Por violar y matar, sólo 21 años de prisión

Fernando Antúnez y Carlos Vallejos, empleados de limpieza del club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, fueron sentenciados a 21 años de cárcel por el crimen de Fabiana Gandiaga, mientras que el tercer implicado, Miguel Angel López, fue absuelto. La condena se conoció en medio de una serie de incidentes provocados por los familiares de los acusados, después del juicio que llevó adelante el Tribunal Oral Criminal 14. El fiscal Clorindo Mendieta había reclamado 23 años y 9 meses de cárcel para Antúnez y 24 para Vallejos y López, quien finalmente fue absuelto. En tanto, los representantes de la familia de la víctima exigían 25 años para los tres. Tanto la fiscalía como la querella consideraban en su exposición que Antúnez, Vallejos y López violaron a la maestra, quien murió estrangulada, tras ser golpeada durante el ataque. La hipótesis del hecho es que la misma fuerza que se empleó para sujetarla en el ataque fue la que provocó la muerte por estrangulamiento. La abogada de Vallejos, quien dice que Antúnez mintió al involucrarlo a su defendido, apelará la sentencia porque no hay acusaciones sustentadas y ni siquiera pruebas de la violación. Por otro lado, junto a los abogados defensores de los otros imputados, inculparon del hecho a un subintendente y a un auxiliar de intendencia del club GEBA. Fabiana Gandiaga desapareció el 20 de octubre del 2001, cuando acompañó a su hijo al club GEBA para que participara de un torneo de taekwondo. Según la investigación, la maestra salió del salón donde se realizaba el evento para comprar una gaseosa, aunque aparentemente se perdió en una escalera -que estaba en refacción- y pidió auxilio a un empleado. En ese momento fue cuando la habrían engañado y fue conducida al baño del entrepiso del edificio, donde fue violada y asesinada. La joven estuvo desaparecida por 7 días, hasta que fue encontrada en un hueco donde están las cámaras de electricidad del edificio, introducido en una bolsa de consorcio. Antúnez fue el primer imputado en la causa, ya que en su poder se halló el teléfono celular de la víctima, el que utilizó durante varios días para realizar llamados y extorsionar a sus familiares. En su primera declaración indagatoria ante el juez de instrucción porteño Alberto Seijas, Antúnez relató los pormenores de cómo había sido violada y asesinada Gandiaga, hecho del cual dijo haber sido sólo un espectador y por el que inculpó a Vallejos y López, detenidos inmediatamente después. Si bien el acusado se retractó luego dos veces de sus dichos -una de ellas en el juicio, cuando inculpó a un subintendente y a otro empleado de GEBA-, para la fiscalía y la querella su primera declaración de cómo fue atacada la maestra fue tan detallada que la mayoría de las circunstancias pudieron acreditarse después científicamente. De acuerdo al Código Penal, por homicidio simple la condena es de 8 a 25 años de prisión. El homicidio calificado implica más condena, pero en este caso no se encontraron pruebas para aplicar esa figura jurídica, de forma que en pocos años Antúnez y Vallejos, si fueron bien juzgados y son culpables de violar y matar, recuperarán la libertad. Por otro lado quedó una familia destrozada, un hijo sin madre y los padres con el dolor de una hija muerta tras el sufrimiento y la humillación de dos hombres que la sometieron sexualmente, y 21 años es poco tiempo para saldar un hecho de tal brutalidad. Mientras tanto, las denuncias por violaciones aumentaron significativamente en los últimos meses y no hay medidas para terminar con ese delito. Según las estadísticas de la Dirección Nacional de Política Criminal registran entre 1000 y 1100 denuncias anuales de violación, aunque todas las opiniones coinciden en que esta cifra sólo corresponde a un 10% de los casos realmente ocurridos. Entre los últimos casos conocidos se encuentran la muerte y violación de Lucía Yaconis, ocurrida en Núñez, y la posterior violación de dos mellizas de 15 años en Haedo, donde los vecinos indignados y atemorizados se reunieron en las calles para pedir justicia. Si bien este particular delito tiene raíces que se remiten casi exclusivamente a la salud psíquica del agresor, el gobierno nacional y los gobiernos locales pueden instrumentar políticas dirigidas tanto a la prevención como a la represión del hecho y a la asistencia a la víctima, y deben hacerlo, porque más allá de las causas que llevan a una persona a cometer tal delito, hay que tener en cuenta que las heridas físicas, psicológicas y sociales en la víctima perduran y se acentúan si no son atendidas de manera adecuada.