¿Y AHORA CÓMO SE REFRENDA?

10 precisiones del nuevo acuerdo de paz entre Colombia y las Farc

El Gobierno de Colombia y la guerrilla Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) firmaron un nuevo acuerdo de paz después de varias semanas de discusiones en Cuba para ajustar el pacto inicial que fue rechazado en un plebiscito, un nuevo intento para acabar con el conflicto armado interno más antiguo de América Latina. Los cambios permitirán implementar los acuerdos para que unos 7.000 combatientes de las Farc dejen las armas y conformen un partido político, luego de 52 años de violentos enfrentamientos que han dejado unos 220.000 muertos y millones de desplazados. El "Nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera" fue firmado por los jefes de los equipos negociadores, Humberto de La Calle, en representación del Gobierno, e Iván Márquez por las Farc, en presencia de los países garantes Cuba y Noruega. De la Calle admitió que el contenido del nuevo acuerdo, que no será incorporado a la Constitución, mejora el que fue rechazado por los colombianos y hace precisiones específicas sobre justicia y la restricción de la libertad para los integrantes de la guerrilla.

Horas después que los negociadores del Gobierno y las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) anunciaran en La Habana (Cuba) el nuevo acuerdo del acuerdo de paz, tras 41 días de incertidumbre por la victoria del No en el plebiscito, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que se recibieron 500 propuestas para modificar el antiguo pacto firmado en Cartagena el 26/09.

Todas las iniciativas se agruparon en 57 temas para ser discutidas en Cuba con las Farc. En 56 de las temáticas abordadas se hicieron ajustes y cambios, pero en 1 no hubo modificaciones y tiene que ver con la participación política de las Farc.

“Un punto que reclamaban muchos de los del No era que los jefes guerrilleros no pudieran ser elegidos. Yo entiendo que este es el sentir de muchos ciudadanos. En la mesa de La Habana los negociadores del gobierno insistieron mucho en ese punto para responder a esa preocupación. Tengo que decirlo con franqueza. Aquí no se logró avanzar”, afirmó Santos.

Es decir, en las elecciones de 2018 y 2022 se les garantizarán a las Farc en el Senado y en la Cámara 5 curules, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias. Pero ellos ingresarán a las listas de candidatos tal como los demás partidos.

Con una lógica que Urgente24 comparte, el mandatario colombiano explicó que la razón de ser de todos los procesos de paz en el mundo es que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad: “Este proceso con las Farc no es una excepción, ni puede serlo. Las Farc tienen un origen político y su intención hacia el futuro es poder hacer política sin armas”, agregó Santos. Y agregó que los guerrilleros no tendrán curules a dedo, pero sí podrán ser elegidos.

Santos fue enfático en decir que los miembros del nuevo movimiento político que surja tras la desmovilización de las Farc no podrán competir por las 16 curules en la Cámara de Representantes, concedidos por una circunscripción especial para la paz por 2 periodos electorales.

Es muy lógico el razonamiento del Nobel de la Paz: son para los ciudadanos en zonas afectadas por el conflicto armado. Los candidatos y candidatas deberán ser personas que habiten regularmente en estos territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y estén en proceso de retorno. Serán elegidos por los ciudadanos y ciudadanas de esos mismos territorios.

Los 10 cambios fundamentales

La web de la revista Semana, de Bogota, explica cuáles son las modificaciones importantes anunciadas al cumplirse 41 días del Plebiscito por la Paz (El gran interrogante es cómo será la refrendación del acuerdo):

1. Acuerdo de paz no entra completo al bloque de constitucionalidad:

Uno de los puntos más importantes es que se tomó la decisión de no insistir en que todo el Acuerdo de Paz sea consierado parte del bloque de constitucionalidad. El tema era importante para las FARC pues se buscaba que así se blindara lo pactado y se garantizará la seguridad jurídica. Quitar algunas partes de esta formula representa que la guerrilla cedió en algo.

Los voceros del No nunca estuvieron de acuerdo con sumar 297 páginas adicionales a la Constitución Política. Según Humberto de la Calle “el principio general de garantía de cumplimiento es el compromiso de que ambas partes cumplirán de buena fe lo pactado, y en lo que tiene que ver con el Estado, los principios que informan el Acuerdo serán parámetro de interpretación y guía de la aplicación normativa y práctica”.

El Presidente Santos explicó en su alocución que sólo quedarán los temas de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, “que ya de por si hacen parte de la Constitución”. Esto porque hoy los tratados internacionales sobre esta materia se entienden incorporados a la carta política por la vía también del bloque de constitucionalidad.

Limitar a esos temas esa figura tiene sentido además por otra que le gusta a la guerrilla: los acuerdos especiales del DIH. En este concepto solo podrían incluirse los temas relacionados con el fin de la guerra, lo cual sería compatible con lo que dispone el nuevo acuerdo.

Actualmente, la Corte Constitucional estudia demandas contra el Acto Legislativo para la Paz. Aunque el punto del bloque de constitucionalidad ya no sería necesario, sigue teniendo importancia el mecanismo del Fast Track para que la implementación del acuerdo pueda ser aprobada por vía rápida en el Congreso.

2. Corte Constitucional revisará tutela contra decisiones de la Jurisdicción

Aunque el nuevo acuerdo no acoge la fórmula planteada por el No de tumbar la Jurisdicción Especial para la Paz, sí integra la justicia transicional al sistema ordinario a través de la Corte Constitucional. En este sentido, establece que será este tribunal el encargado de resolver las acciones en contra de las decisiones de la JEP.

Es una fórmula que armoniza lo planteado por el No y por las altas cortes (Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado), ya que abre la posibilidad de que por vía de excepción de la tutela, la Corte Constitucional sea el tribunal de cierre total y definitivo.

El punto agrada a la Rama Judicial, pero puede generar problemas en la implementación de los acuerdos pues en Colombia por la vía de la tutelas importantes decisiones han dado un giro y en ese escenario es díficil garantizar la seguridad jurídica de quienes sean condenados o exonerados por la JEP. De ahí que la elección de los cinco nuevos magistrados de la Corte Constitucional sea muchísimo más relevante bajo este nuevo acuerdo. Esos nuevos magistrados tendrán en sus manos el proceso de paz.

3. Límites a la restricción de la libertad

Se precisaron de manera concreta las características y mecanismos de la restricción efectiva de la libertad. En este sentido, se establece que el Tribunal para la Paz debe fijar espacios concretos en donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena (que nunca serán más grandes que una Zona Veredal Transitoria de Normalización), los horarios en los que deben cumplir las sanciones restaurativas, el sitio de residencia durante la ejecución de la sanción.

También se deberá imponer el deber de solicitar autorización para salir de las zonas donde cumplan la sanción y señalar la periodicidad con la que el órgano de verificación debe reportar sobre el cumplimiento de la sanción. Se incluyó además que todo el tiempo que pasen en zonas veredales, incluyendo antes del funcionamiento la Jurisdicción de Paz, serán descontadas de la sanción siempre y cuando desarrollen actividades de reparación. Este es uno de los puntos que satisface con mayor precisión las pretensiones de los voceros del No. Ellos nunca pidieron cárcel propiamente, sino que exigían que las zonas donde estuvieran retenidos los guerrilleros fueran restringidas.

4. Conexidad del narcotráfico, en el marco de jurisprudencia de la Corte

Aunque este punto era considerado más un vacío que una diferencia sustancial, el acuerdo renegociado aclaró que la normatividad aplicable será la del Código Penal colombiano y que las normas procedimentales deberán ser incorporadas al ordenamiento legal. También se deja claro que alrededor de la convidad del narcotráfico con el delito político, se tendrá en cuenta caso a caso la jurisprudencia de las cortes colombianas. Al respecto, al Corte Suprema de Justicia ha dicho que existe esta conexidad, siempre y cuando la actividad del narcotráfico haya sido con el fin de financiar la guerra.

Sin embargo, eso no significa que la posición de la Corte Suprema no pueda cambiar. En el pasado, han existido profundas divisiones dentro de ese alto tribunal pues un grupo de magistrados era partidario de que el delito de narcotráfico sí fuera conexo a los delitos políticos.

5. Magistrados colombianos

El nuevo acuerdo elimina la posibilidad de que magistrados extranjeros integren la Jurisdicción Especial para la Paz, aunque acepta la presencia expertos extranjeros para que rindan conceptos sobre los casos que se tramiten. El Presidente Juan Manuel Santos anunció que la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá una duración de 10 años y solo podrá recibir solicitudes de investigación durante los dos primeros años.

"Otro tema que exigieron muchos de los del No era que no hubiera jueces extranjeros. Eso también se eliminó. Todos serán colombianos y tendrán las mismas calidades de los magistrados de nuestras cortes", dijo Santos en su intervención.

6. Curules no serán entregadas “a dedo”

El nuevo acuerdo establece que el partido político que se cree con la reincorporación de las FARC a la vida civil no podrá inscribir candidatos para que ocupen las 16 curules transitorias que vienen en el acuerdo de paz. Estas curules serán entregadas a las comunidades y víctimas afectadas por el conflicto.

También se eliminó la disposición que establecía que el partido de las FARC contara con el 30 por ciento de financiación, de manera que quedará en igualdad de condiciones con los demás partidos.En este mismo capítulo, quedó claro que la protesta social debe ser siempre pacífica, y que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de todos los ciudadanos.

7. Respeto a la libertad de culto y definición de enfoque de género

Ante los cuestionamientos de la iglesia, los cristianos y voceros del No, las FARC y el Gobierno definieron qué se entiende por enfoque de género: “Significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno.

"Supone reconocer que el conflicto ha impactado de manera diferenciada a la mujer y que, en consecuencia, se requieren acciones distintas y específicas para restablecer sus derechos”, dijo Santos. En esa precisión, el presidente no incluyó expresamente a la comunidad LGBTI, sin embargo, tampoco hizo alusión a nada que haga pensar que habrá un desmedro en sus derechos.

En ese sentido, se incluye un principio de respeto a la igualdad y no discriminación, que implica que toda persona tiene derecho a disfrutar de todos los derechos. En atención a los reclamos, el acuerdo indica que se respetará libertad de cultos, lo que significa el reconocimiento y respeto a la práctica de cualquier manifestación de religiosidad.

8. Listado de bienes de las FARC

Una de los temas espinosos es la entrega de bienes por parte de las FARC para la reparación de víctimas. Esto, en cuanto a que se desconoce la cantidad de dinero con el que cuenta este este grupo guerrillero para resarcir a los afectados por la guerra. Alrededor de este punto se establece que durante el término de la dejación de armas, las FARC presentarán un inventario de bienes y activos para destinarlos a la reparación material de las víctimas.

Este punto, ocasionó en el pasado un choque entre Jesús Santrich y el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien les pidió que registraran los bienes y les advirtió que la Fiscalía perseguiría con toda contundencia la fortuna de las FARC.

9. Terceros podrán ir a la Jurisdicción Especial para la Paz

Desde su primer pronunciamiento después de los resultados del Plebiscito, el expresidente Uribe pidió que se excluyera de la competencia de la Jurisdicción para la Paz a terceros. Sin embargo, el nuevo acuerdo reitera esta competencia para revisar conductas de financiación o colaboración con actores del conflicto en que hayan incurrido los terceros no combatientes que tuvieron una participación activa o determinante en los crímenes más graves.

Alrededor de este punto se establece que quienes contribuyen a las medidas de verdad y reparación, se les pueden aplicar beneficios como la renuncia de la acción penal u otro tipo de terminación anticipada del proceso. “Los que no sean responsables de crímenes graves tienen la posibilidad de obtener la terminación de los procesos que hoy los puedan afectar en la justicia ordinaria”, dijo el Presidente Santos. Además, anunció que las ONG no podrán actuar como fiscales y acusar: “Solo presentarán información que sea valorada y contrarrestada por los jueces y magistrados del tribunal”.

10. Comisión experta para revisar legislación agraria

Aunque el Presidente Santos indicó que la nueva legislación agraria no está incluida en el acuerdo de La Habana, se creará una comisión de expertos para que revise lo referente a este punto, dada la cantidad de inquietudes. Dejó claro que no se autorizarán nuevas Zonas de Reserva Campesina más allá de lo vigente y que nada de lo acordado afectará el derecho a la propiedad privada. También explicó que el catastro no modificará por sí mismo los avalúos de las tierras.

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