ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES
Socios (en la foto faltan Néstor & Cristina)
La Administración de Programas Especiales (APE) y al menos a 40 obras sociales aparecen 'empomadas' en un trabajo de la Auditoría General de la Nación. Entre otras irregularidades se detectaron prestaciones a más de un centenar de personas ya fallecidas; supuesta documentación falsa (recetas, troqueles y otros papeles); y expedientes firmados por médicos sin registrar. El caso, además, roza a Manuel Martín Alves, gerente general de APE desde hace casi 1 año. Y a su jefe, Juan Manzur, ministro de Salud de la Nación (y vicegobernador de la Provincia en uso de licencia). Y a varios sindicalistas, colaboradores y familiares-colaboradores.
18 de marzo de 2012 - 00:00
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La Administración de Programas Especiales (APE) depende de la Superintendencia de Servicios de Salud (área del Ministerio de Salud de la Nación).
Del total de los aportes de los trabajadores que gozan de obra social, la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) le otorga a APE el 10% (más o menos $ 1.500 millones anuales).
Con ese dinero, la APE les otorga subsidios a las obras sociales para casos que no tienen cobertura (por ejemplo, enfermos de HIV).
El envío de fondos a las prestadoras se hace
> a través de subsidios (antes del gasto) o
> como reintegro tras la cobertura.
APE también interviene en casos de excepción: los beneficiarios sin obra social pero que requieren fondos.
La Auditoría General de la Nación considera que algo no anduvo ni anda correctamente en todo ese mecanismo millonario.
A Cristina Fernández parece interesarle ahora el tema.
Ella designó, vía el decreto 344, a Beatriz Liliana Korenfeld, quien hasta diciembre se desempeñó en Santa Cruz como interventora en la Caja de Servicios Sociales (CSS), gerenta general de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Es decir que Korenfeld es quien administrará los recursos de la APE. Solo en el organigrama Korenfeld dependerá del ministro Juan Manzur. Ella tiene 'línea directa' con Carlos Zannini y, a veces, con Cristina Fernández.
Korenfeld gozaba de la confianza de Néstor Kirchner en la provincia patagónica, donde fue una colaboradora polifuncional.
Korenfeld fue interventora en la CSS a mediados de diciembre de 2011, al concluir su mandato de diputada nacional, pero renunció pocas semanas después, y difundió un comunicado de prensa: “Me encontré con un saldo negativo de $ 208.000. Esta cifra que en la totalidad de los ingresos de la Obra Social puede parecer menor, toma otra dimensión cuando al solicitar información verifico el ingreso de 9 (nueve) millones de pesos enviados desde el Ministerio de Economía, mas 3 (tres) millones de pesos para reponer en lo que se denomina fondo de terceros (La Obra Social, al igual que otros entes es agente de retención, en este caso de AFIP, por lo que esos fondos no le pertenecen a la Caja de Servicios Sociales, por tanto no deben ser usados, hacerlo es ilegal). Los nueve millones de pesos fueron gastados entre el 5 y el 7 de diciembre, es decir en dos días; con una premura que habilita preguntarse cual es la razón que generó la urgencia de pago. Mas aun cuando constató la distribución de esos pagos y encuentro que, $ 408.370 fueron destinados al pago de publicidad o por ejemplo $28.000 para un asado destinado a la despedida del anterior Interventor”.
Lo que Korenfeld no dijo fue que ella ya había sido titular de CSS por 11 años. Cuando el matrimonio Kirchner marchó hacia la Casa Rosada, Korenfeld mantuvo su cargo por un tiempo y cuando lo dejó, se descubrió que durante toda su administración la CSS no había efectuado balances.
Por entonces, un contador público de la CSS le dijo a la agencia OPI Santa Cruz que lo “obligaban a dibujar los balances de 10 años sin siquiera tener la documentación necesaria para efectuar los registros contables”.
Korenfeld pasó a desempeñarse como secretaria municipal de Turismo en El Calafate, y luego como empresaria de turismo. Durante 3 días estuvo al frente de la Información Pública provincial. Etcétera.
Korenfeld no se ruboriza por aquello que tampoco ruboriza a los sindicalistas. Pero ejecutará lo que le reclame Cristina Fernández, viuda de Kirchner.
Ahora, ¿cuál es el plan? ¿Demoler a Hugo Moyano o hay algo más? Es posible que ni Cristina lo conozca de antemano. Tampoco si es posible demoler a Moyano sin rozar tan siquiera a Antonio Caló, el metalúrgico que Cristina quiere en la secretaría general de la Confederación General del Trabajo. Mucho menos si también es posible dejar impoluto al ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur.
Entonces, ¿Korenfeld fue designada para 'limpiar' la contabilidad de la APE? Por ahora, nadie lo sabe. Abunda la preocupación en muchos protagonistas del 'vaciamiento'.
"(...) Si hay un dato que marca a fuego esa suerte de "olvido de Néstor" que se estaría registrando en el gobierno, no desde el afecto, sino desde la gestión política y económica, hay que buscarlo en el final casi anunciado de la relación entre el gobierno y los sindicatos.
Al menos de la relación según la concebía y la construyó Néstor Kirchner desde su arribo a la Casa Rosada. Y no son pocos, dentro del propio elenco gobernante, amén de las prevenciones que existen en la vereda opuesta, los que advierten que esa ruptura puede no ser gratuita, a medida que se acercan las peleas de poder por la conquista de bancas en el Parlamento, en las elecciones de medio tiempo del año que viene, o por la propia sucesión con la mira puesta en las presidenciales de 2015.
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"La ruptura entre Cristina y Hugo Moyano no tiene retorno, y ese es un paso que Kirchner jamás hubiese permitido", desgrana Alberto Fernández. Un discurso que no es distinto del que se puede escuchar de boca de De Vido o del propio ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Aníbal Fernández, ¿ha tomado nota de los tiempos que corren y busca un lugar en el bando de los que miran el futuro con el ceño fruncido? Algunos movimientos imperceptibles del senador y exespada mediática por excelencia del cristinismo, como sus recientes contactos reservados con Daniel Scioli, podrían colocarlo en esa dirección.
Quienes conocen el paño en el gobierno dicen que Kirchner jamás hubiese roto puentes con el líder camionero y con la plana mayor de la CGT. El expresidente se trenzaba en filosos duelos verbales con Moyano, a quien le temía por su poder de fuego para cortar en menos de una semana el abastecimiento de buena parte del país, pero siempre le reservaba una llamada o una charla a solas en el quincho de Olivos. Eran tiempos en los que solía recomendar, en tertulia aparte con los jóvenes que hoy son los únicos a los que su esposa escucha, que no le prestaran tanta atención a sus dichos como a sus gestos: "Escuchen lo que digo, pero miren lo que hago", patentó esa frase."
Entre tantas especulaciones, hay 2 certezas:
> que algo 'raro' ha ocurrido con el APE en los días de amistad entre el Frente para la Victoria y Hugo Moyano; y
> que han comenzado las 'filtraciones' al respecto.
El diario La Gaceta, de San Miguel de Tucumán -base política del ministro de Salud de la Nación, Julio Manzur-, publicó un preinforme de la Auditoría General de la Nación que revela presuntos fraudes con el APE, que depende del ministro Manzur:
"(...) El preinforme de la Auditoría General de la Nación (AGN) está en su etapa final, y ya revela presuntos fraudes que ponen, otra vez, a organismos de servicios de salud en el centro de la escena.
El estudio, al cual tuvo acceso LA GACETA, compromete seriamente a la estatal Administración de Programas Especiales (APE) y al menos a 40 obras sociales. Entre otras irregularidades se detectaron prestaciones a más de un centenar de personas ya fallecidas; supuesta documentación falsa (recetas, troqueles y otros papeles); y expedientes firmados por médicos sin registrar.
El caso, además, roza a dos tucumanos que tienen mucha responsabilidad en el área. El primero es Manuel Martín Alves, gerente general de APE desde hace casi un año. El segundo, Juan Manzur, ministro de Salud de la Nación (y vicegobernador de la Provincia en uso de licencia).
El preinforme, que sería oficializado en 10 días, expone el seguimiento realizado por la AGN sobre un muestreo de 10.114 expedientes iniciados por la APE entre 2005 y 2010.
En las 94 páginas, los auditores realizaron un análisis minucioso sobre el funcionamiento del organismo, que maneja un presupuesto anual de $ 1.500 millones para repartir subsidios entre las obras sociales.
De esta manera, se detectaron presuntos fraudes que podrían acabar en escándalo, si se concreta la denuncia penal que pretende llevar adelante el senador tucumano José Cano (UCR), titular de la comisión de Salud de la Cámara baja.
Por ejemplo, los auditores cruzaron la información del sistema Pampa (utilizado por APE) con el padrón de fallecidos del Registro Nacional de las Personas. Así, se determinó que hubo 117 beneficiarios que habían fallecido para cuando se realizaron las prescripciones, prácticas o tratamientos médicos subsidiados. La cifra, que corresponde a más de uno de cada 100 expedientes analizados, implicó la erogación de $ 2,1 millones a favor de diferentes obras sociales en los cinco años consignados.
Gastos de excepción
Eso no es todo. Los contadores de la AGN analizaron los gastos de excepción, que implican apoyo financiero para las obras sociales en ciertas prestaciones, como stent coronarios y prótesis cardíacas, entre otras. En 2005, se erogó en este rubro $ 4,7 millones. En 2010, $ 122 millones. "Si bien la discrecionalidad es una facultad de las máximas autoridades, no se ha tenido conocimiento de que hayan ocurrido causas sanitarias para que ocurra (sic) tal comportamiento", destaca el preinforme
Los auditores también hicieron observaciones sobre las documentaciones que constaban en el muestreo de los archivos analizados. "En algunos expedientes surgen dudas respecto de la autenticidad de la documentación incorporada, en orden a la similitud en las firmas y en la tipología de las diversas recetas, prescripciones, recibos, etcétera", indicaron los expertos.
Algunos párrafos antes remarcan otra presunta falencia administrativa. "En el 73,17% de los expedientes analizados por un monto otorgado de $ 16.424.000 se aconseja la aprobación de la rendición de cuentas, existiendo faltantes de la documentación respaldatoria de la aplicación de fondos, tales como facturas, recibos, historias clínicas y análisis de laboratorio", destaca el borrador de la AGN. Además, en uno de los ítems más graves, los auditores "verificaron troqueles de dudosa legitimidad".
También se consignó que había al menos 11 beneficiarios de prótesis de cadera que superaban los 100 años (los tres casos extremos eran de personas de 178, 137 y 127 años). Sin embargo, se aclaró que esto quizás sea producto de fallas del software Pampa.
Por último, los auditores realizan una recomendación. "Como consecuencia de la gravedad de las observaciones formuladas, y a efectos de constatar la existencia de un perjuicio fiscal e identificación de responsabilidades, se recomienda la realización de un deslinde de responsabilidades en todas las áreas involucradas", indicaron los expertos de la AGN.
Sin contrato
En su primera página, el informe consigna el nombre del gerente general de APE, el tucumano Alves. El funcionario no estaba al frente del organismo en el período en que se tomaron las muestras para la auditoría. Sin embargo, tendrá la dura misión de regularizar las observaciones expuestas.
El caso de Manzur es diferente, ya que uno de los cuestionamientos que constan en el informe trata de un polémico subsidio aprobado directamente por el Ministerio de Salud de la Nación.
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El 26 de noviembre de 2009, la obra social Bancaria Argentina le requirió a la cartera un subsidio de $ 15 millones, según el preinforme. "Se respaldaba el pedido en la necesidad de contar con fondos que permitan la continuidad prestacional de la obra social", explica el texto.
Desde el área de Salud se le instruyó a APE para que atendiera el pedido. Así, luego de una serie de informes, se otorgaron los fondos, que debían ser reembolsados en 60 cuotas iguales y consecutivas de $ 250.000, más intereses. Los auditores remarcaron que, más allá de una mora de cuatro meses en la primera cuota, hay otro punto a tener en cuenta. "(Se detectó) la falta de instrumento (contrato) que certifique el acuerdo de las partes en cuanto a los términos, condiciones y plazos que rigieron a la presente operación", destacaron los expertos.
En ese sentido, el senador Cano le expresó a LA GACETA que, si persisten las irregularidades detectadas una vez oficializado el informe, el bloque radical estudiará contra qué funcionarios realizará la denuncia penal correspondiente. "A partir de todo esto, también se pedirán informes. El ministro (por Manzur) deberá dar las explicaciones pertinentes, dado el caso", explicó el parlamentario.
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