Algunos apuntes para comenzar a construir una alternativa 2007

El diario Clarín presenta un compacto de encuestas, del que surge que la inseguridad, los salarios bajos y el desempleo son los puntos básicos para la construcción de una alternativa a Néstor Kirchner:
"Tres empresas le acercaron datos alentadores para el oficialismo. Desde lo electoral parece imbatible y la oposición no levanta cabeza. Las expectativas de la gente son buenas. Sigue la sensación de inseguridad.
Los sondeos son dos de entrevistas domiciliarias directas en todo el país —una de Analogías, 1.200 casos, y otra de OPSM, con 1.100— y una encuesta telefónica de 1.000 casos realizada por CEOP a nivel nacional.
La primera comprobación es que, según estos sondeos, el Presidente se mantiene al tope de la intención de voto con más del 50% a favor de una posible reelección, y que le sigue la primera dama Cristina Fernández —si ella fuera la candidata— aunque apenas supera el 40%.
Tras ellos, los demás presidenciables corren muy atrás: dependiendo del sondeo, Roberto Lavagna, Elisa Carrió y Mauricio Macri pelean el segundo lugar siempre con alrededor del 10% de las preferencias.
La inseguridad ciudadana sigue al tope de las preocupaciones de la gente, según las encuestas que maneja el Gobierno.
Los encuestados también identificaron como "asignaturas pendientes" la desocupación, los bajos salarios, la atención de la salud, la deficiencia en los servicios públicos y —tal vez porque el tema estuvo en el tapete los últimos días de diciembre— la educación.
(...) Pero hay otros datos en las encuestas que completan un panorama más que alentador para el Gobierno. La evaluación de la gestión tuvo una curva ascendente e ininterrumpida este año, y ahora está en el 77,9% (CEOP), 78,9% (Analogías) y 79% (OPSM).
(...) Por ejemplo, un 64% calcula que en 2007 podrá ahorrar dinero, contra el 22,5% que no podrá hacerlo. El 75% dijo que el año que viene "estarán dadas las condiciones para conservar el empleo". Y el 61,8% señaló que el Gobierno ha tenido éxito en su lucha contra la inflación.
Otra pregunta fue "en términos económicos, ¿cree que en 2007 el país crecerá más que el año anterior?". Respuesta contundente: sí, el 91,5%. Y el 41,9% contestó que el año entrante será "mejor" desde lo personal.
Pero tal vez lo que más agrade al Presidente es una pregunta de OPSM: "¿Cuál fue el mejor presidente de la historia?". Kirchner aparece 2do. con el 24,3% detrás de Perón (32,4%). Le siguen Raúl Alfonsín (9,1%), Arturo Frondizi (7,5) y cierran la lista Carlos Menem (2,5%) y Fernando de la Rúa (0,6%)."
Sin embargo, Néstor Scibona en el diario La Nación expone la realidad que afecta básicamente a la clase media y media baja, y es un formidable punto de ataque al modelo de Kirchner:
"(...) En cambio, la disminución del IPC con respecto al aumento de 12,3% que había registrado en 2005 es el resultado de una mezcla de contradicciones, improvisaciones, intervenciones, controles, subsidios y ficciones que hacen que este indicador resulte cada vez menos representativo de la marcha de la inflación. Es difícil encontrar a algún analista privado que no concuerde en que las presiones inflacionarias surgen de la política oficial de estimular fuertemente la demanda interna (a través del consumo) por encima de la oferta. Y que la estrategia de contrarrestarlas mediante acuerdos, congelamientos y controles genera distorsiones de precios relativos que en algún momento tenderán a corregirse hacia arriba.
En otras palabras, el Gobierno está creando uno de esos típicos esquemas de "viaje ahora, pague después" que tan malos recuerdos tienen en la economía argentina, aun cuando la existencia de superávits gemelos (fiscal y externo) le resten las características explosivas que tuvieron en otras épocas. Por eso nadie prevé grandes cambios, más allá de algunas flexibilizaciones parciales y puntuales, al menos hasta la fecha de elecciones.
Un reciente estudio de la consultora Ecolatina revela que 70% de la reducción del IPC registrada en 2006 obedeció a sólo dos rubros: carnes y lácteos. En ambos hubo una fuerte intervención estatal, que se sumó a los congelamientos de tarifas y combustibles que vienen de arrastre. Pero como además el Gobierno operó sobre los precios de los productos con mayor incidencia en el IPC, a través de acuerdos voluntarios y no tanto, el resultado es más que dispar. Mientras los precios "acordados" crecieron 5,5% en los primeros once meses de este año, los "libres" lo hicieron por encima de 12,5%. A su vez, los "regulados" ( tarifas de gas, luz, transporte, combustibles y cigarrillos) aumentaron en promedio apenas 3,3%.
Durante el año que acaba de finalizar se ha aplicado a rajatabla el "teorema de Moreno", según el cual cuanta más gravitación tenga el precio de un producto en el IPC y más concentrada tenga su oferta, hay mayores chances de intervención estatal para regularlo. Cuando se trata de productos con oferta atomizada (frescos y estacionales), la novedad ha sido la fijación de "precios indicativos" a los cuales es difícil conseguirlos, excepto en grandes cadenas de supermercados. Y esta táctica aplicada por el secretario de Comercio Interior, en su carácter de guardián político del IPC, abre además otro interrogante: si el precio que se computa en la estadística inflacionaria será el de mercado o el oficial al que no se consigue el producto. Un test en este sentido será el acuerdo que trabajosamente acaba de cerrar el Gobierno con las empresas de medicina prepaga. Ya fueron facturados los aumentos de hasta 22% que habían sido anunciados hace dos meses.
Pero no está claro cómo ni cuándo podrá ejercerse la opción de cambiar a una cobertura con menos aumento (2% bimestral hasta junio), pero con pagos extra por consultas, internaciones y prácticas médicas. ¿Cómo incidirá este rubro en el promedio del IPC, si prácticamente se trata de coberturas a medida de cada cliente? Además, el nuevo sistema opcional se asemeja al pase de un seguro contra todo riesgo a uno parcial (en materia de salud, claro), pero sin que baje la base de cálculo que corresponde a la cuota de diciembre. Aunque las cámaras del sector aplaudieron públicamente el nuevo sistema -hay quienes dicen que por presión de la Secretaría de Comercio-su administración será mucho más compleja. Significa un retroceso más que un avance. De ello pueden dar fe los afiliados a algunas obras sociales (como bancarios) que siguen aplicando el sistema de copagos, pese a que sus ingresos mejoraron fenomenalmente por el aumento de la masa salarial de los últimos dos años. (...)"
Más sobre la inflación, en el diario Clarín, talón de Aquiles del plan económico:
"Si bien el Gobierno les pidió a los empresarios del sector turístico que se comprometieran a no aumentar los precios más del seis por ciento con respecto a la temporada pasada, lo cierto es que salir de vacaciones este verano será al menos un diez por ciento más caro. Las subas en algunos casos superan el 20% y llegan hasta el 30%.
A comienzos de noviembre el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y el secretario de Turismo, Enrique Meyer, se reunieron para comprometer a representantes de municipios del país y a empresarios del sector para que firmaran un Acuerdo Antiinflacionario para la temporada: se pidió que el aumento no supere el 6%.
Pero en Mar del Plata dicen que el aumento es del 20%, en Pinamar y Villa Gesell al menos del 10, y en Córdoba llega al 30. Y los precios están en las nubes: una cabaña en Villa General Belgrano o un apart-hotel en Valeria del Mar no baja de los $ 300 diarios. "Esa no es la información que manejamos. Tenemos verificado el compromiso de todas las cámaras relacionadas al sector de no sobrepasar el 6%", dice el subsecretario de Turismo, Daniel Aguilera.
Sin embargo, en una simple recorrida por los centros turísticos, da la impresión de que el acuerdo entre las cámaras del sector turístico y el Gobierno fuera virtual. En Mar del Plata, por ejemplo, se firmó la primera semana de diciembre sobre el escritorio del intendente. Consta el "compromiso" de no incrementar las tarifas más del 6% del verano pasado. Pero la realidad es otra: en algunos casos las subas superan el 25%.
Pese a que los secretarios de Turismo de los distritos costeros minimizaron las subas, un relevamiento de Clarín entre agentes inmobiliarios, fuentes gastronómicas y de entretenimiento y operadores turísticos da ejemplos elocuentes: el año pasado un matrimonio con dos hijos pagó para ir a Mundo Marino, San Clemente, $ 89, este verano pagará $ 130.
En Mar del Plata, las entradas de teatro subieron de $ 20 a $ 35. La clásica cazuela de mariscos, en un restorán del puerto, no baja de $ 30 para dos personas. Los taxistas retocaron sus relojes: el viaje que costaba $ 17 (desde el centro a las playas del sur) ahora sale $ 22.
El Colegio de Martilleros de Mar del Plata había sugerido a las inmobiliarias "no aumentar más del 10%". Sin embargo, hay departamentos un 20% más caros. "El inmobiliario es el rubro más difícil de controlar —explican los operadores—. Tiene que ver con la oferta y la demanda, y los propietarios piden más de lo aconsejado". (...)"
Alfredo Zaiat en el diario Página/12 explica el problema salarial:
"En el Gobierno afirman que la discusión salarial recién comenzará en marzo, a medida que vayan venciendo los convenios suscriptos este año. Por ansiedad o porque saben que este tema no se puede empezar a negociar sin preparar el terreno con suficiente antelación, sindicatos y empresas empezaron a mostrar su juego. Como toda transacción en el mercado persa, las partes tiran valores extremos sobre la mesa para luego ir acercando posiciones, esperando la aparición del Estado como árbitro final de esa contienda. La administración Kirchner ha construido de esa manera una peculiar forma de Pacto Social. (...)
Aunque parezca lo contrario para el universo de ejecutivos de empresas, el Gobierno es el principal disciplinador de las demandas salariales. Con esa suerte de Pacto Social digitado desde la Casa Rosada, estableciendo un pauta indicativa de ajuste de sueldos y una política de acuerdos de precios, los sindicatos –que han recuperado poder pero lejos del que en algún momento supieron detentar– negocian dentro de esos estrechos márgenes. No se pone en la mesa el aumento de la productividad laboral, las crecientes utilidades ni las condiciones laborales.
Todo se reduce a una cifra uniforme como sendero a transitar en las negociaciones salariales. El año pasado fue el 19%, y en éste algunos miembros del Gobierno miran con simpatía el 13%, variación que es el ajuste que recibirán las jubilaciones a partir de enero. Esta forma de saldar la negociación tiene como base la idea de que el salario aumente unos puntos por encima de la inflación y, de ese modo, aspirar a una mejora de la distribución de ingresos. Pero esa política, fundamentalmente, actúa como un factor determinante de ordenamiento del conflicto social. (...)"