Juzgarán a militares por DD.HH. pero las armas de USA no aparecen

La Suprema Corte de Justicia tomó esta decisión al revisar la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición forzada del dirigente social Rosendo de Radilla, ocurrida en 1974, en la cual se establece que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es contrario a los tratados internacionales sobre derechos humanos.

El artículo citado indica que todos los delitos cometidos por soldados en ejercicio de sus funciones deben ser procesados por el fuero militar sin importar si hay civiles involucrados.

“No puede operar el fuero militar frente a situaciones que vulneren derechos fundamentales”, dijo la ministra Olga Sánchez.

En un comunicado emitido por la noche, las secretarías de Defensa, Marina y Gobernación aceptaron los "criterios orientadores" de la Corte y ofrecieron cooperación en los casos concretos. Además informaron que se fortalecerá la aplicación de la jurisdicción militar en la conservación de la disciplina castrense.

Organizaciones como Amnistía Internacional en su capítulo México y Human Rights Watch celebraron la decisión de los ministros de la Corte.

¿Y las armas?

Más de mil 400 armas de la operación norteamericana Rápido y Furioso, orientada a encausar a narcotraficantes mexicanos, continúan sin conocerse su paradero, admitió hoy autoridad federal de USA en México a la CNN.

De acuerdo con el agregado de la Oficina de Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en este país, René Jaquez, de las dos mil armas empleadas por esa entidad, apenas se recuperaron 363 en territorio norteamericano y aquí otras 227.

Este operativo tenía como objetivo establecer la relación entre los testaferros que compraron el armamento en USA y los capos mexicanos, sin embargo, "nunca consiguió su objetivo de desmantelar un cártel de droga", indicó Jaquez.

Según el agregado de la ATF, esta operación nunca debió realizarse, aunque explicó que normalmente no se permite que las armas queden fuera del control de los responsables de seguridad.

"Lo último que queremos como agentes de orden público es que se nos atribuya la muerte de una persona inocente por una pistola que se perdió durante una de nuestras operaciones", comentó.

Varias armas traficadas durante el operativo Rápido y Furioso, están ligadas con el crimen de Mario González, hermano de la ex Procuradora de Chihuahua, Patricia González, y el asesinato del agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas, Jaime Zapata, en San Luis Potosí.

También dos rifles de asalto AK-47, utilizados en esa operación, fueron encontrados en el lugar donde murió abatido el agente aduanero estadounidense Brian Terry el pasado diciembre.

El gobierno de Felipe Calderón en varias ocasiones denunció que el poderoso mercado de armas de su vecino del norte alimenta la guerra del narcotráfico en territorio mexicano.

Recién expresó su beneplácito por el anuncio de la administración de Barack Obama de controlar la venta de fusiles de alto poder en los estados fronterizos de USA.

No obstante, legisladores mexicanos consideran insuficiente aún la medida, pues continúa la comercialización de armas y su tráfico hacia este territorio.