Severo, de estafador y golpeador a 'secuestrado K'

Recordamos el 05/10 (ver notas relacionadas) que en el pasado hubo secuestros con intencionalidad política y que sucedió que se cometieran delitos con el objetivo de modificar la agenda de la opinión pública.

También dijimos que se ha utilizado a gente, alguna honesta y otra no tanto, para victimizar a un/una Presidente. A la luz de nueva información sobre Severo, pareciera tratarse de la segunda opción.

Y concluíamos que quizás por la misma razón fue necesario el sospechoso episodio del testigo del caso Ferreyra.

Un primer aporte para conocer lo que hay detrás del caso Severo fue la nota de Christian Sanz -un veterano del caso Jorge Julio López-, en la web Tribuna de Periodistas de la que reproducimos algunos extractos sobre el secuestrado:

El hombre supo ser directivo de la firma Ferrobaires y, según fuentes cercanas a él, tenía que brindar un testimonio “súper esclarecedor” en el marco del expediente referido. Nada nuevo en realidad, ya que había dado esa misma manifestación en el año 2010, en la instrucción de la misma causa judicial. Tampoco era clave lo que pudiera decir, ya que solamente apuntaba a un directivo de Ferrobaires y no a la muerte de Ferreyra en sí.

¿Por qué alguien decidiría secuestrar a Severo, siendo que no se trataba del testigo más relevante del expediente Ferreyra? ¿Cuál sería la utilidad siendo que ya había declarado todo lo que sabía, lo cual consta en la causa judicial de marras?

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Nadie se explica, por caso, cómo es que Severo no pidió protección personal siendo que lo venían amenazando durante los últimos tres días, de acuerdo a lo asegurado por su hijo. El propio ministro de Justicia, Julio Alak, admitió que nunca solicitó el ferroviario la inclusión al programa de protección de testigos. En tal sentido, ¿por qué el abogado del PO, Gabriel Solano, aseguró que no le constaba que Severo sufriera amenazas personales?

El mismo dirigente, uno de los principales actores en el expediente Ferreyra, aseguró desconocer —al igual que otros referentes del PO— mayores detalles sobre el supuesto secuestrado. Ciertamente, su declaración es atípica, ya que Severo es el único testigo que no estuvo en la marcha donde murió Ferreyra.

Su testimonio, hay que decirlo, es curioso por demás, ya que se dio a la par de la acusación oficial contra un ex funcionario del duhaldismo llamado Alberto Trezza, un oscuro empresario vinculado en su momento a Ferrobaires.

La cronología de lo ocurrido es revelador y debe prestarse atención a ella: un día después del asesinato de Mariano Ferreyra, el 21 de octubre de 2010, cuando aún no existían elementos para acusar a nadie en particular, el polémico Luis D'Elía aseguró que el grupo que mató al manifestante del PO había sido liderado “por un ex funcionario de Duhalde al que un ex directivo de trenes también vinculó con las patotas armadas". Hablaba de Trezza.

Acto seguido, apareció Severo en el oficialista canal CN23 para decir exactamente lo mismo. "Alberto Trezza encabezaba con Eduardo Duhalde la Unión Ferroviaria", aseguró en esas horas, relacionando al ex presidente en el mismo hecho, algo que aún hoy no consta en el expediente.

Entonces agregó un dato crucial: Trezza no solo estaba relacionado con la muerte de Ferreyra y encabezaba "las patotas armadas de la Unión Ferroviaria", sino que también había baleado su casa. Lo insólito es que esto último ocurrió al mismo tiempo que asesinaban al activista del PO. ¿Cómo es posible que los que atentaron contra Severo lo hicieran antes de que él los denunciara?

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Cuando le preguntaron si conocía a sus agresores, se excusó: "Estos muchachos se equivocaron porque pensaron que íbamos a dar sus nombres. Nosotros vamos a ir a dar los nombres si nos cita la Presidenta o al gobernador Daniel Scioli”, aclaró. Hasta el día de hoy, no ha mencionado a uno solo de ellos.

Este lunes (15/10) el diario Hoy revela el frondoso prontuario de Severo:

El testigo en la causa por el crimen de Ferreyra, que forma parte del kirchnerismo y que dice haber sido raptado, está imputado en numerosas denuncias penales. Y pidió varias probations para suspender juicios y evitar ser condenado.    

Es más, utilizando la figura de Severo, el kirchnerismo busca desligarse de su responsabilidad política por el crimen de Ferreyra, cuando los principales acusados son integrantes de una patota que respondía a las órdenes del titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, que siempre mantuvo -y mantiene- una fuerte vinculación política con el mundo K. No por casualidad es uno de los gremios que forman parte de la denominada CGT Balcarce, que lidera el metalúrgico Antonio Caló.

Si bien aún siguen siendo muy confusas las causas del supuesto secuestro, lo más grave es lo que calla el Gobierno nacional. La administración K no hizo la más mínima mención sobre el extenso prontuario judicial de Severo cuando, según pudo saber este diario, a partir de inobjetable documentación judicial, está involucrado en graves delitos penales. Y hasta pidió varias probations para evitar ir a juicio oral y ser condenado a prisión. Algunos detalles de las causas son los siguientes:

- Está imputado en el marco de la causa n° 51.660/09, en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 47, Secretaría n° 136, en orden al delito de estafas reiteradas. Más de veinte empleados de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial declararon que Severo les habría retenido las tarjetas de débito, necesarias para el cobro de sus haberes, obligándolos a firmar recibos de sueldo por montos muy superiores a los que les entregaba en mano bajo amenaza de dejarlos sin empleo si no accedían a ello. Se constató, mediante un cruce realizado sobre la base de la información bancaria, que existen sendas coincidencias en el horario y montos de extracciones en cajeros automáticos. En la actualidad esta causa se encuentra en plena etapa de investigación.

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- Otra causa, que lleva el n° 07-02-014768-11, en trámite por ante la Fiscalía n° 4 de Avellaneda, un testigo de identidad reservada dio mayores precisiones respecto de la maniobra realizada con las tarjetas de débito que les retenía a los empleados ferroviarios. Agregó que a algunos de ellos los tenía trabajando en su domicilio particular y en una construcción sita sobre la calle O’Higgings n° 870 de la localidad de Sarandí, en la cual hizo cinco departamentos, un garage y un local comercial, cuyos planos logró aprobar municipalmente gracias a un contacto dentro del municipio, ya que no cumplía con los requisitos de la obra. Destacó también que gran parte de su patrimonio se encuentra a nombre de aproximadamente cinco “fideicomisos”, todos con presuntos testaferros; siendo que para la construcción de mención Severo se había apropiado, entre otras cosas, de máquinas que pertenecían a la empresa ferroviaria para la cual trabajaba, tales como grupo electrógeno, hidrolavadoras, cables, etc.

- Severo fue procesado y elevado a juicio oral en el marco de la causa nº 2557, en trámite por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nacional nº 11 en orden al delito de “robo agravado por ser en poblado y en banda”, por haberse entendido que existían elementos de cargo suficientes como para considerarlo “probable autor penalmente responsable del hecho acaecido el día 14 de septiembre de 2002”. Ese día el testigo del caso Ferreyra, junto con un grupo de 18 personas, ingresaron al hall central de Plaza Constitución. Y desmantelaron el cerco perimetral de un obrador perteneciente a la empresa Construcciones Civiles Management. Luego procedieron a retirar diversos elementos, materiales y herramientas de construcción para depositarlos en un galpón detrás de la estación. Utilizaron para ello, tanto Severo como las personas que lo acompañaban (quienes aparentaban encontrarse bajo su mando), amenazas a varios de los empleados y directivos de la firma damnificada.  Por este hecho, Severo solicitó la suspensión del juicio a prueba (probation) por el término de un año, ofreciendo como reparación para la empresa damnificada la suma de $ 20.000, pagaderos en cuatro cuotas mensuales y consecutivas de $ 5.000 cada una.

- Fue procesado y elevado a juicio oral junto con su hijo, de nombre Gastón Saúl, en el marco de la causa n° 12.335 de trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 2, Secretaría n° 58. En febrero de 2007, en el interior del hall de Plaza Constitución, en ocasión en que un empleado ferroviario se encontraba con un grupo de compañeros celebrando la decisión del Estado nacional de intervenir la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, cuando se le aproximó Severo junto con su hijo, Gastón Saúl, y un grupo de sujetos no individualizados, manifestándole: “A vos te vamos a romper todo...”. Luego procedió inmediatamente a propinarle varios golpes con una barra de hierro de 50 cm de longitud aproximadamente, haciendo lo propio su hijo con otra barra de hierro, en la cabeza, espalda y mano izquierda. El agredido terminó en el hospital Argerich. Por este hecho, Severo y su hijo cumplieron una probation por el término de un año, comprometiéndose a colaborar con la asociación Cáritas.

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- Está imputado y elevado a juicio oral en una causa por “amenazas coactivas agravadas por el uso de armas, abuso de arma, lesiones recíprocas y daño”, a partir de incidentes ocurridos el 19 de agosto de 2009, en el playón del estacionamiento de Plaza Constitución, y el 26 de octubre del mismo año ocurrido en el 4° piso de las oficinas de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial. Actualmente Severo está cumpliendo una nueva probation en esta causa.

- También estuvo imputado en la causa n° 3279, en trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal nº 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en orden al delito de “provisión de arma de fuego a quien no acreditare la calidad de legítimo usuario, agravado por la habitualidad”.

Según el expediente, entre los días 4 de febrero y 14 de marzo del año 2006, en el predio denominado Kilómetro 4 de la localidad de Gerli, partido de Avellaneda, Severo entregó un arma de fuego de su propiedad de tipo escopeta, marca Iga Gaucha, de fabricación brasileña, calibre 12, n° 42732-05, cargada con cinco cartuchos con posta de goma, arma ésta de uso civil según la legislación vigente, a un sujeto llamado José Omar Vilas. También habría hecho lo mismo con otros empleados. El 28 de mayo de 2010, el Tribunal Oral n° 5 de Lomas de Zamora decretó su sobreseimiento tras haberse constatado que Vilas era legítimo usuario de armas.

- El presunto secuestrado también fue denunciado por su esposa, Silvia Lucía Núñez, en una causa que se tramita en la Unidad Fiscal de Investigaciones n° 18 que se tramita en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Concretamente, según se desprende del expediente judicial, el 17 de diciembre de 2008, alrededor de las 20, Severo regresó a su casa y mantuvo una discusión con la denunciante. Ella le solicitó que se retirara del domicilio conyugal, ya que había descubierto que éste tenía una relación extramatrimonial con otra mujer, por lo que Severo se tornó violento y agresivo, agrediéndola verbalmente para luego increparla con un cuchillo y amenazarla de muerte.

“Yo no me voy a ir y te voy a cortar en pedacitos”, habria dicho Severo, logrando amedrentar a la denunciante, tras lo cual ésta le preguntó por qué tenia esa reacción frente a su hijo Tomás Severo, de apenas 6 años. Luego, según el expediente, Enrique se calmó, se colocó el cuchillo en la cintura y se encerró en la habitación matrimonial. Así, la denunciante aprovechó para salir del domicilio junto a su hijo a fin de radicar la denuncia, agregando que no era la primera vez que se sucedían estos episodios de violencia, razón por la cual solicitó que se ordenara una restricción perimetral.