Informe: Brasil, el peligro piquetero que K no entiende

Contra todos los pronósticos, las peores peleas que el presidente brasilero, Luiz Inácio Lula Da Silva, ha librado no han sido con la banca multilateral ni con la clase dirigente brasilera, que lo vieron subir al poder con gran recelo hace menos de un año. Las mayores dificultades las ha sufrido por cuenta de sus amigos. El ala radical de su propio partido y sus compañeros sindicalistas le han impedido sacar adelante sus proyectos estrella. Sus ministros se niegan a ejecutar las políticas de gobierno. Pero de todos sus simpatizantes, los campesinos del Movimiento Sin Tierra (MST) son probablemente los que representan el peligro más duradero. Y son también los que podrían salírsele de las manos. El Movimiento Sin Tierra se formó en la década de los '70 para defender a los trabajadores rurales que la modernización agrícola dejó sin tierras para labrar. Comenzó haciendo ocupaciones a grandes latifundios, forzando al gobierno a redistribuir las propiedades agrícolas sin explotar. Pero, lo que empezó como un legítimo derecho a la defensa de los campesinos desposeídos, se ha convertido en los últimos años en un verdadero movimiento guerrillero. Hoy por hoy, militantes del Movimiento Sin Tierra ocupan edificios públicos, se asientan ilegalmente en haciendas productivas e impiden a sus dueños recoger sus cosechas. Asaltan camiones, ocupan bancos, destruyen plantíos y cobran a los hacendados para dejarlos trabajar. Las mayores compañías agrícolas aparecen, de la noche a la mañana, invadidas por centenares de familias que llegan con sus carpas y se quedan a vivir indefinidamente. Instalan escuelas públicas y centros de salud. Poco a poco pasan de las tiendas de lona a construcciones más definitivas, y se crean verdaderos pueblos en propiedades ajenas. Cientos de miles de personas en Brasil se han asentado de esa manera. Lo grave es que esta reforma agraria a las malas no está cumpliendo su propósito. Una encuesta del Instituto de Colonización y Reforma Agraria de Brasil concluyó que el 90% de los invasores son desempleados de ciudades vecinas y no campesinos despojados de sus tierras. A pesar de las inversiones del Estado en capacitación y en infraestructura, el resultado ha sido desastroso. Los asentamientos están lejos de ser productivos, y dependen de subsidios del Gobierno. De este modo, en un fenómeno único en el mundo, la miseria está siendo desplazada de las ciudades hacia el campo, y, lo que es peor, a un precio incosteable para el Estado. # Cría cuervos… El gobierno anterior adoptó medidas estrictas para frenar el modus operandi de una organización que, en su opinión, había perdido su razón de ser. Prohibió la expropiación de terrenos ya invadidos y cortó los dineros del Estado que, de algún modo, estaban financiando al Movimiento. Sin embargo, el Partido de los Trabajadores de Lula, históricamente cercano al MST, le ha dado un nuevo aire. Nombró a varios de sus simpatizantes a la cabeza de entidades oficiales encargadas del tema de la reforma agraria –convirtiendo al MST en juez y parte del conflicto– y volvió a liberar las partidas presupuestales que sostienen a la organización. La tensión en el campo tiene a los brasileros con los pelos de punta, aún más ahora que el negocio agrícola en Brasil crece aceleradamente y el país se convirtió en uno de los principales productores mundiales de alimentos. Se quejan de la falta de apoyo del gobierno, que protege al MST y abandona a quienes producen el superávit comercial brasilero y generan empleo. Y no les falta razón. Brasil tiene más propietarios de tierra que USA, Canadá y Australia juntos. El gobierno anterior entregó parcelas a más de 600.000 familias, una redistribución de tierras mayor que la que Lázaro Cárdenas realizó en México en los años '30 y que, hasta el día de hoy, se tiene como la más ambiciosa reforma agraria. Pero el MST no está satisfecho. El movimiento ha anunciado que ahora lucha por la abolición del agribusiness, combate las recetas económicas neoliberales, piensa sabotear la globalización y luchar en contra de los transgénicos. Sus causas son más lineamientos políticos que reivindicaciones sociales y no le ha temblado la mano para hacer uso de la violencia y el vandalismo para lograr sus propósitos. Aunque el caso de Lula y el MST no parece desesperado y las circunstancias no pueden ser comparadas con las de Ecuador, Venezuela o Bolivia (ver recuadro), lo cierto es que la mayoría silenciosa lo es cada vez menos. Si de algo sirven las experiencias ajenas, tal vez una rápida mirada al vecindario le baste al presidente brasilero para tomar el toro por los cuernos y evitar que la bomba del descontento popular le estalle. Sólo eso faltaría para terminar de cuestionar la salud de las democracias del continente y poner un gran punto de interrogación sobre la gobernabilidad de la región. # Una mirada al vecindario Recurrir a las vías de hecho se ha convertido en el método de los marginados latinoamericanos para influenciar las políticas gubernamentales, elegir y destituir a sus mandatarios. Así sucedió en Ecuador, en el año 2000, cuando los indígenas organizaron protestas masivas y lograron que el Presidente Jamil Mahuad renunciara a su cargo. Fueron ellos mismos los que dieron al actual mandatario Lucio Gutiérrez el apoyo político que necesitaba para hacerse elegir. Así mismo fueron las protestas callejeras por la debacle económica y la presión popular las que hicieron que el Presidente argentino De la Rúa abandonara el cargo. Luego, el turno fue para Hugo Chávez. Los cacerolazos llevaron a un intento de golpe que puso por algunas horas al Coronel fuera del Palacio de Miraflores y que tiene a su gobierno en la cuerda floja. El más reciente es el caso de Bolivia. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renunció a su cargo hace dos semanas, tras violentas protestas que estallaron por cuenta de la exportación del gas, pero que en realidad dejaron entrever la profunda insatisfacción de indígenas y campesinos con el Estado boliviano, al cual reprochan siglos de olvido y pobreza.