Anticipo Edición i: El año en que K jugó a las escondidas

Es cierto que durante el 2002 y parte del 2003, y como producto de la fenomenal caída de la actividad económica, la capacidad instalada durante la década anterior para producir, transportar y distribuir energías excedió el nivel de demanda interna y ello permitió que sus efectos permanecieran ocultos.

Sin embargo, a mediados del año 2003 comenzó a crecer la demanda interna, impulsada por una mayor actividad económica y por una distorsionada señal de precios de los bienes energéticos. El mejor ejemplo de esta distorsión se puede apreciar en el fenomenal crecimiento en el consumo de GNC.

Y tal como estaba previsto, desde el inicio mismo de este año comenzaron los problemas de abastecimiento de energía. No durante este benigno invierno que estamos disfrutando sino durante el verano.

El análisis de esta crisis energética se puede abordar desde distintos ángulos: el ideológico, las comparaciones estadísticas tanto con el pasado como con otros países, el técnico, etcétera.

Pero hay una evidencia que por su impacto presente y futuro, no debería pasar inadvertida para todos los argentinos ¿cuánto nos está costando esta política de ocultamiento de los efectos de la crisis energética?

Sector eléctrico
a) Fondo de Estabilización del MEM: En el sector eléctrico existe un Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista que compensa a los generadores de electricidad por el mayor costo derivado del uso de combustibles líquidos. Este Fondo es el que permite la existencia de una tarifa más estable a los consumidores, frente a las variaciones del denominado mercado spot.

Este Fondo, hasta el año 2001, funcionaba de manera tal que permitía su autofinanciamiento.

A partir del año 2002, con el cambio en los precios relativos entre el gas natural (pesificado y congelado) y los combustibles líquidos (libres y dolarizados), el costo de generar electricidad con combustibles líquidos se hizo mucho más oneroso.

Entonces, para evitar trasladar a las facturas de los usuarios este mayor costo, se comenzó a aplicar el mecanismo artificial de congelar tarifas.

Mientras tanto, los generadores obtenían del Fondo Estabilizador, que tenía saldo positivo, la compensaciones por ese incremento de costos, pero éste se agotó a mediados del año pasado y comenzaron a surgir los aportes del Tesoro Nacional para reponerlo. Desde el mes de Diciembre de 2003 a la fecha de este trabajo, el aporte del Tesoro al Fondo totaliza la suma de $ 1.550.000.000 (1), ó US$ 517.000.000.

Dos consideraciones importantes sobre el tema:

1. El desfasaje entre el precio que paga el usuario y el costo de generar electricidad con combustibles líquidos sigue vigente, y ello implica que el problema se agrava mes a mes. Si bien el Gobierno ha dispuesto un aumento parcial de tarifas eléctricas a los grandes usuarios, es insuficiente para cubrir el problema y por lo tanto nuevos aportes del Tesoro serán necesarios.

2. Estos aportes de Tesoro constituyen un crédito que algún día los usuarios deberemos saldar.

Para completar este año, se estima que nuevos aportes del Tesoro del orden de los $ 500 millones serán necesarios.

b) Importación de Fuel-oil de Venezuela: Mucho se ha publicado sobre este tema: los anuncios oficiales iniciales hablando de la "ayuda solidaria" del Gobierno de Venezuela, los cuestionamientos a la calidad de ese combustible que efectuaron los generadores, las declaraciones del secretario de Energía, Daniel Cameron, señalando que el precio que pagábamos era 22% más caro que el internacional y que por ello había que convocar a una licitación pública internacional para efectuar nuevas compras, el viaje del ministro Julio De Vido a Venezuela y la renovación del convenio de compra del fuel-oil de ese origen para el año que viene.

El Gobierno Argentino, por intermedio de CAMMESA, le ha comprado 1.055.000 toneladas de fuel-oil a PDVSA, al precio internacional que cotiza en New York más los costos de flete, seguros, estadías y descarga de los buques, con entregas desde el mes de Mayo de este año hasta septiembre.

Considerando todos estos valores, la importación total tiene un costo de US$ 330.000.000, es decir casi $ 1.000.000.000.

Por medio de la Decisión Administrativa 199/2004, las Autoridades Nacionales ya dispusieron la reasignación de $ 477.000.000 del Presupuesto Nacional para efectuar los primeros pagos de esta importación.

Llama la atención que mientras se efectuaba esta operación de importación a Venezuela, empresas argentinas estaban exportando fuel-oil a otros países.

c) Importación de energía eléctrica del Brasil: Para completar el suministro interno de energía eléctrica y cumplir con las exportaciones comprometidas con Uruguay, las autoridades nacionales convinieron con sus similares de Brasil importar energía eléctrica de ese país. El nivel de importación promedio que estamos efectuando es del orden de los 11 GWh. Tomando en cuenta los niveles de precios de generación brasileros, más los costos de transporte y de conversión, el costo anual de esta importación es del orden de los $ 400.000.000, un poco más de US$ 130.000.000.

d) Otros aportes del Tesoro Nacional: Para cancelar una deuda pendiente con Paraguay derivada de la obra de Yacyretá, las autoridades nacionales, por medio de la Decisión Administrativa 199/04, dispusieron reasignar una partida presupuestaria por $ 128.000.000.

Por medio del Decreto 917/2004 se decidió un aporte del Tesoro Nacional por $ 383.000.000 para una Asistencia Financiera a Operadores Eléctricos Privados.

Sector gasífero

a) Importación de gas natural de Bolivia: El gas natural provisto por YPFB tiene un costo en frontera de US$ 1,60/MMBtu (tres veces el costo local actual). El volumen promedio importado es de 4 millones de metros cúbicos diarios, aunque existen trabajos en curso para poder elevar ese nivel a 6,5 millones de metros cúbicos diarios. El costo total de esta importación estimado para el presente año asciende a US$ 100 millones.

Esta importación no implica erogaciones de fondos públicos, ya que su costo es absorbido entre los importadores y los grandes usuarios que lo consumen.

b) Ampliación de la capacidad de transporte de los sistemas de gasoductos: El 11 de mayo de este año, el Gobierno anunció una serie de medidas y obras que denominaron Plan Energético Nacional (2). Uno de esos anuncios fue la ampliación de la capacidad de transporte de TGN en 2,8 millones de metros cúbicos diarios y la de TGS en 2,9 millones de metros cúbicos diarios.

El costo de estas obras es de US$ 410.000.000 más IVA, lo que totalizan $ 1.500.000.000.

Estas obras serán financiadas mediante los Fondos Fideicomisos Gas creados por el Decreto 180/2004.

Una de las disposiciones del mencionado Decreto señala que estos Fondos Fideicomisos no pueden ser integrados con fondos públicos, sin embargo, con fecha 20/7/2004, el PEN dictó el Decreto 906/2004 por el cual concentra en un Consejo Consultivo una serie de Fondos Fiduciarios creados con fines diversos, muchos por leyes específicas, para redireccionarlos al financiamiento de obras de infraestructura y a la emisión de Letras de Tesorería.

En caso que estos recursos resultasen insuficientes para afrontar la puesta en marcha de las obras, o existiesen dificultades formales para efectuar esos redireccionamientos, se requerirán fondos públicos que actúen como crédito-puente hasta tanto se logren los recursos previstos, ya que contar con este incremento de capacidad es crítico para afrontar el invierno del 2005. Para alcanzar este objetivo, es indispensable que la provisión de los insumos fundamentales, tales como tuberías y plantas compresoras, comiencen a gestionarse de inmediato.

c) ENARSA: Según declaraciones públicas de los futuros funcionarios de esta aventura empresaria del Estado, el capital inicial de la Sociedad será de $ 200.000.000. Teniendo en cuenta que el Estado Nacional suscribirá el 53% del capital social, 12% las Provincias y 35% los accionistas privados, el aporte del Tesoro Nacional será, en esta primera etapa, de $ 106.000.000, algo más de US$ 35.000.000. En caso que prospere esta iniciativa estatal, y que se cumplan algunas de las aspiraciones de sus promotores (compra de una refinería, participaciones accionarias en empresas de transporte de gas y electricidad, y otras), ENARSA requerirá importantes sumas adicionales de fondos públicos.

Una inquietud respecto a ENARSA: ¿las acciones del Estado Nacional en esta empresa "comercial" podrán ser objeto de embargos por parte de los reclamantes de la Deuda Pública defaulteada?

Total de aportes directos

Resumiendo lo expuesto hasta aquí, totalizamos los recursos públicos aplicados:

Como se pudo analizar en el desarrollo de este trabajo, la única erogación de fondos públicos que realmente tiene un carácter estructural y que contribuye a disminuir la crisis energética es la ampliación de la capacidad de transporte de los sistemas de TGN y TGS, el resto, $ 4.067.000.000 (1,5% del PBI), sólo son gastos destinados a ocultar sus efectos a la población.

Es evidente que de continuarse con esta política que se caracteriza por eludir la renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos, por no trasparentar los verdaderos costos de operación y expansión de un sistema energético confiable, por no revisar las cargas impositivas que gravan las tarifas que pagan los consumidores, el año próximo el Tesoro Nacional tendrá que efectuar aportes similares o superiores.
Costos indirectos de la crisis

Además de los costos directos que hemos analizado hasta aquí, existen otros que los macroeconomistas seguramente calcularán que son los efectos indirectos de esta crisis.

Las restricciones impuestas a los suministros interrumpibles de gas de los grandes usuarios, los elevados costos de los combustibles sustitutos, y los costos crecientes del gas y electricidad a dichos usuarios, sin dudas mostrarán sus efectos negativos en el nivel de actividad económica del país y que se reflejarán en un menor crecimiento de nuestro PBI.

Este efecto tendrá que computarse también como un costo indirecto de una crisis energética mal administrada.

Otro problema muy serio que esta planteando esta estrategia gubernamental de desincentivar la inversión de fuentes privadas y sustituirla por inversión pública, es que exigirá ingentes recursos de las arcas públicas para acompañar el nivel de actividad económica con el desarrollo de la infraestructura para evitar los "cuellos de botella" que ya se han manifestado este año.

Según estimaciones efectuadas por serios profesionales en la materia, la inversión requerida por el sector energético para que los segmentos de la producción/generación, transporte y distribución acompañen un nivel de crecimiento de 5% anual en nuestro PBI, es del orden de US$ 2.500 millones a US$ 3.000 millones anuales.

Conclusión

El Gobierno ha tenido éxito hasta el momento de ocultar los efectos de la crisis energética a la población.

Pero debajo de este maquillaje, un poco resquebrajado, se asoman los $ 4.000 millones gastados en disimular la realidad, los problemas de mantenimiento y renovación de las infraestructuras existentes, las restricciones futuras impuestas por insuficiencia de inversión, las probables contingencias de los juicios internacionales que han iniciado los accionistas de las empresas de servicios públicos, y una larga lista de otras realidades objetivas cuyo desenlace los argentinos ya lo vivimos.

Este trabajo comenzó con una pregunta, y para terminarlo voy a formular otra ¿cuánto nos va a costar recomponer seriamente la situación?

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(*) Consultor en temas energéticos y miembro de la Comisión de Energía de Recrear.
Edición i, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2004.

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(1) Decretos PEN 1181/03, 365/04, 512/04, 917/04, 962/04 y Decisión Administrativa 199/04. (2) El Plan Energético Nacional puede ser consultado en la página de la Secretaría de Energía: http://energia.mecon.ar/ (3) Se estima un 80% del total.