica erradicación de los cultivos de coca ilegal iniciada en el año 1998 ha dado paso a la creciente plantación de marihuana en las zonas linderas con Paraguay, desde donde serían luego traficadas a la Argentina y Brasil.

Las preferencias arancelarias dispuesta por USA sobre productos provenientes de países en lucha efectiva contra el narcotráfico fueron suprimidas recientemente. Esto significa que Bolivia tendrá serias dificultades para seguir vendiendo sus productos - algunos de ellos sustitutos del cultivo de coca - al mercado norteamericano, lo cual hace prever algunas dificultades para equilibrar su balanza de pagos.

Este anuncio fue contemporáneo con la crítica de ese país a las autoridades bolivianas respecto a que no estaban haciendo suficientes esfuerzos en su lucha para erradicar las plantaciones de coca.

El gobierno boliviano tiene gran parte de sus planes de asistencia internacional atados a los resultados de su lucha antinarcóticos. El plan de erradicación obtuvo buenos resultados para terminar con los sembradíos ilegales, pero el fracaso de la política de sustitución de cultivos estimuló la creación de nuevos campos sembrados con arbustos de coca.

Con el avance de la pobreza en el campo boliviano y una posible caída de la producción colombiana de drogas por la ofensiva del gobierno de ese país, es previsible que muchos pobladores asuman nuevamente el cultivo de coca a pesar de la amenaza de la ilegalidad.

Con ello el presidente Sánchez de Lozada deberá pensar en que medida podrá contar con la asistencia prometida y hasta donde podrá comprometerse en una lucha difícil de ganar por medio de la prohibición y las acciones militares, antes de intentar otras alternativas.

# Criminalidad

La fuente principal de delitos en Bolivia es la pobreza y el tráfico de drogas. Si bien no existen registros oficiales estructurados, las cifras de los procesamientos judiciales indica que tres cuartos de los crímenes cometidos ocurren en los sectores mas humildes de la sociedad y una proporción mayoritaria se vincula a cuestiones ligadas con el trafico ilegal de narcóticos y mercaderías.

Las instituciones correccionales, no suelen aportar a la mejora de estos indicadores. Elias Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), señalo en un reciente informe que el sistema carcelario boliviano está superado en un 162 %.

8 de cada 10 detenidos, permanece prisionero sin que exista una condena en su contra, incluso por periodos prolongados de tiempo sin que su causa sea tratada.

Uno de los grupos de mayor riesgo frente a la criminalidad son los menores. Existen grupos dedicados a la venta ilegal de niños al exterior, principalmente con destino a los países europeos. Este sistema, que según UNICEF exporta 1.400 niños por año, opera al amparo de jueces y políticos que les permiten actuar con relativa impunidad.

Recientemente, el obispo boliviano Nino Marzoli, denunció que muchos de los niños que deambulan en las grandes ciudades del país son secuestrados con el fin de ingresarlos a circuitos de pornografía y prostitución infantil o para el tráfico de órganos. La revelación fue hecha al mismo tiempo que una ex funcionaria del desaparecido Organismo Nacional del Menor y la Familia fuera acusada de traficar con menores para su adopción ilegal.

Bolivia no es signatario de la Convención Internacional de la Haya sobre los Derechos del Niño, instrumento fundamental para luchar contra esa clase de delito.

Uno de los campos criminales más activos en Bolivia es el contrabando. La introducción de autos y otros bienes robados en los países limítrofes, es facilitada por su canje a cambio de cantidades de droga. Esto estimula en mucho el fortalecimiento del contrabando del cual participan muchos de los funcionarios oficiales encargados de las fronteras.

El contrabando y los altos precios de los productos importados para el promedio de la población, han estimulado la creación de factorías masivas de productos sin el pago de derechos de propiedad intelectual. En el caso de la música, un 77% de los discos que se comercializan en el país son manufacturados en forma ilegal, tanto por productores locales como en el extranjero.

Un informe de la Cámara de Comercio Boliviana datado en junio de 2001, estimó que anualmente se ingresan ilegalmente productos por un valor de US$ 1.200 millones, la mayor parte desde las fronteras occidentales. Poco mas de la mitad, son productos de consumo directo y el resto bienes intermedios y de capital. La pérdida por impuestos que genera este tráfico se estima en US$ 260 millones, es decir, la cuarta parte de la recaudación total del país.

El contrabando de personas, especialmente hacia Argentina, es operado por grupos mafiosos locales que frecuentemente esclavizan en el destino a quienes optan por emigrar hacia el extranjero. Se estima que al menos 200.000 bolivianos viven en Argentina y una proporción de ellos lo hacen en condiciones cercanas a la esclavitud hasta que logran pagar la deuda contraída con las organizaciones que facilitan su emigración.

El producto del comercio de drogas y sus negocios anexos, junto a las ganancias generadas por diversas formas de corrupción, es introducido al circuito financiero y productivo en donde el sistema judicial carece del control suficiente. Si bien no existen cifras consolidadas sobre el monto del lavado de dinero ilegal, las estimaciones más conservadoras dicen que al menos la mitad del dinero existente en el mercado financiero está relacionado con alguna forma de criminalidad.

La profunda ligazón entre los partidos políticos y los círculos de crimen organizado dificulta acabar con la corrupción estructural y perseguir con eficacia las actividades ilegales.

El lavado de dinero, condujo a un proceso en el que muchas empresas fueron creadas o compradas con dinero proveniente de ilícitos. De esta manera, muchos sectores criminales se convirtieron en parte de la clase dominante en términos políticos, económicos y sociales, aumentando las dificultades para lograr su persecución.

# Conflictos limítrofes

Bolivia es una de las naciones que más territorios ha resignado a lo largo de la historia. Al declararse independiente en 1825, contaba con 2.363.769 Km2 de superficie; hoy cuenta con 1.098.581 km2. Todos sus vecinos, en mayor o menor medida, han incrementado sus territorios a expensas de Bolivia a partir de 1860.

La mas agria de las perdidas, fue el territorio costero de 120 mil km2 y el puerto de Antofagasta, ocupados por Chile tras la Guerra del Pacifico entre 1879 y 1884. Con esto Bolivia dejó de ser un país marítimo y fue confinado a las alturas de los Andes. La cuestión de la salida al mar permanece latente en el pensamiento colectivo de la sociedad colombiana, condicionando las relaciones con Chile que mientras este asunto se mantiene sin resolución nunca pudieron calificarse de normales.

En 1904, Brasil invadió la región boliviana de Acre en defensa de una efímera república creada por lo cultivadores de goma. Tras una serie de incidentes militares, Bolivia resignó la entrega de ese territorio de 490.430 Km2 a cambio de 2 millones de libras esterlinas y un ferrocarril.

Mas tarde, también derrotados en la guerra del Chaco (1932-1935) contra Paraguay, fueron vieron obligados a entregar los 230.000 km2 de la provincia de Chaco a los vencedores.

Tras un arbitraje del gobierno argentino, el laudo adjudicó 250 mil km2 reclamados por Bolivia al estado vecino de Perú. Como consecuencia de ese fallo, Bolivia rompió relaciones con Argentina, reiniciadas tras un acuerdo definitivo de fronteras con ese país que le significó la pérdida de otros 170.758 km2.

En 1992, los gobiernos de Perú y Bolivia firmaron un acuerdo mediante el cual el primero de ellos cedió al segundo 327 hectáreas en el puerto de LLo para que lo utilizara como zona franca.

Los gobiernos de Chile y Bolivia están dispuestos a poner fin al conflicto fronterizo que les enfrenta por el agua de la vertiente del río Silala, a 1.200 kilómetros al sur de la capital boliviana. El control de esta fuente de agua dulce, que nace en territorio boliviano pero que Chile reclama como curso fluvial internacional, es actualmente fuente de negociaciones entre las cancillerías de ambos países.

Parte de los compromisos bilaterales, incluyen un permiso especial para que Bolivia exporte a través del terreno que reclama a Chile el gas producido en el sur del país, mediante el tendido de un gasoducto hasta el océano Pacífico. Por ser un país mediterráneo, Bolivia tiene que encontrar la forma de llegar al mar para exportar los 46 billones de m3 de gas natural certificados que posee .

Bolivia no tiene un ejército capaz de representar una amenaza militar contra ninguno de sus vecinos. La mayor parte de sus fuerzas y equipos, son obsoletos en un conflicto moderno o se hayan configurados para la lucha contra el narcotráfico, lo que aleja la posibilidad de disputas militares para resolver diferendos limítrofes.

# Terrorismo

Bolivia tiene amplios antecedentes de organizaciones insurgentes. La mayoría de ellas fueron ferozmente desarticuladas por los gobiernos militares que gobernaron el país durante las décadas del setenta y ochenta.

Fuentes de inteligencia occidentales señalaron un posible resurgimiento dentro de las zonas cocaleras del Ejército de Liberación Nacional, grupo de filiación marxista fundado en la década del 60 que se creía inactivo. Como antecedentes citan su participación en la colocación de una bomba durante 1991 en un ascensor de la embajada norteamericana en La Paz.

Las mismas fuentes indican que podrían existir vínculos de cooperación entre este grupo y el MRTA peruano.

Recientemente, antiguos integrantes de la guerrilla indígena Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), participaron del bloqueo de carreteras iniciado por las organizaciones cocaleras.

El 23 de diciembre del año pasado, dos coches bomba fueron detonados frente a una comisaría de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, provocando tres muertos y grandes daños en los edificios cercanos. Ninguna organización se atribuyó la acción, pero las autoridades responsabilizaron a narcoterroristas de ese país y Perú.

La presencia de células de las FARC en Bolivia no pudo ser corroborada hasta el presente. Las denuncias sobre la acción de la guerrilla colombiana en Bolivia proceden hasta ahora de la prensa, pero no existen todavía pruebas judiciales que desmientan o confirmen la versión.

# Terrorismo de Estado

Los antecedentes de terrorismo de Estado en Bolivia remiten a la presidencia militar de Hugo Banzer, quien tomó el poder mediante un golpe de Estado que gobernó el país entre 1971 y 1978. Tras su paso, los escuadrones de la muerte asesinaron a por lo menos 200 personas e hicieron desaparecer a otras 76.

La estructura represiva montada por Banzer nunca fue desarticulada por la justicia pese al advenimiento de regimenes democráticos, y se sospecha que muchos de sus integrantes fueron integrados a diversas actividades vinculadas al narcotráfico y el amedrentamiento bajo contrato de opositores políticos.

Con esta referencia de ausencia de castigo por crímenes cometidos por integrantes de organismos del estado, es comprensible que como sucede en otros países de la región, el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas militarizadas sea un mal endémico que afecta la situación de los Derechos Humanos en Bolivia.

La tortura a detenidos y la ausencia de garantías judiciales mínimas, siguen siendo comunes tal como lo indica el reporte de una Comisión de la ONU Contra la Tortura, que examinó a ese país durante 2001.

Las Unidades Móviles de Patrulla Rural, creadas para combatir el narcotráfico, fueron responsabilizadas por numerosas violaciones a los Derechos Humanos en contra de los campesinos de las zonas cocaleras, incluyendo el asesinato de algunos de ellos.

Otra fuerza mixta de militares y policías denominadas Fuerza de Tareas Conjunta, fue sindicada de diversos abusos en las zonas cocaleras, en especial en ocasión de la represión a bloqueos de rutas y en acciones contra el Movimiento de los Sin Tierra.

# Cuestiones ecológicas

La deforestación de la zona boscosa de Bolivia es una de las más aceleradas de la región. Bolivia tiene 440.000 km2 de bosques tropicales, en lo que constituye la amazonia boliviana. Su tasa de deforestación alcanza las 168.000 hectáreas anuales.

La organización Greenpeace, viene alertando sobre los efectos que pudieran provocar los químicos utilizados para suprimir las plantaciones de coca sobre la fertilidad del suelo y sobre la salud de los pobladores de la zona.

Las enormes reservas de gas que yacen en Bolivia, alertaron a las organizaciones ambientalistas frente a la posibilidad del tendido de gasoductos que deben atravesar zonas de alto riesgo ecológico como la foresta del este boliviano.

Bolivia es asiento de una numerosa comunidad de refugiados políticos peruanos, que denunciaron ante la organización Amnesty International ser objeto de diversas formas de maltrato, detenciones y abusos por parte de las autoridades bolivianas. Otros reportes de esa organización indican que algunos refugiados políticos de ese país fueron entregados a las autoridades peruanas, luego de lo cual fueron torturados o muertos.

# Mafias

La presencia de grupos organizados sobre la base de actividades criminales, es un fenómeno que tiene creciente gravitación en el ambiente de seguridad boliviano.

El poder de estas organizaciones es tal, que logran infiltrar incluso a aquellos organismos oficiales que tienen por misión combatirlas. Un numeroso grupo de los responsables en puestos estratégicos de los organismos destinados la lucha contra el narcotráfico fueron involucrados en el tráfico de drogas.

Existen documentos que vinculan a anteriores mandatarios con actividades de narcotráfico, como es el caso del militar García Meza al que documentos de la DEA involucran en la protección de grupos narcotraficantes.

La presencia del narcotráfico en Bolivia y Perú, tuvo como producto inesperado la presencia de bandas integradas por criminales y miembros de las fuerzas de seguridad de ambos países.

Las pesquisas de la policía y el ejército indican que los miembros de esas bandas "mixtas" fueron responsables de muchos de los crímenes más resonantes ocurridos en los últimos tiempos. A ellos se responsabilizó por la bomba a la comisaría de Santa Cruz y se sospecha que son también responsables de un hecho similar contra la embajada de los Estados Unidos.

La mafia italiana ha sido detectada en Bolivia. El italiano Marino Diodato, integrante del grupo Santapaola, ha instalado desde 1983 una verdadera red de empresas destinadas al lavado de divisas y sus intereses abarcan desde el juego legal hasta la posesión de minas. Diodato está casado con una sobrina del ex presidente Hugo Banzer y utilizó esa circunstancia para elaborar su red de contactos en los puestos de gobierno.

Su detención reveló que diversos funcionarios y legisladores del partido ADN habían sido integrados a su red de sobornos, lo cual le permitió montar una conexión directa para la exportación al menos 8 toneladas de cocaína hacia Europa.

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(*) Periodista. Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2003.