Los narcos recuperan todo

Los expertos del Consejo Nacional de Estupefacientes dicen que " ahora el Estado tendrá incluso que indemnizarlos por daños y perjuicios".

Las reclamaciones, según cifras de la Contraloría, podrían superar los 170 mil millones de pesos.

En el listado de bienes devueltos hay 60 inmuebles rurales y 179 urbanos, 40 aeronaves, 396 vehículos, 11 embarcaciones, 4 sociedades y hasta 14 cargamentos de insumos químicos.

Esta semana se ordenó la devolución de un puñado de penthouses del exclusivo complejo hotelero Sunrise Beach de San Andrés, avaluado en más de 30 mil millones de pesos y relacionado en la investigación con Nelson Urrego, 'El Bombardero', condenado por enriquecimiento ilícito y quien recuperó su libertad hace un año por pena cumplida.

Incluso, el director de Estupefacientes, Gabriel Merchán, tendrá que devolverles a los narcotraficantes una avioneta que él mismo incautó en el aeropuerto de Cali hace ocho años -cuando era fiscal- y que contenía tonelada y media de cocaína.

Lo más preocupante, reconoce Merchán, es que se les están teniendo que devolver bienes incluso a extraditables, a confesos narcotraficantes y hasta a capos muertos.

Entre los beneficiados por los fallos judiciales están los extraditados Carlos Ledher Rivas, capo del cartel de Medellín; Pastor Perafán Homen, jefe del cartel de Bogotá, y Alberto Orlandé Gamboa, 'El Caracol', jefe del cartel de la Costa.

También, los confesos sucesores de los hermanos Rodríguez Orejuela en la cúpula del cartel de Cali: Juan Carlos Ortiz, 'Cuchilla', asesinado en medio de la guerra que se libra en las entrañas de la mafia, y Juan Carlos Ramírez Abadía, quien ya pagó su condena.

"Esto demuestra -advierte Merchán- que si no se replantea la guerra contra las drogas y se desarrolla una política integral, el Estado habrá perdido la pelea".

La Ley de Extinción de Dominio nació la noche del 19 de diciembre de 1996 para 'empobrecer' a los narcotraficantes y generar con esos millonarios recursos provenientes del delito -calculados en dos billones de pesos- una reforma agraria sin precedentes en Colombia y una auténtica revolución social.

Se gestó en medio del escándalo por la filtración de dineros de la mafia en la política -que desencadenó el llamado proceso 8.000- y se abrió paso, pese a los sobornos y a las amenazas de muerte y terrorismo que la mafia ejerció sobre los legisladores.

El Gobierno la bautizó como la ley que "partía en dos la historia de la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada en Colombia" y Estados Unidos la apadrinó.

"Es un adelanto magnífico en la lucha contra las drogas", "un gran día para todos los colombianos", dijo el entonces embajador de ese país en Colombia, Myles Frechete.

Y hasta Naciones Unidas calificó la Ley como un modelo a seguir para enfrentar el crimen organizado.

Pero, ¿por qué la ley de extinción dejó de serlo y sus efectos hoy amenazan las arcas del Estado?

Merchán y el ponente de la Ley 333 en el Congreso, el senador liberal Germán Vargas Lleras, coinciden en culpar del fracaso de la Ley de Extinción a la sentencia T-212 del 22 de febrero del 2001 de la Corte Constitucional.

"Ese fallo fue la estocada final", asegura Vargas Lleras. "Lo advertí en su momento", observa Merchán.

Esa sentencia pulverizó un fallo de la Corte Suprema de Justicia y ordenó devolverles 200 bienes a los Gaitán Cendales, investigados por narcotráfico y absueltos. Hoy, según un de los abogados del clan, la Nación está demandada por daños y perjuicios. El monto exigido alcanza los 12 mil millones de pesos.

La T-212, en criterio de Merchán, abrió un boquete jurídico, ya que permite a los narcotraficantes recuperen con tutelas sus propiedades y así desconocer al juez natural de la extinción, como es la Fiscalía.

Sin embargo, Carlos Gaviria, hoy senador y en su momento ponente del fallo como magistrado, considera que "es un crítica injusta, porque la Corte no dio reglas hacia el futuro".

"Lo único que hizo la Corte fue proteger el debido proceso, ya que la propia Fiscalía les precluyó a esos señores (los Gaitán Cendales) el proceso por narcotráfico y dijo expresamente que se había comprobado el origen legítimo de los bienes incautados con fines de extinción de dominio, entonces lo que hizo la Corte fue ordenar su desembargo y nada más", dice.

La decisión de la Corte causó tanto malestar, que el fiscal de entonces, Alfonso Gómez Méndez, pidió al alto tribunal anular la sentencia. Pero su solicitud fue rechazada por la Corte en pleno.

Desde entonces, citando la decisión de la Corte, se desprendió una avalancha de demandas y peticiones que tienen a la Dirección de Estupefacientes a punto de tirar la toalla en su guerra contra el poder económico de los narcotraficantes.

Luego, con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, se le dio otro golpe de gracia a la extinción y a la Ley 30 o Estatuto de Estupefacientes. De este se eliminó la figura de la 'consulta', norma por la cual si un fiscal decidía devolverles los bienes a los narcotraficantes, esta era revisada por su superior.

Ahora, cualquier fiscal es autónomo de devolverlos, con el agravante de que muchos de estos funcionarios laboran en sitios remotos del país y son más vulnerables a las amenazas y presiones de los narcotraficantes.

Lo real es que de la fortuna de la mafia -conformada por haciendas, edificios, hoteles, joyas, enseres, automóviles, apartamentos, obras de arte y miles de cabezas de ganado- el Estado solo ha podido morder una mínima tajada.

En cinco años sólo se han producido dos sentencias en favor del Estado, que recaen sobre 19 fincas de Leonidas Vargas, jefe del cartel de Caquetá, ubicadas en El Doncello (Caquetá) y La Dorada (Caldas), y sobre 14 más del desaparecido Jairo Correa Alzate, ubicadas en Puerto Boyacá y La Dorada. Pero de los rendimientos de esa fortuna se deben sacar cerca de mil millones de pesos que el desaparecido narcotraficante adeudaba al Banco Ganadero.

Pero la embestida de la mafia para recuperar sus fortunas va más allá del campo jurídico.

Ante la imposibilidad de que con tan solo 22 funcionarios la Dirección de Estupefacientes pueda administrar más de 38.000 bienes en sus manos, los capos o sus familias están enviando emisarios a saquear e incendiar los predios incautados, para poder interponer demandas.

Además, a través de testaferros crean empresas de papel para quedarse con la posesión del bien y poderlo explotar. Luego, reportan ganancias mínimas ante Estupefacientes y se quedan con la mayoría del producido.

En Cali, por ejemplo, un narcotraficante creó a través de testaferros una inmobiliaria que terminó administrando unos edificios de apartamentos que le habían ocupado.

Los narcotraficantes han llegado a sobornar a funcionarios de la Dirección de Estupefaciente e incluso a infiltrar gente para quemar archivos clave, como lo denunció en 1999 Rubén Olarte, el entonces director.

Olarte descubrió que desde un computador de la institución se les proyectaban documentos a la mafia en su intención de recuperas sus bienes. Además, se vio obligado a pedir la intervención de detectives del DAS para investigar un conato de incendio provocado para destruir expedientes.

Para intentar corregir este caos, el director de Estupefacientes logró que Estados Unidos, le asignara a su despacho, dentro del Plan Colombia, una partida de 4,5 millones de dólares con el propósito de sistematizar el inventario de bienes y aplicarles una su correcta administración.

A su vez, la Fiscalía y otros organismos responsables de la guerra contra el narcotráfico preparan un documento con recomendaciones para hacer efectiva la ley e intentar frenar la avalancha intimidatoria y jurídica de la mafia.