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A 7 años de Klodzyck, todo sigue igual (o peor)

Muchos jefes han pasado por la controvertida Policía Bonaerense. Y más en los últimos tiempos, cuando los cambios de funcionarios parecen ser la ‘solución mágica’ a los problemas de seguridad de la provincia de Buenos Aires. No sólo los secuestros tienen en vilo a la población. Mezclado con los robos y los asesinatos, aparece el comercio de drogas peligrosas.

Pedro Anastacio Klodzyck fue un jefe cuestionado de la Bonaerense que, sin embargo, permaneció por largo tiempo en su cargo. Logró llegar a la "Casa de Piedra" –el edificio que alberga la jefatura policial en la ciudad de La Plata, hoy Ministerio de Seguridad- gracias a su cercanía con los Duhalde (había sido compañero de colegio de Hilda Beatriz González). Había permanecido en la Dirección General de Narcotráfico de la policía provincial. Dirigió la fuerza de seguridad desde 1991 hasta 1997. Apodado el Polaco, murió a los 59 años, víctima de un cáncer de pulmón provocado por su adicción al tabaco. Denunciado por "amenazas reiteradas, enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y evasión fiscal", en sus últimos días de vida pareció buscar una redención, y ante la comisión investigadora legislativa explicó cómo se manejaba el negocio de la droga en la provincia de Buenos Aires. El 20 de noviembre de 1997, a un año de haber dejado la fuerza, concurrió a la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Atentados contra la Amia y la embajada de Israel, que integraba, entre otros, Cristina Elizabet Fernández de Kirchner. El tema central fue el ex policía Juan José Ribelli, considerado por él como el hijo que nunca tuvo. Es curioso que Cristina nunca recordase –según explicó más adelante- qué dijo Klodczyk sobre Ribelli en aquella oportunidad. Luego, consultado sobre la existencia de una relación entre la policía y las cadenas de distribución de droga, Klodczyk afirmó, ya sin uniforme y de traje gris: "La verdad cada día más. Yo le voy a decir por qué, y va a ver que es sencillo. No todos los que dicen combatir la droga están exentos de tener algún tipo de interés en que no se la combata. Yo mandé a hacer una investigación en la zona de Lomas, donde había dos o tres patrulleros que pasaban a cobrar a cierto lugar donde se vendía droga. Esa investigación después quedó ahí. Yo la estaba haciendo con un juez de Lomas. El tema de la droga es muy simple. Acá hay precursores. Los países limítrofes como Bolivia y Perú no tienen precursores. ¿De dónde llegan los precursores? La coca no se termina de procesar si no hay precursores. ¿Cómo se controla la salida de precursores del país y dónde van? De Colombia no vienen tantos porque para ellos es un trastorno porque el mercado americano está más cerca. Este es un tema que podrían considerar, tal vez encuentren algunas sorpresas como algún laboratorio... o en un momento recibí información que de algunos laboratorios se están llevando a Bolivia, fundamentalmente, precursores destinados a uso industrial. Eso aparentemente está con salida legal. El problema es cómo se controla el destino final. Naturalmente hay países que han puesto fábricas de precursores, y los hacen en cantidades realmente importantes. Habría que ir a ver quiénes son, de qué tipos de productos se trata, ver dónde los mandan, y después verificar que se les dé el destino que se les tiene que dar. El problema de la provincia de Buenos Aires es el puntero de barrio, no el narcotraficante. No hay gran cantidad de narcotraficantes, excepto alguno que distribuya. Hay pequeñas cantidades que se venden en los barrios, y en la jerga se conocen como "kioscos". Para detener a los punteros tienen que seguirlos, escucharlos en algo, fotografiarlos y tomar testigos. Son tipos que a lo mejor venden un kilo por semana. Tal vez después, por alguna falla formal en el proceso de detención, están afuera a los diez días. Es por eso que en otra oportunidad el personal no lo detiene y si es pícaro le va a cobrar, y lo habilita. Duhalde había receptado esto y pensó en la posibilidad de dar competencia a la justicia ordinaria para el pequeño vendedor, a través de un juzgamiento más simple y más rápido, quedando la justicia federal para la organización del narcotráfico (...)". Aún impacta la crudeza de aquellas declaraciones. Más aún cuando la droga en la delincuencia crece como una bola de nieve y dispara robos a mano armada, secuestros, crímenes, corrupción y explotación de personas. El gobernador Felipe Solá pidió la desfederalizar la lucha contra el narcotráfico. Con la reforma de León Carlos Arslanian, cada intendente sería el virtual jefe de la policía local, y ellos serán los responsables de la investigación en los delitos de drogas si se trate de poca cantidad. ¿Los intendentes están interesados en investigar a sus propios ‘punteros’? Una tontería. En la Cámara de Senadores de la Nación hay tres proyectos que impulsan esa medida pero ¿quién podría garantizar que los intendentes y las policías locales son lo suficientemente aptas e impolutas para lidiar con el narcotráfico? Con lógica, la diputada provincial Filomena D’Ambrosio (UCR), presidenta de la Comisión de Prevención de las Adicciones de la Cámara baja bonaerense, dijo que la propuesta de Solá le resulta " inadmisible". Y agregó: "¿Qué será más eficaz y trascendente? ¿Que la Justicia bonaerense tenga facultades sobre las causas emparentadas con la droga, o que el Estado fortalezca su rol y genere una política clara y comprometida con la realidad en la cual estamos inmersos cada vez más como sociedad?" Apelando a una pregunta retórica, dijo: "¿Cómo imaginar que frente a esta situación, seguramente no desconocida por el gobernador, les sumemos más competencia y más delitos, aquellos que son de competencia exclusiva de la Justicia federal, existiendo razones que lo justifican y sobre las cuales Solá no debería hacerse el desentendido?". Según estadísticas oficiales de la provincia, difundidas por el ministro de Justicia de Buenos Aires, Eduardo Di Rocco, "el consumo o tráfico de drogas provoca más del 60% de los delitos que se comenten en la Provincia". Y agregó que "más 50% de los detenidos" de la franja de 18 a 26 años "tiene o tuvo compromisos con las drogas".