En tiempos donde el agravio parece haberse institucionalizado y el insulto reemplaza al argumento, en el Congreso Nacional presentaron un proyecto para sancionar a funcionarios que apliquen el discurso de odio. Hay preocupación por la profunda degradación del debate público.
PROYECTO
Discurso de odio con sello oficial: Proponen sancionar a funcionarios que lo apliquen
Presentaron un proyecto que propone sancionar a los funcionarios que hagan uso del discurso de odio. Temen por la degradación del debate público.
04 de julio de 2025 - 14:00
Piden sancionar a los funcionarios que usen el discurso de odio.
El proyecto busca que quienes ocupan cargos públicos respondan con responsabilidad por lo que dicen. La propuesta: sancionarlos si utilizan su posición de poder para difundir discursos de odio o promover la violencia desde el Estado.
La iniciativa, encabezada por el diputado Diego Giuliano (Unión por la Patria), surge como respuesta a un clima político tensionado por mensajes agresivos desde la cima del poder, donde figuras como el presidente Javier Milei o el diputado José Luis Espert han elegido el ataque personal como método habitual de comunicación.
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No al discurso de odio
El proyecto busca modificar la Ley Antidiscriminatoria para incluir un nuevo artículo que tipifique como falta grave cualquier expresión pública de autoridades estatales que incite al odio, fomente la estigmatización o adhiera a mensajes que contradigan el derecho internacional humanitario.
Las sanciones previstas podrían ir desde suspensiones hasta juicios políticos, según el cargo y la jurisdicción.
También propone la creación de un Observatorio Parlamentario contra el Discurso de Odio, con autonomía técnica, que se encargaría de elaborar informes, identificar patrones de violencia institucional y proponer políticas para erradicarlos.
Ponerle un límite a los funcionarios
A su vez, el texto explica no apunta a regular las opiniones individuales ni a limitar la libertad de expresión de los ciudadanos, sino a marcar un límite claro cuando el aparato estatal se utiliza como altavoz para agredir, dividir o criminalizar a sectores sociales.
Aunque no se menciona directamente a Milei, el proyecto aparece en un contexto donde el presidente ha llamado “ratas”, “parásitos” o “corruptos” a periodistas, sindicalistas, legisladores y artistas. En simultáneo, casos como el del diputado Espert —que en plena sesión se refirió de forma despectiva a una colega como “mogólica”— refuerzan la preocupación por la naturalización de la violencia verbal institucional.
Giuliano y sus colegas firmantes remarcan que otros países, como Alemania o Canadá, ya han adoptado herramientas similares para preservar el orden democrático frente al avance de discursos autoritarios. Y consideran que Argentina necesita una norma que ponga fin a lo que describen como una "peligrosa degradación del debate público".
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