PAQUETE TRIBUTARIO DE EMERGENCIA

Macri con solución De la Sota (que tendrá que pilotear Ritondo)

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recibirá de la Nación el tren subterráneo pero no los recursos que mantienen el servicio ($ 30 millones por mes). Por lo tanto, tiene que generarlos. O aumenta más la tarifa y grava a los usuarios exclusivamente, o aumenta otras formas de tributación y así 'socializa' la mayor presión. Ha decidido ésta opción, algo que parece más lógico que presionar solamente con la tarifa. Pero habrá que 'bancarlo' en la Legislatura. Para eso confía en su negociador en jefe, Cristian Ritondo.

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Tal como ya es un clásico de la Administración Macri, los 'impuestazos' son preparados por el ministro de Economía, Néstor Grindetti; redactados en proyectos que realiza Horacio Rodríguez Larreta, y defendidos y negociados en la Legislatura porteña por Cristian Ritondo.
 
En ésta ocasión, el proyecto que el gobierno porteño presentará en la Legislatura el martes 27/11, incluye un aumento de +$ 0,40 promedio por litro del combustible (naftas súper, común, gasoil y GNC con un impuesto menor), +5% a la patente para los autos de alta gama (más de $ 150.000) y +10% los peajes que cobra Ausa (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima). 
 
Para un tanque llenado con nafta premium, $22 adicionales.
 
Para la nafta super serían $ 0,30 por litro y para gasoil $ 0,20.
 
Los peajes de la Perito Moreno y 25 de Mayo –entre $ 8 y $ 10– se irían a $9 y $ 11, en las horas pico.
 
Luego, declara que el tren subterranéo es un servicio público (se apunta a restringir las huelgas) que estará en emergencia por 5 años, le recorta la concesión a Metrovías (Aldo Roggio) y no acepta las 33 líneas de ómnibus, que también le intentaba pasar la Nación.
 
En la Legislatura porteña, el legislador Martín Ocampo visitó la sala de periodistas, para anunciar que Macri insistirá en reclamar por vía administrativa o judicial al Ejecutivo nacional "US$ 1.200 millones para infraestructura y $ 500 millones de los subsidios. Si aparecen los recursos, no habrá necesidad de aumentos" impositivos.
 
"Esto no es una aceptación de competencias, lo que estamos haciendo es reasumir el control del servicio, hacernos cargo. Nosotros estamos trabajando en el Ente Tripartito de Transporte y es éste el que debe regular el transporte de colectivos", agregó.
 
Por eso, la ley prevé la constitución de un fondo fiduciario que se integrará con los ingresos tributarios nuevos "por si la Nación no cumple con la entrega de recursos". 
    
Es una solución similar a la que propició el gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, cuando llegó a la conclusión de que la Nación no le transferiría recursos que precisaba para concluir obras viales.
 
Con el producido del 'impuestazo', Macri podrá mantener por el momento la tarifa del tren subterráneo en $ 2,5, ya que la aumentó durante las horas que estuvo a cargo del servicio, antes de transferirlo a la Nación, que ahora se lo vuelve a ceder.
 
Es de suponer que luego de una transición de 90 días, Macri buscará otro concesionario. Metrovías ha sido un fracaso y es acusado por los sindicatos de no haber realizado las inversiones imprescindibles, ni siquiera aquellas que la Nación habría girado los recursos.
 
Hay otra opción: que la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) se haga cargo del servicio. Al fin de cuentas Sbase (Juan Pablo Piccardo) será quien durante el período de emergencia (5 años), tendrá las facultades especiales para administrar. 
 
En forma inmediata sí se le quitará al Grupo Roggio la explotación de la publicidad dentro de los vagones, la seguridad y los locales de las estaciones, y el control del tendido de fibra óptica que el holding maneja a través de la empresa Metrotel.
 
Por otro lado, como el contrato que Roggio tiene con Nación también está unido al contrato de concesión del ferrocarril Urquiza, el gobierno porteño revisará en estos 90 días cuánto es el monto que recibe en calidad de subsidio por esa línea de tren. 
 
El proyecto de ley incluye una autorización al gobierno de Macri para reasignar partidas –los llamados “superpoderes”– en función de lo que necesite para financiar los subsidios del tren subterráneo.
 
Quien deberá negociar el proyecto y defenderlo en el recinto legislativo es Cristian Ritondo, tal como ocurre habitualmente en la Administración Macri.
 
Pero Ritondo no puede quejarse: gracias a ese empeño es que ha crecido en la política, aún más allá del PRO.
 
Precisamente, mientras Rodríguez Larreta trabajaba en el proyecto, Ritondo visitaba al gobernador de la Provincia de San Luis, Claudio Poggi, a quien le manifestó su preocupación por la falta de debate sobre la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, sancionada en 1988. 
 
"El sistema de coparticipación derivó con el paso de los años en una concentración del centralismo en materia fiscal. El criterio solidario de aportar una mayor proporción de fondos a los distritos rezagados parece no existir en la agenda de la Presidente de la Nación, Cristina Fernández y menos aún con los las provincias que tienen un color político distinto al Gobierno nacional como es el caso de San Luis, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", le dijo Ritondo, acompañado por el diputado Jorge Garayalde (PRO), y la diputada nacional por San Luis, Ivana Bianchi (Frente Peronista), en el marco del  7mo Congreso de Jóvenes descendientes de Españoles, en la ciudad de San Luis.
 
“Nosotros sabemos que hay discriminación y que hay fondos discrecionales, y por supuesto que la Ciudad de Buenos Aires no recibió estos fondos y, sin embargo, no estamos endeudados. Nosotros hemos administrado los muchos o poco recursos que nos ingresaron con muchísima responsabilidad .Acá la Nación tiene que auxiliar a todos los gobernadores por igual, esten o no endeudados y sean del partido que sean", dijo Garayalde.
 
Ritondo aprovecho la oportunidad para volver a reclamar la Coparticipación del 100 % Impuesto a los Créditos y débitos  más conocido como impuesto al Cheque. "Hoy el conjunto de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reciben sólo el 14,98 % de la recaudación del impuesto, dejando de percibir de acuerdo a los proyecciones del 2012 más de $ 15.000 millones. Según la distribución primaria entre Nación y Provincias  la ley establece que corresponde a la Nación 42.34% y 54.66% a las Provicias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".