Buscan reformar la Ley de Identidad de Género: Sin financiamiento estatal y con restricciones para menores

La iniciativa impulsada por Gerardo Milman (PRO), pero firmada por la diputada favorita de Javier Milei, Lilia Lemoine, plantea un cambio de enfoque, con el objetivo de limitar el rol del Estado, eliminar el financiamiento público de tratamientos relacionados con la identidad autopercibida y establecer nuevas condiciones para el acceso de menores a cambios registrales o intervenciones médicas.

Según sus autores, el proyecto parte de la idea de "garantizar la libertad individual sin imposiciones fiscales ni culturales por parte del Estado", y busca actualizar el marco legal “en línea con los principios de neutralidad ideológica y respeto por la patria potestad”.

Cambios en la Ley de Identidad de Género

"Presenté un proyecto para modificar la Ley de Identidad de Género. Cada adulto tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y su identidad. Pero eso no le da derecho a que todos los argentinos paguen por esa decisión. Por eso proponemos que el Estado, las obras sociales y el PMO dejen de financiar tratamientos hormonales, cirugías o intervenciones de cambio de sexo", argumentó el legislador nacional.

Y siguió: "En el caso de menores, se requiere sí o sí el consentimiento de ambos padres y la evaluación de profesionales. El Estado no puede reemplazar a las familias ni empujar a los chicos a decisiones irreversibles".

"No se trata de prohibir identidades, sino de poner límites claros. De respetar la libertad sin imponerla a los demás. De terminar con el adoctrinamiento disfrazado de derechos".

Los puntos clave del proyecto:

— El Estado dejará de cubrir económicamente tratamientos relacionados con la identidad de género:

Toda persona mayor de 18 años podrá realizarse tratamientos hormonales, quirúrgicos o de cualquier tipo para adecuar su cuerpo a su identidad autopercibida, pero deberá hacerlo exclusivamente por cuenta propia. El proyecto elimina la obligatoriedad de cobertura tanto en el sistema público de salud como en las obras sociales y prepagas.

— Prohibición total de intervenciones en menores de edad:

Quedan expresamente prohibidos los tratamientos hormonales o quirúrgicos de reasignación de sexo en personas menores de 18 años. Para los cambios registrales (nombre, sexo o imagen), se requerirá el consentimiento unánime de ambos padres y la intervención obligatoria de un equipo interdisciplinario compuesto por un médico, un psiquiatra y un psicólogo independientes.

— Eliminación del uso obligatorio de nombres autopercibidos:

El Estado no podrá exigir a instituciones públicas o privadas el uso de nombres o pronombres diferentes a los que figuran en el documento nacional de identidad. Según el proyecto, el trato conforme a la identidad autopercibida será voluntario y deberá acordarse entre las partes, sin sanciones ni penalizaciones por no utilizarlo.

— Prohibición de campañas y contenidos educativos sobre identidad de género:

El texto incorpora un nuevo artículo que obliga al Estado y sus dependencias a mantener “neutralidad ideológica”. Esto significa que no podrán promover, financiar ni difundir construcciones culturales vinculadas a la identidad de género en el ámbito educativo obligatorio, ni en organismos públicos, salvo con consentimiento previo e informado de los padres.

— Trámites de cambio de sexo y nombre:

Los cambios registrales seguirán realizándose ante el Registro Nacional de las Personas, de forma personal y voluntaria, pero solo serán gratuitos en casos de extrema vulnerabilidad socioeconómica, debidamente acreditada.

— Derogaciones y plazo de adecuación:

El proyecto propone derogar todos los artículos de la Ley 26.743 que contradigan los principios de neutralidad estatal y respeto a la libertad de expresión. Si se aprueba, la nueva ley entraría en vigencia 60 días después de su publicación, tiempo en el que el Ejecutivo deberá actualizar la reglamentación vigente.

Los fundamentos detrás de la propuesta

En el texto, Milman y los cofirmantes argumentan que la actual Ley de Identidad de Género responde a “un modelo paternalista y estatista”, y que la reforma busca devolver al Estado un rol neutral frente a cuestiones culturales e identitarias.

Aseguran que el proyecto se apoya en siete principios rectores:

1. Libertad individual sin imposición estatal o fiscal.
2. Neutralidad ideológica y cultural del Estado.
3. Fin del financiamiento compulsivo de intervenciones electivas.
4. Protección integral de los menores y respeto por la patria potestad.
5. Defensa de la estabilidad jurídica y los registros oficiales.
6. Eliminación del adoctrinamiento desde el Estado.
7. Igualdad sin privilegios ni tratamientos diferenciados por identidad autopercibida.

“El Estado no debe financiar con recursos de todos las decisiones individuales de algunos”, explican en el texto de fundamentos. También critican la existencia de subsidios, cupos laborales o beneficios especiales para colectivos en función de la identidad de género, considerando que vulneran el principio de igualdad ante la ley.

La propuesta, que todavía no fue girada a comisiones, ya genera controversia en el Congreso y en organizaciones de derechos humanos. Mientras sectores liberales y libertarios apoyan el enfoque, distintas asociaciones que defienden los derechos de las personas trans y organizaciones sociales advierten que podría significar un retroceso en materia de inclusión y salud pública.

Milman sostiene que el proyecto “no vulnera derechos, sino que devuelve al ciudadano el control sobre su vida sin imponerle cargas a otros”. Sin embargo, resta por ver cuál será el nivel de consenso que logre en el Congreso, donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia y necesita del apoyo de bloques aliados para avanzar con reformas de este tipo.

El proyecto completo a continuación:

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