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En el caso de que los acreedores privados y organismos internacionales (como el FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF) accedan a no se presentarse en ventanilla por un par de años a cobrar unos US$80 mil millones que Argentina comprometió devolverles, in facto serán convertidos en un colectivo represtamista del equivalente a casi un stand by y medio del Fondo. El gobierno de Alberto Fernández contaría con esos recursos para afectarlos al crecimiento de la hoy estancada economía, tratar de equilibrar las cuentas fiscales sin ajustar el gasto, sólo incrementando impuestos, con el combate de la pobreza extrema y el hambre como prioridades sociales y una reactivación del consumo orientado sobre todo de las Pymes. La política que se cierne en este contexto empieza por retener como paso previo a generar: se queda con una porción de las exportaciones, en especial del agro; con lo que se debe pagar por los bonos soberanos y por las cuotas de los organismos internacionales; con los fondos que la Administración tomó de Anses, PAMI, la Tesorería, el Banco Nación o el Banco Central, y posiblemente con una eventual confiscación (quita) de una parte de esas tenencias. Por un lado, las arcas públicas apelan a esas apropiaciones para poner a funcionar la economía, pero por otro, el perjuicio que pudieran sentir los forzados mecenas podría aislar otra vez al país de los flujos financieros internacionales o dilatar el retorno a los mercados voluntarios de deuda y sesgar la recepción de inversiones extranjeras directas únicamente a la seducción energética.
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En el caso de que los acreedores privados y organismos internacionales (como el FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF) accedan a no se presentarse en ventanilla por un par de años a cobrar unos US$80 mil millones que Argentina comprometió devolverles, in facto serán convertidos en un colectivo represtamista del equivalente a casi un stand by y medio del Fondo. El gobierno de Alberto Fernández contaría con esos recursos para afectarlos al crecimiento de la hoy estancada economía, tratar de equilibrar las cuentas fiscales sin ajustar el gasto, sólo incrementando impuestos, con el combate de la pobreza extrema y el hambre como prioridades sociales y una reactivación del consumo orientado sobre todo de las Pymes. La política que se cierne en este contexto empieza por retener como paso previo a generar: se queda con una porción de las exportaciones, en especial del agro; con lo que se debe pagar por los bonos soberanos y por las cuotas de los organismos internacionales; con los fondos que la Administración tomó de Anses, PAMI, la Tesorería, el Banco Nación o el Banco Central, y posiblemente con una eventual confiscación (quita) de una parte de esas tenencias. Por un lado, las arcas públicas apelan a esas apropiaciones para poner a funcionar la economía, pero por otro, el perjuicio que pudieran sentir los forzados mecenas podría aislar otra vez al país de los flujos financieros internacionales o dilatar el retorno a los mercados voluntarios de deuda y sesgar la recepción de inversiones extranjeras directas únicamente a la seducción energética.
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Las alarmas del entramado socioeconómico legado por la Administración Macri no sólo suenan por el estado de iliquidez para afrontar pagos de deuda, sino por la situación de emergencia en que se encuentran la seguridad alimentaria, acechada por la pobreza, y ocupacional, debido al desempleo que castiga principalmente a las Pymes, que representan el 85% de la estructura empresarial del país, y a la creciente precarización laboral. El gobierno entrante maneja como hipótesis que 8 millones las personas padecen de déficit nutricional y que hay unos 14 millones de trabajadores con algún tipo de problema laboral. A 1 de cada 3 ya se los ubicaba en el interior de las villas, en los basurales, en la ferias a cielo abierto, en los talleres clandestinos, entre los cartoneros, en los vagones del tren, entre los paños de los manteros, en las estaciones ferroviarias, en las paradas de los motoqueros, en los montes, en las fábricas recuperadas, en las cuadrillas de los programas sociales. Y la proporción de la marginalidad se amplía raudamente en el área metropolitana de Buenos Aires, donde se conformó una enorme economía familiar en la que campea la informalidad.
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El impuesto a la riqueza ahora recae sobre patrimonios devaluados de la clase media, como inmuebles, autos y ahorros, justo cuando el poder adquisitivo del salario viene dando pérdidas. Equipos allegados a CFK quieren avanzar sobre la progresividad de bienes personales llevando la tasa al máximo de 1,25% que regía en 2015 y penalizando los capitales argentinos radicados en el exterior, como bienes raíces y cuentas bancarias, con porcentajes diferenciales como los de renta financiera, estipulado en 15% si la tenencia con oferta pública es local, pero que sube al 35% si se trata del mismo papel pero a través de un ADR en Wall Street. Los tributaristas profesionales advierten que será una confiscación que perjudicará a quienes no son precisamente ricos porque los mínimos no imponibles no le han seguido el paso a las revaluaciones técnicas y la inflación los deja muy bajos, y tendrá el efecto contrario al de seducir a quienes se llevaron el dinero afuera para que lo traigan y, a los que aún siguen en el país, para que no cambien de radicación hacia Uruguay u otros destinos en los que no tengan jurisdicción los tentáculos de la AFIP. Eso sí, los colchones y los expatriados y no declarados continuarán tan campantes como siempre.
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Las centrales obreras que asuman compromisos ante el Consejo Económico y Social en ciernes a lo sumo constituyen la quinta parte de los trabajadores totales del país, incluidos los registrados sindicalizados e independientes, los cuentapropistas formales y informales y los que están en negro. Entre ellos, tampoco estarán representados plomeros, gasistas, electricistas, carpinteros, albañiles, ni choferes, artesanos, changueros, vendedores ambulantes, sean o no monotributistas, que junto a los profesionales suman el 12% de la masa laboral. En este contexto, cuando se traten las bases de la refundación del contrato social habrá 4 millones de manos genuinas de trabajadores sindicalizados levantadas, por interpósitos intermediarios, para ponerle el hombro al gobierno en los 180 días siguientes a su asunción, aunque brillarán por la ausencia unos 11 millones registrados que no tienen afiliación más otros 8 millones, entre cuentapropistas de oficios, profesionales, por derecha y clandestinos. Durante la tregua propuesta, la dirigencia prestará atención a temas atinentes a las cajas de jubilaciones, subsidios y negocios con tercerizados, antes que al terreno salarial perdido.
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