Rajoy intervendrá Catalunya 6 meses y llamaría a elecciones

¿Cómo se hará esa proclamación? No está claro todavía. Lo único cierto es que los independentistas se adelantarán a la luz verde del Senado español a Manuel Rajoy para la intervención de la autonomía. El modo más probable es la convocatoria urgente de un pleno del Parlament para “analizar la situación política actual”.

Una vez analizada la situación, Puigdemont almorzó con sus consellers.

Después de conocer el alcance de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, los ánimos estaban alterados: desde la declaración unilateral de independencia (DUI) a la resistencia pasiva a abandonar las conselleries por parte de sus titulares y la movilización en la calle para “proteger” los edificios de la Generalitat.

Sólo Santi Vila Vicente, conseller de Empresa y Ocupación de la Generalitat catalana, intentó convencer a Puigdemont de que acuda en persona al Senado el próximo jueves 26/10 para explicarse (dentro del plazo para presentar alegaciones que tiene la Generalitat antes de que el viernes 27/10 se apruebe el articulo 155 en forma definitiva) y luego convoque elecciones para proteger el autogobierno de Catalunya.

Dirigentes del PDCat (Partit Demòcrata Europeu) también son partidarios de convocar elecciones antes de que el daño sea irreparable, pero hasta ahora Puigdemont no ha dado muestras de aceptar ese planteamiento, ya que considera que Rajoy no ha hecho ningún gesto para propiciarlo, al contrario.

En el memorial de agravios del president pesa mucho que en la Moncloa se despreciara el paso atrás que él considera que hizo al renunciar de forma implícita a la DUI en su más reciente carta, así como a la entrevista que le propuso, pero también añade el encarcelamiento de los líderes de Sànchez y Cuixart y un 155 de máximos y nada “quirúrgico”.

Ahora, si no hay DUI, y Puigdemont se limita a convocar elecciones autonómicas -aunque las llame “constituyentes”-, el panorama cambiaría hasta penalmente para él y los suyos.

Porque el 155 se activa, conviene no olvidarlo, para frenar la “desobediencia rebelde” de la Generalitat a las resoluciones del Tribunal Constitucional, como dice el Gobierno en su exposición de motivos. Y la Fiscalía está preparando una querella por rebelión, penada hasta con 30 años de cárcel por si hay declaración de independencia.

El Gobierno de Rajoy ha diseñado un marco muy general de intervención de competencias de la Generalitat de Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución que luego aplicará cada ministro en su ámbito de responsabilidad. Mariano Rajoy envía al Senado un plan gradual para reconducir al gobierno rebelde hacia la ley que empieza por destituir a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y demás consejeros (personal de confianza incluido), y con capacidad para decidir después sobre la continuidad o cese, en cascada, de los demás altos cargos según actúen, ya dentro de la ley o todavía por la causa independentista.

En el caso de la cámara autonómica, no hay destituciones ni suspensiones (depende del Tribunal Constitucional y de la Justicia) y sí limitación de funciones. Como es obvio, el Parlament no podrá ir contra las autoridades del Gobierno central, ni tampoco ejercer control alguno sobre ellas, misión que pasa al Senado. La Cámara autonómica mantendrá sus labores ordinarias con la prohibición expresa de insistir en legislar contra la Constitución, el Estatuto de autonomía y los derechos de la oposición como hizo en el pleno de los días 6 y 7 de septiembre. El Gobierno rendirá cuentas de la intervención ante la Cámara alta cada dos meses.

Según consta en el documento enviado al Senado, Mariano Rajoy ha impuesto al final su criterio de tener un margen más amplio que el propuesto por el PSOE y Ciudadanos antes de convocar elecciones en Cataluña. Reconoce que los comicios se deben celebrar cuanto antes, pero una vez recuperada la normalidad constitucional y el orden. Frente a la pretensión de socialistas y riveristas de sacar las urnas en enero próximo, el presidente del Gobierno se reserva durante 6 meses la facultad de disolver la cámara catalana, desde que el Senado autorice la intervención de la Generalitat la semana próxima, hasta finales del mes de abril. Si el jefe del Ejecutivo apura el plazo, los comicios quedarían para junio por los 54 días que fija la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

Aquí un fragmento interesante de Jorge Sáinz en la web madrileña El Español:

"(...) Un alto cargo del Gobierno admitía esta semana en una cena que de todos los escenarios que se planteó Moncloa en Cataluña, se ha llegado al peor posible. La confesión demuestra las pocas ganas que tenía Mariano Rajoy de recurrir al 155 y la falta de previsión en el entorno del presidente. Tanto la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría como, sobre todo, el jefe de Gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, subestimaron la determinación de Carles Puigdemont de llevar la independencia hasta sus últimas consecuencias. Sáenz de Santamaría y Moragas creyeron que la antigua Convergència acabaría haciendo descarrilar el proceso y trataron de quebrar la unidad separatista alimentando el ego de Oriol Junqueras. Se equivocaron. En Moncloa han llegado a echar de menos a Artur Mas.

El acuerdo del Consejo de Ministros que despliega el artículo 155 de la Constitución vacía de contenido la autonomía catalana durante seis meses y traspasa el ejercicio de sus competencias a Madrid. El Gobierno ha solicitado al Senado que, al amparo del 155, le autorice a cesar a Puigdemont y todo el Govern. La propuesta, que el pleno de la Cámara Alta votará el próximo viernes, delega las funciones de la Generalitat "en los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Nación".

Rajoy se ha comprometido a convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses. Es decir, la intervención se puede prolongar casi un año, porque hay otros dos meses desde la disolución del Parlament hasta la fecha de las urnas y otros tantos quizá para la formación de un nuevo Gobierno. El impacto de las medidas deja la legislatura nacional herida de muerte y acerca unas elecciones anticipadas prácticamente constituyentes que, tal y como ha informado este diario, podrían incluso coincidir con las catalanas en la primavera del 2018.

El posible adelanto electoral no es sólo consecuencia de la debilidad parlamentaria del PP, sino también del riesgo de fractura entre el PSOE y el PSC (N. de la R.: Partido Socialista Catalán). La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Nuria Parlón, ha dimitido de la Ejecutiva federal del PSOE por su desacuerdo con el 155. Otros alcaldes del PSC han expresado públicamente su rechazo a esta medida. Si la intervención de la autonomía catalana se prolonga en el tiempo, algo que no descarta el Gobierno, le va a ser muy difícil al secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, mantener el apoyo de su partido a Rajoy. (...)".