Argentina: devaluación, compensación, y problemas estructurales

Como parte de la preparación de la implementación de su plan, el ministro había negociado una serie de acuerdos de precios con las grandes firmas que influían en la formación de los mismos.

Además, la devaluación fue "compensada" mediante retenciones, y los insumos importados en los productos de consumo familiar eran muy escasos entonces.

Como resultado, el aumento del índice de precios al consumidor fue inferior al 8%.

También reaccionaron inmediatamente las empresas que tenían deudas en divisas, muy pocas entonces, Con SIAM Di Tella Automotores, La Bernalesa, textil con miles de obreros, y otras similares, a la cabeza, cuyos balances pasaban instantáneamente del "negro" al "rojo".

Joven funcionario, se me encomendó proponer urgentemente soluciones, lo que se hizo en un memorando preparado en pocas horas.

Pero también muchas otras empresas con altos endeudamientos en pesos, sin indexación, se encontraron prontamente con que la inflación, del 30% promedio en años anteriores, fuertemente sofrenada, ya no diluian sus deudas.

Como derivación de todo eso por la Ley 17.507 se estableció un régimen especial de ayuda a empresas nacionales en dificultades financieras".

Se presentaron alrededor de 400 empresas, y el estado concluyo acuerdos con 183 para la condonación de multas y el refinanciamiento de deudas impositivas y previsionales, contra la caución de acciones en garantía.

Muchas de las empresas que firmaron acuerdos tenían ya serias dificultades anteriores, y como era de esperar, el sistema funciono solo en un corto numero de casos.

En 1970 el deterioro de la economía y el recrudecimiento de la inflación agravaron la situación, por lo cual se dicto la Ley 18.832 por la cual el Poder Ejecutivo, para preservar la paz social podía decretar la continuación de actividades de empresas en quiebra, régimen que, obviamente, tampoco fue exitoso.

Estas experiencias, y otras posteriores, debieron haber dejado alguna enseñanza: si bien es obvio que los cambios bruscos (pero no imprevisibles) en las reglas del juego impuestas por el estado, cobran victimas reales, el numero de empresas, trabajadores y proveedores directamente afectados resulta ser mucho menor que el que sugieren los "ruidos" corporativos y empresarios.

Las empresas con estructuras productivas y financieras sanas, parte de la mayoría silenciosa, para usar la expresión de De Gaulle, no solo se adaptan, si las nuevas reglas son racionales, y sobreviven, sino que se benefician del nuevo ambiente económico resultante.

Eso no implica que no deba atenderse, racionalmente, a las empresas o sectores viables que son victimas reales, pero esa oportunidad no debe prestarse y ser aprovechada para endosar al estado, y a la sociedad, el costo, siempre muy alto, del intento real o supuesto de salvataje indiscriminado de aquellas empresas o sectores cuyos problemas tienen otros orígenes y son anteriores.

Casi siempre para la sociedad resulta que "el remedio es peor que la enfermedad".

Posteriormente hubo muchas devaluaciones más, y siempre se utilizaron, en mayor o menor medida, las retenciones a las exportaciones como elemento de control y morigeración del impacto de las mismas, hasta que fueron suprimidas en 1990, y a partir de la convertibilidad en abril de 1991 ya no hubo devaluaciones abiertas.

Es conocido que el FMI había venido insistiendo en el abandono de la convertibilidad con preferencia a la dolarización, y que en la practica, eso implicaba algún tipo de devaluación, aunque no necesariamente en la forma en que se llevo a cabo, que la jerga popular calificaría como las mas "desprolija" de la historia argentina.

Ante los hechos consumados, y la caída aparentemente incontenible de la recaudación fiscal, el FMI habría abogado por la imposición de retenciones.

Por otra parte, el malestar social y el aumento de la desocupación, y de la pobreza como reflejo del aumento de los precios de consumo, tornan inevitable el establecimiento de algún tipo de seguro de desempleo, tarde o temprano.

Todos los países desarrollados cuentan desde hace décadas con seguros de este tipo, que en las etapas negativas del ciclo económico juegan el doble rol de contención social y de ponerle un "piso" a la demanda de consumo, lo que a su vez constituye un "seguro" contra la evolución de las recesiones hacia convertirse en depresiones.

En gran medida se atribuye a ello el éxito en haber logrado evitar absolutamente algo similar a la "gran depresión" de la década de 1930.

La critica a estos seguros se centra en la generación de hábitos y de grupos sociales que se convierten en dependientes estructurales.

La revolución tatcheriana-reaganiana puso el acento de las políticas de crecimiento económico en la economía de la oferta, en lugar del enfoque keynesiano basado en la demanda que impero en todo el mundo desde 1933.

Aún así, ni en el Reino Unido ni en USA se adelantaron propuestas para suprimir el seguro de desempleo. Más bien se procuro endurecer las condiciones de acceso, combatir los abusos, y eliminar las dependencias, con relativo éxito.

La cuestión central en países con problemas fiscales crónicos, sino estructurales, como la Argentina, es como financiar un seguro de este tipo, y toda otra política activa orientada hacia la reactivación, sin acrecentar significativamente el déficit fiscal preexistente, y sobre todo, sin recurrir a la emisión, lo cual a través de los conocidos efectos regresivos de la inflación pueda conducir, otra vez, a que "el remedio sea peor que la enfermedad": a dos meses de la devaluación la inflación resultante ya incorporo mas de un millón de nuevos integrantes a la legión de pobres e indigentes, que borde el 33% de la población.

Y aún al riesgo de la hiperinflación, fantasma siempre presente en Argentina.

Tampoco constituye una opción valida el recurso al endeudamiento interno si es que es posible, ni al externo tarde o temprano se vuelve impagable si el crecimiento del nivel de las exportaciones no es significativamente mas rápido que el del endeudamiento acumulado, y genera una balanza positiva suficiente, realidad argentina actual que exime de mayores comentarios.

Por otra parte, la experiencia de Japón, oscilando en torno a la recesión durante toda la década de 1990 y hasta hoy, impone, y debería imponer en Argentina, cautela sobre la efectividad de las políticas "tradicionales" de reactivación: en Japón no la logro ni el aumento ni el recorte del gasto publico.

Ello se atribuye generalmente a la existencia de problemas estructurales serios, tanto económicos como institucionales, cuya profunda reforma seria la condición necesaria para el retorno del crecimiento, a mediano plazo.

También se atribuye, en parte, al progresivo surgimiento de sus imitadores asiáticos, que compiten por mercados similares. No obstante, Japón continua siendo la segunda economía del mundo!

Mientras tanto, en la Argentina el gobierno, sin base alguna visible hasta el momento, "decreta" que el 9 de julio, día de la independencia nacional, o sea dentro de cuatro meses, habrá reactivación!

Ello es completamente consistente con la tradicional veta del "realismo mágico" latinoamericano, acentuada por el tradicional voluntarismo argentino, y la inclaudicable convicción de que la Argentina es un caso único, al que no se aplican teorías, reglas, experiencias ni resultados evidentes para el resto del mundo mas avanzado, por lo cual esta "condenada al éxito" no importa lo que se haga, y mucho menos la experiencia de 70 años de fracasos y crisis periódicas seguidas de nuevos ilusionismos, con el resultado inocultable de una decadencia progresiva y sostenida.

En la Argentina las discusiones sobre el origen de los problemas actuales se centran en el "modelo" de la convertibilidad que condujo sin duda a una tasa de cambio no solo rígida sino artificialmente alta, y en el endeudamiento externo, que fue bienvenido mientras la tasa de interés fue baja y su disponibilidad fue; cuando la deuda se acumulo excesivamente y esas condiciones cambiaron, lo que fue "una bendición" se torno en "un problema", a la postre insoluble "por la falta de comprensión de la realidad argentina" por parte del FMI, de USA y la Unión Europea!

Se omite toda referencia a las crisis anteriores, cada diez años en promedio, en las cuales no había ni convertibilidad ni endeudamiento de magnitud comparable.

Un mirada racional, sin omitir la consideración de los factores propios de esta ultima (?) crisis, debería al menos detenerse algo en el analisis de los factores estructurales que dificultan o impiden la inserción positiva de la economía argentina en la de la región y del mundo.

Radiografía

Quizás la lista de factores seria muy larga. Incluyamos aquí solamente algunos.

** Le evasión fiscal y previsional en torno al 50%, y proporcionalmente mucho mayor en el impuesto con sentido redistributivo, el impuesto a las ganancias.

** El contrabando, que aunque afecta a un monto fiscal muy inferior respecto del PBI al del pasado, afecta particularmente a algunos sectores y regiones

** La cultura nacional afecta a uno y a otro aspecto desde siempre, que encuentra su correlato en la corrupción institucionalizada en los organismos recaudadores, en los registros públicos involucrados en los controles patrimoniales y de ingresos, y en los mecanismos administrativos y judiciales involucrados en la recuperación de deudas fiscales, de lo cual resulta que las probabilidades de mejora de la situación a través de los mismos se consideren muy bajas, y que la resistencia a cambiarlos sea muy alta;

** los mecanismos institucionales de decisión sobre los ingresos y los gastos públicos, particularmente los legislativos. El poder de iniciativa y sanción final del Senado, donde los senadores que representan al 16.6% de la población pueden constituir la mayoría, y los que representan al 20,5%, los dos tercios, sobre todos los impuestos coparticipables, como así también la existencia legal de mas de 60 diputados de las provincias menos pobladas, en violación del principio de proporcionalidad a la población que exige la Constitución Nacional, hace poco menos que imposible el cambio del sistema por las vías institucionales existentes, al dotar a los representantes de la minoría, y en la practica a los gobernadores a quienes de hecho representan y por cuyo mandato actúan, de un poder efectivo de veto.

** La ausencia de control federal institucional sobre el gasto publico financiado con recursos coparticipados, que en todas las provincias menos cuatro, y la ciudad de Buenos Aires es largamente superior al 50% del total respectivo, y llega ser superior al 90% en varias, en violación grosera del principio de correspondencia fiscal.

** La ausencia practica de prohibiciones constitucionales federales a las provincias y municipios de exceder un limite determinado de déficit, de emitir monedas o bonos, de incurrir en endeudamiento externo, etc. las que derivan periódicamente en que, como sucedió recientemente, el gobierno federal debe hacerse cargo ineludiblemente de deudas que no contrajo, pero de las cuales resulta responsable, en particular frente a organismos y acreedores externos.

** La imposibilidad practica de modificar la Constitución Nacional en esos y otros aspectos por las vías actualmente previstas, las que no incluyen el plebiscito, el que aparecería como el único mecanismo teóricamente viable para ello.

** Unidades económicas y de empleo profundamente distorsionadas. En los sectores de comercio y servicios la relación de aproximadamente 80 habitantes por local es unas 40 veces menor que en la Unión Europea y unas 60 que en USA. Una gran parte de esa estructura es económicamente ineficiente en razón de su escala, y solo se mantiene gracias a la evasión fiscal y previsional, a la que contribuye con una pare muy significativa del total. Probablemente el empleo económicamente "excedente" en este sector incluya mas de 1 millón de personas.

** En el sector agropecuario, el 80% de las explotaciones de la pampa húmeda estaría por debajo de la dimensión económica actualmente necesaria. Solo se mantiene por la evasión y las deudas impositivas y previsionales, alas que hay que agregar las con los bancos públicos, tradicionalmente nunca pagadas. Mientras que el sector en su conjunto duplico la producción y las exportaciones durante la década de 1990, una gran parte de ello corresponde a las grandes explotaciones y a los consorcios que explotan unificadamente conjuntos productivos de 20.000 hectáreas o mas, invirtiendo en tecnología, semillas, agroquímicos, etc.

** En el sector industrial remanente bajo propiedad nacional es generalizada la insuficiencia de escala como para poder competir en los mercados ampliados varias veces en tamaño en el Mercosur, y mucho mas aun en los internacionales. En general, las estructuras financieras son deficientes o débiles; este sector nunca se adapto a la desaparición de la inflación y los créditos de os bancos públicos a tasas reales negativas como fuentes prioritarias de financiamiento, amen de los regímenes de promoción, mas la evasión fiscal y previsional.

** El sector bancario es altamente ineficiente en términos del numero de bancos y del costo de sus servicios, en parte debido al muy bajo nivel de bancarizacion comparado con otros países. Ello a su vez contribuye significativamente a una estructura de tasas de interés altas. El "corralito" y la pesificacion no harán sino deteriorar mas aun la confianza del publico en el sistema, y con ello, a agravar los factores mencionados.

** La transferencia al exterior de ahorros de empresas y personas, que persistió durante la década de 1990 a pesar de la estabilización monetaria y la convertibilidad, que debilitaban el argumento de la falta de confianza en el país, el que mas allá de las razones históricas de largo plazo que lo avalan (las crisis recurrentes) oculta el propósito primario de la evasión fiscal. Esto explica en medida significativa el bajo nivel de bancarizacion, la alta tasa de interés frente a la escasa disponibilidad de ahorro interno, la evasión fiscal, y aun el endeudamiento externo, por cuanto parte del mismo corresponde a autoprestamos back to back.

** El conjunto de este problema se vuelve crítico cuando el total estimado de capitales argentinos en el exterior seria aproximadamente equivalente al total del endeudamiento externo si se excluye los prestamos de organismos internacionales, unos 120.000 millones de dólares.

** Las modalidades y efectos de la crisis en curso no harán sino agravar este problema capital del país: como pedir, y esperar, que los extranjeros confíen en una Argentina en la que no confían los propios argentinos?

** La falta de control efectivo en el gasto publico deriva en participaciones del empleo publico en el total de ciertas provincias, donde llega hasta niveles del 40%, y municipios, financiados con transferencias coparticipadas, déficit, endeudamientos, etc, insostenibles. Probablemente en este sector existe un empleo económicamente excedente, de al menos 500.000 puestos de trabajo. Mas aun, en la mayoría de los casos, los salarios reales promedio son superiores a los del nivel nacional y de las provincias y la CABA, que proveen los recursos fiscales transferidos.

** Las rigideces en los regímenes de trabajo y remuneración de sectores de servicios sociales provinciales tales como educación, salud, justicia, etc., hacen que los salarios reales por hora anual trabajada sea superiores a los de los puestos de trabajo que requieren calificaciones comparables en los sectores privados correspondientes.

** El nivel de las remuneraciones reales en los sectores públicos provinciales a su vez priva de toda justificación económica a los regímenes de promoción industrial, de diferimentos impositivos, etc, ya que impiden su propósito declarado, esto es, la absorción de empleo local, y los transforma en puramente mecanismos de evasión impositiva y previsional cuyo efectos se limitan a la instalación temporaria, cuando se verifica efectivamente, de unidades económicas de baja intensidad de mano de obra, abandonadas al vencimiento de dichos beneficios.

La ineludible necesidad de avanzar en la modernización económica y tecnológica del país de modo de tornarlo competitivo internacionalmente, no pasa evidentemente, solo por la tasa de cambio, las asociaciones comerciales, los subsidios agrícolas y las barreras de todo tipo. Estos últimos factores existen, sin duda, y perjudican al país y especialmente a ciertos sectores.

Es necesario negociar y luchar contra ellos. Pero nada hace prever razonablemente que puedan esperarse cambios importantes a corto plazo, como para que puedan influir en la reactivación de la economía argentina.

Por otra parte, la reestructuración de la economía es imposible sin altos costos sociales, en términos de desocupación de quizás al menos un millón y medio mas de personas.

Según lo muestra la experiencia, la entrada de España al Mercado Común luego del Pacto de la Moncloa costo una tasa de desempleo siempre superior al 20%, con picos del 26%, durante los 13 años del gobierno socialista de Felipe González, compensados con seguros de desempleo financiados en parte por la Comunidad Europea, por lo cual no hubo disturbios sociales.

El gobierno argentino habla hoy de Chile como el modelo a seguir, olvidando que en 1982 llego a un pico de desocupación del 33%, y que fue descendiendo gradualmente, pero requiero mas de 15 años en llegar a niveles mas o menos normales. Solo la férrea dictadura de Pinochet, y la incesante acción de la Iglesia Católica contuvo las presiones sociales hasta 1990, cuando retorno la democracia.

La lección parece clara. La Argentina necesita imperiosamente, y al mismo tiempo, lograr un orden sostenible en su situación fiscal, y establecer un seguro de desempleo, con seguro medico y escolar incluido, tan amplio como se necesario para compensar los costos y contener las demandas sociales, y hacerlo de la manera mas urgente posible, dejando de lado todo clientelismo político e institucional, mediante pagos directos a los beneficiarios, en los bancos, habilitando sistemas de identificación y control digital a cargo de las fuerzas de seguridad federales, hasta establecer un padrón nacional unificado confiable de beneficiarios y sus familias.

Cuenta como base con agencias como el Anses, que procesa solicitudes y otorga beneficios, y paga mensualmente a mas de 4 millones de jubilados y pensionados, y el Pami que presta servicios de salud a un numero similar.

Ambas instituciones cuentan con una red de mas de 70 agencias y subagencias cada uno, distribuidas por todo el país.

Ambas instituciones funcionan desde hace años, aun cuando son consideradas ineficientes, con varios miles de empleados excedentes, y con niveles gerenciales inflados y mas o menos cautivos de mecanismos de clientelismo político, esto ultimo sobre todo en el interior del país.

En el caso del Pami en particular, se cree que existirían desvíos de fondos y costos excesivos en servicios propios y contratados del nivel del 30%, en el ultimo caso, por intermediaciones innecesarias.

A su vez, sus servicios podrían ser ampliados incorporando como prestadores a los hospitales y unidades de salud militares y de seguridad federales, distribuidos por todo el territorio, funcionando para ello en un régimen de autogestión.

Esto último debería regir también obligatoriamente para la incorporación al sistema de los algo mas de 1.000 hospitales públicos provinciales y municipales.

En ambas instituciones es necesario adoptar urgentemente decisiones sobre su management y respecto de la organización de la prestación de los servicios del Pami, tan profundas e inmediatas como las que a su hora se adoptaron para las privatizaciones, pero sin sus muchos errores y carencias, requiriendo, de considerarse necesaria, la colaboración internacional, de modo de que estén en condiciones de prestar servicios ampliados por la cobertura del seguro de desempleo.

El FMI

Se implementaría así la reforma del estado en las áreas sociales a cargo del estado nacional, responsables por mas del 50% del presupuesto, que nunca se llevaron a cabo en la década de los 90.

La cuestión básica a resolver es el financiamiento viable y sostenible del estado nacional de modo que permita cubrir adecuadamente sus servicios, ampliar sustancialmente los de asistencia social a los desempleados y marginales, y encarar la reestructuración de la deuda interna y externa sin emisión que genere inflación, y de ser necesario, con financiamiento externo internacional exclusivamente, a bajas tasas, con plazos de gracia, y largos periodos de repago.

En este tema existe una fundamental discusión pendiente, sobre el nivel del gasto publico en la Argentina.

El FMI, los economistas de orientación liberal ortodoxa, los bancos argentinos y extranjeros, la mayor parte de los empresarios, y los medios relacionados, sostienen desde hace años que el gasto publico argentino es alto, y que debe ser drásticamente reducido, en procura del equilibrio fiscal.

A mediados del año ultimo, el entonces ministro Cavallo postuló y obtuvo la sanción del régimen de "déficit cero", dentro de esas mismas premisas, mediante el cual se redujeron salarios del personal publico, jubilaciones, etc., y se procuro sin éxito que las provincias hicieran lo mismo, y resignaran el compromiso que el gobierno nacional había firmado con ellas, de mantener un piso mínimo de transferencias de la coparticipación federal.

Estas medidas, orientadas hacia cortar de cuajo nuevas necesidades de financiamiento externo para cubrir el déficit, fracasaron debido a la continua baja de la recaudación, originada en la continuación y profundización de la recensión, en parte originada en la propia baja del gasto publico, según enseña la mas elemental teoría económica convencional, y confirma la experiencia internacional sin excepción alguna, en una situación de recensión.

Gasto público, ¿alto o bajo?

Por otra parte, el Banco Mundial en un documento de 1997 en el que evalúa las reformas en la Argentina hasta ese momento, señala lo que prueba cualquier cuadro estadísticos sobre el tema: en comparaciones internacionales el gasto público argentino como porcentaje del PBI es bajo, no solo frente al de los países de la Oecd (Ocde), que muestran en general valores superiores o muy superiores, sino aun respecto de países de similar grado de desarrollo, como Brasil o Chile, el gasto en la Argentina esta de dos a tres puntos por debajo.

Consecuentemente la presión impositiva real, es decir el gasto menos el déficit fiscal, no solo no es alta, sino que es muy baja.

Y no existe razón estructural alguna, otra que la consuetudinaria evasión y elusión, que lo explique, ya que ni siquiera puede alegarse seriamente que la mayor eficiencia en el gasto, que según algunas estimaciones podría ser efectivamente algo mayor en Chile, pero no en Brasil, pudiera explicar, o aun justificar, la evasión y la elusión como una expresión de resistencia social histórica ante la ineficiencia del estado.

Lo que es verdad es que la ineficiencia del gasto existe, en medida apreciable, por un lado, y por el otro, el alto porcentaje de evasores deriva en que alguna proporción de los contribuyentes termina tributando mas de lo que le correspondería con aun una presión fiscal mayor , pero con una evasión menor.

Entre los sectores de ingresos medios se intenta siempre justificar la evasión, en la elusión por parte de las grandes empresas, que a priori se supone de nivel considerable.

Sin perjuicio de que ello sea en algunos o muchos casos posible, lo cierto es que en la Argentina el 85% de los ingresos tributarios provienen de solo el 15% de los contribuyentes, algo completamente apartado de lo que se verifica en la mayoría de los países.

Ello se explica, porque el estado, ante la dificultad de recaudar, ha ido distorsionando cada vez mas el sistema, procurando recaudar los impuestos donde supone que le será mas fácil recaudarlos efectivamente, y no donde debiera, por razones de equidad tributaria tanto como de eficiencia económica y social.

La Argentina, la peor

De hecho, la Argentina es uno de los peores países de América latina en la recaudación del impuesto a las ganancias de las personas físicas.

En definitiva los que sostienen, sin ser parte interesada directamente, que para lograr el equilibrio fiscal hay que bajar el gasto, lo que pretenden es ajustar el nivel del gasto al nivel máximo histórico de recaudación efectiva, tomándolo como un parámetro inamovible y inmodificable, a la luz de la experiencia de décadas. Las partes directamente interesadas, se montan sobre este argumento, y unos y otros ocultan la realidad comparada.

Es verdad, como se dijo, que existe ineficiencia, y también clientelismo y corrupción.

Es igualmente verdad que la experiencia internacional en la reducción real del gasto a través de programas efectivos para combatir esos serios problemas, no permite suponer, frente a la rigidez del gasto existente, que puedan obtenerse ahorros de la magnitud necesaria como para financiar el gasto social adicional requerido por un sistema de seguro de desempleo adecuado al nivel de desempleo actual, el que según la experiencia de otros países, ya mencionada, no cabe esperar que descienda apreciablemente sino después de periodos de considerable extensión.

Cabe recordar aquí que solo el gasto actual del Anses en jubilaciones y pensiones, y el del Pami en seguro medico para el mismo grupo, a pesar de los niveles muy bajos de las prestaciones, supera el 50% del presupuesto nacional, y que en años recientes el pago de intereses de la deuda, solamente, requirió hasta el 16% del presupuesto nacional, o sea ese grupo de gastos, de enorme rigidez, implico dos tercios o mas del presupuesto nacional.

Realisticamente, el gasto requerido por el seguro de desempleo equivale al del déficit de los últimos años mas los dos o tres puntos adicionales necesarios para equiparar el gasto total al de países de desarrollo similar.

El camino del equilibrio

Y si no es posible implementar un seguro de desempleo con atención medica y asistencia educativa, aún al nivel mínimo requerido, nada puede asegurar la paz social, el orden democrático y el imperio de un estado de derecho, requisitos necesarios para llevar a cabo cualquier programa de modernización de las estructuras productivas del país, hasta llevarlas al nivel de competitividad necesario para asegurar su desarrollo sostenido, y su inserción en la economía abierta que caracteriza al orden económico vigente en el mundo actual.

Además, ese gasto, lejos de deprimir el consumo y las inversiones privadas, constituiría un estimulo muy poderoso, presionando desde la demanda agregada.

Para avanzar en esas direcciones, hacia el equilibrio fiscal y la atención del frente social, serian necesarias algunas medidas básicas de política económica diferentes de las que se habían tomado, algunas de las cuales son en teoría todavía posible implementar.

Dos o tres de ellas han salido a la luz esta semana, atendiendo a la lógica mas elemental: la retención de impuestos adeudados al liberar fondos del "corralito", establecida por la Provincia de Buenos Aires para el Impuesto a los Ingresos Brutos solamente, pero no para los demás impuestos.

Una medida similar, de alcances mas amplios, no ha sido establecida por el gobierno nacional, como debería suceder.

La otra fue el ofrecimiento de las "retenciones" "voluntarias" del 5% (!) sobre las exportaciones de productos agrícolas y ganaderos (esto ultimo estaría por verse!).

Esto constituye la admisión mas palmaria, por el propio sector beneficiado, del despropósito de una devaluación indiscriminada de la magnitud de la actual.

La "propuesta" de la Sociedad Rural Argentina (y otras entidades del sector?) incluía destinar todos esos fondos, que podrían llegar a unos $ 1.500 millones, a asistencia social, y la entrega de los fondos a Caritas, la organización de asistencia social de la Iglesia Católica, para su administración.

También se anuncio en el Congreso la consideración de algún impuesto extraordinario a las empresas "grandes" que "obtuvieron grandes beneficios" en los últimos años, apuntando especialmente a los servicios públicos privatizados, según el modelo del impuesto establecido con fines sociales por el gobierno de Tony Blair en Gran Bretaña.

Hemos sugerido anteriormente la aplicación de retenciones generalizadas (muy superiores al 5% "voluntario") y la creación de por lo menos tres fideicomisos para hacerse cargo de la administración exclusiva de los fondos.

Saneando la Administración

El primero de ellos, para integrar un fondo para el seguro de desempleo con seguro medico, y salario familiar condicionado a la asistencia a la escuela, con sistema digital de identificación de beneficiarios, y pagos a los beneficiarios directos a través del sistema bancario, sin intermediación alguna de instituciones, grupos o personas.

Los fondos reunidos debían servir, además, como contrapartida de prestamos globales de ajuste estructural del Banco Mundial y del BID, similares a los del comienzos de los 90, pero ahora destinados a atender la situación social, en lugar de a financiar las privatizaciones y la reforma del estado.

Con eso es posible, en principio, dar cobertura si no a todos los jefes de familia desocupados o sin ingresos suficientes, a la gran mayoría. Y eso tendría un enorme efecto de reactivación económica, originado por el lado de la demanda, como se menciono mas arriba.

El segundo, a sanear las deudas impositivas y bancarias oficiales del sector agropecuario, como condición básica para un posible despegue de las unidades de producción mas pequeñas, lo cual es mas importante que darles "precios" que permitirían mejorara sus ingresos, pero manteniendo su situación estructural de inviabilidad.

De paso, esto implica sanear las carteras del Banco de la Nación Argentina y del Banco de la Provincia de Buenos Aires, habilitándolos para reactivar sus líneas de prestamos al sector, un tema no menor en si mismo.

El tercero, para manejar los incentivos a las exportaciones que pudieran ser necesarios en casos puntuales, por encima del nivel de devaluación neta (nivel de mercado de la tasa de cambio menos las retenciones). Este fondo podría también ser complementado por prestamos de los bancos internacionales.

Uno o mas fideicomisos adicionales deberían tomar a su cargo una masa de activos constituidos por acreencias fiscales y previsionales y de bancos oficiales, constatadas, y a constatar, especialmente por fondos argentinos en el exterior, etc. mas acreencias futuras por regalías, proyectos, etc.

Éste o estos fondos deberían tener un rol muy importante en el logro del equilibrio fiscal y consiguientemente, en la renegociación de la deuda en las mejores condiciones posibles.

Reorganizando el Estado

Todos estos fideicomisos y fondos deberían ser creados legalmente o con base legal, pero deberían operar completamente por afuera de las estructuras y procedimientos estatales, y sus directorios deberían incluir a los representantes del estado en minoría y sin poder de veto.

El Estado debería reservarse la auditoria externa, exclusivamente a posteriori, en lo posible delegado por la Auditoria General de la Nación a los Consejos o Colegios Profesionales correspondientes.

En el caso social, la mayoría debería ser signada a Caritas y/u otras organizaciones nacionales no políticas ni gremiales y a representantes de organismos y organizaciones internacionales.

En los otros casos, habría que negociar las integraciones, las que además de los representantes de los organismos internacionales, USA, UE, etc, podrían incluir a bancos y a representantes de comités de acreedores externos registrados.

La crisis que Argentina esta viviendo no es solo social, económica, ni política latu sensu: envuelve una profunda crisis en la relación entre la sociedad y el estado, y en la confianza de la sociedad en la capacidad de la maquinaria del estado, y no solo de los políticos mas o menos conocidos, para resolver problemas sociales, económicos, fiscales, etc, acuciantes, de manera rápida, eficaz, eficiente, sin desvíos, privilegios ni corrupción, sin burocracias costosas y paralizantes, etc.

Se esta si se quiere en una situación similar a la de comienzos de los '90, cuando cualquier persona que mirara las cosas sin un corsé ideológico había perdido totalmente la esperanza y la confianza en que las empresas publicas pudieran llegar algún día a brindar una cobertura y un servicio al menos medianamente aceptable.

Por eso se aceptaron las privatizaciones, sin analizar ni medir las consecuencias futuras de los muchos apresuramientos y "desprolijidades" en que se incurrió en muchos casos.

La situación no daba para mas, y no era posible esperar, por ejemplo, a que las empresas a privatizar completaran inventarios confiables de sus activos, estos se valuaran seriamente, etc, tarea que en el mejor de los casos hubiera demandado años, un plazo que no era viable en la situación del país en ese momento.

Ahora la situación es mucho peor, porque afecta al corazón del sistema federal-unitario que se constituyo históricamente, al sistema político-representativo, al sistema judicial, y a la maquinaria toda del estado y sus derivaciones, tales como la feudalizacion de los prestamos externos para los sectores sociales en un numero grosero de programas, cuyo impacto, si existe, se diluye, mientras no existe lo que es básico desde hace décadas en cualquier país medianamente avanzado, aun cuando no haya ni tenga que enfrentar una crisis como la argentina: un seguro de desempleo.

70 años de decadencia

Se esta frente no solo a una crisis, sino también, a una resistencia y rebelión fiscal en lo interno, y a una explosión en la crisis de absoluta desconfianza internacional en la capacidad de la sociedad, el estado, y las dirigencias argentinas, de enfrentar y solucionar sus problemas, después de mas de 70 anos de progresiva y sostenida decadencia, acelerada por crisis periódicas cada vez mas profundas, en promedio cada unos diez años.
Esta es la realidad.

Por eso, si se devalúa y se imponen retenciones, lo que naturalmente generaría reacciones fuertes, debe darse a la sociedad argentina y al exterior la máxima seguridad posible de que el destino de los fondos así recaudados será la atención de los problemas sociales, primero, y luego de los "cuellos de botella" económicos: chacareros endeudados, apoyo a las exportaciones que realmente lo necesiten, etc. y de que ello se verifique realmente.

Si se persigue a fondo a los evasores impositivos y previsionales, y a los deudores de los bancos oficiales, para que la eventual quiebra de algunos se justifique socialmente, la sociedad y los extranjeros deben confiar en que se hace con los fondos que así se recauden.

Es necesario, absolutamente, que los niveles altos y medios del estado estén a cargo de personas con la formación y la experiencia exitosa comprobadas necesarias, no de personas que aun con buenos antecedentes e intenciones, lleguen para aprender sus funciones, en medio de una crisis gravísima, que no admite dudas ni dilaciones, las que causan un perjuicio enorme a la sociedad, y con una historia y un presente éticos intachables.

Eso es necesario, pero no suficiente. Por dar ejemplos extremos: alguien puede pensar, realmente, que si se cambia la cúpula de la DGI o de la Aduana, o del Anses o del Pami, se designan personas que cumplan las condiciones antes citadas, esos organismos van a transformarse instantáneamente, desapareciendo la ineficiencia, la corrupción, el desvío de fondos, etc.

¿O que esta crisis da tiempo para esperar que mejoren?

Cabe sostener, firmemente, que a grandes males, grandes remedios, lo cual no significa hacer apresuradamente cualquier cosa, para salir del paso, o para demostrar que se toman decisiones, sin medir las consecuencias, como se esta viendo con la reciente devaluación, y otras medidas . Hay que tomar en cuenta las experiencias propias, y sobre todo, las ajenas, si es el caso.

El estado, cuya presencia y acción efectivas son imprescindibles, so pena de caer en la anarquía, mejorara su relación y recuperara la confianza de la sociedad no mediante la invocación de ideologías y principios reales o supuestos, instalados o inventados por la mitología tradicional, sino cuando demuestre efectivamente que es capaz de cumplir sus funciones básicas: arbitrar entre las demandas conflictivas de los diversos sectores y regiones, recaudar los recursos necesarios y asignarlos a los objetivos y funciones resultantes, prestar efectivamente los servicios que le correspondan de modo directo con eficacia, eficiencia, calidad, equidad, etc., regular y evaluar las inversiones y la prestación de los demás servicios económicos por el sector privado; regular, apoyar y en su caso financiar y evaluar la prestación de los servicios sociales que corresponda por las ONGs y otras organizaciones sociales, resguardando el acceso, el bien común, etc.; prestar efectiva y eficient! emente los servicios de justicia, seguridad, poder de policía en sentido amplio, etc.

Es un tarea larga, a la que en manera alguna hay que renunciar o postergar, pero que requiere, nada menos, que una revolución cultural, sin la cual se pueden cambiar las leyes, pero no las practicas.

En este momento, hay que buscar las soluciones practicas y viables, aun con oposición, para enfrentar los grandes problemas del momento.

En necesario tener conocimientos, experiencia, imaginación y coraje para encontrar e implantar los mecanismos que sean necesarios, dejando de lado prejuicios y tabúes históricos.

Dornbusch

No debería, aun en esta brutal crisis de confianza, resultar necesario, ni inevitable, recurrir a los mecanismos de intervención externa recientemente propuestos por Dornbush, a quien siempre inquieto, como lo comprobé en un seminario que el dirigió y en el que participé en Washington, una década atrás, sobre la economía política del populismo en América Latina.

Discutí bastantes cosas, inclusive días después, al terminar de leer todos los documentos lo llame por teléfono a la universidad en Boston, me atendió, charlamos un buen rato, y acepto una serie de observaciones.

Es un alemán americano mercurial, casado con una brasilera, y ha dicho muchas cosas a lo largo del tiempo, pero francamente no creo que tenga una actitud adversa hacia la Argentina, si hacia las repetidas "locuras" argentinas, que han conducido a la crisis actual como a otras anteriores, lo cual es otra cosa, y en la cual no es el único, por cierto.

En todo caso nunca he oído ni creído que es alguien que esta "en venta" como algunos de sus colegas.

En todo caso, mas de una vez ha anticipado cosas que luego sucedieron.

Colombia esta en guerra civil desde hace mas de 40 años.

Aunque en ese lapso el estado fue perdiendo progresivamente el dominio del territorio, hasta llegar al 40 o 50%, nunca fue capaz de enfrentar realmente, ni mucho menos solucionar el problema.

Finalmente, en una esquina de la historia se presentan condiciones internacionales para que, ante la evidente incapacidad propia, otros tomen a su cargo el problema, con pronostico abierto.

Enfiteusis

Si los argentinos no somos capaces de enfrentar de una vez a fondo nuestros problemas históricos, como la evasión, la emisión, el endeudamiento, la corrupción, mas sus consecuencias históricas: la generalizada falta de confianza en el país, antes que nada por los propios argentinos, que prefieren llevarse sus ahorros afuera antes que invertir en el país, mas las actuales; la inflación otra vez, la desocupación, la pobreza, la recensión, la deuda, etc., continuaremos declinando y degradándonos.

Hasta que un día, tarde o temprano, y mas bien temprano que tarde, ya que tenemos grandes acreedores externos, y una conflicto civil, y regional de proporciones en ciernes, alguien, ya no de adentro, sino de afuera, tomara la iniciativa de hacer algo...y Rudi Dornbush habrá resultado tan profeta como lo fue Calvo respecto de la devaluación de México que origino el "efecto tequila".

De momento, se podría decir que se han dado algunos pasos en las direcciones que se sugieren mas arriba.

La aprobación del presupuesto nacional, implica cumplir con un requisito formal exigido tanto por la ley argentina como por el FMI.

Su validez efectiva esta por verse, dependiendo de lo que suceda con la inflación, con el nivel de actividad de la economía, con la conflictividad y la resistencia social, y como consecuencia de todo ello, con la recaudación.

Más allá de eso, señala el relativo comienzo del destrabe de la muy conflictiva relación entre las provincias y el gobierno nacional, uno de los nudos gordianos estructurales, al haberse logrado un acuerdo por el cual se suprime a partir de marzo todo compromiso de transferencia por el gobierno nacional de fondos de la coparticipación federal por montos fijos preestablecidos.

De allí en adelante las transferencias serán por los porcentajes de distribución establecidos, aplicados sobre la recaudación de cada mes.

Puja por la renta

A ese acuerdo se llego al muy elevado costo de que el gobierno nacional asuma la deudas de las provincias, algo que va contra toda la lógica de la responsabilidad fiscal, y peor aun, premia a las provincias peor administradas, algo que se viene repitiendo sistemáticamente con las consecuencias obvias.

Además, de hecho conduce a incrementar la emisión de toda suerte de títulos y bonos por las provincias, para cubrir sus déficit, incrementando la anarquía y el descontrol monetario y financiero.

Antes de que "concretara" el ofrecimiento de las retenciones "voluntarias" por los sectores del agro, sorpresivamente el ministro de economía anuncio que se impondrán retenciones del 5% a todas las exportaciones de productos manufacturados de origen agropecuario e industrial y 10% a las de productos primarios, manteniéndose las del 20% a los hidrocarburos anunciadas anteriormente.

Se estima que con ello se recaudaría unos $ 1.400 millones que se destinarían a asistencia social.

Este monto es sumamente exiguo, ya que seria equivalente aproximadamente a unos $ 100 por persona necesitada de asistencia y por año, según las ultimas estimaciones del INdEC, es decir, menos de US$ 50 a las tasas de mercado.

Por otra parte una inusual (para la Argentina) coalición de empresas petroleras, sus sindicatos, y los gobernadores de las provincias correspondientes, procura por todos los medios evitar la retención del 20% a las exportaciones, con final abierto.

El sofisma de exportar más

Es necesario hacer notar aquí que la tasa de cambio en los mercados equivale a una devaluación de por lo menos el 50%, y con tendencia levemente creciente. N

o es fácil estimar la incidencia concreta del aumento de los precios de los insumos importados sobre cada sector.

Pero de todos modos la pregunta de lógica elemental es cual es la justificación económica y social, y aun fiscal, en el contexto de la grave situación de crisis existente, de que sectores que durante la década de los '90 aumentaron muy significativamente sus exportaciones, aun con la tasa de cambio alta resultante de la convertibilidad, y aun con bajas en los precios internacionales de las commodities, como los agrícolas, o de fuertes oscilaciones, como en petróleo, y que significan mas de la mitas de las exportaciones totales del país, se vean beneficiados enormemente por una devaluación que no "necesitaban" para poder exportar.

¿Acaso es razonable esperar, como respuesta, aumentos sustanciales e inmediatos en la producción y las exportaciones de esos sectores, que pudieran contribuir a una mejora sustancial de las balanzas comercial y de pagos?

En el caso de que tales aumentos de producción se verificaran en la agricultura, ¿sería realmente posible exportar mucho más, en el contexto de subsidios y restricciones para arancelarias?

¿Cuál sería el efecto en los precios internacionales, especialmente en los sectores donde la Argentina tiene una participación significativa?

Tipo de cambio

Los beneficiarios "justificados" de la devaluación serian básicamente los sectores exportadores de productos industriales, que representan menos del 3% del PBI, los que tropezaban con una tasa de cambio rígida y desfavorable para ampliar sus volúmenes exportados.

En los numerosos reclamos de esos sectores en los últimos años, jamás se menciono como necesaria una devaluación del 50%; parecía mas que suficiente la correspondiente a la tasa de cambio de $ 1,40 establecida originalmente por el gobierno.

Obviamente, con una tasa de cambio mucho mayor, es necesario recalcular su incidencia a través de los insumos. Esto, a su vez, significa una especie de circulo vicioso.

Cabria agregar a los sectores productores de artículos de consumo interno, que sufrieron la competencia mas o menos dura de productos importados, según los sectores, y que podrían reactivarse sobre la base de las capacidad instalada remanente, si hubiera demanda que lo requiriera, lo cual de momento no seria el caso, en general.

Lo que este panorama sugiere es que habría que estimar una tasa de cambio "objetivo", que podría ser reajustada pausadamente en el tiempo, de ser necesario, y retenciones móviles diferenciadas por sectores, de modo de captar las diferencias por encima de dicha tasa que no estuvieran justificadas como incentivo necesario y concreto a las exportaciones, para lo cual quizás deberían instrumentarse, al menos en parte, como reintegros las exportaciones efectivamente efectuadas., y utilizar parte de los fondos retenidos para financiar las exportaciones adicionales, con los mecanismos mencionados mas arriba.

El resultado debería ser un monto recaudado por retenciones mucho mayor que el anunciado, el que contribuiría a paliar mas ampliamente la situación social, y a mejorar la situación fiscal critica.

Todo lo anterior puede ser visto, comprensiblemente, desde afuera, como" excesos dirigistas".

Retenciones y devaluación

Por otra parte, transcendió sin ser desmentido que aun el FMI esta de acuerdo en la imposición de retenciones, sin que se mencionaran porcentajes ni montos.

Y el más elemental análisis de la realidad y las perspectivas indica que todo plan que no prevea los medios necesarios para asegurar la paz social, y la mejora fiscal, resultara escrito sobre arena, es decir, se lo llevara el viento.

Las retenciones tan amplias como resultara justificado y necesario, contribuirían además a contener el impacto inflacionario, y a morigerar su impacto social, y a morigerar también las tendencias alcistas en la tasa de cambio, todo lo cual, junto a la mejora de la estuación fiscal, aunque modestamente, debería contribuir a generar un circulo virtuoso.

De momento los mayores beneficiarios netos de la devaluación tal como esta, resultarían algunos grandes grupos, en general no exportadores, con importantes deudas en divisas.

Y lo que parece claro, además, es que el apresuramiento en el anuncio de la devaluación, y la no consideración de sus consecuencias sobre el sistema económico y financiero del país, sobre las cuales se había advertido repetidamente en los últimos años, se originaron el la presunta necesidad política del Presidente de diferenciarse al máximo posible del ex presidente Menem, insistente partidario de dolarización, y aun del efímero interinato de Rodríguez Saa.

El resultado de esta encarnizada puja política esta por verse, a las resultas de la estabilidad del presente gobierno, las que dependen, a su vez, de su capacidad, como mínimo de estabilizar la economía y la situación social.

A su vez, el anuncio de las retenciones por el ministro habría respondido, según trascendió, a su oposición a las posturas del Presidente y de los legisladores a favor del impuesto a las grandes empresas, De hecho, los beneficios de esas empresas, como consecuencia de la recensión fueron el año pasado menores que en los anteriores, y no es posible legalmente establecer impuestos retroactivos.

Tarifas y 9 de julio

Para este año, las tarifas se han pesificado, y la política que se pretende llevar adelante, se basa en mantenerlas lo mas bajas y lo menos indexadas posible, aun a costa de postergar inversiones, algo muy riesgoso en si mismo, tanto por los problemas técnicos y de calidad del servicio que podría acarrear, como por el hecho de que fueron las inversiones de esas empresas, precisamente, las que a través de sus inversiones motorizaron básicamente tanto el crecimiento económico como las inversiones externas en la década pasada.

Por otra parte, la renegociación de los contratos con las empresas extranjeras, con sus respectivos gobiernos y aun la Unión Europea detrás, constituye una pieza fundamental en la rápida obtención de financiamiento adicional para enfrentar la crisis, y en las negociaciones para la reestructuración de la deuda.

El Presidente Duhalde, que ya hizo varios anuncios que luego, muy poco después, desmintieron los hechos, parece querer aparecer en público, a la vez, en comando de la situación y del gobierno, y conservado la iniciativa.

Anunció ahora que el 9 de julio, aniversario de la independencia nacional, se festejará también el final de la recesión, algo que aparece como verdaderamente remoto a los observadores y analistas.

Parece una jugada sumamente riesgosa, para un gobierno cuya estabilidad es precaria, por decir lo menos, apostar todo, o casi todo, a una reactivación mas que difícil, en solo cuatro meses desde ahora, cuando se observa la complejidad de la situación argentina, y mas aun, si se recuerda la experiencia del Japón.

Mientras tanto, entre tantas y aparentemente interminables idas y vueltas, verbales y reales, el secretario del Tesoro, Paul O'Neill, debe encontrar nuevos argumentos para su afirmación: "La Argentina es un ejemplo de desorganización"