Impunidad, demoras y tragedia: 3 rostros del Poder Judicial

"(...)-Una de las principales críticas a las modificaciones que introdujo el Congreso es que la nueva ley permite la prescripción de causas vinculadas con hechos de corrupción. ¿Considera que es esto parte de esa politización?

-No creo que el objetivo de estas reformas haya sido prescribir causas. Me parece que se han propuesto una reforma bastante conservadora, que no hace más que consagrar en la ley lo que era una posición que no comparto de la jurisprudencia. Por supuesto que hay otra jurisprudencia totalmente antiliberal, en la cual tirar una taza de café dentro de un expediente interrumpe la prescripción. Esta es una posición mucho más limitativa y de la vieja expresión "secuela de juicio", que nadie sabía muy bien lo que era; ni siquiera los que la escribieron por primera vez.

Eso dio lugar a una lesión muy seria del principio de legalidad: que la acción se interrumpa por algo que nadie sabe exactamente qué es, lesiona este principio. Creo que algunos legisladores trataron de resolver esto y por eso buscaron esta forma. No veo una intencionalidad de prescripción ni de sacarse de encima causas.

-El fiscal de Juicio de La Plata, Rubén Sarlo, planteó la inconstitucionalidad de la ley que reformó el Código Penal. ¿Qué pasará si este planteo llega hasta la Corte?

-Lo que acabo de explicar es mi opinión doctrinaria con relación al Código Penal. Pero yo no soy legislador. Mi opinión doctrinaria es que si tuviera que hacer un Código Penal yo diría que sólo se puede interrumpir una causa por las mismas que plantea la tradición liberal toscana. No soy bonapartista, de modo que no comparto este parecer. Pero de allí a analizar la constitucionalidad de una fórmula, es otra cosa. No todo lo que no me gusta es inconstitucional, por supuesto. Habrá que ver qué planteó [el fiscal], desde qué punto de vista, qué argumentos esgrime. A partir de allí se hará el análisis.

-En una entrevista periodística, el juez Juan Pedro Cortelezzi, titular de la Cámara del Crimen de Puerto Madryn, defendió la ley de reforma del Código y planteó la "falta de eficiencia" de la justicia federal penal. ¿Cree que realmente existen falencias en este ámbito?

Lo que sí creo es que si se demora una causa eso no debe imputársele al procesado. Salvo casos extremos, tampoco creo que se pueda imputar al procesado cuando su defensa, dicen, demora la causa. La defensa pide. La Justicia es la que dice sí o no. Para eso están los jueces, el ministerio público. Los jueces tienen que pararlo cuando ven que son planteos meramente dilatorias. Por supuesto que hay casos extremos: los terroristas italianos mataban a los defensores para que se quedaran sin defensa y así provocar la prescripción. No me refiero a extremos de esta naturaleza sino a medidas de carácter procesal".

El diario Clarín también abordó el tema pero a través de las sanciones a los jueces federales (Clarín tiene en su mira a Claudio Bonadío por el caso CableVisión):

"(...) El miércoles, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, le envió una nota al titular de la OA, Abel Fleitas Ortiz de Rosas, con un pedido "urgente" en nombre de "la lucha frontal de este Gobierno contra la corrupción": quiere el listado de las causas con peligro de quedar en la nada.

En la OA dicen que, previsores, el informe lo habían empezado a preparar desde antes. El relevamiento —que debería completarse en los próximos días— incluye sólo cuatro nombres que podrían ser sugestivos: los jueces Juan José Galeano, suspendido; Claudio Bonadío, a quien el Gobierno tendría en la mira; Rodolfo Canicoba Corral y Norberto Oyarbide.

Estas son varias de las causas:

«>Bonadío tiene a cargo el expediente sobre las irregularidades del caso AMIA, en la que están acusados tanto su compañero Galeano como el ex ministro Carlos Corach y el jefe de la SIDE menemista, Hugo Anzorre guy. El trámite se inició en 2000 y no se produjo el menor avance; aunque, como los delitos imputados tienen penas altas, el margen para la prescripción hoy es bajo.

«> A Galeano le encontraron un año y cuatro meses sin dictar medidas relevantes en el caso Giacomino. Desde 2003, el comisario dado de baja por Gustavo Beliz está acusado de contrataciones ilegales; nunca se lo interrogó.

«> Canicoba Corral es quien metió presa a la ex polifuncionaria María Julia Alsogaray. También tiene en su juzgado un sumario sobre un presunto fraude contra Parques Nacionales. En este caso, la OA observó que el juez lleva cinco años sin definir la citación a indagatoria.

«> Pedro Pou, presidente del Banco Central durante la década pasada, es investigado por enriquecimiento ilícito en el juzgado de Oyarbide. En los registros de la OA, figura que la causa se abrió en julio de 1999 y que casi no tuvo avances.

Lo mismo en un sumario en el que De la Rúa es sospechado de favorecer a empresas viales (Canicoba Corral), otro sobre créditos oficiales en favor de los Yoma (Bonadío) y uno sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Gostanián (Oyarbide). En la OA aseguran que podrían pedir que se aceleren todas estas causas (...)".

Desde otro punto de vista -lo ocurrido en el penal cordobés, Horacio Verbitsky -en el diario Página/12- también abordó la situación del Poder Judicial::

"(...) Debido al sistema de enjuiciamiento oral que funciona desde hace muchos años, Córdoba es una de las provincias cuyos penales albergan menos procesados sin condena y en la que más se respeta la separación entre encausados (legalmente inocentes hasta que se pronuncie una sentencia condenatoria) y condenados.

El absurdo es que los encausados están en la moderna cárcel de alta seguridad de Bower, sobre la ruta 36, y los condenados en la ruinosa penitenciaría de la capital, en medio de la ciudad. Mientras en Buenos Aires el 80% de los presos no tiene condena, en Córdoba no llegan al 50%, y la cárcel amotinada sólo aloja condenados.

Pero, igual que en el resto del país, la psicosis social respecto de la inseguridad, el endurecimiento de las leyes penales y el ablandamiento de las garantías procesales han producido en los últimos años un incremento brusco de la población carcelaria y una llamativa indiferencia por las condiciones en las que se cumplen las privaciones de la libertad, en sitios que no reúnen las condiciones que la Constitución ordena en vano desde hace un siglo y medio.

Según estadísticas oficiales de hace un año, el 74% de los presos cordobeses no tiene trabajo remunerado y no pasó del nivel primario de educación, el 94% no participó en programas de capacitación laboral, el 67% tampoco en programas educativos, uno de cada tres intentaron fugarse y uno de cada cuatro fueron lesionados.

Los índices de superpoblación en Córdoba son muy altos.

De acuerdo con la información oficial los establecimientos penales de toda la provincia poseen capacidad para albergar a 3.716 personas pero conviven allí 5.823 detenidos, 57% más de lo previsto.

En realidad el problema es mucho peor, ya que las plazas reales son menos que las declaradas, que se calculan contando los colchones que se agregan a espacios saturados de cuerpos.

En la penitenciaría Nº2, la sobrepoblación oficial es del 51 por ciento (1.071 plazas para 1.621 personas alojadas). Pero según la prensa local, la capacidad real del penal es para 600 personas y la superpoblación del 270%.

(...) Las descripciones de los familiares de los presos cordobeses sobre el hacinamiento, la carencia de servicios sanitarios, la falta de atención médica y la crueldad del trato, son similares a las de los presos en las cárceles de Mendoza y de Buenos Aires en las que, además, se produce un número de muertes escandaloso.

En la presentación judicial que presentó esta semana, el secretario de derechos humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde menciona dieciséis muertes en un año en Mendoza, estimación muy conservadora.

Peor es lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, líder indiscutido en materia de ignominina carcelaria.

Según la estadística oficial, en 2003 murieron bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense 139 personas, casi tres por semana.

Además hubo 3.400 lesionados, a razón de nueve por día. Los datos de 2004 todavía no se divulgaron.

La generosa cobertura televisiva de la toma del penal cordobés fue posible, entre otras cosas, por su ubicación dentro de la ciudad, sin siquiera un perímetro de seguridad que lo alejara de las viviendas más próximas, como si esa ruinosa edificación del siglo XIX fuera una casa más del barrio.

Una de las secuencias más impresionantes fue el castigo a un joven guardián obeso, al que dejaron en calzoncillos y borceguíes, por parte de jóvenes cuya mala alimentación saltaba a la vista en sus cuerpos esqueléticos.

Quien crea que esa crueldad recíproca quedará confinada intramuros es porque no ha dedicado cinco minutos a reflexionar sobre los vasos comunicantes de la sociedad, por los que circula tanto lo bueno como lo malo hasta homogeneizar comportamientos y valores (...)"