Edición i: Sugestivo interés K por ignorar la muerte del vigilador del Citibank

A 10 años de la bomba contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, otra vez regresó el temor al terrorismo cuando, a las 8:30 del miércoles 17 de noviembre, en la sucursal de Citibank en Avenida Rivadavia al 4900, a metros del pasaje Florencio Balcarce, en el barrio porteño de Caballito, llegaron el gerente y un vigilador privado. El vigilador descubrió dos envases tetrabrick (de cartón) frente a los cajeros automáticos y se acercó para sacarlas a la calle, suponiendo que se trataba de residuos. Pero una de las cajas explotó y el vigilador, Jorge Ricchiutti, de 38 años, sufrió gravísimas heridas por las que fue trasladado de urgencia al hospital Durand, donde murió cuando era intervenido quirúrgicamente. El otro explosivo no llegó a estallar y fue detonado más tarde por bomberos de Policía Federal Argentina convocados al lugar. En tanto, en la sucursal del Banco de Galicia, en Avenida Santa Fe 2841, otro estallido en el sector de cajeros automáticos sólo provocó daños leves. Y tres cuadras, en un Citibank situado en avenida Santa Fe al 3100, otro artefacto fue hallado en el sector de cajeros, pero los bomberos realizaron una explosión controlada que le provocó heridas al sargento de policía Guillermo Molina, de la comisaría 21ª, cuando se abalanzó para sujetar a una mujer que traspuso las vallas de contención. La sede central de Citibank en Montevideo, Uruguay, recibió una amenaza de bomba a las 13:35 y debió desalojarse el local. El juez federal Daniel Rafecas realizó varios interrogatorios a testigos y recibió informes periciales que confirmaron que las bombas fueron armadas con caños de gas y pólvora. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, sostuvo que los responsables de la colocación de bombas "son especialistas" y dijo que la Secretaría de Inteligencia colabora con la pesquisa. Una supuesta organización denominada Metaderecho se adjudicó los atentados a través de la red Internet, pero los investigadores descreen de la existencia del grupo y de su vinculación con los ataques. Las cámaras de seguridad instaladas junto a los cajeros automáticos en los que fueron colocados los explosivos mostraron que los autores de los atentados actuaron de madrugada y con diferencia de pocos minutos en cada banco. Los atacantes protegieron sus cabezas con gorras que ocultaron los rostros del plano al que enfocaban las cámaras. Otras especulaciones regresaron a escena a la ORP (Organización Revolucionaria del Pueblo), aunque hace tiempo que se cree que fue desarticulada, luego de que se adjudicó, en 1996, varios artefactos lanzapanfletos en cajeros automáticos; una agresión armada contra el ex médico torturador de la Policía Bonaerense, Jorge Bergés; y una extorsión contra la cadena de hipermercados de Alfredo Coto. ("El auto de Eduardo Menem estaba siempre en la cochera de Espinosa y Paysandú, donde Coto tiene su sede central. Coto dijo en una entrevista que había facturado ese año $ 1.500 millones. Entonces nosotros le pedimos el uno por mil, por única vez en concepto de contribución no voluntaria", fue la explicación de la ORP). La pena máxima fue impuesta por el Tribunal Oral Federal Nº2 de la Ciudad de Buenos Aires a Adrián Krmpotic, quien confesó su participación en esos y otros hechos. Otras hipótesis mencionaron a un supuesto grupo desprendido del MTR (Movimiento Teresa Rodríguez, trotskysta), y también se especuló con Quebracho, y con sectores vinculados a la Organización Hijos, que detonó artefactos explosivos como el que le quitó un brazo a uno de sus militantes, el 12 de abril de 2001, en el microcentro porteño. En esta ocasión ocurrió un muerto y esto ha complicado todo. Los trabajos más sofisticados hoy día en antiterrorismo se realizan en Indonesia, donde se abrió una escuela de entrenamiento para fuerzas policiales parcialmente financiada por el gobierno de Australia, país perdió 88 ciudadanos durante un atentado en Bali, en 2002. Policías de más de 20 países reservaron lugar para un curso de tres semanas de duración que estudia en profundidad al grupo militante islámico Jemaah Islamiyah, que integra la red al-Qaeda. La Argentina ha desarticulado su grupo más especializado que funcionaba en la Unidad Antiterrorista de Policía Federal, a las órdenes del comisario Jorge Palacios, quien fue enviado al retiro en medio de una pelea por el control de la fuerza de seguridad y una competencia con la Policía Bonaerense y la Secretaría de Inteligencia. Semejante déficit en cualquier investigación antiterrorista resulta preocupante por la falta de previsión del Gobierno de Néstor Kirchner. Los ministros de Defensa de América -excepto Cuba- acaban de reiterar en Quito, Ecuador, en una declaración: "Es un objetivo compartido prevenir, combatir y eliminar todas las formas de terrorismo, crimen organizado y el tráfico de drogas y el comercio ilícito de armas y sus nexos." A pesar de los esfuerzos de USA de alcanzar un apoyo frontal a su lucha contra el terrorismo, los ministros de Defensa de la mayoría de los otros países del continente optaron por una visión más integral y social de las ‘nuevas amenazas a la seguridad’, como el tráfico de armas, drogas, el lavado de activos, la migración ilegal y la exclusión social. Washington DC intentó la aprobación de una lista de grupos terroristas que deberían ser combatidos en el continente, e integrar a las fuerzas militares y policiales contra el terrorismo, pero ambas acciones fueron descartadas de la declaración final. Los países del hemisferio también rechazaron darle su aval al planteamiento USA apoyado por Centroamérica, de convertir a la Junta Interamericana de Defensa (JID) en un organismo rector de la política de seguridad del continente, porque podría poner en riesgo la soberanía de los países. La JID fue creada en 1942 y es el eje de una arquitectura de seguridad centrada en la defensa militar frente a amenazas externas, obsoleta para enfrentar los nuevos retos de la seguridad. "Vemos fantasmas donde no los hay", dijo el ministro de Defensa de El Salvador, Otto Romero. "No percibimos grandes amenazas". ¿Cuál es la verdad, en el caso argentino? "Siempre uno quiere más. Lo interesante es que se encuentra un punto justo", dijo el ministro de Chile, Jaime Ravinet, al cierre de la VI Conferencia de Ministros de Defensa de América, y destacó que cada país debe identificar sus prioridades de seguridad. La pobreza afecta a uno de cada dos habitantes de la región y su pobre crecimiento -un 2,6% en la última década, según organismos internacionales-, obliga a redefinir los factores que alimentan el crimen organizado y las amenazas contra la seguridad. Colombia recibió la solidaridad continental por "sus esfuerzos contra el terrorismo" pero la declaración distó de sus expectativas de que los vecinos dejen "la retórica" y se sumen a acciones militares y técnicas conjuntas para realizar operaciones de interdicción para frenar el tráfico de armas, drogas y el lavado de dinero. También ocurrió, durante los últimos días, un atentado terrorista en Venezuela, que provocó la muerte del fiscal venezolano Danilo Anderson, quien investigaba el caso de numerosos opositores que participaron del fallido golpe de Estado en abril de 2002, que apartó del poder al presidente Hugo Chávez Frías durante 48 horas. Debido al atentado, perpetrado en la noche del jueves 18, Chávez suspendió su asistencia a la Cumbre Iberoamericana realizada en San José de Costa Rica. Anderson murió al explotar una bomba colocada en el vehículo en el que viajaba por una calle de Caracas. En un comunicado difundido en la Cumbre Iberoamericana, el Gobierno de Venezuela informó que Anderson investigaba a "grupos fascistas que se oponen violentamente al Gobierno, internamente y desde el exterior", y están vinculados con el "infame golpe de Estado" de 2002. El fiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez, declaró a la salida de la sesión solemne en el Palacio Federal Legislativo, previa al sepelio de Anderson, que los fiscales que están manejando el caso del asesinato le comunicaron que tienen muy buenas noticias con respecto a evidencias que podrían conducir hacia los responsables. Rodríguez no quiso revelar cuáles eran esas noticias, pero podrían haberse conseguido algunas celdas de teléfono con informaciones que pueden ser bien importantes’’, dijo Rodríguez En cambio en la Argentina, al cierre de esta Edición i, no había indicios y sí un evidente interés de los funcionarios y dirigentes políticos por minimizar una cuestión demasiado grave para dejarla pasar desapercibida. El problema de muchos burócratas que integran el Ejecutivo Nacional es el temor a que un escenario de terrorismo les modifique la agenda política pre-establecida. El desinterés, o bien la desidia, sin embargo, no sólo puede resultar en una indefensión de la sociedad, provocada por el propio Estado a cargo de la seguridad colectiva, sino también puede derivar en una reacción brutal, desmesurada, en caso de profundizarse el accionar terrorista que se pretende ocultar. ------------- Edición i, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2004.