Shell juega a 2 puntas en la Justicia

En efecto, la petrolera Shell acudió a la Justicia para frenar la decisión del Gobierno de declarar el "congelamiento" del precio de naftas y gasoil. Lo hizo a través de una acción de amparo para que "declare la nulidad e inconstitucionalidad del Artículo 2 y de la Cláusula Primera del Anexo de la mencionada resolución en tanto se trata de una norma manifiestamente arbitraria e ilegal". Se espera que otras compañías sigan el mismo camino.

Asimismo, solicitó que se dicte con carácter de urgente una medida cautelar que suspenda la aplicación de la resolución 13/2011 hasta que se resuelva el amparo interpuesto, "atento a su ilegitimidad y a que contraviene el ordenamiento legal vigente en el sector, establecido por normas de mayor jerarquía".

Cabe recordar que para revertir el incremento de precios impuesto esta semana por la petrolera Shell, el Gobierno nacional aplicó la Ley de Abastecimiento y mediante la Resolución 13/2011, dispuesta por la Secretaría de Comercio Interior y publicada el 2/02 en el Boletín Oficial, obligó a la compañía retrotraer los precios de los combustibles al viernes pasado (28/01).

Hasta ahí la historia conocida.

Shell, sin embargo, decidió no acatar el pedido del Ejecutivo, y ordenó mantener los aumentos en todas sus estaciones de servicios, las cuales aún hoy (4/02) conservaban los nuevos precios, sin embargo, necesita el aval de la justicia y de allí su estrategia procesal de presentar la acción de amparo mientras apura los expedientes en trámite en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que preside Ricardo Lorenzetti.

Una solución para lo inmediato

Como suele suceder, lo inmediato obnubila lo importante o trascendente.

La apuesta por conseguir remedio en lo inmediato de Shell se centra en el dictado de la medida cautelar que suspenda la aplicación de la Ley de Abastecimiento y en la posterior favorable acogida que el amparo planteado en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional contra la Secretaría de Comercio Interior pueda obtener, lo que debería verificarse en los tiempos acotados que marca la ley. "Debido al carácter urgente de nuestro requerimiento, aguardamos una diligente resolución judicial, a partir de lo cual adoptaremos las medidas que correspondan", señaló la empresa en su presentación judicial.

Sin embargo, sabido es que los fallos son solamente aplicables a los casos concretos y no son vinculantes para otros, ni siquiera entre las mismas partes si el objeto procesal difiere. Por o tanto, nada impide que situaciones como las actuales se sucedan o repitan en el futuro o que sucesivos amparos se vean frustrados por nuevas regulaciones de la Secretaría de Comercio. Vale recordar que el año pasado, y ante una medida similar por parte de Guillermo Moreno en la que se le ordenó retrotraer los precios, Shell también solicitó un recurso de amparo. En esa oportunidad un juez dio la razón al Gobierno y le hizo retrotraer los valores a la petrolera, pero luego la alzada le dio lugar a la medida cautelar. El Gobierno apeló la decisión judicial, la cual quedó en suspenso.

Una solución más duradera

Memoriosos de que la tensión entre empresas del sector y el Gobierno no es nueva (Shell, particularmente, tiene una relación de antaño más que ríspida con el Gobierno Nacional: en 2005, luego de una suba en las naftas, el entonces presidente Néstor Kirchner llamó públicamente a un boicot contra la compañía) la empresa petrolera apuesta a una solución mas definitiva e integral: que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que defina la vigencia y/o constitucionalidad de la Ley de Abastecimiento.

Shell aspira a que su caso constituya un leading case. La solución no lo encontrará vía amparos, sino a trabes de las apelaciones a la Corte Suprema que se corresponden con las multas que se le hayan impuesto en virtud de la Ley de Abastecimiento.

Resulta que Shell enfrenta varios expedientes por infracciones derivadas de la aplicación de la Ley de Abastecimiento y las diversas sanciones de multa que ha cosechado en todo el país en sus distintas estaciones de servicio. Los montos aplicables en dichas multas, impuestas por la Secretaria de Comercio, se habían fijado en $ 1 millón por cada una. Sin embargo, dichos montos nunca fueron confirmados judicialmente. En algunos fallos confirmatorios, los montos de la sentencia fueron sensiblemente menores, mientras que en otros la sanción simplemente resultó revocada.

Esos expedientes deberán ser resueltos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Existen por lo menos 63 apelaciones vía recurso extraordinario que esperan un fallo de la Corte, para que se pronuncie sobre la vigencia y constitucionalidad de la Ley de Abastecimiento.

La intención de Shell es que la Corte se aboque a la resolución de alguno de estos temas, antes de que estos prescriban ya que, si lo ministros tardan más de 24 meses en resolver el expediente, la causa prescribe. Por ejemplo, el expediente Nº 24/2009 se encuentra próximo a prescribir y por ende de perder la oportunidad de servir para fijar criterio.

Durante 2010 fueron presentados 29 recursos extraordinarios ante la Corte, mientras que en 2009 hicieron lo propio cerca de 40. De éstos últimos, son 34 los que aún pueden ser evaluados por la Justicia. Sin ir más lejos, en los próximos meses prescribirán 7causas más.

El procedimiento es el siguiente: comienza con Guillermo Moreno, el titular de la Secretaría de Comercio, aplicando una multa en función de las resoluciones emitidas por dicho organismo, todas fundamentas en la ley 20.680.

Ante ello, Shell apela la sanción ante un juez de primera instancia en lo Penal Económico, quien puede confirmar la multa, reducirla o anularla. Así fue como Alejandro Catania confirmó una sanción reduciendo a 100.000 el monto, Rafael Caputo disminuyó otras multas a 10.000, a la par que Jorge Brugo las revocó, entre otras. En cualquiera de los casos (sea favorable al Gobierno como a la compañía petrolera), la apelación debe ser cursada vía recurso extraordinario ante la Corte.

Esto es así porque según el propio texto de la Ley de Abastecimiento las resoluciones de primera instancia no son apelables ante la Cámara (como en el caso de los amparos) ni ante Casación, sino que se corresponden directamente al Alto Tribunal.

El recurso extraordinario es la única herramienta por la cual se puede apelar lo resuelto en primera instancia sobre la ley 20.680, y se debe a que está tipificado en la propia norma, el hecho de que la Corte es la instancia de apelación, lo cual fue previsto por el legislador al sancionar la ley. Esto obedece a la necesidad de abreviar los tiempos procesales cuando están en juego disposiciones que hacen a la política económica del gobierno.

Un decisorio de la Corte, si bien no vinculante en el sistema judicial argentino, carga con una autoridad moral suficiente para constituir un leading case y marcarle el rumbo a otros jueces de primera instancia.

La palabra final de la Corte es de extrema importancia, puesto que es ése el ámbito en donde se puede unificar un criterio respecto de la vigencia, aplicación y constitucionalidad de la Ley de Abastecimiento. Como se ha dicho, las sanciones por la mencionada ley, confirmadas o rechazadas por los jueces de primera instancia en lo Penal Económico, no van a Cámara ni a Casación sino que tienen recurso directo ante la Corte.

El no acatamiento de Shell al pedido del Ejecutivo y la orden de mantener los aumentos en todas las estaciones de servicio obedece a una estrategia procesal que solo pede ser entendida como un llamado a mayores sanciones que den lugar a nuevos expedientes. Esto conllevará que los tiempos de prescripción de expedientes hábiles para la determinación de la invalidez o inconstitucionalidad de la Ley de Abastecimiento se prorroguen y aquella sea finalmente dictada.

En una guerra larga en la que Shell pareciera estar dispuesta a perder varias batallas en miras de la victoria final.