Un Egipto dividido vota sobre una Constitución peligrosa

Sábado 15/12 de refererendo en Egipto. El 22/11 el presidente Mohamed Mursi blindó judicialmente la Asamblea Constituyente, a salvo de la amenaza de un fallo del Tribunal Constitucional. 

 

Una semana más tarde, los islamistas aprobaron el texto fundamental ante el éxodo de laicos y cristianos. 

 

Ni las manifestaciones opositoras ni los choques entre partidarios y detractores de Mursi que dejaron 11 muertos y más de 700 heridos ni el boicot de los jueces han logrado detener la consulta.

 

El referéndum se desarrolla este sábado 15/12 en 10 gobernaciones, incluyendo El Cairo y Alejandría y la región inestable del Sinaí (este). 

 

Las otras 17 gobernaciones votarán el próximo sábado, 22/12.

 

Suman 51,3 millones de electores inscriptos sobre una población total de 83 millones.

 

La división del país en 2 zonas de votación sucesivas fue decidida a último momento, ante el boicot de varios magistrados encargados de supervisar el escrutinio.

 

Han sido semanas de enfrentamientos entre opositores y los Hermanos Musulmanes, al que pertenece el presidente Mursi.

 

Unos 120.000 soldados fueron llamados como refuerzo para ayudar a los 130.000 policías a garantizar la seguridad durante la votación.

 

Egipto precisa un marco institucional estable, que según sus defensores debe reflejar los cambios ocurridos en el país desde la caída del autócrata Hosni Mubarak a principios de 2011.

 

La oposición laica, de izquierda y liberal, denuncia un texto adoptado apresuradamente por una comisión dominada por islamistas, que abre la puerta a interpretaciones fundamentalistas del Islam y ofrece pocas garantías para las libertades.

 

El refererendo es considerado, a la vez, como una forma de voto de confianza a favor o en contra de Mursi, electo en junio pasado por escasa mayoría.

 

Mursi puede contar con la capacidad de movilización de la poderosa cofradía islamista, pero tiene en contra el descontento popular generado por una profunda crisis económica.

 

La fase electoral de hoy sábado 15/11 es supervisada por 7.000 jueces y protegida por 380.000 agentes de la policía y las Fuerzas Armadas. Por decreto presidencial, los militares participarán junto a la policía para mantener el orden con potestad para arrestar civiles hasta el anuncio de los resultados del referéndum.

 

Compuesta de 236 artículos, el proyecto de Constitución ha suscitado una clara división: Los Hermanos Musulmanes, sus aliados salafistas (rigoristas) y el resto de partidos islamistas defienden las bondades del texto para sepultar 22 meses de transición democrática mientras que el opositor Frente de Salvación Nacional que lidera el premio Nobel de la Paz Mohamed el Baradei pide el 'no' a una Carta Magna que –a su juicio- no representa a todos los egipcios y ha sido aprobada sin consenso social.

 

 

En relación con la Constitución de 1971, el nuevo texto conserva intacto el artículo número 2 que establece que "los principios de la 'sharia' (legislación islámica) son la principal fuente de legislación". Pero, como concesión a los ultraconservadores salafistas, introduce el artículo 219, que precisa que los principios de la 'sharia' incluyen las normas fundamentales, las reglas de jurisprudencia y las fuentes fiables y aceptadas por la doctrina suní y la comunidad en general.

 

El texto también señala que la Universidad de Al Azhar –la institución más prestigiosa del islam suní- supervisará toda ley que afecte a la 'sharia'. Y señala la obligación del Estado de velar por "la ética, moral y orden públicos" en lo que algunos activistas han calificado como la puerta hacia la creación de una policía moral.

 

 

Se reduce la libertad de credo a las 3 religiones monoteístas: islam, cristianismo y judaísmo. La Constitución también señala que cristianos y judíos se guiarán por su propia legislación en las leyes de estatus personal, asuntos religiosos y elección de sus líderes espirituales.

 

 

La Constitución sostiene que la libertad de expresión debe ser protegida. Sin embargo, prohíbe el insulto contra personas físicas y "los profetas". Unas objeciones que algunas organizaciones consideran carta blanca para la censura.

 

 

"Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos y deberes sin discriminación", dice el artículo 33 sin aportar más precisiones como los motivos de discriminación –religión, origen y sexo-. Además de no reconocer la igualdad de género, mantiene parte del articulado de la Carta Magna de 1971 al convertir al Estado en garante del "equilibrio entre los deberes familiares y laborales de la mujer" y defensor de "la verdadera naturaleza de la familia egipcia".

 

No obstante, desaparece la vieja cláusula de que las autoridades deben asegurar además "la igualdad con el hombre en los ámbitos político, social, cultural y económico sin vulnerar las reglas de la jurisprudencia islámica". El texto no incluye una prohibición expresa del tráfico de mujeres ni del matrimonio infantil.

 

 

El Ejército, cuyo emporio económico representa hasta el 40 por ciento del PIB local, queda fuera de la auditoría del parlamento. El Consejo de Defensa Nacional será el encargado de supervisar el presupuesto y las leyes de las Fuerzas Armadas. Está formado por representantes del Gobierno y mayoría de militares.

 

El titular de Defensa, quien es a su vez comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, seguirá siendo elegido por los propios generales. Y los criticados tribunales castrenses, que procesaron a más de 12.000 civiles durante la transición, podrán juzgar a aquellos ciudadanos que "dañen a las Fuerzas Armadas".

 

 

La Constitución fija 2 mandatos consecutivos de cuatro años como el máximo que puede permanecer en el cargo un jefe de Estado. El sistema de Gobierno es semi presidencialista.

 

El Presidente es el encargado de designar al primer ministro pero para ello necesita el plácet del parlamento. Además es comandante supremo de las Fuerzas Armadas y solo podrá declarar la guerra o enviar tropas al extranjero tras consultarlo con el Consejo de Defensa Nacional y tener la aprobación del parlamento. El presidente, con la aprobación del sistema bicameral, podrá firmar tratados y convenios internacional siempre y cuando no vayan en contra de la Constitución.