Lamentable: A 5 años de la crisis, se pagan 1,4 millón de planes Jefas y Jefes y otros subsidios

CIUDAD DE BUENOS AIRES ( Idesa). Los aumentos nominales de salarios que se vienen fijando desde la salida de la crisis se ubican muy por encima de los que se observa en países con estabilidad de precios.
Esta estrategia laboral ha comenzado a ser conflictiva con el objetivo de preservar la competitividad y ha demostrado poca eficacia para redistribuir ingresos en favor de los pobres.
Prueba de ellos es que, a 5 años de la crisis, todavía hay casi 1,5 millón de personas que subsisten gracias a los planes de empleo que otorga el gobierno.
El Plan Jefas y Jefes de Hogar cumple 5 años de vida. Este programa asistencial fue creado en el 2002 como una respuesta masiva frente al estado de emergencia social que había generado la crisis. Acorde a las magnitudes del problemas, fue una operación de tamaño inédito que llegó a proveer subsidios monetarios a más de 2 millones de personas.
En la lógica de su creación subyacía la idea de que los planes de empleo desaparecerían con la superación de la crisis. Pero pasados 5 años, los datos de los Ministerios de Economía y de Trabajo permiten trazar un cuadro de situación bastante diferente:  
> Entre el 2002 y el 2006, el Producto Bruto Interno creció en un 41%.
> En el mismo periodo, las personas ocupadas se incrementaron en 2,7 millones y se crearon 1,7 millón de puestos de trabajo registrados.
> Sin embargo, a diciembre del 2006 todavía siguen vigentes 1,4 millón de planes de empleo de los cuales casi el 90% corresponden al Plan Jefas y Jefes de Hogar.
Lo que estos datos están señalando es que la estrategia de acompañar el crecimiento económico con importantes aumentos nominales de salario no ha permitido superar la situación de emergencia social.
De lo contrario, no se justifica que las autoridades mantengan a casi un millón y medio de personas recibiendo planes de empleo asistenciales.
Probablemente, parte de la explicación sea la deficiente gestión de los planes de empleo, sin embargo, el problema de fondo que esta situación delata es que la Argentina sigue sufriendo serios problemas de inserción en importantes segmentos de la fuerza laboral.
En este sentido, el mantenimiento de los planes de empleo es consistente con el hecho de que el 27% de la población argentina vive en la pobreza, el 43% trabaja en la informalidad y la distribución del ingreso es tan desigual como en 1996.
Estas tendencias sugieren que el impacto distributivo de la estrategia de generar importantes aumentos nominales de salario de manera centralizada ha sido bajo.
Esto se produce porque estas intervenciones se concentran en el empleo formal, que es la modalidad de inserción laboral de los segmentos medios y altos.
En los segmentos más vulnerables prevalece el empleo informal o directamente el desempleo. Como el "derrame" de los ajustes que se brindan a los salarios formales hacia los informales es bajo, la pobreza sigue alta y, con ello, la necesidad de sostener masivos programas de empleo asistenciales.
Además de que los aumentos nominales de salarios han tenido un impacto social bajo, han comenzado a erosionar las bases que sustentan la recuperación económica.
La devaluación en su momento permitió mejorar la rentabilidad de muchos sectores productivos gracias a la "licuación" de costos, especialmente, los laborales.
Los ajustes salariales posteriores a la crisis han permitido que los salarios se recuperen pero junto con ello se ha ido intensificando el conflicto con la estabilidad de precios y la competitividad de las empresas.
Con acuerdos salariales que fijan aumentos nominales de dos dígitos para el 2007 el problema aparece de manera mucho más explicita e intensa.
Se pone de manifiesto así que la devaluación no sustituye buenas instituciones económicas, sociales y laborales que promuevan la productividad y la equidad.
La Argentina sigue sufriendo las consecuencias de no tener reglas que induzcan a la eficiencia y, de esa manera, tener la posibilidad de producir calidad con costos razonables pagando buenos salarios a toda la fuerza laboral.
En el marco de estas carencias institucionales, seguir ajustando salarios nominales no va a mejorar la equidad pero seguramente terminará produciendo inflación y crecientes problemas de competitividad en muchos sectores.
El caso de Paraguay es muy ilustrativo porque tiene, en términos relativos, el salario mínimo más alto de Latinoamérica. Esta agresiva política salarial, sin embargo, no ha generado una sociedad más integrada.
Muy por el contrario, su principal efecto es que más de tres cuartas partes de su fuerza laboral está empleada en el sector informal. Se trata de una evidencia extrema, pero muy ejemplificativa, de que la clave para aumentar los salarios no es imponer centralizadamente fuertes ajustes en los salarios nominales, sino generar condiciones para que la productividad crezca a ritmos elevados.
Esto es lo que brinda las bases de sustentabilidad para incrementar las remuneraciones de toda la fuerza laboral.