Instrucción K: ¡Salven a Gils Carbó!
Imprudente, y bastante menos inteligente que cuando la promocionaba Raúl Moneta, Alejandra Gils Carbó enfrenta problemas cuando no hace tanto tiempo que comenzó su gestión al frente de la Procuración General de la Nación. En la disputa entre su mandante, Cristina Fernández de Kirchner, y Grupo Clarín, a quien Gils Carbó cuestionaba desde antes, se ha comportado en forma desprolija, y el Ejecutivo Nacional tiene que hacer lo que nunca necesitó con Esteban Righi: una Operación Rescate.
13 de mayo de 2013 - 08:08
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Todo indica que Juan Manuel Abal Medina (h), jefe del Gabinete de Ministros de la Nación, convocó a los matutinos K a rescatar la credibilidad de la fiscal general Alejandra Gils Carbó. Una fiscal general sin credibilidad es un problema cuando tiene que ejercer autoridad moral sobre el resto de los fiscales.
El fiscal federal Guillermo Marijuan apeló el cierre de una causa contra su jefa Gils Carbó, acusada por el senador radical Mario Cimadevilla, de haber realizado designaciones irregulares de fiscales subrogantes y ad hoc.
El juez federal Sebastián Casanello había considerado que no hubo delito en las designaciones de Gils Carbó, en un fallo en el que sostuvo que ella estaba amparada por normas constitucionales y legales que la facultaban a "sustituir magistrados", y que era una práctica arraigada desde los tiempos del ex procurador Esteban Righi.
Sin embargo, Marijuan hizo notar que hubo una "clara e inobjetable inobservancia de la ley" por parte de Gils Carbó, quien "optó por un sistema de designación directa recurriendo a la figura del 'fiscal subrogante' o de la inexistente figura del 'fiscal ad hoc' (...)", tal como sucedió en la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), unidad que debería atender el caso Lázaro Báez.
Será la Sala I de la Cámara Federal la que resuelva en la causa contra Gils Carbó.
El fiscal Marijuan sostuvo que discrepaba "respetuosamente" de la visión del juez porque entendía que las designaciones fueron irregulares, dado que con fundamento en resoluciones de "inferior jerarquía" se hicieron nombramientos que "violentaron la ley orgánica del Ministerio Público". A juicio de Marijuan, este tipo de designaciones "podría aparejar numerosas declaraciones de nulidad".
"Hay una clara e inobjetable inobservancia de la ley, ya que no puede crearse una estructura y atribuir la misma a un fiscal general cuyo cargo ha sido habilitado al efecto, otorgándose funciones autónomas y principales pues ello es de exclusiva facultad del Poder Legislativo de la Nación", agregó.
Gils Carbó contraatacó acusando al fiscal Guillermo Marijuán de comportarse con un doble estándar: supuestamente él no actuó con igual diligencia en 2 casos que para Gils Carbó son equivalentes: la denuncia sobre la llamada "ruta del dinero K" (SGI Argentina, Lázaro Báez y, eventualmente, los Kirchner), y la denuncia del delincuente Hernán Arbizu (quien le robó dinero a clientes del JP Morgan, entidad en la que debía administrar depósitos, y para escapar de la extradición solicitada por la Justicia estadounidense, denunció que había clientes argentinos que fugaban sus capitales vía JP Morgan, y así obtener la protección de los Kirchner porque en el listado aparecen accionistas de Grupo Clarín).
"El "doble estándar" que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, adjudicó al fiscal Guillermo Marijuan en el tratamiento de las investigaciones que involucran al empresario Lázaro Báez y la denuncia –que data de 2008– de 469 personas físicas y jurídicas que habrían fugado dinero del país, se desprende de su propia actuación en ambos casos. En el primero, el fiscal no dudó en imputar a todos los involucrados y cuestionó la labor de quienes lo precedieron en el expediente, en especial de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac) y de su titular, Carlos Gonella. En cambio, Marijuan no solicitó la imputación de ninguno de los mencionados en la denuncia del "arrepentido" ex ejecutivo de JP Morgan, Hernán Arbizu.
A pesar de que el principal obstáculo para la investigación de la fuga de capitales que habría orquestado JP Morgan fue la reticencia de los Estados Unidos a brindar información sobre esos movimientos financieros, la fiscalía evitó pedir cualquier medida que ayudara a establecer si al menos la denuncia de Arbizu tenía asidero en la pata local de la maniobra que el ex ejecutivo describió en detalle.
En el expediente 7943/08 que se tramita en el Juzgado Nº 12 (N. de la R.: a cargo del juez federal Sergio Torres), se reconoció solo como imputado a Arbizu, bajo los delitos de defraudación y encubrimiento. Cuando se le corrió vista de su declaración, Marijuan impulsó el 12 de junio de 2008 la investigación pero al mencionar a los imputados, el fiscal –de acuerdo al escrito al que accedió Tiempo Argentino– sostuvo que "atento al incipiente estado de la causa no resulta posible, de momento, individualizar al autor y/o autores de los hechos aquí develados".
Arbizu había aportado nombres, cifras, direcciones y el listado con las 469 personas físicas o jurídicas a las había ayudado a fugar divisas, muchas de ellas vinculadas con el Grupo Clarín. (...)
Pero a la hora de pedir medidas, el fiscal se limitó a solicitar "los allanamientos que correspondan", sin mayor individualización, y que "se requiera al BCRA toda información sobre los directivos y/o responsables de las entidades bancarias involucradas". Lo mismo pidió a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa, para que den cuenta de "alguna actuación administrativa" sobre los manejos denunciados por Arbizu. Para concluir, le dejó al juez la difusa posibilidad de que ejecute "toda otra medida que estime pertinente".
(...) Paradójicamente, Marijuan, que imputó a Gils Carbó por la supuesta designación sin concurso de varios fiscales, tampoco rindió examen para ocupar la Fiscalía Nº 9, de acuerdo a la información provista por la Secretaría de Concursos del Ministerio Público. Era "fiscal adjunto" en la Fiscalía N° 12, antes de la Ley Orgánica 24.946 sancionada en 1998, con lo que su cargo era una figura que no estaba prevista legalmente y cuya designación se produjo sin concurso, al igual que las de las nuevas Procuradurías.
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Su nombramiento fue realizado por el ex procurador Esteban Righi, a raíz de las vacantes creadas por las renuncias de los fiscales a cargo de la causa AMIA. A partir de la sanción de la norma que regula los Ministerios Públicos en su artículo 72, inciso g, su cargo quedó equiparado de hecho al de fiscal federal."
En tanto, Victoria Ginzberg, en otro medio paraestatal, de formas periodísticas, llamado Página/12, decidió entrevistar a Félix Crous, un personaje promovido por Gils Carbó, quien creó la Procuraduría Adjunta de Narcocriminalidad (Procunar), y es uno de los cuestionados por Marijuan.
Al igual que Arbizu -quien afirma que las acusaciones contra él provienen de quienes quieren violar la ley, cuando él la transgredió primero, Félix Crous, uno de los referentes del colectivo K Justicia Legítima, cree que la denuncia judicial del senador radical Mario Cimadevilla, está relacionada con el intento de frenar los juicios contra los represores de la última dictadura. “No me olvido que, en este momento (el empresario Carlos Pedro) Blaquier, una de las personas más poderosas de este país, está sometido a un encausamiento por un proceso que logró destrabar un fiscal ad hoc de Jujuy”.
Pero el tema es Marijuán, y otros fiscales (porque Marijuan no se encuentra aislado en el cuestionamiento a la acción de Gils Carbó). Lo reconoce el propio Crous cuando utiliza el plural: "(...) Esto tiene un sentido político nefasto y de mayor alcance. Los medios involucrados, los grupos económicos involucrados en la difusión mediática de esta postura también lo hacen en defensa propia. Lo que me pregunto es por qué lo hacen los fiscales.
–¿Puede haber una cuestión de celos, entre fiscales que a lo mejor no se sintieron considerados por la procuradora?
–Debe haber un poco de cada cosa. Yo conozco a los fiscales e idiotas útiles no hay ninguno. Utiles puede ser, idiotas no.
–¿Pero hay resistencias internas entre los fiscales a algunas políticas de Gils Carbó?
–Absolutamente. De algunos pocos fiscales. Es lo que está sucediendo. La mayoría ya trabaja coordinadamente y con entusiasmo con las procuradurías, al menos con la que yo conduzco, que fueron creadas para que todos trabajemos mejor.
–¿Resistencia a qué concretamente?
–Al cambio. Cuando digo al cambio, lo digo por lo siguiente: se viene sosteniendo desde hace veinte años que el Ministerio Público debe sufrir modificaciones importantes. Pasar a un sistema acusatorio, modernizar la estructura interna, una organización en la que los fiscales trabajen en equipo, se especialicen, sean más eficaces. Esto implica también terminar con las quintitas, los pequeños ducados y condados de la feudalización del Ministerio Público, donde cada uno en su islita tiene su poder propio, su negociación propia, arma sus alianzas, sus viajes y también así sus enlaces de intereses. El proyecto de un Ministerio Público que logre lo que tan fácilmente se declama, que es la coherencia interna y la unidad de actuación, ese ministerio público no tiene nada que ver con fiscales que actúan como jueces, como células aisladas incoordinadas. Hay un fenómeno paradojal. Se habla del poder que tiene el jefe o jefa de los fiscales, que es el procurador, ahora, cuando el procurador efectivamente funciona como cabeza del Ministerio Público, como jefe de los fiscales y pretende dar un diseño institucional, crear una política criminal, generar las instrucciones para que esa política criminal se cumpla, supervisar la actuación, auditar, es tiránico y autoritario. ¿Es el jefe o no es el jefe de los fiscales? ¿Es peligroso o es inocuo? La cuestión es evidente: se generan resistencias por las cosas que se hacen bien. (...)".
El diálogo luego fue hacia los cuestionamientos de aspectos de la reforma judicial que inspiró Gils Carbó, promueve Cristina Fernández de Kirchner, y Crous defiende:
"(...) –¿Por qué hay una resistencia del gremio al acceso igualitario?
–De la conducción del gremio. Me consta que los trabajadores judiciales no resisten esta reforma del modo en que lo resiste la conducción del gremio. Lo digo, lamentablemente, porque por Julio Piumato tengo respeto y cariño y valoro su trayectoria, pero me parece que acá está jugado a una interna política más grande, que es el encuadramiento de la CGT de Moyano y las posiciones que en este tiempo tiene, claramente es una posición opositora. Ha llevado el gremio a esta situación absurda de oponerse a cosas que siempre reclamó. Nadie dice que el gremio va a quedar afuera del mecanismo de selección, esto no fue reglamentado todavía. Esta es la mesa de enlace judicial. Si un gremio es aplaudido por la patronal que siempre lo despreció, yo me preguntaría si está en el camino correcto. Nada de esto perjudica a los trabajadores judiciales, sobre todo a los futuros trabajadores. A menos que se esté defendiendo el derecho de ser trabajador judicial por acomodo. Hay un lockout patronal que garantiza el paro e incluye hostilidades contra los que no quieren parar. Igual, para los judiciales, no laburar con la habilitación de tus jefes te garantiza un paro impecable. La vieja y rancia familia judicial consigue un doble beneficio con esta posición del sindicato: un aliado impensable en su resistencia a la democratización, sindicato que a su vez se quiebra o debilita por esta alianza. Sólo pierden los trabajadores.
–En términos de reforma, ¿qué faltaría? Ya sea que lo deba implementar el Ejecutivo, o desde adentro del Poder Judicial.
–Hay que insistir con la conducción de los recursos por parte del nuevo Consejo de la Magistratura. Hay algunas cosas más finitas que no merecen ser nombradas en el marco macro, pero el tema de los recursos y de la gestión siempre ha sido de difícil resolución en el Poder Judicial, ya sea por ineptitud o interés. Cuando la cosa está desprofesionalizada nadie controla. Nadie controla qué pasa con los bienes incautados, qué pasa con la gestión de los bienes de las personas que están sometidas a insania. Donde hay dinero, hay una zona bien vidriosa. Hay que insistir con que la Corte tenga sólo facultades jurisdiccionales y haya un organismo de gestión y gobierno, como en todos los lugares del mundo, que no sea la Corte. Y lo segundo es avanzar rápidamente hacia sistemas procesales que acompañen estos cambios organizacionales, que oralicen todo lo oralizable, que en la Justicia penal les saquen a los jueces la misión ambigua de ser jueces y fiscales, dependiendo del humor con que se hayan levantado ese día y que el Ministerio Público tenga la conducción del proceso penal. Y que todo lo que sea pasible de ser incorporado por jueces del pueblo se incorpore, como resolución de conflictos vecinales. Hay que involucrar directamente al pueblo en la resolución de los conflictos porque la cuestión jurídica no es una disciplina hermética. (...)".
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