Por qué hay que cambiar a las policías Federal y Bonaerense

Graves desinteligencias entre la Policía Federal Argentina y la Policía Bonaerense provocan el extraordinario aumento del robo de vehículos, y esto no ha sido corregido pese a que el ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, Juan José Álvarez, fue previamente ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Peor aún: Álvarez ha promovido determinadas conductas entre los comisarios generales de la Federal que sólo puede provoca sospechas acerca de la peligrosa bonaerización de la que fue, hasta no hace mucho tiempo, la fuerza de seguridad más prestigiosa del país, rol hoy ocupado por la Gendarmería Nacional. Una de las desinteligencias tradicionales entre la Federal y la Bonaerense es operativa: pese a los 10 años de boom en las telecomunicaciones argentinas, no existe hoy un switch, una interfase en las radiocomunicaciones entre ambas fuerzas de seguridad. Esto provoca trastornos y deficiencias no solamente en cuanto al robo de automotores, sino acerca de la represión del delito en general. En el caso de la sustracción de rodados, las burocracias son tales que un veloz delincuente puede estar arribando a la frontera argentino-paraguaya cuando la Bonaerense recién libra una orden de captura del vehículo robado. Lo terrible es que no es un secreto, pero nunca ha sido modificado, y esto obliga a sospechar acerca de las posibles vinculaciones de personal policial con las bandas que roban automóviles en los mayores centros urbanos argentinos. A menudo se especula conque existe una sorda competencia maligna entre la Federal y la Bonaerense y, entonces, es mejor no mezclarlas. Si esto es cierto, hay que dar de baja de inmediata a todos los responsables de ambas fuerzas de seguridad y construirlas desde 0, porque el argumento es ridículo. ¿Cómo los ciudadanos pueden tolerar que porque entre dos fuerzas de seguridad que supuestamente compiten entre sí, los delincuentes encuentren sorprendentes beneficios para ejecutar su mal? Debe recordarse que personal que condujo la División Robo de Automotores de la Bonaerense, se encuentra detenido por presuntas vinculaciones con el mega-atentado contra la Amia; y en esa misma causa, a propósito de las escuchas telefónicas al hoy próspero empresario en San Pedro, provincia de Buenos Aires, Alejandro Monjo, quedó comprometida la conducción de la Divisón Sustracción de Automotores de la Federal. Ambas conocían y convivían con organizaciones que desarrollan desarmaderos de vehículos, a menudo mellizos y, por lo tanto, armados con partes robadas, o directamente la compraventa de unidades sustraídas. Es curioso que las aseguradoras argentinas nunca hicieron públicas las deficiencias que ellas mismas conocen. Al menos, las desinteligencias entre la Federal y la Bonaerense que provoca la existencia de una zona liberada durante horas en el corredor de fuga de los delincuentes al volante de los automóviles robados, no es mencionado hoy en el informe que publica el diario La Nación, acerca de que en los primeros ocho meses del año ya se robaron 74.500 rodados, casi el doble de los automotores 0 kilómetro comercializados en el mercado interno. Al no denunciarse la red de complicidades que provoca tan grave situación, empresarios y comunicadores terminan convalidando la permanencia del delito, por lo que el informe del diario La Nación se termina asemejando a otros que aparecieron en el pasado en ese matutino, o en otros. Tampoco es novedad que el incremento de los robos de automóviles trajo aparejado un fuerte aumento en el número de desarmaderos ilegales, en los que se desguaza a los vehículos, en muchos casos en sólo media hora, para vender sus piezas. Se trata de un negocio que, según las compañías de seguros, mueve cerca de $ 327.000.000 por año, pero lo que cabe preguntarse es el mapa de desarmaderos que tienen las fuerzas de seguridad y qué hacen al respecto. Dice La Nación que, según fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, el 60% de los autos robados en la Argentina no se recupera jamás. Pero las escuchas telefónicas del caso Monjo revelaron, por ejemplo, la conexión de empresas que intentaban deshacerse de sus flotas de vehículos, con los empresarios que se desempeñan en el filo entre la ley y el delito. Esto provoca el comercio de los documentos que debieron ser dados de baja, juntos a las unidades. Esto es gravísimo que siga ocurriendo porque ambas fuerzas de seguridad saben que la no destrucción de documentos de vehículos destruídos provocó que se armara la Trafic utilizada en el mega-atentado contra la Amia, o sea que resulta una cuestión de seguridad interior. Pero en las fuerzas de seguridad hay personal que trabaja para el delito, y muchos funcionarios nacionales nada hacen –y menos colaborar con su ejemplo- para modificar la situación, pese a la enorme sensación de inseguridad que crece en la Argentina. Las proyecciones realizadas por las aseguradoras pronostican que el promedio de 276 vehículos robados por día se incrementará y que para fin de año se habrán robado unas 120.000 unidades en la Argentina. Es verdad que los niveles de robos de automóviles en la Argentina no llegaron a los de Brasil, donde durante el año último se robaron 370.000 vehículos, según las estadísticas del Registro Nacional de Vehículos Robados de ese país. Esto equivale a un promedio de 1.013 vehículos robados por día. Pero resultaría ridículo festejar que otro país se encuentra peor. La falta de sincronización entre la Federal y la Bonaerense, pese a ocupar geográficamente áreas estrechamente vinculadas como lo son la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del 1er. cinturón del Gran Buenos Aires, promueve no solamente el robo de automotores sino el desarrollo de redes de distribución de narcóticos, el auge de los secuestros extorsivos y otras modalidades del delito Argentina 2003 (por no mencionar el juego clandestino y la prostitución, habituales cotos de muchos policías, hasta aceptados por ciertos políticos).