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POLÉMICA REFORMA DE BIENES PERSONALES

Perinola confiscatoria: menos los evasores, todos ponen

Mar, 19/11/2019 - 1:06pm
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El impuesto a la riqueza ahora recae sobre patrimonios devaluados de la clase media, como inmuebles, autos y ahorros, justo cuando el poder adquisitivo del salario viene dando pérdidas. Equipos allegados a CFK quieren avanzar sobre la progresividad de bienes personales llevando la tasa al máximo de 1,25% que regía en 2015 y penalizando los capitales argentinos radicados en el exterior, como bienes raíces y cuentas bancarias, con porcentajes diferenciales como los de renta financiera, estipulado en 15% si la tenencia con oferta pública es local, pero que sube al 35% si se trata del mismo papel pero a través de un ADR en Wall Street. Los tributaristas profesionales advierten que será una confiscación que perjudicará a quienes no son precisamente ricos porque los mínimos no imponibles no le han seguido el paso a las revaluaciones técnicas y la inflación los deja muy bajos, y tendrá el efecto contrario al de seducir a quienes se llevaron el dinero afuera para que lo traigan y, a los que aún siguen en el país, para que no cambien de radicación hacia Uruguay u otros destinos en los que no tengan jurisdicción los tentáculos de la AFIP.  Eso sí, los colchones y los expatriados y no declarados continuarán tan campantes como siempre.

A los pesos se los come la inflación, los dólares que se depositan en la banca local terminan embretados en controles de cambios y cuando no superan los US$100 mil ni el sistema financiero uruguayo (antes de los convenios antilavado más propenso a recibirlos) se la hace fácil.
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La diputada kirchnerista Fernanda Vallejos, uno de los “cuadros” económicos predilectos de CFK, armó con su equipo un plan para ampliar la recaudación fiscal en US$2.800 millones e hizo saltar las térmicas de los tributaristas profesionales.

Ella propuso triplicar la alícuota para los patrimonios declarados en el extranjero (inmuebles o cuentas radicadas en el exterior) y elevar el gravámen para los bienes en país a los niveles en que se encontraban en 2015, de acuerdo con la siguiente escala: 

** 0,75% para patrimonios entre $2.000.000 y $3.000.000 (unos US$50.000); 
** 1%, de $3.000.000 a $18.000.000; y 
** 1,25% para montos mayores a US$300 mil.

La justificación hecha a la reforma planteada es que penaliza la tenencia de riqueza en el exterior, pero fue enérgicamente descalificada por el profesor titular de Teoría y Técnica Impositiva I de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, César Roberto Litvin, con 6 argumentos: 

** el impuesto sobre los bienes personales en Argentina no mide adecuadamente la capacidad contributiva, ya que el mínimo no imponible es de escaso monto ($ 2.000.000); 
** afecta a quienes no detentan riqueza, 
** incentiva a las grandes fortunas a trasladarse a países que mejor lo tratan fiscalmente, 
** produce escasa recaudación (0,14% del PIB), 
** los países modernos no lo utilizan, y 
** desmotiva el ahorro y la inversión. 

USA no lo aplica y apenas muy pocos países OCDE lo hacen. Sólo el 15% de los países en el mundo lo tienen: 

** España, con un mínimo no imponible a partir de 700.000 euros (bonificado el 100% en la comunidad de Madrid); 
** Francia a partir de 1.300.000 euros (último año de vigencia 2019), 
** Noruega, 
** Liechtenstein, 
** Suiza (solo algunos cantones), 
** Italia (en forma parcial), 
** Países Bajos, 
** Rusia, 
** Argentina, 
** India (solo sobre bienes no productivos de renta vehículos, joyas, inmuebles no alquilados).

La mayoría lo ha dejado de lado por los efectos económicos no deseados: Japón, Italia, Austria, Irlanda, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Finlandia, Hungría, Suecia, Grecia, El Salvador, Chile, entre otros.

En Argentina, el blanqueo sancionado en 2016/2017 hizo que se develara la existencia de más de 40 mil cuentas de argentinos en el exterior por US$25.900 millones, de los que 45% se encontraba depositada en bancos estadounidenses, 32% suizos y 9% uruguayos.

Sin embargo, para especialistas como Jorge Gaggero, únicamente se alcanzó a transparentar el 25% de los activos de argentinos en el extranjero, y el 95% de los fondos declarados por cerca de US$105.000 millones volvieron adonde estaban. 

No está claro que el Impuesto a los Bienes Personales más alto sea el que desaliente las inversiones, ya que entre 2003 y 2011, con otra estructura recaudatoria, la tasa de inversión crecía a buen ritmo. Entre 2015 y ahora cayó 13% al pasar del 20% al 16% del PBI.

En cambio, Litvin atribuye a escenarios inflacionarios con abruptas devaluaciones el aumento exponencial del impuesto. Aduce que, entonces, contribuyentes con ingresos menores a sus activos que no generan rentas se enfrentan con la imposibilidad de pagarlo, con lo cual debería enajenar bienes para satisfacer la obligación fiscal.

Nacido en la década del ’90 como “impuesto a la riqueza”, tiene un carácter potencialmente confiscatorio debido a que superpone gravámenes sobre un mismo activo.

Sería el caso de los inmuebles, que pagan, además, el impuesto provincial inmobiliario y el municipal conocido como ABL. Los automotores, asimismo, se incluyen en la liquidación de AFIP y en las patentes que cobran las provincias. 

Por otra parte, los tributaristas recuerdan que gran parte de la doctrina considera que, al encontrarse ya gravada la obtención de la renta, el impuesto sobre los bienes personales podría dar lugar a una doble imposición. 

Tal como sucedió en Francia, donde más de 1.000 familias cambiaron su lugar de residencia por motivos fiscales (Gerard Depardieu, Alain Delon, etc.), por estos lares hicieron llover las consultas en Uruguay para “deslocalizar” las fortunas .

El mínimo a partir del cual no se aplica actualmente el impuesto a los bienes personales es de $2 millones, que a menos de $60 por dólar oficial, representaría algo así como US$35.000, lo cual equivale de decir que, a los revalúos inmobiliarios actuales, cualquier ladrillo tributa.

Liquidez tributaria

¿De dónde debería sacar para pagar ese impuesto a la riqueza un trabajador privado que percibe un salario medio mensual inferior a US$700 que prácticamente se lo lleva el costo de la canasta básica del INdEC?

¿Podría vender la propiedad, aunque sea su vivienda, para afrontar ese compromiso fiscal aun cuando el mercado inmobiliario se encuentra prácticamente paralizado? 

¿Y qué sucede con un ahorrista que juntó entre US$50 mil y 100 mil para constituir una reserva familiar destinada a contingencias -el caso de una jubilación, si compró bonos del país en lugar de amarrocarlos en los colchones, la AFIP le cobró por esa tenencia y ahora resulta que el Estado no los paga en los plazos establecidos y hasta se habla de hacerles una quita?

No hay alternativas para los que generan algún excedente de sus ingresos para guardar a fin de cubrir alguna necesidad futura. 

A los pesos se los come la inflación, los dólares que se depositan en la banca local terminan embretados en controles de cambios y cuando no superan los US$100 mil ni el sistema financiero uruguayo (antes de los convenios antilavado más propenso a recibirlos) se la hace fácil. 

Inclusive, el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) aplica una comisión por el derecho a contar con un cofre de seguridad a US$ 50 por única vez, el alquiler anual se cobra por adelantado y varía según el tamaño. Desde u$s93 (IVA incluido) los más pequeños hasta de US$ 893 para los de mayor capacidad. 

La banca de USA tampoco entrega siquiera una solicitud de apertura de cuenta por saldos menores a US$200 mil. 

El descarte de las opciones es quizá la mejor explicación de por qué en Argentina hay más de 600 mil cajas de seguridad que, a un promedio de US$50 mil cada una, suman unos US$30 mil millones.

De modo que el doble de esa cifra sería la guardada en los colchones, como reserva líquida de valor, gran parte de la cual entraba y salía por las cuevas y las arterias de la amplia economía negra argentina.

Lo dice la Universidad de Naciones Unidas: la Argentina está entre los 8 países con más fraude tributario del mundo y en ese contexto, las mayores organizaciones dedicadas a los capitales sofisticaron los mecanismos de fuga al exterior. 

En verdad no es ni fraude ni fuga: es el desesperado intento de evitar que el Fisco se aproveche aún más de los ingresos, ya sea por imposiciones formales o bien por inflación. Cuando alguien intenta reducir la violencia tributaria del Estado, los políticos mediocres cómplices del robo le llaman fraude o fuga.

Antes del brutal ajuste cambiario del año pasado, el inventario daba que se llevaban colocados US$289.700 millones en 12 mil cuentas bancarias de 51 países, la mayoría de Bélgica, España, Francia, Reino Unido, las británicas islas Bermudas, Man y Cayman, Luxemburgo y Países Bajos. 

La devaluación fue in crescendo a medida que desde la Administración Macri se la asociaba al efecto preelectoral Cristina y la salida de reservas en divisas le siguió el tren: si entre 2017 y 2018 ya habían emigrado U$S 49.378 millones, el 88% del total de la formación de activos externos, en 16 meses de crisis se evaporaron U$S 10.786 millones.

Desde las PASO, con el kirchnerismo casi de regreso, se pusieron a resguardo US$11.469 millones más.

En el orden doméstico, los depósitos en dólares en los bancos cayeron de U$S 32.503 millones el viernes previo a las PASO a U$S 19.302 millones el 29/10 (último dato oficial disponible). 

De modo que desaparecieron del sistema U$S 13.201 millones de los depósitos, -40,6%, que se infiere contaban con respaldo fiscal, o sea, estaban en blanco.

¿Fueron a comprar propiedades? Evidentemente no. ¿A cambiar el auto? Tampoco. ¿A consumos suntuarios? Una pizca. ¿A bancos del exterior? Podrían ser aquellos que exceden los mínimos de Uruguay o USA. ¿Al colchón?  Tendrían una alta posibilidad, aunque transitoria.