Injusticia en Catamarca: El miserable Edgardo Rubén Álvarez

SAN FERNANDO DEL VALLE ( El Ancasti). Un sentimiento infinito de gratitud embarga el espíritu del abogado Ramón Porfirio Acuña. Desconocía, cuando llegó de Corrientes a Catamarca para ser juez de Instrucción, que la generosidad de esta tierra es inversamente proporcional a la mediocridad, o acaso directamente proporcional al resentimiento, de algunos de sus más representativos próceres vivos. No podía entonces saber que lograría hacerse millonario en una decena de años, al precio de un oprobio.
El agradecimiento de Acuña tiene destinatarios concretos: el probo camarista Edgardo Rubén Álvarez, que lo denunció por presunto desconocimiento del derecho; el sistema judicial convertido en un lubricado mecanismo al servicio del poder político; y el propio poder político, que subordina cualquier razonamiento a las inmediatas demandas de su hígado y sus revanchas. Todos ellos allanaron el camino para que al doctor Acuña se le habilite una fortuna.
Se confirmó una nueva vía catamarqueña hacia la prosperidad, reservada en este caso a los jueces. Transitarla requiere paciencia, pero el éxito sonríe finalmente a los estoicos.
El primer paso estará dado una vez que se obtenga la animadversión del camarista Álvarez, quien, desde su participación en el tribunal del Caso Morales, está imbuido de un espíritu justiciero lamentablemente excesivo para su talento jurídico. A partir de "movilizar" al aludido magistrado, no será difícil conseguir ser acusado por él ante el jury de enjuiciamiento, y, con un poco de suerte, exonerado del Poder Judicial, probablemente con el estigma de la indignidad.
A partir de allí, sólo hará falta esperar: sin lugar a dudas, el intelecto del acusador y los juzgadores alumbrará un veredicto insostenible, que tribunales superiores, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rechazarán. Pasar por ventanilla será entonces cuestión de tiempo. Un trámite inexorable, que compensará materialmente el padecimiento espiritual provocado por las llagas inferidas al prestigio.
Historia de una revancha
Ramón Porfirio Acuña fue designado juez de Instrucción por la comisión de la Magistratura, que el castillismo creó para cubrir las vacantes de un Poder Judicial que había sido puesto masivamente en comisión a raíz de sus presuntas vinculaciones con el mefistofélico saadismo. Tal comité, en realidad, pretendía reemplazar a los magistrados por honorables antisaadistas, o conversos convincentes, dispuestos a cumplir los mandatos de los nuevos inquilinos de Casa de Gobierno.
Si la tarea que se había propuesto el castillismo era ciclópea, no le faltaban ganas de conformar un Poder Judicial adicto. Sobre todo porque le era preciso confirmar la condena política sobre Guillermo Luque por el asesinato de María Soledad Morales, objetivo primordial al que habría de someter todas y cada una de sus decisiones. Y porque existían una multitud de causas penales en contra de saadistas de renombre, útiles para ventilar en vísperas de procesos electorales o cada vez que fuera necesario para camuflar miserias propias.
La cuestión es que Acuña fue designado como juez de Instrucción Nº 4 y tuvo la mala fortuna de que le tocara resolver sobre algunas causas conexas del Caso Morales porque Álvarez se apartaba con la excusa de que, precisamente, debía integrar el tribunal que juzgaría a Luque y Luis Tula, en un juicio al que la política le había puesto -en forma harto evidente- sentencia condenatoria anticipada.
Acuña se resistió a cargar con semejantes polémicas, infructuosamente. Pero este atrevimiento le valió algo así como la inquina de Álvarez, jurisconsulto que, al margen de sus convicciones doctrinarias, soportó durante toda su carrera la casualidad de que sus sentencias fueran indefectiblemente funcionales a las necesidades políticas del oficialismo. Curiosa circunstancia que, tal vez también por una casualidad inaudita, ocurrió en paralelo a sus ascensos en el palo enjabonado del Poder Judicial catamarqueño.
Álvarez, además de eficacia para sus análisis críticos, tiene la memoria larga. Llegado el momento, acusó a Acuña por "desconocimiento del derecho", lo que para el acusado resultó insultante dado que era, además de juez, docente en la Facultad de Derecho.
Alegó Álvarez que a Acuña le habían anulado varias causas. En una de ellas, por ejemplo, cuestionó con puntillosidad puritana que Acuña no hubiera mandado a hacer las pericias bioquímicas sobre la sangre de una vicuña.
Acuña fue condenado por el jury, pese a que el fiscal Jorge Silva Molina no realizó acusación alguna porque no se lo permitía la endeblez de los argumentos de Álvarez. No obstante, la mayoría del jury consideró que era inadmisible tener al acusado en el Poder Judicial. Entre los ilustrados que determinaron el "desconocimiento del derecho" del juez se encontraban los juristas Víctor Luna y René Dante Noriega, legisladores legos cuya sapiencia en el arte jurídico había sido poco divulgada hasta entonces, acaso porque su estrellato se basaba exclusivamente en la propensión a cumplir los mandatos castillistas.
No conformes con la destitución, los responsables se encargaron de difundir a los cuatro vientos la sentencia a los fines de perjudicar a Acuña, en una actitud de crueldad ya enfermiza. El mismo ex juez lo reveló: "Luego de mi destitución, esta misma Corte remitió los antecedentes a Corrientes y me impidió acceder a un cargo de juez que yo había ganado por concurso, cuando ni siquiera se los habían pedido, lo hizo de oficio". Una ilustrativa demostración de los piadosos sentimiento que motivan al máximo tribunal catamarqueño; una conducta despreciable hasta en los aguantaderos más canallas.
Las cosas en su lugar
La denuncia contra Acuña había sido realizada por Álvarez en soledad. Ni Juan Carlos Reynaga ni Raúl Da Prá, sus dos compañeros en la Cámara Penal, consideraron que hubiera motivos para avanzar en la embestida.
Es sabido que el justiciero debe sortear mil obstáculos, pero más sabido aún que la envergadura del coraje disminuye si el respaldo de un poder político que le garantiza resultados.
Acuña recurrió en casación a la Corte de Justicia local, donde, obviamente, le dijeron que no tenía derecho a quejarse. Recién cuando recurrió a la Suprema Corte le dieron la razón. Y esta semana, seis años después, la Corte local, integrada por subrogantes, determinó que la sentencia que lo destituyó como juez es nula porque el fiscal no había realizado acusación alguna.
Quedó así el ex juez Acuña chocho de la vida. Podrá demandar a la Provincia por la destitución injusta y por los seis años que debió tolerar bajo el mote de ignorante del derecho. Todo por haberse cruzado en el camino de Álvarez.
Felicidades para el doctor Acuña por el golpe. Serán millones de pesos para su exclusivo disfrute y el de su progenie.
No los pagará, con seguridad, el denunciante Álvarez, tan apto para disparar acusaciones en la interna judicial. Tampoco los gestores políticos de la maniobra. Por los caprichos de Álvarez y sus mandantes, desembolsarán la millonaria suma los catamarqueños. Y sin chances de apelación.
¿Hasta cuándo?
Es lícito preguntar hasta cuándo se abonarán las facturas del Caso Morales. Hasta cuándo disfrutarán de la renta vitalicia de la impunidad aquellos que, como el jurista Álvarez en el tribunal que condenó a Luque y Tula, prestaron servicios a la causa de la condena y pusieron la firma en un fallo cuyo único rasgo destacable es la ausencia de sustento, a tal punto que ni siquiera un "progresista" como el integrante de la Suprema Corte Eugenio Zafaroni osó defenderlo.
Porque debería ser el doctor Álvarez, y no los catamarqueños, quien pagara los costos del "caso Acuña". O bien revelara quiénes fueron sus encomenderos, a cambio incluso de una merma en la cuota.
Que el Poder Judicial de Catamarca, con honrosas excepciones, sobresale por su mediocridad no es novedad para nadie. Este diario, que lo sufre, lo ha informado y lo informa periódicamente. El "caso Acuña" no es el primero sobre el que la Suprema Corte consigna errores tan garrafales que resulta imposible considerarlos involuntarios, cuya única explicación, dados sus notorios errores, son las requisitorias del poder político de turno.
Vale, sin embargo, a modo de ratificación, recordar las declaraciones del reivindicado Acuña.
Dijo el ex juez e inminente millonario que el fallo que lo dejó fuera del Poder Judicial fue "injusto, grosero y animado por intereses políticos que nada tienen que ver con la independencia de los jueces".
Si bien admitió que nunca recibió una sugerencia directa sobre el manejo de una causa, señaló que "esas cuestiones generalmente funcionan como un microclima en la actividad judicial, donde, aun cuando son intangibles, se las puede tocar".
"Veinticuatro horas antes del Jury se me acercó un abogado invocando un mensaje del poder político y me dijo que la decisión ya había sido tomada, y que para evitarla había que renunciar. Yo no acepté la propuesta y dije que para mi era mucho más legítimo prestarme al juicio político y transitarlo para demostrar mi inocencia, tal como finalmente se demostró", recordó también.
Lo bien que hizo. Si hubiera renunciado, seguramente no estaría en condiciones de cobrar lo que ahora, gracias a los buenos oficios de quienes se dedican a las alquimias político-judiciales con la plata ajena.
La responsabilidad del Gobierno
El caso de Acuña no puede generalizarse. La mayoría de los catamarqueños no tienen ni los recursos, ni la formación, ni, seguramente, las ganas del ex juez para embarcarse en un proceso y llegar hasta la Corte Suprema de la Nación.
Deben entonces someterse a la Justicia catamarqueña y a sus pigmeos ejecutores; soportar las indignidades o buscar el respaldo de algún influyente, rogando mientras tanto por no quedar a tiro de alguno de los jueces con protectores poderosos.
La inquina de los mediocres es la más perjudicial de todas. Responde a los sentimientos más mezquinos, porque tiene como aspiración máxima la retención de un cargo, y le teme a la inteligencia, a la autonomía de criterio y, en definitiva, a todo aquello que su limitada mente le impida comprender. Sólo puede exhibir como mérito el alcahueterismo y la obediencia incondicional, expresadas en la arbitrariedad sobre los más débiles, conducta propia, por otro lado, de los cobardes.
Es el poder político quien debe garantizar el servicio de justicia a la sociedad catamarqueña. Y, dentro del poder político, el ministro de Gobierno tiene la responsabilidad central.
Sin embargo, el doctor Raúl Cippitelli, titular de la cartera política, nada ha dicho sobre la situación de la Justicia. Su opinión acerca del desempeño de los jueces y fiscales y de los cuantiosos montos que se lleva la ineficiencia es desconocida. Menos conocidas aún son las disposiciones que ha tomado para revertir la indefensión de los ciudadanos a los que el Gobierno del que forma parte les está pidiendo el voto.