A la calle: Martín Llaryora quiere reforzar la lucha antinarco con militares

Como parte de un paquete de medidas que el Gobierno cordobés intenta “sacar del horno” antes que termine 2024, el intento de refuerzo se da en medio de una delicada situación de seguridad que atraviesa la provincia, con un fuerte reclamo generalizado por la gestión de la materia. Una temática que golpea de lleno a nivel electoral, precisamente a las puertas de un nuevo periodo (legislativas 2025), siendo el principal argumento opositor de crítica.

En ese sentido, desde el Centro Cívico cordobés comprenden que un punto crítico de la ola de inseguridad que sufre la ciudadanía es la actividad narco, que en los últimos años ha ganado una importante presencia al ritmo de la presencia de bandas que antes no estaban. Todo ello al calor de la crisis en Santa Fe, provincia con la que Córdoba comparte 400 kilómetros de frontera, además de relaciones comerciales y sociales muy estrechas.

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Martín Llaryora quiere militares para reforzar su FPA.

Militares y policías en Córdoba

Respecto a la reforma planteada, el Gobierno provincial tiene intenciones de habilitar el ingreso de personal con experiencia militar a la mencionada fuerza. Cabe recordar que la FPA no es una dependencia de la Policía de Córdoba, sino que se trata de un órgano independiente.

La misma fue creada a fines de 2014, tras el caso conocido como “Narcoescándalo”, que destapó una trama que salpicaba a altas esferas del mando policial cordobés con actividades narco. A partir de ello, el por entonces gobernador José Manuel de la Sota dispuso la creación de la nueva fuerza, que tiene por objetivo tratar la problemática narco desde un enfoque policial y con fuerte apoyo del Ministerio de Justicia.

A pesar de estar separada de la Policía de Córdoba, la FPA tiene un vínculo muy estrecho con la misma ya que está compuesta por agentes que han pasado por sus filas. Además, comparte un problema apremiante: la falta de personal.

Ante esa situación, la administración de Llaryora comenzó a ver con buenos ojos la inclusión de ex militares a la FPA. La propuesta incluye una formación de los nuevos agentes en materia antinarcóticos, que se sumará a la experiencia en seguridad brindada por las Fuerzas Armadas.

Martín Llaryora y las FF.AA

Al respecto, y durante las horas más duras de la lucha entre Rosario y los narcos durante 2023, el gobernador cordobés expresó la necesidad de poner a personal militar en las calles. De hecho, apoyó públicamente la medida que finalmente no prosperó.

En los meses posteriores, y ante la escalada de la inseguridad en Córdoba, Llaryora se manifestó a favor de activar la ayuda de las FF.AA. En ese sentido, el gobernador aseguró que son “fuerzas de la democracia”, y apuntó a la necesidad de reformar las normativas actuales que impiden su presencia en problemas civiles.

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La lucha contra el narco en Córdoba pide refuerzos.

Descontento opositor

Naturalmente, la inclusión de una reforma de seguridad dentro del Presupuesto 2025 no fue del agrado del arco opositor en Córdoba. Según legisladores contrarios al oficialismo, el Centro Cívico intentó usar el tratamiento de fin de año para “hacer pasar” varias cuestiones fuera de la temática económica.

Entre ellas, la ampliación de la FPA con una medida que llevaría a la fuerza de 450 agentes actuales a nada menos que 1000. Un aumento exponencial en medio de una crisis de recursos humanos que fue admitida por el propio Gobierno provincial, luego de la ampliación del periodo de formación de personal policial que se produjo tras el caso Blas Correas.