Cómo otros países logran mejores resultados en salud con un gasto similar que Argentina, según experto

La salud en Argentina atraviesa momentos complejos. El magister Juan M Ibarguren, secretario general de CAMEOF– Especial Salud y Economía, se pregunta "¿Cómo países como Taiwán, Países Bajos o Corea del Sur logran mejores resultados en salud, con niveles similares o incluso menores de gasto que Argentina?", y lo analiza en este comunicado:

Salud en jaque: ¿Por qué los sistemas más eficientes del mundo superan al argentino pese a gastar lo mismo?

En el corazón del debate sanitario argentino resuena una paradoja inquietante: ¿Cómo es posible que países como Taiwán, Países Bajos o Corea del Sur logren mejores resultados en salud, con niveles similares —o incluso menores— de gasto que Argentina? La respuesta no se encuentra únicamente en la cantidad de recursos, sino en cómo se utilizan

Sistemas que funcionan: eficiencia, cobertura y resultados

Según el informe Mirror, Mirror 2024 del Commonwealth Fund, los sistemas de salud más eficaces y eficientes del mundo son los de Australia, Países Bajos, Reino Unido y Corea del Sur. Estos países coinciden en tres factores clave: cobertura universal, fuerte inversión en atención primaria y eficiencia administrativa.

Taiwán, por ejemplo, lidera el ranking global de desempeño sanitario: con un gasto equivalente al 7,8 % de su PIB, ofrece cobertura universal, baja burocracia y altos niveles de satisfacción ciudadana.

Corea del Sur, por su parte, combina una red hospitalaria moderna con políticas preventivas agresivas. En todos estos casos, el Estado juega un rol decisivo como garante del acceso y como regulador inteligente, sin asfixiar la innovación ni el dinamismo del sector privado.

Distribución público-privada en los modelos más eficientes:

Australia: sistema público (Medicare) financiado por impuestos. El 50% de la población contrata seguros privados complementarios.
Países Bajos: seguros privados obligatorios regulados y subsidiados por el Estado.
Reino Unido: sistema mayoritariamente público (NHS), con baja participación del sector privado.
Corea del Sur: seguro único nacional (NHI), con provisión mayoritariamente privada y fuertemente regulada.

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El caso argentino: fragmentación, gasto y desigualdad

Argentina destina aproximadamente el 9 % de su PIB a salud, cifra comparable a la de los países mencionados. Sin embargo, el sistema argentino está marcado por una fuerte fragmentación: el sector público (financiado por impuestos), las obras sociales (con aportes laborales) y las prepagas privadas conviven sin una articulación eficiente.

El resultado es una cobertura formalmente universal, pero con grandes diferencias en calidad, tiempos de espera, acceso a especialistas y disponibilidad de medicamentos según el nivel socioeconómico del paciente y su ubicación geográfica.

Además, el sistema argentino sufre de duplicación de funciones, ineficiencias administrativas y falta de inversión sostenida en infraestructura y tecnología.

A esto se suma un bajo desarrollo de la atención primaria: los hospitales concentran la demanda por ausencia de redes locales de prevención, lo que encarece la atención y reduce el impacto del gasto.

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Una dimensión estructural crítica del sistema de salud argentino es la distribución de responsabilidades entre jurisdicciones.

Si bien existe un Ministerio de Salud de la Nación, su rol es limitado y carece de funciones ejecutivas directas. Esto se debe a que, según la Constitución Nacional y las constituciones provinciales, la salud es una competencia delegada a las provincias.

Cada una de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene a su cargo la organización y gestión de sus propios sistemas de salud. Sin embargo, esta autonomía formal no se corresponde con un esquema claro de financiamiento.

Uno de los principales obstáculos es la ley de coparticipación federal de impuestos: una normativa transitoria sancionada en 1988 que nunca se reemplazó por un régimen definitivo, como exige la Constitución reformada en 1994.

Como resultado, muchas provincias enfrentan enormes desafíos para financiar adecuadamente sus sistemas de salud. La asignación de recursos desde Nación suele responder a criterios políticos o coyunturales, lo que acentúa las desigualdades entre jurisdicciones y limita la planificación de largo plazo.

Esta fragmentación funcional y financiera es uno de los factores estructurales que comprometen la eficiencia y equidad del sistema de salud argentino.

En este contexto, las obras sociales provinciales también presentan serios problemas. La mayoría arrastra déficits financieros estructurales y se gestionan con escasa transparencia en el uso de los fondos.

En muchos casos, estas entidades no logran cumplir con los estándares mínimos de cobertura ni garantizar acceso a medicamentos o prácticas complejas. Este deterioro, sumado al magro financiamiento nacional, contribuye a agravar las desigualdades sanitarias entre regiones.

Crisis en la seguridad social sindical

A ello se suma la crisis crónica del sistema de seguridad social, en particular de las obras sociales sindicales, que gestionan fondos millonarios provenientes de los aportes de los trabajadores formales.

Estas entidades son permanentemente asistidas por el Estado nacional, muchas veces como parte de la lógica política de la denominada “gobernabilidad”. Sin embargo, carecen de controles eficaces, tanto en lo financiero como en lo sanitario.

El resultado es un sistema opaco, fragmentado, con prestaciones dispares y escasa supervisión en el uso de recursos públicos, que profundiza la desigualdad y debilita la confianza en la seguridad social.

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Medicina prepaga: de complemento a supletorio

A diferencia de otros países, donde el seguro privado es complementario, en Argentina se volvió supletorio. Para gran parte de la clase media, es la única manera de garantizar el acceso real a consultas, estudios o cirugías.

Sin embargo, este modelo tiene pies de barro:

Las empresas de medicina prepaga se consolidaron económicamente, pero los aranceles que pagan a prestadores están desactualizados, muchas veces por debajo de los costos reales.
Esto lleva a una crisis terminal en clínicas, sanatorios y profesionales, afectando inversión, disponibilidad de insumos y calidad asistencial.
El desequilibrio se traslada al sector público, que absorbe la demanda insatisfecha.

¿Dónde estamos parados?

En los rankings internacionales de eficiencia sanitaria, Argentina aparece lejos de los primeros puestos.

Un informe de Lucidity Insights posiciona a los sistemas de salud de Asia y Europa Occidental como los más eficientes del mundo, mientras que América Latina, salvo excepciones como Costa Rica, muestra rezagos en resultados con respecto al gasto invertido.

Los indicadores locales lo confirman: la esperanza de vida en Argentina es de 76 años (por debajo del promedio OCDE), la mortalidad infantil sigue siendo alta en algunas provincias y los niveles de satisfacción con el sistema de salud son bajos, tanto en el ámbito público como en el privado.

Una diferencia sustancial con los modelos exitosos es el tipo de intervención estatal. En países como Países Bajos o Australia, el Estado no solo financia y regula, sino que también evalúa resultados, promueve la competencia en calidad y penaliza la ineficiencia.

En Argentina, en cambio, el control estatal suele centrarse en lo administrativo y normativo, pero con escaso impacto en la mejora de los resultados sanitarios.

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¿Qué podemos aprender?

El camino hacia un sistema de salud más eficaz y equitativo no exige necesariamente aumentar el gasto, sino transformarlo.

Fortalecer la atención primaria, reducir la fragmentación, profesionalizar la gestión y adoptar tecnología para integrar los subsistemas son pasos clave.

También es urgente repensar el financiamiento, reconociendo que ningún sistema exitoso del mundo se sostiene exclusivamente con aportes laborales: se necesita una combinación de fuentes, con una participación estatal clara y estratégica.

Mientras tanto, la paradoja sigue abierta: Argentina invierte lo suficiente como para aspirar a un sistema de salud de primer nivel. Lo que falta no es dinero. Falta orden, gobernanza, transparencia y visión de largo plazo

Fuente: Mgter. Juan M Ibarguren, secretario general de CAMEOF– Especial Salud y Economía

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