El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el líder de la guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño, firmaron un nuevo acuerdo de paz en Bogotá, revisado pero que excluye cambios demandados por la oposición política, luego de que el pacto original fue rechazado en un plebiscito.
ESPERANDO QUE NO FRACASE
Hay nuevo acuerdo de paz entre Santos y las Farc
"Este pueblo está harto de la violencia", dijo el líder de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), alias 'Timoleón Jiménez', desde las tablas del Teatro Colón en Bogotá. Ese hartazgo ha movido la rúbrica de un segundo acuerdo de paz. Para el presidente colombiano Juan Manuel Santos, lograr el fin de la guerra es una materia pendiente. Pese a haber ganado el premio Nobel de la Paz, el mandatario casi pierde -con la derrota del Sí en el plebiscito de octubre- el largo camino de negociaciones emprendidas hace cuatro años en La Habana, Cuba: "Había empezado a desmoronarse el cese al fuego, no podíamos dilatar un momento más la implementación", sostuvo. Pero no todos están contentos. Aunque el gobierno de Santos aseguró que había incorporado buena parte de las propuestas hechas por los sectores que votaron por el "no" en el plebiscito, sus adversarios políticos consideraron que el nuevo pacto sólo está "maquillado".
La sobria ceremonia, que se desarrolló en un teatro de Bogotá en medio aplausos y gritos de "sí se pudo", marca el inicio de la cuenta regresiva para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dejen las armas en seis meses y sus 7.000 combatientes formen un partido político para acabar el conflicto que dejó 220.000 muertos y millones de desplazados.
El acuerdo fue enviado al Congreso para su refrendación en el curso de la próxima semana.
"Quiero invitarlos a que, con la mente y el corazón abiertos, le demos la oportunidad a la paz", dijo Santos después de firmar el nuevo acuerdo con un bolígrafo hecho de una bala.
"Quiero invitarlos a (...) trabajar juntos por la reconciliación, alrededor de ideales compartidos de paz, de convivencia, y de respeto", agregó.
Después de cuatro años de negociaciones en Cuba, Santos y Londoño, alias "Timochenko", sellaron un acuerdo en septiembre, pero el pacto fue rechazado en octubre por los colombianos en una consulta, obligando al Gobierno a hablar con la oposición y a volver a la mesa con la guerrilla para hacer ajustes.
Pero las modificaciones no atendieron los dos principales reclamos de la oposición liderada por el ex presidente Álvaro Uribe: que los jefes de la guerrilla paguen con cárcel por sus delitos y que no puedan postulares a cargos de elección popular.
Luego de romper el diálogo con el Gobierno, la oposición anunció marchas y criticó la decisión de refrendar el pacto en el Congreso, donde el partido de Uribe es minoría. Por eso no descartó convocar a un plebiscito para sepultar el acuerdo.
Llamado a la unidad
Londoño invitó a todas las fuerzas políticas a unirse alrededor de la paz.
"Nadie debe quedarse por fuera. Con este acuerdo no se deponen posiciones ideológicas, políticas o de conciencia, solo ponemos fin de manera definitiva a la guerra para confrontar civilizadamente las contradicciones", aseguró Timochenko quien de nuevo pidió perdón a las víctimas del conflicto.
"Creemos indispensable, que para el bien del país, la palabra sea la única arma que nos permitamos usar los colombianos", agregó el jefe máximo de las FARC.
Pero el pacto ha dividido a la nación de casi 49 millones de habitantes, una sociedad conservadora donde todavía está arraigado el rechazo a la guerrilla por su pasado criminal y donde muchos aún no están dispuestos a perdonar.
Santos, ganador del Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para acabar el conflicto armado interno, no solo tiene mayoría en el Congreso para lograr la aprobación del acuerdo, sino también para pasar los proyectos de ley necesarios para implementarlo.
El acuerdo incluye complejos temas como el acceso a la tierra para los campesinos pobres, lucha contra el narcotráfico, administración de justicia, compensación a las víctimas, desminado, la implementación de los pactos y un cese bilateral y definitivo al fuego supervisado por la ONU.
A pesar de todo, la firma del acuerdo con las FARC no garantiza el fin de la violencia en Colombia. Las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional están estancadas, mientras el Gobierno combate a bandas dedicadas al narcotráfico integradas por ex paramilitares de ultraderecha.
El Gobierno estima que el acuerdo de paz impulsará la desacelerada economía del país productor de petróleo, carbón y café para lograr un crecimiento adicional anual de hasta dos puntos porcentuales en el PIB, que el año pasado se expandió un 3,1%.
Puntos clave
Entre los principales puntos modificados en el nuevo acuerdo están los vinculados a la reparación de las víctimas, puesto que las Farc estarán obligadas a entregar y reportar todos sus bienes para compensar materialmente a los afectados del conflicto, así como a entregar toda la información vinculada a actividades ilícitas como el narcotráfico.
Este nuevo acuerdo, al que Santos calificó de "mejor", tampoco será parte de la Constitución, y la llamada Jurisdicción Especial de Paz sólo funcionará por un lapso de 10 años y los jueces de los tribunales de paz serán colombianos, no extranjeros, y tendrán idénticas atribuciones a los magistrados de las cortes, precisa Telesur.
El documento también detalla los términos de la llamada "restricción efectiva de libertad", que es una especie de pena alternativa a la prisión, que se cumplirá en un espacio no mayor a una cuadra o vereda. De igual forma, se establecen mecanismos -tras la presión de los sectores empresariales- para evitar la "presión fiscal" mientras se implementan las medidas del posconflicto. Según estimaciones hechas a principios de este año, la primera década después de la firma de la paz podría costarle a Colombia unos 90 billones de pesos.
Farc a la política
El financiamiento a la guerrilla para su incorporación a la política se redujo en 30%. Los miembros del grupo insurgente podrán optar a cargos públicos, lo que fue rechazado de plano por el sector opositor. La demanda del uribismo era impedir que los miembros de las FARC participaran en las arenas democráticas.
Hoy, Santos insistió en la necesidad de avanzar en el desarme de las FARC y su siguiente incorporación a la política. De acuerdo a lo pactado, la dejación de armas ocurrirá noventa días después del denominado "Día D" y en los 150 días posteriores, el arsenal "estará en manos de Naciones Unidas".
"Las Farc como grupo armado habrá dejado de existir", expresó el mandatario frente a un auditorio colmado por políticos, dirigentes sociales y organizaciones estudiantiles. "Demostremos cómo en un mundo polarizado, nosotros (los colombianos) podemos poner al país por encima de los intereses políticos", agregó el Jefe de Estado.







