Furia en JP Morgan Chase, Dresdner y Credit Suisse por la investigación de Servini de Cubría pero hay un testigo arrepentido del Opus Dei que testimoniará contra los bancos y los Röhm

Este fue uno de los argumentos que utilizó la defensa de Curone para intentar evitar su procesamiento por el delito de coautoría de un delito continuado de estafa en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de uso de certificado falso.

En efecto, su abogado, Jorge Pereira Schurmann, argumentó el sábado 17 de mayo pasado que "existe en el caso del señor Curone un argumento adicional, que tiene importancia para el interés del Estado uruguayo. El señor Curone fue convocado por el Ministerio de Economía, que debe enfrentar un juicio arbitral promovido, por los tres bancos accionistas del entonces Banco Comercial, en donde le reclaman al Uruguay la restitución de US$ 100 millones y otros daños, el señor Curone fue requerido para colaborar con dicha defensa, a lo cual accedió más allá que paradojalmente, en esta instancia, el Estado uruguayo a través de su Ministerio Público le está pidiendo su procesamiento y prisión."

El "acuerdo secreto" firmado por el ex ministro Alberto Bensión el 26 de febrero del año pasado establecía, entre otras cosas, que el Estado uruguayo debería devolver automáticamente los US$ 100 millones, y además elevados intereses, que los tres bancos aportaron como capitalización del Banco Comercial en caso que éste fuera liquidado.

Pero además el convenio establecía que los tres bancos socios extranjeros de los Röhm no podían ser investigados por ningún hecho irregular que hubiera sucedido en el Banco Comercial.

Lo cierto es que actualmente, tanto el juez Balcaldi como la jueza argentina María Servini de Cubría, tienen como imputados a los tres bancos extranjeros en sus respectivos procesos contra el grupo económico encabezado por los hermanos Röhm.

El 17 de marzo pasado los tres accionistas extranjeros del ex Banco Comercial iniciaron un juicio contra el Estado uruguayo por violar el acuerdo secreto que había firmado el ex ministro Alberto Bensión.

El Estado uruguayo ya pagó US$ 287.500 tan solo por la iniciación del proceso en los Estados Unidos y la rendición de cuentas de estos gastos se elevó al Tribunal de Cuentas.

El contador Ariel Alvarez dijo al diario La República, de Montevideo, Uruguay, que el Tribunal de Cuentas solicitó ampliar la información que había enviado el Poder Ejecutivo referente al pago a cuenta por el inicio del juicio por el convenio secreto del Banco Comercial.

La ampliación de informes requerida por el Tribunal de Cuentas se debe a que buena parte del texto recibido estaba en inglés, se habla de la Corte Internacional de París cuando el juicio se supone que se desarrolla en Nueva York y además se establecen altos honorarios por hora para pagar a los abogados extranjeros que defenderán al Estado uruguayo.

A pocas cuadras, en Carrasco, pasadas las 20:05 del viernes 16 de mayo, la actuaria de Penal 4º comunicó a la Dirección de Investigaciones de la Policía de Montevideo la orden del juez José Balcaldi de proceder a la detención e incomunicación de Antonio Lago, Juan José Curone y otras nueve personas, las cuales debieron permanecer en Jefatura y ser conducidas al día siguiente a las 8:00 a la sede penal.

El sábado 17 de mayo se decreta la libertad de cuatro de los detenidos, quedando sin embargo emplazados. Los siete que quedaron detenidos terminaron siendo procesados, aunque sólo cuatro de ellos permanecen aún en prisión en Cárcel Central.

El procedimiento policial se hizo fácil ya que todos los detenidos permanecían tranquilos en sus hogares, a pesar de los rumores de procesamiento que desde hace varios meses habían corrido.

Los gastos fueron aún menores ya que varios de los detenidos residían a pocas cuadras, uno de otro, en el opulento barrio de Carrasco.

Los testimonios de los detenidos demostraron un desconocimiento extraordinario de actos ilícitos, pero aún así dieron elementos como para poder ser procesados y aún dejar muchas pistas abiertas. Las defensas de los procesados hicieron su mejor papel.

En el caso del argentino Curone, por ejemplo, se esgrimió como argumentos que "sería a todas luces inconveniente que alguien que de toda fe pretende colaborar con el Estado uruguayo, esté privado de su libertad, mientras tanto, lo cual constituiría una desvaloración de su testimonio, en esa instancia arbitral que podría provocar un gran perjuicio para el país".

El acuerdo de Curone para testimoniar contra los tres bancos extranjeros que eran socios de los Röhm en el Banco Comercial, pero también en la sociedad panameña San Luis Financial & Investment Company, la Compañía General de Negocios en todas sus versiones, el Banco General de Negocios y el Nuevo Banco de Santa Fe, clavaba una cuña entre quienes durante más de 25 años habían llevado sus negocios juntos.

Las desavenencias entres los viejos amigos y socios de antaño ya tenían muchos meses de bronca y parte de los documentos del dinero que todos se habían llevado de estos países del Plata había sido publicada ya en particular por la revista Caras y Caretas.

Los tres socios extranjeros habían abandonado a Carlos Röhm en su prisión bonaerense, aunque su hermano José Röhm goce de sus buenos trotes por Miami, al amparo del gobernador del Estado norteamericano Jeb Bush, amigo del presidente Batlle, y pueda viajar tranquilamente cada semana a New York para trabajar.

"No es que pretendamos obtener una inmunidad, por un acto debido y también querido por el señor Curone, quien ha entendido que es justa la posición de nuestro país, sino que pretendemos que tal aspecto sea valorado como un elemento positivo de su actitud, respecto al Uruguay, y este proceso", agregó la defensa liderada por el doctor Schurmann.

En todo caso, hasta ahora no se comprobó que Curone se encontraba con José Röhm en los Estados Unidos, cada vez que el ex controller del Banco Comercial iba a trabajar a ese país donde desarrolla sus actividad después de haber sido dado de baja en la institución financiera uruguaya.

Según Schurmann dijo al juez Balcaldi "es conocido por la Sede, que el señor Curone, durante todo este presumario, concurrió a cada audiencia que se lo citó, aun cuando estaba trabajando en los Estados Unidos, y que ello le exigía importantes traslados y molestias, pero que en aras de colaborar con el esclarecimiento de los hechos, y esperanzados en su convicción de inocencia, tan importante esfuerzo realizaba. Es más, aún siendo consciente de que desde hace varios meses existían constantes rumores, de que podía ser procesado, viajó en cada oportunidad, e incluso en esta última alteró su agenda para llegar en el mismo día que se le había solicitado, y en el que fue detenido".

Juan José Curone tiene nueve hijos y es casado, residía en el lujoso barrio de Carrasco, en el cual con ingresos declarados de US$ 5.000 mensuales, posee dos autos y mantiene su fe cristiana a través del Opus Dei, al igual que su vecino Dante Peirano Basso que vivía a una cuadra de su casa.

"Como se ve estamos frente a un individuo que respeta la Justicia en el Uruguay y que aún teniendo posibilidades de fácilmente sustraerse a ella siempre compareció y estuvo a su disposición. Por lo cual entendemos que la libertad provisional en este caso particularmente se justifica", culminó argumentando su defensa.