ANTICIPAN PRESENTACIONES JUDICIALES
¿Regresión o humo? Leyes de Migraciones cambiadas por decreto
A puro decretazo arrancó Mauricio Macri este 2017. En ese marco es que busca cambiar por decreto las leyes de Migraciones, prohibido constitucionalmente. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue de los primeros en enceder la alerta: "regulará sobre materia prohibida para legislar por DNU y sin los requisitos exigidos", afirmó. Este 31 de enero finaliza la feria judicial y no es difícil anticipar que habrá más de una presentación en contra de este avance.
27 de enero de 2017 - 13:05
Más de 130 organizaciones de migrantes, de derechos humanos, sociales, eclesiásticas y académicas encendieron la alerta esta semana ante la decisión del Gobierno de Mauricio Macri de modificar a través de un decreto la legislación sobre política migratoria en la Argentina.
Los organismos manifestaron que el hecho de que la reforma sea aprobada a través de un decreto implica, además, "un avance sobre las facultades del Congreso" y "agrava la situación de falta de participación en las discusiones vinculadas a una política migratoria basada en derechos humanos".
El CELS ya había advertido a fines de la semana pasada que el DNU que Macri tenía preparado para modificar las leyes de migraciones y de nacionalidad es "una regresión para los derechos de las personas migrantes".
"Nos preocupa que las propuestas de reforma presentadas asocien la migración al delito, instalando un falso problema que desplaza un real debate sobre cómo abordar problemas de seguridad y violencia en un mundo globalizado", remarcaron las más de 130 entidades que le pidieron una reunión al jefe de Gabinete, Marcos Peña, según informó el diario 'Página/12'.
En la carta reiteraron que es falso que sea significante la participación de personas migrantes en el total de delitos que se cometen en el país y reiteraron que menos del 6% de la población carcelaria es extranjera, mientras la conformación de la población extranjera en la Argentina es del 4,5%. Advirtieron que el discurso de varios funcionarios del Gobierno que vincula irresponsablemente inmigración con delito puede "habilitar episodios de xenofobia y violencia hacia las personas migrantes".
Esta semana, Patricia Bullrich explicó que el gobierno busca modificar la Ley de Migraciones y así endurecer los controles en los accesos al país de los extranjeros con antecedentes penales y también introducir un trámite exprés para la expulsión de aquellos que comentan delitos.
Luego Bullrich continuó explicando la implementación de estos controles es algo "simple". "Aquel que tenga antecedentes de delitos federales, como trata, narcotráfico, no va a poder entrar, y toda persona extranjera que comenta un delito tendrá un trámite rápido de expulsión. Es decir, cuando una persona quiera pedir una residencia temporaria o permanente lo tiene que hacer con un certificado de antecedentes, si en ese certificado hay antecedentes no se la va a recibir".
Para la funcionaria es necesario "ordenar las relaciones con Paraguay, Bolivia y Perú" porque -señaló- el 33% de los presos por narcotráfico son extranjeros. Además, indicó en un programa radial: "La concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación en nuestro país".
En este sentido, Bullrich afirmó que al país "vienen ciudadanos paraguayos y peruanos, que se terminan matando por el control de la droga", al tiempo que reconoció que, a pesar de las medidas que se están analizando "habrá una parte que se nos va a escapar".
El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, al presentar el sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API), en aerolíneas y cruceros, afirmó sobre la reforma a la Ley de Migraciones que el Gobierno planea sacar por decreto, esperar a "que sea publicado el Decreto".
En 2014, a propósito del proyecto de la entonces presidente Cristina Fernández para reformar el Código Procesal Penal, que permitía la expulsión de extranjeros detenidos en flagrancia de un delito, Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del CELS, explicaba al diario 'La Nación': "Esto entra en contradicción con la ley de migraciones que, si bien permite la expulsión de migrantes con antecedentes penales, considera que estos antecedentes tienen que ser una condena firme, una condena que está siendo revisada o un procesamiento firme. No es una simple imputación".
Mario Wainfeld, en 'Página/12', se lo recordó el 6 de noviembre pasado a Miguel Angel Pichetto, a quien calificó de "xenófobo explícito":
"El contexto oprobioso maximiza la gravedad de los dichos de Pichetto, huérfanas de sustento numérico o fáctico. Las estadísticas comprueban que la cantidad de migrantes condenados o encarcelados antes de serlo supera apenas su porcentaje en la población general. Y es un hecho que los prejuicios de rudimentarios e iletrados miembros de las fuerzas de seguridad se ensañan con ellos tanto como el elegante y perfumado senador".
En un informe elaborado por el Cels y la Universidad de Lanús, también se recuerda que "la permanencia de una persona en Argentina, está limitada por el impedimento previsto en el inc. C del artículo 29 de la ley. —“haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más”. En estos supuestos la autoridad migratoria resuelve siempre librar una orden de expulsión contra la persona condenada, sin hacer ninguna consideración previa sobre la situación familiar o las condiciones de la persona."
En un gráfico 'Página/12' mostró algunas de las modificiones sobre las que pretende avanzar el Gobierno con un simple decreto, que finalmente no sería más que puro humo...
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