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300.000 MIGRANTES EN RIESGO

La Corte Suprema permite a Donald Trump eliminar protección a venezolanos

La Corte Suprema de USA, en una orden de emergencia, permitió a la Administración Trump eliminar las protecciones legales que la Administración Biden concedió a miles de venezolanos.

Victoria legal significativa para la Administración Trump, que ha presentado una serie de apelaciones de emergencia ante la Corte Suprema después de que jueces de distrito de todo el país bloquearan diversas políticas de control de inmigración del presidente Donald Trump.

En enero, la Administración Trump anunció que tomaría medidas para revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos, levantando las protecciones que impiden la deportación. Era una resolución de la Administración Biden, fundamentada en disturbios civiles y condiciones peligrosas en el país de origen de un migrante.

El Departamento de Justicia apeló ante la Corte Suprema después de que un juez federal de distrito con sede en San Francisco (California) suspendiera los esfuerzos y encontrara que “parecen basarse en estereotipos negativos”.

Este programa busca ofrecer ayuda humanitaria a personas provenientes de países afectados por guerras, desastres naturales u otras calamidades. Los beneficiarios obtienen estatus legal y autorización laboral por hasta 18 meses, con posibilidad de extenderse.

Las protecciones debían expirar el 07/04, pero el juez federal de distrito Edward Chen ordenó una pausa en esos planes. Concluyó que la expiración amenazaba con afectar gravemente la vida de cientos de miles de personas y podría costar miles de millones en pérdidas de actividad económica.

Chen, quien fue designado para el cargo por el presidente demócrata Barack Obama, concluyó que el gobierno no había demostrado ningún daño causado por mantener vivo el programa.

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Sede de la Corte Suprema de USA.

Sede de la Corte Suprema de USA.

La ofensiva

Al anunciar la medida, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que había "anulado" una designación anterior de TPS por parte de la Administración Biden porque había tratado de "atarnos las manos".

Durante décadas, los secretarios de todas las administraciones han cancelado las designaciones del TPS cuando, a su juicio, las condiciones legales ya no las justificaban. Eso es exactamente lo que hizo la secretaria Noem en este caso —escribió el Procurador General, D. John Sauer, a los jueces de la Corte Suprema—.

Esto provocó una demanda por parte de la Alianza Nacional TPS, que dijo que Noem no tenía poder para simplemente revertir la designación anterior, argumentando que debe pasar por el proceso de evaluar las condiciones en el país y proporcionar notificación de la decisión.

El gobierno ha argumentado que los tribunales locales carecen de autoridad para revisar el asunto, y considera cualquier intervención como una intrusión en el control del Poder Ejecutivo sobre asuntos exteriores. Sin embargo, la Alianza Nacional del TPS ha advertido que esa postura implicaría una transferencia de poder sin control.

Podrían designar a México por 50 años para lograr una legalización masiva, o a China e India para endulzar un acuerdo comercial”, escribieron los abogados del grupo en documentos judiciales.

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Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de USA.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de USA.

Edward Chen

Sin embargo, el viernes 16/05 el tribunal le propinó una derrota a la Administración Trump al impedirle deportar rápidamente a un grupo de inmigrantes venezolanos que, según afirma, son miembros de pandillas.

El juez federal de distrito Edward Chen, con sede en California, determinó que la Administración Trump no siguió el procedimiento adecuado para despojar del TPS a quienes estaban siendo deportados y que la Administración estaba "motivada al menos en parte por la animadversión".

Señaló que Noem sugirió repetidamente que los venezolanos eran pandilleros o criminales.

“La generalización de la criminalidad a la población venezolana beneficiaria del TPS en su conjunto carece de fundamento y huele a racismo basado en estereotipos falsos generalizados”, escribió en su decisión.

Si bien Noem sostuvo que Venezuela ya no requiere estas protecciones, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, el país ha experimentado un éxodo masivo de sus ciudadanos. Además de la inestabilidad política, el país enfrenta una escasez generalizada de alimentos.

La Administración apeló ante la Corte Suprema después de que el Tribunal de Apelaciones del 9no. Circuito de Estados Unidos se negó a levantar la orden de Chen.

Si bien el caso solo afectará directamente a unos 300.000 venezolanos cuyas protecciones habrían expirado en abril, también tendrá un impacto en otros 300.000 aproximadamente cuyas protecciones expirarán en septiembre por las acciones de Noem.

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Juez Edward Chen.

Juez Edward Chen.

Ketanji Brown Jackson

La orden del tribunal, con solo 1 voto en contra, suspende el fallo de un juez federal de San Francisco que mantuvo vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, otorgado durante la Administración Joe Biden.

El estatus permite a las personas que ya están en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente porque sus países de origen se consideran inseguros para el regreso debido a desastres naturales o conflictos civiles.

La orden fue breve y señaló que la jueza Ketanji Brown Jackson habría rechazado previamente una petición similar, pero el proceso legal sigue abierto en instancias inferiores, dejando abierta la posibilidad de futuras decisiones judiciales.

Ketanji Brown Jackson -jueza asociada en la Corte Suprema de USA desde 2022, antes jueza federal en la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia y ex vicepresidenta de la Comisión de Sentencias de USA-, discrepó públicamente con la orden de la mayoría de la Corte Suprema de levantar el bloqueo.

El caso regresa ahora a los tribunales inferiores. El 9no. Circuito aún no ha emitido su fallo final sobre la apelación de la Administración, y Chen, mientras tanto, ha fijado una audiencia para el 11/07 sobre la solicitud de la Administración de desestimar la demanda.

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