DETENIDO EL JEFE DE GUERREROS UNIDOS

Sacerdote dice que los estudiantes están muertos y que algunos fueron quemados vivos

Fin de semana agitado en el estado mexicano Guerrero. La tormenta tropical Trudy tocó tierra a 120 kilometros de Acapulco, Guerrero y a 45 kilómetros al suroeste de Tlapa. El ciclón sostiene vientos de 75 kilómetros por hora y rachas de hasta 95 kilómetros por hora. Precisamente en Guerrero no cesa el reclamo por la aparición de los estudiantes aún desaparecidos en la localidad Ayotzinapa, un tema que ya resulta un escándalo político que actualiza los temores de México como Estado fallido, y pone en jaque no sólo los esfuerzos del presidente Enrique Peña Nieto sino la viabilidad institucional.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El procurador general de México, Jesús Murrillo Karam, afirmó que la captura de Sidronio Casarrubias Salgado, presunto jefe máximo de Guerreros Unidos, abre “una nueva ruta para llegar a la verdad” en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El detenido negó haber ordenado la agresión contra los estudiantes, pero dijo que tampoco se opuso.
 
“Él dice que no, él dice que fue informado, que no lo ordenó, tampoco se opuso, lo reconoce en su declaración, pero no dice que lo hubiera ordenado, dice que fue una situación casual, y no les doy más datos porque afectaría la averiguación”, agregó el funcionario.
 
Murillo Karam se refirió a la importancia de la captura de Sidronio. “El propio Presidente de la República está al tanto permanentemente de cómo va la investigación, yo pienso que la detención que hoy tenemos es el principio de una nueva ruta de investigación que nos puede acercar mucho más pronto y más fácilmente a la verdad”.
 
Con base en labores de inteligencia, Casarrubias Salgado fue detenido —sin dispararse un solo tiro— junto con su principal operador en la carretera México-Toluca, zona en la que se desplazaba habitualmente. Según informes del gabinete de seguridad nacional, su grupo es una escisión del cártel de los Beltrán Leyva, de “notoria peligrosidad”, que opera en Guerrero, así como en el Estado de México y Morelos.
 
Casarrubias Salgado estuvo preso en usa y heredó el liderazgo de Guerreros Unidos luego de la captura de su hermano Mario, el 29 de abril pasado en Toluca por fuerzas armadas y federales. Sidronio continuó la oleada de violencia para controlar rutas de trasiego de droga y otros delitos.
 
En las instalaciones de la Seido fueron presentados policías de Iguala y de Cocula, presuntamente implicados en la desaparición de los normalistas; 25 fueron consignados al penal federal El Rincón, en Tepic, Nayarit.
 
A la fecha hay 36 policías municipales detenidos; 14 de municipio de Cocula y 22 de Iguala, así como 18 presuntos integrantes de Guerrero Unidos.
 
Por otra parte, el titular de la PGR (Procuración General de la República) aseguró que el sacerdote Alejandro Solalindees una persona respetable” a la que citará a declarar luego de que el clérigo sostuvo que los normalistas fueron quemados vivos.
 
Quemados vivos
 
El padre Alejandro Solalinde dijo que los estudiantes están muertos y que incluso algunos fueron quemados vivos, de acuerdo con el testimonio que recibió por parte de 2 personas.
 
Solalinde hizo esta declaración a la agencia rusa Nóvosti durante el XI Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, en la Universidad Iberoamericana de Puebla.
 
“Estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel. Eso se va a saber. Dicen que hasta les pusieron madera, algunos de ellos estaban vivos, otros muertos“, dijo el sacerdote de 69 años a la agencia de noticias Nóvosti.
 
La información revelada por Solalinde, premio Nacional de Derechos Humanos 2012 por su labor en defensa de los migrantes, está basada en testimonios de testigos. “La primera información directa la tuve el domingo pasado. La segunda la tuve ayer, en la Ciudad de México. Lo primero que supe es que hay testigos, pero tienen miedo de hablar, son testigos de los mismos policías”, detalló.
 
“El martes me buscaron otras personas, acerca de jóvenes que habían sido testigos del primero y del segundo ataque. Como vieron que algunos de los jóvenes estaban heridos, otros cayeron también. A los que cayeron se los llevaron, agentes del Estado, quienes los balearon, los atacaron como si fueran un ejército y no estudiantes pobres, de una normal rural”, dijo Solalinde a periodistas tras ofrecer una misa enfrente de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde  integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad velaron el 17 de octubre los restos de Margarita Santizo, madre del policía federal Esteban Morales Santizo, desaparecido desde 2009 en Michoacán.
 
El sacerdote dijo estar en contacto con los estudiantes que sobrevivieron en los hechos violentos del 26/09 en Iguala, Guerrero, cuando 43 normalistas desaparecieron, 6 murieron y al menos 20 resultaron heridos. De acuerdo con la versión de las autoridades, en la desaparición de los jóvenes participaron policías e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
 
¿Y el Ejército?
 
 
"Con el apoyo del Congreso, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se parapetó en la ingobernabilidad en Guerrero para mantenerse lejos del escrutinio público por la ejecución sumaria del Ejército en Tlatlaya, Estado de México.
 
El Congreso está contribuyendo a levantar una muralla más en torno del Ejército. Muy lejos de su papel de equilibrio de poderes –básico en una sociedad democrática–, los llamados representantes populares están dejando a “la buena fe” del Ministerio Público federal la investigación de esa matanza que exhibió a México ante el mundo como un país donde agentes del Estado cometen delitos de lesa humanidad.
 
La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional decidió, por motivos que sólo los partidos conocen, excluir al titular de la Sedena, general de división Salvador Cienfuegos, de la reunión que tuvieron el jueves 15 con integrantes del gabinete de seguridad del Ejecutivo federal.
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Asistieron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio; el procurador Jesús Murillo Karam: el comisionado nacional de Seguridad, Alejandro Monte Rubido, y el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Ímaz. No acudió el alto mando del Ejército, como si nada tuviera que ver con la crisis de gobernabilidad en México.
 
En sus nueve años de existencia, la Comisión Bicameral ha demostrado ser absolutamente marginal, intrascendente. Ha sido, acaso, testimonial. Se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en agosto de 2005 a finales del gobierno de Vicente Fox.
 
De entonces a la fecha, en el país han ido creciendo las amenazas a la seguridad nacional, haciendo cada vez más difícil las condiciones de vida para el Estado mexicano, sus ciudadanos y su desarrollo político.
 
El Estado ha ido perdiendo control territorial a manos de una delincuencia organizada que en Iguala, Guerrero, mostró su real dimensión: el control de los municipios, como base de la organización política y administrativa del país.
 
Munícipes y síndicos han pasado de protectores a integrantes de las organizaciones delictivas, dejando que la cosa pública quede en manos de esos grupos.
 
Las consecuencias han sido catastróficas para la población, como lo demuestran Iguala y Tlatlaya, donde agentes del Estado y sus asociados dedicados al exterminio actuaron para controlar a opositores políticos o presuntos rivales en sus actividades delictivas.
 
Pero para el Congreso esos dos casos merecen un tratamiento distinto, por separado, a pesar de tratarse en ambos de violencia institucional, sólo que en Iguala fue con el apoyo de privados.
 
Por el caso Iguala se discute la eventual desaparición de poderes en Guerrero. Por Tlatlaya, nada. No se atreve a llamar a cuentas al Ejército, dejando que la PGR construya una “verdad jurídica” de la matanza de civiles.
 
Por más delincuentes que pudieran haber sido las víctimas, como lo relató la reportera Jesusa Cervantes en la edición del semanario Proceso que circula esta semana, el Estado mexicano no puede dar una respuesta criminal.
 
Frente a las Fuerzas Armadas, los congresistas mexicanos abdican. Renuncian a su soberanía como Poder del Estado. En el extremo, ni las mínimas formas democráticas respetan cuando van al despacho del general secretario en turno como parte de “la glosa” de los informes de gobierno. Una vergüenza para la rendición de cuentas y el equilibrio de poderes.
 
El Ejército tiene así todo el espacio para actuar como orden sin que sus mandos tengan que responder a nadie. Sólo así se entiende que hasta ahora sólo tres soldados “desobedientes” de las reglas militares y un sargento que los encubrió estén ahora indiciados como responsables de la matanza.
 
Sin escrutinio alguno, el Ejército ha decidido quitar del mando de la 22ª Zona Militar, a la que pertenece el 102 Batallón de Infantería, al general José Luis Sánchez León, a quien sólo por trascendidos periodísticos se le señala como parte de las investigaciones. Fuentes oficiosas dicen que el general fue enviado al Estado Mayor de la Sedena, en la Quinta Región Militar, en Jalisco.
 
Mucho menos se sabe del coronel al mando del batallón, de quien dependían directamente los señalados como responsables de los homicidios.
 
De la manera en que se cierre el expediente de Tlatlaya y su eventual falta de esclarecimiento será también responsable el ausente Congreso mexicano."

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