Las medidas que prepara el Gobierno de Javier Milei no solo apuntan a la expulsión de inmigrantes ilegales, a los que, según denuncia, la Justicia "traba los proceso de deportación" de territorio argentina sino también incluye el arancelamiento sanitario y universitario a los extranjeros no residentes.
POR UN NUEVO RÉGIMEN
¿Deportación exprés a lo Trump? Inmigrantes y la nueva batalla de Javier Milei con la Justicia
El Gobierno denuncia que la Justicia "traba los procesos de deportación", y afirma que buscará imponer un nuevo régimen para agilizar la salida de inmigrantes.
14 de marzo de 2025 - 12:00
Javier Milei busca modificar la Ley de Migraciones.
Montaje: Urgente24Se trata de uno de los capítulos de la reforma migratoria en la que trabaja la mesa técnica del oficialismo. Quiere modificar el título V de la Ley de Migraciones (25.871), que abarca el marco jurídico de "La legalidad e ilegalidad de la permanencia de extranjeros". Son los artículos desde el 60 hasta el 73, que contemplan las medidas de expulsión de los inmigrantes ilegales del territorio argentino.
En Balcarce 50, sostienen que impondrán un nuevo régimen que acelere los cursos de salida en casos de ilegalidad.
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La autoridad de aplicación es la Dirección Nacional de Migraciones, que tiene la atribución de decretar la expulsión de un inmigrante ilegal y de actuar como parte ante la Justicia en la revisión de la decisión administrativa.
El artículo 70 establece que la jefatura de gabinete del Interior debe solicitarle a la Justicia la retención del extranjero a través de una resolución. La Policía Migratoria auxiliar es la encargada de realizar el operativo, debe alojar a los detenidos en sus dependencias y custodiar a los expulsados en el trayecto de salida si lo requieren.
Según la normativa, la deportación de inmigrantes ilegales dispone la prohibición de reingreso permanente o por un término que mayor a cinco años. La extensión de la sanción depende de los motivos que impulsaron la medida, como otros delitos penales o la falsificación de la documentación.
El artículo 37 de la Ley de Migraciones establece que "el extranjero que ingrese a la República por lugar no habilitado a tal efecto, o eludiendo cualquier forma de contralor migratorio, será pasible de expulsión en los términos y condiciones de la presente ley".
La ley contempla además que el extranjero retenido pueda solicitar la suspensión de la expulsión en caso de que sea padre, hijo o cónyuge de un argentino nativo.
El Gobierno deberá poner en libertad al detenido y habilitar un procedimiento de sumario de regularización migratoria si se confirma el argumento. Nación tampoco puede expulsar a los extranjeros que no cumplan una obligación contemplada en un contrato laboral.
Los cambios que impulsa el Gobierno de Javier Milei
El Ejecutivo estudia diferentes vías para impulsar cambios en la Ley de Migraciones (25.871). Tiene listo un proyecto para enviar al Congreso en las próximas semanas, pero analiza realizar modificaciones a través de un nuevo decreto reglamentario de la norma.
"Hay detalles de la reforma que no van en contra de la ley actual, de forma que pueden salir por decreto", sostienen en Nación. El texto pasó por las oficinas del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, y del vicejefe de gabinete del Interior, Lisandro Catalán.
El borrador de la reforma contiene además un esquema más restrictivo para la entrega de ciudadanías y residencias a extranjeros. Aplica también para los estudiantes y para los que busquen aplicar para una residencia permanente.
La Casa Rosada quiere restringir además a los inmigrantes ilegales que tienen hijos en el país y obtienen la residencia luego de que sus descendientes nazcan y se conviertan en ciudadanos argentinos.
"Nuestra Nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomado de tontos por nuestros vecinos o ser un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos. Queremos que aquellos extranjeros que estén de forma transitoria o temporaria en nuestro país tengan que pagar los servicios que utilizan", decía el propio Javier Milei al abrir sesiones ordinarias en el Congreso.
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