Entre la UIA y la CGT: Un 'pacto poco promisorio'

En esta ocasión, la Unión Industrial Argentina, una organización mayormente peronista, está procurando acordar con la CGT del líder camionero Hugo Moyano, un hombre que ha estado detrás de una serie de paros activos que han contribuido al aumento de muchos precios.

Según la UIA, sería bueno que los sindicalistas aceptaran moderar por un lapso de dos años sus reclamos y que los empresarios hicieran un esfuerzo denodado por frenar los aumentos de precios.

Se trata de un planteo que es muy atractivo en un país de fuertes tradiciones corporativas, pero por desgracia la experiencia nacional en esta materia hace pensar que, aun cuando todos firmaran un acuerdo en tal sentido y el Poder Ejecutivo lo respaldara, el resultado no serviría para mucho más que brindar la impresión de que por fin todos están colaborando con el gobierno.

Las razones para cuestionar la eficacia de tales acuerdos son muchas, de las que la principal es que no se pueden controlar todas las variables de una economía moderna. Aunque en algunos pocos sectores podría resultar factible prever la evolución futura de los precios, en la mayoría no lo es.

Si es imposible pronosticar cómo se comportará la Bolsa mañana, sería fantasioso intentar vaticinar lo que sucederá con los precios de los bienes y servicios en el 2006 y en el 2007, aunque es legítimo señalar que, de abrirse más la economía, muchos precios se reducirían, como ha ocurrido en Europa y Estados Unidos donde, merced a la industria textil china, la ropa cuesta menos que hace diez o veinte años. También tendría un impacto positivo el fortalecimiento del peso que, los movimientos recientes del dólar no obstante, sigue subvaluado.

Si bien la UIA es una organización con cierto peso, no representa a todos los empresarios, de modo que no tiene derecho alguno a actuar en su nombre. Tampoco son tan representativos los gremialistas como les gustaría creer: en muchos sindicatos, los dirigentes más conspicuos no podrían oponerse a las presiones de las bases, que serían reacias a tolerar el congelamiento prolongado de sus salarios.

Además, un eventual acuerdo como el esbozado por representantes de la UIA sólo afectaría los ingresos de la mitad de los ocupados que está en blanco: la otra mitad depende por completo de las vicisitudes de un mercado que nadie está en condiciones de manejar.

Por tratarse de los más perjudicados por los aumentos de los precios de bienes esenciales, quienes trabajan en negro podrían beneficiarse por un tiempo si un acuerdo consiguiera frenarlos, pero sólo sería cuestión de un alivio pasajero porque tarde o temprano la inflación así reprimida se liberaría de los controles consensuados.

Hasta ahora, los pactos intersectoriales han posibilitado, a lo sumo, algunos meses de tranquilidad relativa que desembocaron en una crisis generalizada. No se dan motivos para suponer que en esta oportunidad los resultados fueran distintos.

Los acuerdos del tipo propuesto por la UIA dan la razón a quienes, como el presidente Néstor Kirchner, creen que en última instancia la inflación depende de la voluntad de los empresarios, de suerte que la mejor forma de frenarla consiste en convencerlos de ser más generosos.

Sin embargo, la realidad no es tan sencilla: si lo fuera, el país no se hubiera visto golpeado esporádicamente por tormentas inflacionarias porque todos los empresarios saben que no es de su interés contribuir a provocarlas.

Las causas fundamentales de la inflación tienen más que ver con la política monetaria que con la agitación laboral o la codicia de los hombres de negocios que, tanto aquí como en el resto del mundo, harán cuanto puedan por aumentar sus ingresos, manteniendo bajos los precios si así les conviene y aumentándolos siempre y cuando no pierdan demasiados clientes.

Lo comprende el ministro de Economía, Roberto Lavagna, que insiste en que la clave está en tener más inversiones para que haya más empresas eficientes y, por lo tanto, mayor competencia, pero parecería que otros prefieren recetas más voluntaristas.