Kirchneristas denunciaron a la jueza Sandra Arroyo Salgado por "perseguir" militantes (y surtió efecto)

La presentación fue impulsada por el senador Mariano Recalde y la diputada Vanesa Siley —ambos integrantes del Consejo de la Magistratura (y ultra kichneristas)—, quienes solicitaron que se investigue a la magistrada por lo que consideran una “detención arbitraria” de cinco militantes, la mayoría mujeres, en el marco de una causa polémica: el despliegue de un pasacalle crítico y algunas bolsas con excremento frente al domicilio del diputado libertario José Luis Espert.

La escena, que podría parecer apenas un escrache menor o incluso una contravención, derivó en una serie de procedimientos dignos de un caso de alto impacto penal. Hubo allanamientos, detenciones con incomunicación y traslados a cárceles de máxima seguridad. En uno de los casos, incluso, se detuvo a una mujer de 70 años sin pruebas directas de participación.

De todos modos, se especula con que la Justicia tendría otros elementos en la investigación (más allá del escrache), que hicieron demorar durante más tiempo de lo esperado a estas 7 personas.

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Kirchneristas denuncian persecución a militantes

“El hecho bajo investigación no constituye más que una expresión simbólica sin violencia ni daño material, y sin embargo la respuesta judicial fue extrema y persecutoria”, sostienen Recalde y Siley. De hecho, denuncian que la causa fue forzada al fuero federal cuando debió haberse tramitado en la justicia ordinaria.

Uno de los puntos más controvertidos es la situación de Alesia Abaigar, militante detenida en el Penal de Ezeiza sin que se le haya dictado prisión preventiva ni auto de mérito. Su defensa aseguró que no tuvo acceso al expediente y que el secreto de sumario impuesto por la jueza impidió ejercer adecuadamente su derecho a defensa.

Desde la oposición, la denuncia señala que se trata de un caso testigo sobre cómo el Poder Judicial puede convertirse en herramienta de disciplinamiento político. Según la presentación, no hay evidencia concreta que vincule a las personas detenidas con el hecho, y se les imputa una batería de delitos que van desde amenazas coactivas hasta asociación ilícita.

Sandra Arroyo Salgado, denunciada en el Consejo de la Magistratura

El trasfondo político no pasa desapercibido. En un contexto marcado por un aumento del tono violento y defensivo desde las altas esferas del gobierno —con un Presidente que habla de "excremento kirchnerista" y apela a la deshumanización de sus adversarios—, la denuncia busca frenar lo que consideran una deriva peligrosa: el uso del aparato judicial para criminalizar la militancia.

“La jueza Arroyo Salgado actuó como si se tratara de un caso de terrorismo, cuando en realidad fue una expresión de repudio a un dirigente oficialista. Esa desproporción es lo que pone en riesgo las garantías democráticas”, advirtieron los legisladores, que piden al Consejo de la Magistratura que evalúe si corresponde sanción o remoción.

La denuncia surgió efecto

Unas horas después de la denuncia de los legisladores K, se conoció que la jueza Arroyo Salgado resolvió concederle la prisión domiciliaria con tobillera electrónica a Alesia Abaigar, una de las militantes detenidas por el escrache frente a la casa de Espert. La medida, lejos de despejar las críticas, reavivó el debate sobre la proporcionalidad de las decisiones judiciales en un caso que, a criterio de referentes del derecho y la política, jamás debió haber derivado en detenciones prolongadas ni traslados a penales de alta seguridad.

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