Bonadío decide si cita a Moyano a la Justicia

La semana pasada, el líder de la CGT, Hugo Moyano, se mostró muy seguro sobre la causa que investiga el Juez Claudio Bonadío, acerca de la falsificación de troqueles en la obra social de camioneros. Así de claro lo dejó en una reunión con gente del PJ, cuyo propósito de la misma era terminar de ordenar el partido.

"Todos me preguntan si estoy nervioso. No, muchachos, yo estoy muy tranquilo. ¿Por unos troqueles?", así habría respondido el líder de la CGT.

Según contó una nota publicada en 'Ámbito Financiero', Federico Scarabino, había voceado la solidaridad de la mesa por el trance judicial, pero Moyano, por segunda vez en la noche, transmitió, enfático, seguridad.

# De Bonadío dependen 2 de las causas más sensibles para el oficialismo

Tres de los penalistas más reconocidos de la Argentina cuentan que, en el mundillo judicial, al juzgado que Claudio Bonadio tiene a cargo desde hace 16 años le dicen "La Embajada". ¿Por qué? "Porque ahí no rige la ley argentina", responden con sorna.

Este juez federal porteño, que se jacta de ser un militante peronista (lo era ya en los años 70 cuando integraba las fuerzas de Guardia de Hierro), no es uno de esos magistrados a los que un llamado o un mensaje del oficialismo puede hacer cambiar de rumbo. Bonadio actúa de acuerdo con su propia lectura de la realidad y sus convicciones ideológicas. Que a veces pueden coincidir con las necesidades de gobierno y a veces no. Así lo definió este domingo el diario 'La Nación' en sus páginas dominicales.

Pues, actualmente, tiene en sus manos dos causas más que sensibles para el oficialismo: el destino de un aliado clave, Hugo Moyano, comprometido con la llamada "mafia de los medicamentos", y el del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, cuya suerte en la investigación sigue salpicando de cerca al Gobierno.

Aunque la relación de Bonadio con el kirchnerismo, sobre todo en los comienzos de la gestión de Néstor Kirchner, no fue armónica, el Gobierno siempre lo protegió en el Consejo de la Magistratura y evitó que prosperaran varios pedidos de juicio político en su contra, incluso uno impulsado desde el Ministerio de Justicia de la Nación. "Este gobierno es peronista y yo soy peronista", le dijo el magistrado a un ex ministro K para sellar la paz, según contó un ex funcionario testigo de ese diálogo.

Ahora, todo indica que este juez federal porteño que llegó a la función pública en 1983, en la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Justicia, en los años 90, por intervención del entonces ministro del Interior Carlos Corach, está decidido a elevar a juicio oral la causa por dádivas contra Jaime y tiene pruebas suficientes -dicen quienes lo conocen- para procesar al poderoso secretario general de la CGT.

Según reveló un allegado, la razón del impulso contra Moyano radica en que a Bonadio le molestó que el líder sindical intentara apartarlo del caso y lo recusara para que el juez Norberto Oyarbide se quedara con la investigación. Desde que la Cámara lo confirmó en el expediente, Bonadio ya allanó tres veces la obra social de los camioneros y ordenó peritajes cuyas conclusiones comprometerían a Moyano.

"Claudio es para mí un ejemplo de juez independiente. Resuelve de acuerdo con sus convicciones siempre. Desde que Carlos Kunkel y yo estamos en el Consejo él nunca tuvo que presentarse a declarar", dice la diputada K Diana Conti, dejando entrever que, acaso, el avance judicial contra Moyano no necesariamente cae mal en el Gobierno.

"Es valiente y lanzado. Cuando se convence de algo, va para adelante sin freno. A quienes le critican la falta de mesura en algunos de sus fallos, les responde que los jueces son los únicos funcionarios que firman sus actos y siempre se hacen responsables de lo que escriben", dice un colega que lo conoce desde hace casi dos décadas.

Bonadio es el juez con más fallos revocados por la Cámara Federal porteña y quien más quejas presentadas por abogados recibe, según datos oficiales.

"El se aproxima a los conflictos con una idea y avanza. En general, mira al mundo en blanco y negro. No respeta especialmente el Código Procesal Penal ni le interesan las garantías, por eso tiene un alto nivel de revocatorias y muchos lo acusan de ser arbitrario", dice en estricto off de record otro juez federal que, no obstante, destaca que su colega es "muy trabajador, llega siempre antes de las 8 a su despacho, lee todo lo que firma y se lleva expedientes a su casa".

Un abogado, que litiga en su juzgado desde que asumió, lo califica como imprevisible: "No tramita las causas de manera constante ni uniforme. Ha demostrado que lo hace con timing político, según su propio parecer y el grado de apoyo político de la persona imputada. Aunque la Cámara suele dictar duros fallos contra sus decisiones, no se siente demasiado atado a las indicaciones del tribunal superior".

Es en general hermético, cultiva el bajo perfil y tuvo una denuncia de la Cámara Federal que tramitó varios años en el Consejo de la Magistratura porque, dejando de lado la garantía del secreto de las fuentes de información periodística, ordenó a la SIDE que le entregara el listado de llamadas hechas y recibidas por Thomas Catán, ex corresponsal del diario inglés 'Financial Times', que reveló en 2002 la posible existencia de un pedido de coimas de senadores a banqueros a cambio de evitar la sanción de una ley que podía perjudicar intereses del sector.

Bonadio tuvo, sin duda, momentos malos. Pero su cintura y su respaldo político le permitieron sortearlos y conservar su condición de juez. Uno de ellos fue en septiembre de 2001, cuando mató con su arma Glock calibre 40 a dos supuestos ladrones en un tiroteo, cuando con su Audi llegaba a comer un asado a la casa de un amigo en Florida. Otro fue cuando durante la gestión del ex ministro de Justicia Horacio Rosatti fue denunciado por la Unidad de Investigaciones de AMIA del Ministerio por obstruir el esclarecimiento de las irregularidades en la causa del atentado y encubrir a Corach y a otros funcionarios menemistas.

Mientras estuvo a su cargo, este juez no avanzó tampoco en el caso Skanska, en el que se descubrieron coimas millonarias pagadas en el Ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido, ni en un expediente en el que se investiga el enriquecimiento ilícito de tres secretarios privados de la Presidenta y su ex marido.

En cambio, Bonadio sí impulsó investigaciones por irregularidades en las cárceles contra dos ex ministros de Justicia que no se fueron bien del Gobierno: Gustavo Béliz y Rosatti. Y también investigó con ahínco irregularidades en la fusión de Multicanal y se metió a fondo con los ex líderes de Montoneros, entre ellos Mario Eduardo Firmenich, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, por su decisión de que decenas de militantes volvieran a la Argentina en plena dictadura. Lo hizo hasta que la Cámara lo apartó de ambos casos.

Jaime y Moyano tienen razones para preocuparse. Además de las pruebas en su contra, no es capacidad de decisión, precisamente, lo que le falta a Claudio Bonadio.

Así y todo, Moyano se muestra seguro, y en paralelo define la agenda de aumentos de hasta el 30% que llevaría a los empresarios para el "pacto social", que anunció Cristina Fernández.

Mañana habrá una reunión del Consejo Directivo de la CGT, es allí donde se definirá la agenda que la Central llevará a las discusiones por el pacto social.

Según una nota publicada en el diario 'Clarín', el titular de la UATRE, los peones rurales, Gerónimo Venegas, y de las 62 Organizaciones Peronistas, aseguró que "el año que viene si hay una inflación del 30%, se va a discutir salarios en base a los 30 puntos, como se hizo este año. Nosotros tenemos muchísimas paritarias y en todas hemos discutido arriba del 30%" de incremento salarial.

El sindicalista también consideró que "no se puede hacer un acuerdo social si hay inflación". Es una posición que avalan algunos de los principales dirigentes empresarios que serían convocados por el Gobierno para un acuerdo social.

Gremialistas y empresarios no querrían cargar en sus espaldas con el costo político de que el Gobierno los haga responsables del fracaso de contener la inflación cuando tanto dentro y fuera de la CGT como dentro de las entidades empresarias que integran el Grupo de los Siete coinciden en voz baja en que es la Casa Rosada la que debe imponer las pautas para contener la suba de precios.

Aunque tanto en el Gobierno como en algunas entidades empresarias admiten que los contactos son permanentes en torno al anuncio de la presidenta Cristina sobre que pretende convocar a un acuerdo social entre Gobierno, gremios y empresarios, por ahora sigue sin haber ninguna convocatoria formal.

Fuentes oficiales y privadas coincidieron en que por ahora al Gobierno le interesa y, de hecho, acelera, arreglos con algunos sectores como los petroleros (que ya está cerrado), comercio o energía. El objetivo sería que empresas y gremios acuerden de palabra aumentos en los sueldos cercanos al 19% con la posibilidad de renegociar en 6 meses una actualización si es que la inflación lo requiere.

En el caso del acuerdo petrolero lo que se tuvo en cuenta fue con el visto bueno de todas las empresas del sector, de los gremios y de los gobernadores se llegó a un acuerdo para que el conflicto gremial no termine en piquetes o cortes del servicio.

Hasta ahora, todos los acuerdos tomaron en cuenta arreglos por un año o más; esta vez sería la primera vez que se apuntaría a cerrar negociaciones que pueden, por escrito, volver a abrirse en 6 meses y eso podría tirar para adelante la tensión por la puja de precios y salarios. Por eso, el Gobierno se juega a que en marzo o a partir de entonces, el Acuerdo Social se active y logre mermar esas pujas teniendo a los principales actores sentados en una misma mesa.