CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La Constituyente se instaló en agosto de 2006 y un año y medio después entregó un texto constitucional sin lograr consensos. En octubre de 2008 el Congreso modificó el proyecto de Constitución Política del Estado.
Aunque empañado por la sombra de una consulta plebiscitaria, el referéndum constitucional marcará un hito en la historia de Bolivia.
Por 1ra. vez los bolivianos y bolivianas acudirán a las urnas para aprobar o rechazar un proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) que definirá la nueva estructura del Estado boliviano.
El antropólogo Gonzalo Vargas Rivas recordó que "en la historia de Bolivia ha habido unas 20 reformas constitucionales, todas surgidas de asambleas o convenciones constituyentes".
El jueves 22/01, durante el cierre de la campaña por el Sí en La Paz, Evo Morales señaló que la aprobación del proyecto de la nueva Constitución servirá para "garantizar la revolución democrática y cultural" y hará posible la "refundación de Bolivia".
En todo caso, culmina un proceso que comenzó en la década de los '90, cuando una marcha indígena que partió desde el oriente con rumbo a La Paz reclamó la instalación de una Asamblea Constituyente que encamine un texto constitucional incluyente.
De ahí en adelante, Bolivia transitó por una senda de conflictos permanentes que en marzo de 2006 desembocó en la aprobación de una Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y el 2 de julio prosiguió con la elección de los asambleístas. El mismo día, los pobladores de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija aprobaron en un referéndum las autonomías departamentales.
El 6 de agosto de ese año se instaló la Asamblea Constituyente en Sucre y el país vivió 3 días de fiesta, pero la algarabía duró poco. La Asamblea se convirtió en un escenario de presión política y social y los asambleístas necesitaron 6 meses más del año de plazo que habían recibido para buscar acuerdos sobre la reforma constitucional.
El 8 de diciembre del año 2007, en una accidentada sesión en Oruro y sin participación de la oposición, la Constituyente aprobó un proyecto de 411 artículos que un año después, en octubre de 2008, fue modificado por el Congreso.
El país fue testigo de aproximadamente una veintena de procesos de diálogo fracasados y enfrentamientos que cobraron la vida de al menos 16 personas.
"Este referéndum es el más importante de la historia, porque es la 1ra. vez que el pueblo boliviano aprobará una Constitución y además porque es una Constitución que se elaboró, en cuanto a los contenidos, de manera colectiva", afirmó el ex constituyente y ahora ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero.
Para el senador Luis Vásquez (Podemos) la consulta "es una oportunidad histórica, pero en el medio de un debate antihistórico y en medio de dos parcialidades que tampoco se han comportado a la altura de su historia, el referéndum de la Constitución ha derivado a ser un plebiscito por el Gobierno".
¿Qué se vota hoy en Bolivia?
1. ¿Está usted de acuerdo con refrendar el texto del proyecto de Constitución Política del Estado presentado por la Asamblea Constituyente, y ajustado por la Comisión Especial de Concertación del H. Congreso Nacional, que incluye los consensos logrados en el diálogo entre el Gobierno Nacional con los prefectos y representantes municipales sobre autonomías, incorporando el resultado de la consulta sobre el artículo 398 a ser resuelto en este mismo referéndum, y que la misma sea promulgada y puesta en vigencia como nueva Ley Fundamental del Estado Boliviano?
Sí / No
Bolivia decide qué tipo de país será por muchos años
Un día decisivo para los bolivianos: más de 3,8 millones de ciudadanos pueden emitir su voto para decidir la aprobación o rechazo del proyecto de Constitución Política del Estado propuesto por el MAS (Movimiento Al Socialismo), y cuál será la máxima extensión de la propiedad de la tierra (10.000 hectáreas ó 5.000 hectáreas), al decidir la redacción final del artículo 398 del mencionado proyecto. Será la 1ra. vez que se definan los límites del futuro del proyecto gubernamental que encabeza Evo Morales.
25 de enero de 2009 - 11:22
2. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de minoría de la Asamblea Constituyente, para que el artículo 398 del proyecto de Constitución Política del Estado sea incorporado a la nueva Constitución Política del Estado con la siguiente redacción?:
"Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. La superficie máxima en ningún caso podrá exceder las…
10.000 Hectáreas / 5.0000 Hectáreas".
El presidente de la Corte Nacional Electoral boliviana, José Luis Exeni, remarcó que el padrón en esta oportunidad es el "más confiable y depurado de la historia democrática del país". Los jurados electorales manejarán 3 listas con el índice de votantes, sistema que pretende ayudar a un mejor control y evitar el fraude.
La 1ra. será la nómina de habilitados.
La 2da. sobre las personas que fueron depuradas.
La 3ra. de los que se reinscribieron porque cambiaron de domicilio.
Las 2 últimas se utilizarán sólo para consultas en cada uno de los recintos.
El equipo de expertos internacionales, coordinado por la Organización de Estados Americanos (OEA) que auditó el listado, señaló que el nivel de confiabilidad comprobado alcanza el 96%, cifra que está por encima del estándar internacional, que es del 90%.
De acuerdo con el padrón, La Paz tiene la mayor cantidad de habilitados: 1.278.082, le siguen Santa Cruz con 868.332 y Cochabamba con 705.195.
Para el referéndum revocatorio se habilitaron 4.047.706 ciudadanos, pero no acudieron a votar 654.800, los cuales fueron depurados para esta consulta.
Ahora se inscribieron 597.902 personas, es decir 56.898 ciudadanos menos que los que fueron borrados por no votar el pasado 10 de agosto.
Finalmente, después de seguir los pasos de revisión, quedaron 3.891.397 habilitados.
El proceso de votación estará en manos de 132.283 ciudadanos que han sido designados jurados en todo el país.
Además, son 9 las misiones de observación internacional que estarán vigilando de cerca la consulta. Habrá 65 observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) procedentes de 16 países distintos de América, además de otros de la Unión Europea, del Centro Carter, Mercosur, Comunidad Andina de Naciones, Unasur, Parlamento Centroamericano, Parlamento Europeo y Parlamento Andino.
Estarán presentes también autoridades de todos los organismos electorales de la región, miembros del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y del Consejo Electoral Andino.
Lo más interesante, en un artículo tedioso de Horacio Verbitsky en Página/12, se refiere a Evo Morales, quien a menudo se declara víctima de Washington DC, lo que no es cierto y, precisamente, Verbitsky -intentando reivindicar el viaje a Cuba de Cristina de Kirchner y la actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un ámbito de actuación permanente del Centro de Estudios Legales y Sociales que él preside- lo corrobora:
"(...) La idea de un Sistema Interamericano conducido por el gobierno estadounidense y encaminado a desgastar a los gobiernos populistas de la región no resiste el análisis. El país que más observaciones, medidas cautelares y condenas ha recibido no es Venezuela ni Cuba, sino Colombia, el principal protegido de Washington.
Por eso, siempre figura en el capítulo IV del informe anual, donde se enumeran las violaciones más graves. Las organizaciones colombianas defensoras de los derechos humanos valoran el sistema, al que recurren en forma habitual y donde han encontrado permanente apoyo. Muchas de sus decisiones han permitido la reapertura en la justicia civil de causas contra militares y paramilitares absueltos por tribunales militares.
Nadie conoce mejor que Evo Morales la disposición de la CIDH a velar por los derechos de las minorías, en contra de los abusos de los poderes tradicionales respaldados por Estados Unidos. En los departamentos de la Media Luna que forman el Chaco boliviano (Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija), subsisten formas de explotación laboral propias de la colonia. Los trabajadores acumulan deudas, por su alimentación y vestido, que el patrón cancela como única forma de pago.
Familias enteras viven así en situación de esclavitud, aferradas a las fincas de las que no se les permite marcharse porque siempre están endeudados con el patrón. Cuando el gobierno de Evo Morales reformó la ley agraria, en 2006, muchas de estas comunidades de "familias indígenas guaraníes cautivas" denunciaron su situación y reclamaron la propiedad de las tierras. El Ministerio de Tierras dispuso la verificación de cada caso, pero en la Media Luna lo denunciaron como una invasión.
Los funcionarios del gobierno fueron recibidos a tiros, lo cual causó la muerte de un periodista, y el ministro de Tierras permaneció secuestrado por una semana. A raíz del apoyo del presidente de la Conferencia Episcopal Católica, cardenal Julio Terrazas, a los terratenientes, Adolfo Pérez Esquivel le escribió: "Nos preocupa que niegues el estado de esclavitud a que son sometidas comunidades guaraníes. Sabes que hay evidencias y que el gobierno nacional ha denunciado. No puedes ignorar que funcionarios enviados por el gobierno son amenazados por bandas armadas y les impiden el ingreso a las haciendas".
Evo Morales dijo que se sentía engañado y traicionado por el cardenal y pidió a la Comisión Interamericana que enviara un grupo de verificadores. En junio de 2008 los comisionados Víctor Abramovich, argentino, y Luz Patricia Mejía, de Venezuela, alcanzaron la zona más caliente, el Alto Parapetí. Para llegar debieron eludir un bloqueo del camino de montaña previsto. Dados los altos niveles de violencia, no viajaron solos sino en una caravana de tres camionetas, que incluía periodistas y dirigentes indígenas.
También tuvieron dificultades para que se abrieran las tranqueras cerradas con candado que cerraban el paso a través de varias fincas. Recién después de superar todos esos obstáculos pudieron reunirse con los indígenas. También mantuvieron encuentros con el gobierno nacional, con los prefectos y con los cívicos.
La Comisión ratificó que las familias guaraníes vivían en condiciones de esclavitud y que eran agredidas cuando reclamaban. Ese documento deslegitimó la ofensiva de las cámaras patronales de la Media Luna en los días previos al plebiscito revocatorio en el que Evo Morales se impuso con dos tercios de los votos. Por eso, la tarea principal para un gobierno que como el argentino ha puesto en la agenda regional la defensa de los derechos humanos no es seguir los tironeos de Chávez con el Sistema Interamericano sino propiciar que Obama envíe al Congreso el Pacto de San José, que Carter firmó en 1979 pero que nunca fue ratificado. De este modo, las decisiones de la Corte Interamericana serían obligatorias también en el país más poderoso del mundo."
La 1ra. será la nómina de habilitados.
La 2da. sobre las personas que fueron depuradas.
La 3ra. de los que se reinscribieron porque cambiaron de domicilio.
Las 2 últimas se utilizarán sólo para consultas en cada uno de los recintos.
El equipo de expertos internacionales, coordinado por la Organización de Estados Americanos (OEA) que auditó el listado, señaló que el nivel de confiabilidad comprobado alcanza el 96%, cifra que está por encima del estándar internacional, que es del 90%.
De acuerdo con el padrón, La Paz tiene la mayor cantidad de habilitados: 1.278.082, le siguen Santa Cruz con 868.332 y Cochabamba con 705.195.
Para el referéndum revocatorio se habilitaron 4.047.706 ciudadanos, pero no acudieron a votar 654.800, los cuales fueron depurados para esta consulta.
Ahora se inscribieron 597.902 personas, es decir 56.898 ciudadanos menos que los que fueron borrados por no votar el pasado 10 de agosto.
Finalmente, después de seguir los pasos de revisión, quedaron 3.891.397 habilitados.
El proceso de votación estará en manos de 132.283 ciudadanos que han sido designados jurados en todo el país.
Además, son 9 las misiones de observación internacional que estarán vigilando de cerca la consulta. Habrá 65 observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) procedentes de 16 países distintos de América, además de otros de la Unión Europea, del Centro Carter, Mercosur, Comunidad Andina de Naciones, Unasur, Parlamento Centroamericano, Parlamento Europeo y Parlamento Andino.
Estarán presentes también autoridades de todos los organismos electorales de la región, miembros del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y del Consejo Electoral Andino.
Lo más interesante, en un artículo tedioso de Horacio Verbitsky en Página/12, se refiere a Evo Morales, quien a menudo se declara víctima de Washington DC, lo que no es cierto y, precisamente, Verbitsky -intentando reivindicar el viaje a Cuba de Cristina de Kirchner y la actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un ámbito de actuación permanente del Centro de Estudios Legales y Sociales que él preside- lo corrobora:"(...) La idea de un Sistema Interamericano conducido por el gobierno estadounidense y encaminado a desgastar a los gobiernos populistas de la región no resiste el análisis. El país que más observaciones, medidas cautelares y condenas ha recibido no es Venezuela ni Cuba, sino Colombia, el principal protegido de Washington.
Por eso, siempre figura en el capítulo IV del informe anual, donde se enumeran las violaciones más graves. Las organizaciones colombianas defensoras de los derechos humanos valoran el sistema, al que recurren en forma habitual y donde han encontrado permanente apoyo. Muchas de sus decisiones han permitido la reapertura en la justicia civil de causas contra militares y paramilitares absueltos por tribunales militares.
Nadie conoce mejor que Evo Morales la disposición de la CIDH a velar por los derechos de las minorías, en contra de los abusos de los poderes tradicionales respaldados por Estados Unidos. En los departamentos de la Media Luna que forman el Chaco boliviano (Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija), subsisten formas de explotación laboral propias de la colonia. Los trabajadores acumulan deudas, por su alimentación y vestido, que el patrón cancela como única forma de pago.
Familias enteras viven así en situación de esclavitud, aferradas a las fincas de las que no se les permite marcharse porque siempre están endeudados con el patrón. Cuando el gobierno de Evo Morales reformó la ley agraria, en 2006, muchas de estas comunidades de "familias indígenas guaraníes cautivas" denunciaron su situación y reclamaron la propiedad de las tierras. El Ministerio de Tierras dispuso la verificación de cada caso, pero en la Media Luna lo denunciaron como una invasión.
Los funcionarios del gobierno fueron recibidos a tiros, lo cual causó la muerte de un periodista, y el ministro de Tierras permaneció secuestrado por una semana. A raíz del apoyo del presidente de la Conferencia Episcopal Católica, cardenal Julio Terrazas, a los terratenientes, Adolfo Pérez Esquivel le escribió: "Nos preocupa que niegues el estado de esclavitud a que son sometidas comunidades guaraníes. Sabes que hay evidencias y que el gobierno nacional ha denunciado. No puedes ignorar que funcionarios enviados por el gobierno son amenazados por bandas armadas y les impiden el ingreso a las haciendas".
Evo Morales dijo que se sentía engañado y traicionado por el cardenal y pidió a la Comisión Interamericana que enviara un grupo de verificadores. En junio de 2008 los comisionados Víctor Abramovich, argentino, y Luz Patricia Mejía, de Venezuela, alcanzaron la zona más caliente, el Alto Parapetí. Para llegar debieron eludir un bloqueo del camino de montaña previsto. Dados los altos niveles de violencia, no viajaron solos sino en una caravana de tres camionetas, que incluía periodistas y dirigentes indígenas.
También tuvieron dificultades para que se abrieran las tranqueras cerradas con candado que cerraban el paso a través de varias fincas. Recién después de superar todos esos obstáculos pudieron reunirse con los indígenas. También mantuvieron encuentros con el gobierno nacional, con los prefectos y con los cívicos.
La Comisión ratificó que las familias guaraníes vivían en condiciones de esclavitud y que eran agredidas cuando reclamaban. Ese documento deslegitimó la ofensiva de las cámaras patronales de la Media Luna en los días previos al plebiscito revocatorio en el que Evo Morales se impuso con dos tercios de los votos. Por eso, la tarea principal para un gobierno que como el argentino ha puesto en la agenda regional la defensa de los derechos humanos no es seguir los tironeos de Chávez con el Sistema Interamericano sino propiciar que Obama envíe al Congreso el Pacto de San José, que Carter firmó en 1979 pero que nunca fue ratificado. De este modo, las decisiones de la Corte Interamericana serían obligatorias también en el país más poderoso del mundo."
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