Idesa: Apuntes sobre el salario mínimo argentino

Sin embargo, como enunciado no constituye una novedad, ya que en la letra del Plan Jefes estaban previstas una serie de acciones tendientes a promover la inserción laboral de los beneficiarios, muy similares a las que se están proponiendo.

El hecho de que esas acciones no se hayan llevado a la práctica demuestra que el principal desafío no es sancionar una norma reformulando su diseño, sino la generación de más de un millón de puestos de trabajo de razonable calidad.

En tal sentido, cabe señalar enfáticamente que con el actual nivel de inversión y forma en que está organizado el mercado de trabajo, esto parece muy poco probable. La experiencia fallida de mejorar la distribución del ingreso a través de sucesivos aumentos en el salario mínimo legal es muy ilustrativa. Según datos de la OECD, del INDEC y del Ministerio de Economía:

• En los países desarrollado el salario mínimo legal más las contribuciones patronales representa el 41% del costo laboral promedio.

• En un extremo, en Francia llega a representar el 54%, mientras que, en el otro, en Japón implica el 32% del costo laboral promedio.

• En Argentina, con niveles de productividad muchísimos más bajos, el salario mínimo legal fue elevado hasta los 450 pesos. Si a este monto se le agregan las contribuciones patronales, llega a representar el 60% del costo laboral promedio de la economía.

Este uso agresivo del salario mínimo en un contexto de baja inversión y regulaciones laborales distorsivas (por ejemplo, elevados impuestos al trabajo) está asociado a que más de la mitad de los asalariados trabajen "en negro" y perciban una remuneración de 390 pesos por mes. En otras palabras, usar una herramienta de política sin tener en cuenta el contexto genera el impacto contrario al perseguido. Esto es, más gente trabajando "en negro" con remuneraciones cada vez más bajas.

El alto crecimiento económico de los dos últimos años, aunque muy importante, no garantiza que la transformación del Plan Jefes pueda concretarse. Durante el 2004, el país creció a una tasa promedio anual de 9% y la tasa de inversión llegó, en el último trimestre, al 21% del PBI. Aunque es un nivel superior al de los últimos años, no alcanza para sostener tasas de crecimiento del PBI suficientemente altas como para que exista alguna probabilidad de generar oportunidades laborales a los actuales beneficiarios del Plan Jefes.

Por ejemplo, los países de la OECD, entre 1996 y 2004, invirtieron a una tasa superior al 22% del PBI y crecieron a una tasa de 2,7% promedio anual. Comparando con una realidad más asimilable al nivel de desarrollo argentino se encuentra Chile, que entre 1996 y 2004 invirtió al 25% de su PBI y tuvo una tasa de crecimiento promedio de 3,6% anual.

La inversión es un factor estratégico de crecimiento. Sin ella, una economía no puede crecer de manera sostenida. Esto implica que, sin inversión suficiente, cualquier dispositivo de protección social o de redistribución del ingreso es un mero voluntarismo, como lo demuestra la política del salario mínimo legal en la Argentina.

Peor aún, utilizar instrumentos que pretenden proteger sin contemplar los limitantes de contexto –como forzar aumentos de salario por decreto, imponer elevados impuestos al trabajo o establecer procedimientos litigiosos para la cobertura de los accidentes del trabajo– no sólo que no logran el objetivo protectorio buscado sino que agregan factores que desalientan la inversión –sobre todo la inversión asociada la generación de puestos de trabajo de calidad– alejando la posibilidad de aumentar el ingreso y mejorar su distribución.

De esta manera se activa un círculo vicioso: la legislación desincentiva la inversión y la baja inversión hace que la legislación sea cada vez más ineficaz.

Para no caer en esta trampa es clave más creatividad y originalidad en el diseño e instrumentación de las herramientas de política. Sólo así se podrá armonizar los objetivos de protección social con los de impulsar un vigoroso proceso de inversión.

Informe semanal elaborado por Idesa.