La desaparición de Julio López puso en crisis el programa de protección de testigos

Ante las amenazas recibidas por jueces, fiscales y testigos de causas en las que son investigados represores, la Corte Suprema pidió al Gobierno que otorgue garantías de "la debida protección" a las personas que intervienen en los juicios.
Los ministros de la Corte se manifestaron "profundamente preocupados" por la situación ya que "la vigencia del Estado de derecho" y "la independencia del Poder Judicial" no toleran "este tipo de actitudes antidemocráticas".
El procurador general de la Nación, Esteban Righi, ordenó a los fiscales que elaboren un listado de las personas convocadas a declarar en los próximos juicios orales contra el terrorismo de Estado, con el objetivo de que se les aplique los programas especiales de protección de testigos.
Tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se abrieron procesos en 7 distritos: la Capital Federal, Córdoba, Resistencia, Posadas, La Plata, Mar del Plata y Tucumán.
Los programas de protección, que dependen del Ministerio de Justicia, se aplican a pedido de un magistrado o de un fiscal, e implica que durante un plazo acotado en el tiempo, el testigo considerado en riesgo percibe un subsidio y puede acceder a la posibilidad de mudarse o incluso cambiar de identidad.
El gobernador bonaerense Felipe Solá dijo que a 12 días de la desaparición del platense Jorge Julio López, el paso del tiempo sin hallarlo es un "dato negativo" para confiar en su aparición con vida.
Solá consideró también que si este testigo no es encontrado, su desaparición significará un "ataque global" a la política nacional de defensa de los Derechos Humanos y en contra de la impunidad.
Los operativos para dar con su paradero se intensificaron ayer en la localidad de Arana, donde funcionó un centro clandestino, en el que estuvo detenido López, hoy casi un baldío, ya inspeccionado días atrás con resultado negativo.
También continuaron los rastrillajes en Los Hornos, el barrio donde vive López, luego de que aparecieran 3 testigos que afirmaron que lo vieron, y en algunos casos conversaron con él, el día que desapareció.
Todavía la hipótesis oficial que prevalece entre los investigadores es que López se marchó por su propia voluntad y se escondió o se perdió, antes que fue la víctima de un secuestro, lo que provocaría un giro dramático a la política argentina.
Solá indicó que con el posible secuestro de López "hay sectores que quieren hacer retroceder con el miedo a personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado y hoy pueden ser testigos, tenemos que contestar con valentía y haciendo el miedo lo tengan los terroristas y no nosotros".
Y afirmó que su función como Gobernador "es ayudar al Presidente aunque las perspectivas fueran las peores, un ataque global a una política que ayudamos firmemente por los Derechos Humanos, la verdad y la justicia y en contra de la impunidad".
"No descarto ninguna hipótesis", insistió Solá, para reiterar luego que fueron pasados a retiro para su jubilación 36 efectivos policiales que actuaron durante el gobierno de facto más reciente.
Para masificar la búsqueda, 10.000 integrantes del Movimiento Evita comenzaron a recorrer barrios del Conurbano y La Plata. "Se irá casa por casa entregando panfletos con los datos de López", explicó el conductor de la agrupación, Emilio Pérsico, funcionario de Solá.
En cuanto al requerimiento de la Procuración y de la Corte Suprema, el encargado de concentrar la información y mantener el listado de testigos al día será Félix Croux, fiscal general a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos.
Righi instruyó a los fiscales para que presenten una denuncia formal cada vez que reciban amenazas o "tomen conocimiento de que otras personas las hayan recibido".
Ayer ocurrieron 10 amenazas o intimidaciones a abogados, magistrados o testigos de estas causas judiciales.
Cuando los ministros de la Corte Suprema difundieron su reclamo todavía no se conocían las últimas amenazas.
Los ministros redactaron su pedido en una reunión presidida por Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, en la que se conformó una comisión "de protección de la independencia judicial".
"Requerimos a los poderes públicos que garanticen la debida protección y seguridad para los integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal que tienen a su cargo la investigación de eventual acusación y decisión en estas causas", consignaron en el comunicado. "Es necesario garantizar el ejercicio de la función jurisdiccional, la debida protección de los testigos y bregar para que este tipo de hechos no se reiteren y tengan esclarecimiento y adecuada respuesta en el marco legalmente previsto"
En el texto, remarcaron "la profunda preocupación de los participantes por las amenazas recibidas por jueces y fiscales por su intervención en causas vinculadas a violación de los derechos humanos, pues la plena vigencia del Estado de derecho, con la consecuente independencia del Poder Judicial, no tolera este tipo de actitudes antidemocráticas".