No escapan a este panorama las llamadas provincias grandes, al contrario, hoy tal vez sean Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe las que más claramente dejan ver los efectos de esta política interior K y su incesante construcción de poder. Los gobernadores de Buenos Aires, Felipe Solá; Córdoba, José Manuel de la Sota; y Santa Fe, Jorge Obeid, demostraron ya que no conciben un futuro político exitoso ni una gobernabilidad sustentable soltando la mano de Néstor Kirchner. La misma dependencia económica y política provocó, además, la cristalización de alianzas en distritos más débiles, en manos de gobernadores radicales conversos. El correntino Arturo Colombi y el santiagueño Gerardo Zamora son los ejemplares más fuertes de una línea que también interesa al catamarqueño Eduardo Brizuela del Moral y, con mucha mayor polémica y contradicciones, al mendocino Julio Cobos (ayer solicitó autorización legislativa para otorgar aumento a estatales por $40 millones). Cabe recordar, además, el caso de Jorge Colazo, destituido mandatario que había saltado a las filas K a fines de 2005. Con respecto a los intendentes, se da una situación similar, con radicales en crisis que acaban de abrir las puertas al kirchnerismo admitiendo la conformación de pactos extrapartidarios. Pocos son los que desafían a la Casa Rosada. Apenas el neuquino Jorge Sobisch, lanzado ya sin frenos en carrera por la presidencia. De lejos lo sigue el sanluiseño Alberto Rodríguez Saá y, con moderada postura crítica, el salteño Juan Carlos Romero. Igualmente, el norteño dejó días atrás otro ejemplo de la asimétrica relación Nación-provincias, cuando debió viajar a Buenos Aires para recibir la ayuda nacional necesaria en Tartagal, por los estragos que ocasionaron las inundaciones. Por su parte, el factor deuda pública es uno de los fuertes corsets que oprimen al interior. Cerca de 70% del pasivo público del conjunto de las provincias -que asciende a más de $75.000 millones- tiene a la Nación como acreedora, que cada año, merced a los acuerdos de refinanciamiento, controla la voluntad de los deudores. En total, los diferentes distritos necesitarían financiamiento por $2.500 millones durante 2006. El fuerte poder recaudatorio da también a la Nación ascendiente sobre las provincias, muchas de las cuales generan muy escasos recursos propios y, literalmente, "viven" de los envíos de Coparticipación Federal. La poderosa Región Centro, conformada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, da buenos ejemplos de dependencia provincial, pese a que el bloque de gobiernos ha logrado notables mejoras económicas en los últimos años. Por caso, los tres distritos sufren constantes ansias por la posibilidad de concreción de esperadas obras públicas federales, las cuales siempre dependen del humor de los funcionarios nacionales. Sin embargo, las retenciones que el trío de gobiernos giran a la administración central se encuentran hoy al nivel de compensar lo que reciben a cambio en obras u otro tipo de aportes. Vale como ejemplo de este orden actual señalar cómo de una u otra manera, sin importar de que lado del mostrador esté, la administración K vuelca a su favor la relación con las provincias: por sus deudas, Córdoba y Entre Ríos necesitan sí o sí de auxilio federal, lo cual las ata políticamente. Santa Fe, en tanto, no tiene pasivos a favor de Nación, pero sí acreencias, por diversas obras públicas, situación que es aprovechada desde el gobierno central exigiendo buen comportamiento como condición para cumplir con sus deudas. Buenos Aires también se encuentra en una situación difícil por causa de la política nacional. El gobernador Solá insistió esta semana en que "la provincia va seguir perdiendo mientras exista" la actual Ley de Coparticipación Federal. "No vamos a poder tener una nueva Coparticipación sin el aval de todos los gobernadores. El camino parece ser otro y no modificar la ley", indicó el bonaerense, ya resignado ante la imposibilidad a priori de que se aumente el porcentaje de Coparticipación que recibe la provincia. Muy necesitado de apoyo de la Casa Rosada en su siempre vigente disputa con el duhaldismo, Solá ya no recuerda a Kirchner su promesa de campaña sobre una supuesta restitución de los 8 puntos de coparticipación que reclama el gobierno bonaerense desde que fueron resignados en la década del 80. El argumento que Buenos Aires sostiene, pero no puede hacer valer, apunta a que como el distrito más grande del país, los contribuyentes que aportan dentro de su territorio son responsables de 70% del total de los impuestos nacionales.
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Una buena relación, un buen acceso a fondos
Un gobierno nacional poderoso política y económicamente, con provincias cada vez más necesitadas de asistencia y acuerdos de sumisión con la Casa Rosada. Tal es el escenario configurado durante la era Kirchner y el cual la mayoría de los gobernadores parecen ya resignados a aceptar, al menos de aquí a 2007.
11 de abril de 2006 - 08:12






