En 1978, durante la última dictadura militar, la Argentina estuvo a punto de ir a la guerra con Chile por tres islas del extremo sur, sobre el canal del Beagle, luego de que el gobierno rechazara el fallo arbitral británico.
El origen del diferendo se remonta al siglo XIX como consecuencia de un tratado de límites firmado entre Chile y Argentina que obviaba legislar sobre la soberanía en las aguas del canal y sus islas Lennox, Picton y Nueva.
A 30 años del Golpe (XII): El conflicto con Chile por el Beagle
En 1978, durante la última dictadura militar, la Argentina estuvo a punto de ir a la guerra con Chile por tres islas del extremo sur, sobre el canal del Beagle, luego de que el gobierno rechazara el fallo arbitral británico. El 8 de enero de 1979, la Argentina y Chile firmaron el Acta de Montevideo, y se sometió el entredicho a la mediación del Papa. La Guerra se evitó y –tras la intervención de Juan Pablo II - fue el rotundo SI a la paz expresado por una gran mayoría popular en 1984 lo que puso fin al conflicto.
Durante los 60', el problema del Beagle había supuesto dos políticas exteriores diferentes, por un lado la chilena, abogaba por el cumplimiento de los tratados de 1881 (art.3) por el cual el Canal no debía dividirse, basándose en la "teoría de la costa seca", según la cual la Argentina no tenía derecho alguno sobre las aguas del Canal.
Además, Chile pretendía el arbitraje, con el objeto de dividir por la línea media el Canal de Beagle, llegándose finalmente a someter el asunto al arbitraje de la Corte Internacional de Justicia de la Haya (1964).
Por su parte, Argentina abogaba por la negociación directa para resolver el conflicto, dado que el arbitraje era según el Dr. Zabala Ortiz "gravoso para el patrimonio de los dos países".
En 1971 las islas fueron motivo de un arbitraje, confiado a la Corte Internacional de Justicia de la Haya. El general Alejandro Agustín Lanusse había firmado un acuerdo por el cual Argentina y Chile aceptaban la designación de Gran Bretaña como Corte Arbitral para decidir en el conflicto limítrofe entre los dos países.
La decisión de esa Corte, con sede en Ginebra, había establecido los términos del Laudo, el 18 de febrero de 1977 y ratificado por la Reina Isabel. Fue comunicado al embajador argentino en Londres 2/5/77.
Este Laudo fue declarado nulo, debido a motivos de diversa índole: las Islas Picton, Nueva y Lenox y sus islotes adyacentes, habían sido declarados de jurisdicción chilena delimitadas dentro del área conocida como "del martillo". La Corte había decidido el fallo en base al factor posesión, desconociendo el argumento oceánico, o sea el principio Atlántico -Pacífico sustentado por Argentina, por el cual el primero era para ésta y el Pacífico para Chile.
El gobierno militar comandado por Rafael Videla, rechazó esta decisión y, en 1978, el conflicto se agudizó hasta llegar a plantearse la posibilidad de un enfrentamiento armado por ambos países, en el cual tanto Augusto Pinochet como Videla estaban de acuerdo.
El 8 de enero de 1979, la Argentina y Chile firmaron el Acta de Montevideo, que sometía el entredicho a la mediación del Papa. Finalmente, la propuesta papal, conocida a través del cardenal Antonio Samoré, se dio a conocer el 12 de diciembre de 1980.
El acuerdo de Montevideo reconocía la soberanía de Chile en la región del canal de Beagle pero establecía el cabo de Hornos como línea divisoria de las jurisdicciones de cada uno de los países sobre ambos océanos.
Así quedaba expresamente determinado que la República Argentina tenía completa jurisdicción sobre las costas que daban al Océano Atlántico y Chile completa jurisdicción sobre el Océano Pacífico.
Videla no se pronunció ni a favor ni en contra de esta solución y en 1984, el gobierno democrático de Raúl Alfonsín ratificó el acuerdo alcanzado. Hubo una consulta popular no vinculante, en la que el "sí" al Tratado Permanente de Paz y Amistad se impuso por un amplio margen de votos.
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