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Los diarios La Nación, Clarín y Página/12 ya instalaron la mayor de las dificultades del futuro ministro Martín Guzmán: ganar 2 años de gracia en pagos de capital e intereses al FMI y bonistas privados. No es sencillo, pero todo debe comenzar por convencer al Fondo Monetario Internacional de que es aceptable el plan de gobierno que propone Alberto Fernández. En general, el debate sobre la economía y los mercados ha resultado un talón de Aquiles del kirchnerismo, y habrá que evaluar qué hará Alberto Fernández al respecto. Sucede que el kirchnerismo le hablaba de economía más a sus militantes que a los agentes económicos, algo que requiere no sólo otro lenguaje sino también un tecnicismo que resulte creíble. Que Cristina Fernández de Kirchner intentara explicar en voz alta lo que Axel Kicillof le decía en privado, tampoco ayudaba. Un político no es un economista. Alberto F. debería escalar hacia alguna sofisticación al respecto. ¿Cuál será su maquinaria mediática para hablarle a los mercados? ¿Será algo de esto lo que le ofrece alguna web en pañales que promete especializarse en Economía? Probablemente la futura ministra de Justicia, Marcela Losardo, tenga más información. Pero en concreto, a Martín Guzmán no podrán 'blindarlo' ante 'la City, desde los medios tradicionales del kirchnerismo.
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Los diarios La Nación, Clarín y Página/12 ya instalaron la mayor de las dificultades del futuro ministro Martín Guzmán: ganar 2 años de gracia en pagos de capital e intereses al FMI y bonistas privados. No es sencillo, pero todo debe comenzar por convencer al Fondo Monetario Internacional de que es aceptable el plan de gobierno que propone Alberto Fernández. En general, el debate sobre la economía y los mercados ha resultado un talón de Aquiles del kirchnerismo, y habrá que evaluar qué hará Alberto Fernández al respecto. Sucede que el kirchnerismo le hablaba de economía más a sus militantes que a los agentes económicos, algo que requiere no sólo otro lenguaje sino también un tecnicismo que resulte creíble. Que Cristina Fernández de Kirchner intentara explicar en voz alta lo que Axel Kicillof le decía en privado, tampoco ayudaba. Un político no es un economista. Alberto F. debería escalar hacia alguna sofisticación al respecto. ¿Cuál será su maquinaria mediática para hablarle a los mercados? ¿Será algo de esto lo que le ofrece alguna web en pañales que promete especializarse en Economía? Probablemente la futura ministra de Justicia, Marcela Losardo, tenga más información. Pero en concreto, a Martín Guzmán no podrán 'blindarlo' ante 'la City, desde los medios tradicionales del kirchnerismo.
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Con bombos y platillos, el abogado Ramón Lanús, titular saliente de la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), promocionó que le había quitado la concesión del exPaseo de la Infanta a la empresa Panter SA, comunicó que reconcesionaría el paseo ubicado bajo las vías del Ferrocarril Mitre en el porteño parque 3 de Febrero, y le acompañaron en el 'tachin-tachin' los medios Infobae, Clarín y La Nación, que hizo foco en que, además, había un socio K en el ex concesionario. Y Lanús avanzó en su propósito, pese al escaso tiempo que le quedaba a su gestión, exhibiéndose entonces que había una suerte de acuerdo o entendimiento o consenso con algunos subconcesionarios del propio exPaseo, para dárselo a ellos, comenzando por los responsables de una discoteca que frecuentaba Mauricio Macri antes de Juliana Awada. Pero resulta que todo eso fracasó porque la liciación fue impugnada tanto en sede administrativa como judicial -inclusive hay un expediente ya en la Oficina Anticorrupción esprando al sucesor de Laura Alonso-.
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En el caso de que los acreedores privados y organismos internacionales (como el FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF) accedan a no se presentarse en ventanilla por un par de años a cobrar unos US$80 mil millones que Argentina comprometió devolverles, in facto serán convertidos en un colectivo represtamista del equivalente a casi un stand by y medio del Fondo. El gobierno de Alberto Fernández contaría con esos recursos para afectarlos al crecimiento de la hoy estancada economía, tratar de equilibrar las cuentas fiscales sin ajustar el gasto, sólo incrementando impuestos, con el combate de la pobreza extrema y el hambre como prioridades sociales y una reactivación del consumo orientado sobre todo de las Pymes. La política que se cierne en este contexto empieza por retener como paso previo a generar: se queda con una porción de las exportaciones, en especial del agro; con lo que se debe pagar por los bonos soberanos y por las cuotas de los organismos internacionales; con los fondos que la Administración tomó de Anses, PAMI, la Tesorería, el Banco Nación o el Banco Central, y posiblemente con una eventual confiscación (quita) de una parte de esas tenencias. Por un lado, las arcas públicas apelan a esas apropiaciones para poner a funcionar la economía, pero por otro, el perjuicio que pudieran sentir los forzados mecenas podría aislar otra vez al país de los flujos financieros internacionales o dilatar el retorno a los mercados voluntarios de deuda y sesgar la recepción de inversiones extranjeras directas únicamente a la seducción energética.
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En el caso de que los acreedores privados y organismos internacionales (como el FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF) accedan a no se presentarse en ventanilla por un par de años a cobrar unos US$80 mil millones que Argentina comprometió devolverles, in facto serán convertidos en un colectivo represtamista del equivalente a casi un stand by y medio del Fondo. El gobierno de Alberto Fernández contaría con esos recursos para afectarlos al crecimiento de la hoy estancada economía, tratar de equilibrar las cuentas fiscales sin ajustar el gasto, sólo incrementando impuestos, con el combate de la pobreza extrema y el hambre como prioridades sociales y una reactivación del consumo orientado sobre todo de las Pymes. La política que se cierne en este contexto empieza por retener como paso previo a generar: se queda con una porción de las exportaciones, en especial del agro; con lo que se debe pagar por los bonos soberanos y por las cuotas de los organismos internacionales; con los fondos que la Administración tomó de Anses, PAMI, la Tesorería, el Banco Nación o el Banco Central, y posiblemente con una eventual confiscación (quita) de una parte de esas tenencias. Por un lado, las arcas públicas apelan a esas apropiaciones para poner a funcionar la economía, pero por otro, el perjuicio que pudieran sentir los forzados mecenas podría aislar otra vez al país de los flujos financieros internacionales o dilatar el retorno a los mercados voluntarios de deuda y sesgar la recepción de inversiones extranjeras directas únicamente a la seducción energética.
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