Neuquén: Los procedimientos policiales internos condenan al Gobierno de Sobisch

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Darío Poblete es un cabo 1ro. que integra los grupos especiales de la policía de Zapala. Él fue detenido y acusado de asesinar al profesor neuquieno Carlos Fuentealba con un disparo a quemarropa de su escopeta lanzagases que puede disparar a hasta 80 metros de distancia.
Poblete ya sabe lo que es estar en la mira de la justicia: tiene 2 condenas por maltratar a detenidos, la última de ellas la recibió en diciembre del año pasado. Sin embargo seguía en la calle, con uniforme y armas a su disposición.
Ahora, sus propios compañeros lo comprometieron.
La detención de Poblete se produjo a la madrugada, y a la tarde se negó a declarar ante el juez Cristian Piana. Está acusado de "homicidio simple", que tiene una pena de hasta 25 años de prisión.
El anuncio de su detención no enfrió los ánimos. Eel plenario de secretarios generales del gremio docente Aten resolvió mantener el corte en los puentes Neuquén-Cipolletti y Centenario-Cinco Saltos por lo menos hasta el domingo, lo que podría entorpecer el regreso de los turistas.
En tanto, grupos de docentes realizaron escraches a lo largo del día en la Casa de Gobierno, la Jefatura de Policía, la casa de Mara Alvarez y en comercios que pertenecen a funcionarios o sus familiares.
También hubo un Vía Crucis en el oeste de la capital provincial. Los chicos que fueron alumnos de Fuentealba se unieron a la procesión con carteles que prometían amor eterno y reclamaban justicia.
En el patio de la escuela donde daba clases, el cura Tony Qualizza reivindicó el reclamo de los docentes, el de los médicos y se solidarizó con los estudiantes.
Algunas horas antes, el obispo Marcelo Melani había afirmado que la extensión del conflicto está relacionada con "la incapacidad" del gobierno de Jorge Sobisch.
El jueves, en la puerta del establecimiento donde Fuentealba era profesor, los vecinos colgaron un gran cartel negro que decía "Sobisch Asesino".
Ayer a la madrugada, desconocidos ingresaron al edificio rompieron el cartel, cortaron el teléfono y provocaron destrozos.
Los restos de Fuentealba fueron depositados en un nicho del cementerio central, en una ceremonia íntima. Aún no los cremaron, tal como era su deseo, por orden judicial.
Según el diario 'Río Negro', de General Roca, Río Negro, a poca distancia de Neuquen, Poblete (de 31 años) fue detenido a la 1:00 a pedido de la fiscal de Graves Atentados contra las Personas, Sandra González Taboada. A las 17:00 se sentó frente al juez Piana, quien le informó que estaba acusado de "homicidio simple".
Según la imputación, el miércoles a la mañana en Arroyito, Poblete le disparó con su escopeta lanzagases a Fuentealba, quien ocupaba el asiento trasero de un Fiat 147. El profesor, que se alejaba del piquete que habían intentado instalar los docentes, recibió el impacto en el cráneo y murió al día siguiente.
Poblete se negó a declarar con el argumento de que quiere que lo defienda un abogado de Zapala de su confianza. Ayer lo asistió un defensor oficial.
Las fuentes judiciales consultadas revelaron que, a través de docentes que declararon como testigos, filmaciones y partes policiales, la fiscal González Taboada logró identificar a un grupo de policías entre los que podría estar el autor del disparo fatal.
Otros policías declararon que el Fiat 147 que manejaba Gonzalo Arroyo y en el que iba Fuentealba le pisó un pie a un oficial, que ordenó: "Detengan a ese auto". Poblete habría reaccionado disparando.
5 de esos policías le dieron a la fiscal un dato clave: en su vehículo de trasporte había un efectivo que no pertenecía a su grupo. Y otros 2 le dijeron que habían visto a una docente cuando le gritaba a este policía: "Yo te vi, vos le tiraste".
La estricta disciplina de los grupos especiales impide que un policía se integre a un grupo ajeno. Por eso les llamó tanto la atención que Poblete rompiera filas e intentara escabullirse entre otros uniformados.
La fiscal, además, aseguró que no recibió "ninguna presión" del gobierno que encabeza Jorge Sobisch para llevar a cabo la detención. Y dijo desconocer los motivos por los que los policías de Cutral-Co fueron convocados a participar del operativo que desencadenó la muerte de Fuentealba.
Poblete fue transferido de Zapala al GEOP (cuerpo de choque de la policia) en Cutral-Co.
2 veces la justicia condenó a Darío Poblete por apremios ilegales y vejaciones contra detenidos, la última en diciembre pasado. Sin embargo, el cabo 1ro. seguía trabajando en la policía, con armas a su disposición.
Según informaron fuentes judiciales, la 1ra. condena se la aplicaron en 1997 por apremios ilegales. Fue a 1 año de prisión en suspenso y 2 años de inhabilitación.
Poblete fue separado de la Policía, pero regresó 1 año después.
En 1999 le iniciaron otra causa: fue porque su esposa lo acusó de amenazas.
Finalmente, el 23 de diciembre del año pasado la justicia de Zapala lo condenó a 2 años de prisión de cumplimiento efectivo y a 4 años de inhabilitación por "vejaciones", un delito apenas más leve que los apremios ilegales.
Poblete apeló, y su caso está a estudio del Tribunal Superior de Justicia. Mientras tanto, pudo seguir trabajando.
Quienes lo conocen lo describieron como un sujeto corpulento, con la cabeza rapada. "Un típico integrante de los grupos especiales de la Policía", dijeron.
El Gobierno neuquino tendria que haber aprendido de su propia experiencia, pero no lo hizo.
El 12 de abril de 1997 cayó muerta en Plaza Huincul la empleada doméstica Teresa Rodríguez, durante una represion policial a docentes.
Entonces gobernaba Felipe Sapag y ahora Sobisch, pero el común denominador parece haber sido el dejar que las cosas fueran demasiado lejos. Esta vez el gobernador asumió que fue él quien dio la orden de despejar la ruta en Arroyito, aunque dejó claro que no se haría cargo de los "excesos", sobre cuyos responsables haría caer "todo el peso de la ley".
Pero si la policía no actuó antes, a pesar de los reiterados cortes de rutas, fue muy probablemente porque él dio la orden de que no lo hiciera.
Hace 1 año, él admitió que había dado la orden a la policía de no actuar. Fue cuando un grupo de irregulares disfrazados de obreros de la UOCRA se dedicó a aporrear a un puñado de maestras en una virtual zona liberada.
Como en numerosas oportunidades durante sus sucesivos gobiernos, Jorge Sobisch ha jugado al desgaste de la protesta gremial y al cansancio de la sociedad con la medida extrema de los cortes de ruta, para actuar luego con la policía.
La diferencia es que esta vez, otra vez, hubo 1 muerto.
Otros que juegan peligrosamente a la violencia con los de la agrupación Quebracho, que quiso ejercer venganza propia sobre un inmueble que alquila la campaña proselitista de Sobisch en la Ciudad de Buenos Aires. Lo destrozaron y hubo detenidos.
 
El dirigente de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche y otros 11 manifestantes detenidos por el ataque a una sede porteña del Movimiento Popular Neuquino (MPN), se negaron a declarar y pidieron su excarcelación, medida a la que se opone la Fiscalía.
Una ciudadana boliviana de apellido Gutiérrez, única mujer entre los 12 detenidos, afirmó ser ajena al incendio provocado en el local del MPN en la interseccion de las calles Salta y Moreno, pero luego se negó a responder preguntas, según informaron fuentes judiciales.
Fuentes de la defensa de Esteche anticiparon que, si bien el dirigente iba a declinar responder preguntas de los investigadores, en la audiencia iba a aclarar que "él no participó en nada porque ni siquiera estuvo, estaba en otro lugar y puede probarlo".
Mientras, decenas de manifestantes con banderas y pancartas, algunos de ellos encapuchados y con palos, permanecían congregados frente al edificio judicial de avenida Comodoro Py 2002 para brindar apoyo a los detenidos.
Un total de 12 personas fueron detenidas bajo cargos de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, daños e intimidación pública, y quedaron alojadas en la comisaría 4ª, desde donde fueron trasladadas hasta la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal.
En el grupo se encontraban "4 menores de edad que fueron retirados por sus padres" antes de que los restantes 12 acusados -entre ellos Gutiérrez y un joven de 19 años- fueran llevados desde la Superintendencia hasta los tribunales federales de Comodoro Py 2002, dijeron voceros.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció que los detenidos "fueron golpeados dentro del juzgado", pero los investigadores negaron esa imputación.
La abogada María del Carmen Verdú, titular de Correpi, dijo que "los maltratos comenzaron en el mismo operativo de traslado. Los llevaron a tribunales con la cara contra el piso", dentro de un camión policial.